• Pueblos indígenas en Guayana Francesa

    Pueblos indígenas en Guayana Francesa

    La Guayana Francesa es una antigua colonia francesa. Aunque Francia adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, los 10.000 habitantes indígenas de la Guayana Francesa se enfrentan a una serie de amenazas, especialmente en relación con la extracción ilegal de oro que afecta a los hábitats naurales y a la población que depende de ellos.

El Mundo Indígena 2020: Guyana Francesca

La Guayana Francesa es un departamento y región de ultramar de Francia en América del Sur. Limita al oeste con Surinam y al sur y al este con Brasil. Tiene una población de 268.700 habitantes (INSEE, 2017). El interior del país está cubierto por una densa selva ecuatorial a la que solo se puede acceder en avión o en canoa a lo largo del río Maroni, al oeste, o del río Oyapock, al sudeste. El noventa (90) por ciento del territorio es propiedad del Estado francés, en virtud del sistema de “terra nullius” que se aplicó durante la época colonial, en detrimento de los pueblos indígenas que fueron desposeídos de sus tierras.

Los pueblos indígenas representan entre el 3 y el 4% de la población, es decir, entre 10.000 y 15.000 personas. Los Kali’na Tileuyu, Pahikweneh y Lokono viven a lo largo de la costa entre Saint Laurent du Maroni y Saint Georges de l’Oyapock. Los Wayampi Teko viven en el Alto Oyapock y los Wayana, más algunos Teko y Apalaï, en el Alto Maroni. Sus prácticas tradicionales de pesca, caza, recolección y agricultura de tala y quema se han vuelto cada vez más difíciles debido a las numerosas reglamentaciones y a la creciente actividad minera.

Francia ha ratificado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) de 2007, pero no el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Solo reconoce las zonas de derechos de uso colectivo (ZDUC), las concesiones y las transferencias. Estas zonas cubren el 8% de la masa de tierra del país y no dan más que un simple derecho de uso sobre la tierra.

Durante los disturbios sociales en la Guayana Francesa entre marzo y abril de 2017, el ministro de Ultramar firmó un memorando de entendimiento –el 2 de abril de 2017– con el pueblo indígena y Bushinenge en el que el Gobierno asumió 20 compromisos. Entre ellos figuraba la devolución de 400.000 hectáreas de tierra a los pueblos amerindios y el compromiso de que el Consejo de Estado examinaría la constitucionalidad del Convenio N.º 169 de la OIT. Este memorando de entendimiento se incorporó al Acuerdo de Guayana el 21 de abril de 2017.

El Gran Consejo Consuetudinario de las Poblaciones Amerindias y Bushinenge

El Gran Consejo Consuetudinario es un órgano consultivo creado por iniciativa de Francia mediante la Ley N.º 2017-256, del 28 de febrero de 2017, por la que se crea una igualdad sustantiva para la Francia de ultramar (EROM, égalité réelle outre-mer). Su objetivo es “asegurar la representación de las poblaciones amerindias y Bushinenge de Guayana y defender sus derechos ambientales, educativos, culturales, sociales, económicos y jurídicos” (artículo L.7124-11, párrafo 1 del CGCT). “Se pondrá a cargo del representante del Estado de la Colectividad Territorial de Guayana” (Artículo L.7124-11, párrafo 2 del CGCT).1

La ley exige un gobierno compartido entre las poblaciones amerindias (indígenas) y Bushinenge (negros cimarrones). El 11 de febrero de 2018, los 18 miembros del Gran Consejo Consuetudinario fueron elegidos por seis años en presencia de los jefes y asociaciones de amerindios y Bushinenge. El 12 de junio de 2018, el Gran Consejo Consuetudinario eligió a sus miembros por un periodo de tres años. Estos comprenden un presidente y un vicepresidente indígenas junto con un segundo vicepresidente y un secretario Bushinenge. Esta nueva institución sustituye al antiguo Consejo Consultivo de las Poblaciones Amerindias y Bushinenge (CCPAB), establecido por la Ley N.º 2007-224, de 21 de febrero de 2007.2 Está facultado para iniciar investigaciones sobre las deliberaciones de la Colectividad Territorial de Guayana (CTG).

