El Mundo Indígena 2021: Guayana francesa
Guayana Francesa es un territorio francés de ultramar situado en Sudamérica. Limita al oeste con Surinam, a lo largo del río Maroni, y al este con Brasil, a lo largo del río Oyapock. Tiene una superficie de 83.846 km2. La población asciende a 268.700 habitantes (INSEE, 2017), quienes viven principalmente en la capital de Cayena y a lo largo de la costa. El interior del país está cubierto por una densa selva ecuatorial y solo es accesible por avión o canoa.
En 1604, Guayana Francesa se convirtió oficialmente en una colonia de Francia que aplicó el principio de terra nullius para apropiarse de las tierras de los pueblos indígenas. Desde 1946, Guayana Francesa ya no es una colonia, pero sigue siendo administrada por Francia. Más del 90% del territorio guayanés es propiedad del gobierno francés.
La Constitución francesa prohíbe las estadísticas étnicas. Según las estimaciones de los investigadores, los pueblos indígenas representan un 4% de la población guayanesa, es decir, más de 10.000 personas. Seis comunidades indígenas sobrevivieron a la colonización: los Kali'na Tileuyu, los Lokono y los Pahikweneh, que viven en la costa cerca de los centros urbanos, y los Wayãpi, los Teko y los Wayana, que viven en territorios aislados en las cabeceras de los ríos Oyapock y Maroni.
Francia ratificó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) en 2007, pero no ha suscrito el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde 1987, se han concedido a los pueblos indígenas zonas de derechos de uso colectivo, concesiones y transferencias de tierras. Sin embargo, no tienen títulos de propiedad, ya que el gobierno francés sigue siendo el propietario de estas tierras. Estas zonas representan más de 750.000 hectáreas, es decir, alrededor del 5% de la superficie total de Guayana Francesa.
El 2 de abril de 2017, durante las protestas sociales que tuvieron lugar en Guayana Francesa entre marzo y abril de ese año, el ministro de Ultramar de Francia firmó un memorando de entendimiento con los pueblos indígenas y Bushinengue en el que el gobierno asumió veinte compromisos. Entre ellos, la devolución de 400.000 hectáreas de tierra a los pueblos amerindios y la remisión al Consejo de Estado para que examine la constitucionalidad del Convenio 169 de la OIT. Este memorando de entendimiento está incluido en los Acuerdos de Guayana Francesa del 21 de abril de 2017. Sin embargo, hasta la fecha no se ha devuelto ninguna tierra.
El impacto de la pandemia de COVID-19 en los pueblos indígenas
El 17 de marzo de 2020, el gobierno francés decidió aplicar una estricta cuarentena a la población de Guayana Francesa, a pesar de que la pandemia aún no había alcanzado un nivel de gravedad en Sudamérica. El 11 de mayo de 2020, una vez que la pandemia en Europa había disminuido, el gobierno francés decidió poner fin a la cuarentena, incluso en Guayana Francesa. Sin embargo, no fue hasta mayo de 2020 cuando el COVID-19 se convirtió en un problema serio en Sudamérica.
Además, la falta de controles fronterizos eficaces facilitó la circulación de personas entre Francia y Guayana Francesa, y también entre Brasil y Guayana Francesa. La política laxa en torno al COVID-19 aplicada por el presidente de Brasil, Jaïr Bolsonaro, hizo que miles de ciudadanos brasileños se contagiaran, y el hecho de que pudieran cruzar a la Guayana Francesa provocó, en consecuencia, un enorme aumento en la cantidad de contagios en la zona fronteriza. Por lo tanto, los pueblos indígenas de Guayana Francesa fueron las primeras víctimas de esta transmisión.[1]
El confinamiento de todo el país en marzo de 2020 provocó la interrupción del suministro de los almacenes de alimentos en las zonas aisladas. Como consecuencia, los indígenas que vivían en zonas remotas sufrieron escasez de alimentos, así como de equipos de protección personal, como mascarillas y geles hidroalcohólicos. Las asociaciones indígenas tuvieron que pedir donaciones a las ONGs internacionales para poder distribuir ellos mismos alimentos y productos sanitarios a las aldeas indígenas. El confinamiento de las aldeas indígenas en abril de 2020 provocó posteriormente la desconfianza y la estigmatización de los pueblos indígenas por parte de la población guayanesa.
Además, los buscadores de oro ilegales aprovecharon el confinamiento para intensificar la búsqueda ilegal en los ríos Maroni y Oyapock. Esta situación creó una gran tensión. Los líderes indígenas de la comunidad Wayana advirtieron a las autoridades francesas que construirían su propia represa en el río si Francia no era capaz de detener a estas personas. De hecho, los movimientos de los buscadores de oro facilitaron la transmisión del COVID-19 en los territorios indígenas. Sin embargo, al no haber cooperación entre las fuerzas militares de Francia y Surinam, los buscadores de oro ilegales siguieron escapando de las autoridades.
Para hacer frente a la situación, el gobierno francés tomó medidas unilaterales, sin consultar debidamente a las comunidades indígenas. Al comienzo de la pandemia, la Agencia Francesa de Salud publicó en los medios de comunicación información sobre el COVID-19 en francés, portugués y criollo (dialecto afrodescendiente). A petición de las asociaciones indígenas, esta información se tradujo a las diferentes lenguas indígenas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que los pueblos indígenas son más vulnerables que otros grupos a pandemias como la del COVID-19.[2] Sin embargo, la Agencia Francesa de Salud se negó a poner en marcha medidas sanitarias específicas para la población indígena. De hecho, la Constitución francesa prohíbe tomar medidas basadas en la raza o el origen de las personas. La Agencia Francesa de Salud también se niega a comunicar la cifra de personas indígenas contagiadas, hospitalizadas, conectadas a respiradores o que han fallecido a causa del COVID-19. Por lo tanto, no hay datos para determinar el impacto de la pandemia en los pueblos indígenas de la Guayana Francesa.