El 14 de enero de 2020, el presidente del Gran Consejo Consuetudinario de las Poblaciones Amerindias y Bushinenge, Sylvio Van Der Pilj, recordó al Congreso de Diputados3 saliente lo siguiente: “El Gran Consejo Consuetudinario se encuentra bajo la autoridad del Estado francés y de la CTG. Es una herramienta que da a los pueblos indígenas una voz puramente consultiva. Sin embargo, debería ser un órgano de decisión en lo que respecta a cuestiones como la gestión de las tierras y los permisos de explotación minera”.4

Desarrollo estatutario previsto para la Guayana Francesa

Esto es acorde con el Acuerdo de Guayana del 21 de abril de 2017,5 que prevé:

Que el Gobierno será informado por el Congreso de Diputados de Guayana de la elaboración prevista de un estatuto, remitiéndose en su caso al proyecto de acuerdo sobre el futuro de Guayana adoptado el 29 de junio de 2001 y, por extensión, al Proyecto de Guayana. Al mismo tiempo, el Gobierno se compromete a tomar las medidas necesarias para publicar un decreto que convoque al electorado guayanés a un referéndum sobre dicho proyecto de estatuto según un calendario que se negociará entre la CTG y el Estado.

Esto podría ser mediante una ley orgánica o durante la próxima reforma de la Constitución francesa. Sin embargo, el Gobierno francés ha pospuesto esta última indefinidamente. Por otra parte, de los 33 miembros del Gran Consejo Consuetudinario, solo dos forman parte de la comisión ad hoc autorizada por la Colectividad Territorial de Guayana para trabajar en el proyecto de estatuto de Guayana Francesa. A diferencia del estatuto de Nueva Caledonia, acordado en el Acuerdo de Numea de 5 de mayo de 1998, las negociaciones con Francia no están a cargo de los propios pueblos indígenas, sino de los representantes elegidos, algunos de ellos proseparatistas, en su mayoría de la comunidad afrodescendiente (o criolla guayanesa).

En su discurso del 14 de enero de 2020, el presidente del Gran Consejo Consuetudinario, Sylvio Van Der Pilj, señaló que “el proyecto de estatuto de Guayana Francesa debe tener en cuenta a todas las comunidades de Guayana, empezando por sus pueblos indígenas”. Durante este mismo discurso, cuestionó el uso de la bandera guayanesa, cuyos orígenes son sindicalistas y afroseparatistas, y que no representan a los pueblos indígenas del país.

Devolución de la tierra a los amerindios

La devolución de las tierras fue un compromiso asumido por Francia en el memorando de entendimiento del 2 de abril de 2017 firmado por el ministro de Ultramar y cinco representantes de las organizaciones indígenas de Guayana: Alexandre Sommer-Schaechtele de la Organización de las Naciones Indígenas de Guayana (ONAG, Organisation des Nations Autochtones de Guyane), Jean-Philippe Chambrier de la Federación de Organizaciones Indígenas de Guayana (FOAG, Fédération des Organisations Autochtones de Guyane), Jocelyn Thérèse del antiguo Consejo Consultivo de las Poblaciones Amerindias y Bushinenge (CCPAB, Conseil consultatif des populations amérindiennes et Bushinenge), Christophe Pierre de Juventud Indígena de Guayana (JAG, Jeunesse Autochtone de Guyane) y Claudette Labonte de la Federación Pahikweneh de Guayana (FPG, Fédération Pahikweneh de Guyane).

El 22 de noviembre de 2018, los signatarios del acuerdo se reunieron con una Misión Interministerial de Tierras establecida por el Gobierno y la ONAG presentó mapas que mostraban los límites de los territorios indígenas. Sin embargo, los resultados de esta Misión Interministerial nunca fueron comunicados a las asociaciones indígenas.

Además, la devolución de estas tierras se opone a otro de los compromisos de Francia, el de entregar 250.000 hectáreas de las tierras de la colectividad territorial y 20.000 hectáreas de otras tierras a agricultores no indígenas. Para resolver el conflicto, el Gobierno francés desea transferir 400.000 hectáreas de tierras de las zonas de derechos de uso colectivo (ZDUC), actualmente propiedad del Estado francés. Los firmantes del memorando de entendimiento del 2 de abril de 2017 han denunciado este plan. Las ZDUC y las concesiones representan actualmente más de 700.000 hectáreas de tierra. Ceder 400.000 hectáreas en estas zonas representaría una enorme pérdida para los pueblos indígenas, que reclaman la asignación de nuevas tierras como indemnización por su colonización.