El Gran Consejo Consuetudinario de las Poblaciones Amerindias y Bushinengue
El Gran Consejo Consuetudinario es un órgano consultivo creado por iniciativa de Francia mediante la Ley Nºº 2017-256 del 28 de febrero de 2017 para la Igualdad Real en la Francia de Ultramar.[3] El Gran Consejo Consuetudinario se encarga de representar a las poblaciones amerindias y Bushinengue de la Guayana Francesa y de defender sus intereses jurídicos, económicos, sociales, culturales, educativos y medioambientales. Este órgano forma parte de la Colectividad Territorial de la Guayana Francesa, pero es administrado por el representante del gobierno francés (el prefecto de la Guayana Francesa). En 2018, los miembros del Gran Consejo Consuetudinario eligieron a un jefe indígena, Sylvio Van Der Pilj, como presidente en un mandato de tres años. El 14 de enero de 2020, intervino en el Congreso de Representantes Elegidos:
El Gran Consejo Consuetudinario es un órgano bajo la autoridad del representante del gobierno francés y de la Colectividad Territorial de la Guayana Francesa que permite a los pueblos indígenas emitir una opinión únicamente consultiva. Sin embargo, este órgano debe desempeñar un papel decisorio en asuntos como la gestión de la tierra o los permisos de minería. [4]
Durante el confinamiento de las aldeas indígenas, el Gran Consejo Consuetudinario y las asociaciones indígenas condenaron públicamente la estigmatización de los pueblos indígenas por parte de la población guayanesa. El presidente del Gran Consejo Consuetudinario criticó al gobierno francés por no incorporar suficientemente a la población indígena en la toma de decisiones. [5]
Planes para avanzar hacia la autonomía de Guayana Francesa
Este proyecto es el resultado de las luchas sociales de 2017, que condujeron a los Acuerdos de la Guayana Francesa firmados por Francia en 2017[6], los cuales contemplan la posibilidad de hacer avanzar hacia una mayor autonomía. Este progreso podría lograrse mediante la adopción de una ley o una reforma de la Constitución francesa que otorgue más poder a la Colectividad Territorial de la Guayana Francesa. Sin embargo, las negociaciones con el gobierno francés están actualmente estancadas.
Además, el presidente del Gran Consejo Consuetudinario criticó a la Colectividad Territorial de la Guayana Francesa por no incorporar a sus pueblos indígenas en la toma de decisiones. De hecho, a diferencia de las negociaciones de independencia de Nueva Caledonia, no son los pueblos indígenas quienes llevan las negociaciones entre Francia y la Guayana Francesa, sino los políticos elegidos y los separatistas de la población mayoritaria afrodescendiente.
En su discurso del 14 de enero de 2020, Sylvio Van Der Pilj recordó que: “El proyecto de avanzar hacia la autonomía de Guayana Francesa debe realizarse en consulta con todas las comunidades que la conforman, empezando por sus pueblos indígenas”. En el mismo discurso, cuestionó la bandera separatista de Guayana Francesa, cuyos orígenes sindicales y afroseparatistas no representan a la población indígena.[7]
Alexandre Sommer-Schaechtele es un experto jurídico en derechos de los pueblos indígenas. Pertenece al pueblo indígena Kali'na Tileuyu. Estudió en la Universidad Sophia Antipolis de Niza (Francia), donde obtuvo un máster en Derecho Empresarial en 2011. Se convirtió en miembro de la Organización de Naciones Indígenas de la Guayana Francesa el 7 de marzo de 2014. En julio de 2018, cursó la formación en derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra. Desde noviembre de 2018, enseña derechos humanos y mecanismos de las Naciones Unidas en la Universidad de Guayana Francesa. Ofrece conferencias en Francia y en el extranjero.
Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí
Notas y referencias
[1] Massiot, Aude. “Covid-19: le risque d’un lourd tribut des peuples autochtones.”. Libération, 20 de abril de 2020. Disponible en https://www.liberation.fr/planete/2020/04/20/le-risque-d-un-lourd-tribut-des-peuples-autochtones_1785857/
[2] “La OMS preocupada por el impacto de la COVID-19 en los pueblos indígenas de las Américas” (WHO concerned about COVID-19 impact on indigenous people in the Americas). Noticias de la ONU, 20 de julio de 2020. Disponible en https://news.un.org/en/story/2020/07/1068681
[3] Legifrance. “LOI N° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique”. 2017. Disponible en https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034103762/
[4] Ver Guyane 1ère: ONAG 973. “Discours du Grand conseil coutumier et des élus - Congrès des élus - 14 janvier 2020”. Video de Youtube, 17 de enero de 2020, 39:57 min. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=WaX6bp4BAI4
[5] Gran Consejo Consuetudinario de las Poblaciones Amerindias y Bushinengue. “Communiqué: La Guyane face à l’urgence de la Pandémie du Covid-19”. Abril de 2020. Disponible en https://radioka.makan-dev.com/wp-content/uploads/2020/04/GCC-Communiqu%C3%A9-Covid-19.pdf
[6] Legifrance. “Accord de Guyane du 21 avril 2017 - Protocole « Pou Lagwiyann dékolé»”. 2017. Disponible en https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034519630
[7] Ver Guyane 1ère: ONAG 973. “Discours du Grand conseil coutumier et des élus - Congrès des élus - 14 janvier 2020”. Video de Youtube, 17 de enero de 2020. 39:57 min. https://www.youtube.com/watch?v=WaX6bp4BAI4
Etiquetas: Gobernanza Global, Derechos Humanos