También denuncian el sistema jurídico de la ZDUC, que se aplicó mediante el Decreto N.º 87-267, de 14 de abril de 1987, y que restringe las actividades indígenas a la caza y la pesca, y ya no responde a las expectativas económicas de la generación más joven de los pueblos indígenas.

El proyecto minero Montagne d’Or

La minería de oro en la Guayana Francesa ha sido durante mucho tiempo un asunto semiartesanal centrado en la explotación secundaria del oro aluvial. Sin embargo, el consorcio ruso-canadiense Nordgold-Columbus Gold, conocido como Montagne d’Or, ha tratado de desarrollar lo que denomina una minería a cielo abierto “responsable” a escala industrial. Situado a 125 km al sur de Saint Laurent du Maroni, cerca de la reserva biológica de Lucifer Dékou, su objetivo es extraer unas 6,7 toneladas de oro al año durante 12 años, es decir, 85 toneladas en total. Los planes de la multinacional se han topado con una respuesta muy desfavorable de la opinión pública y con una fuerte oposición de los ambientalistas y de los propios pueblos indígenas.6 El 19 de octubre de 2018, la Organización de las Naciones Indígenas de Guayana presentó una Solicitud de alerta temprana para el proyecto al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Este organismo de la ONU se encarga de velar por el respeto de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Francia el 28 de julio de 1971. En su solicitud, la ONAG subrayó lo siguiente: “Montagne d’or está llevando a cabo la actividad minera en tierras ancestrales, cerca de restos sagrados precolombinos y con riesgo de contaminar las zonas de caza y pesca [...] El debate público y la visita del Comité Interministerial a la actividad minera aurífera en octubre de 2018 no pueden considerarse en ningún caso como un proceso de consulta” y recordó el artículo 32 de la UNDRIP.7

El 14 de diciembre de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial envió una carta al representante permanente de Francia ante las Naciones Unidas en la que pedía al Gobierno francés que suspendiera el proyecto minero y respetara el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, de acuerdo con su propio proceso de consulta, antes del 8 de abril de 2019.8

El 11 de abril de 2019, el representante permanente de Francia ante las Naciones Unidas respondió oficialmente al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial especificando que el Gobierno aún no había tomado una decisión sobre el futuro del proyecto.

El ministro de Medio Ambiente de Francia, François de Rugy, anunció durante el Consejo de Defensa del Medio Ambiente del 23 de mayo de 2019 que el proyecto Montagne d’Or “no seguiría adelante”. Esta decisión estaba en consonancia con las declaraciones formuladas por el presidente Emmanuel Macron a raíz de los informes de los expertos de biodiversidad de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). El presidente había declarado que el proyecto “no era compatible” con las ambiciones ambientales del Gobierno. La petición de la ONAG fue, por lo tanto, un éxito para los pueblos indígenas.9

La decisión fue confirmada el 23 de septiembre de 2019 en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima y, contra todas las expectativas, fue acogida por el presidente de la Colectividad Territorial de Guayana, quien había manifestado su apoyo al proyecto. El presidente del Gran Consejo Consuetudinario, que asistió por invitación del presidente francés, informó sin embargo de que, durante sus conversaciones con Emmanuel Macron, este último indicó que Francia no tenía intención de ratificar el Convenio N.º 169 de la OIT.

Notas y referencias

  1. Véase el Código General de las Colectividades Territoriales, artículo L 7124 sobre Légifrance. Consultado el 15 de mayo de 2017: https://Legifrance.gouv.fr
  2. La CCPAB fue creada por la Ley N.º 2007-24, de 21 de febrero de 2007, tras una enmienda del senador guayanés Georges
  3. El Congreso de los Diputados se celebró el 27 de noviembre en la Colectividad Territorial de Guayana (CTG). Los representantes electos tuvieron que elegir entre dos proyectos para Guayana propuestos por la CTG y el Frente Guayanés o “Frente para el cambio reglamentario”. Se aprobó una resolución de cuatro puntos: la aprobación de la labor de la Asamblea Parlamentaria, la creación de una comisión especial para elaborar el proyecto de Guayana; la remisión al Gobierno de un referéndum sobre el desarrollo reglamentario; y la remisión al primer ministro para el fomento de capacidades de la
  4. Véase Guyane 1ère: https://www.youtube.com/watch?v=WaX6bp4BAI4
  5. Gobierno de Francia, Légifrance. “Acuerdo de Guayana del 21 de abril de Protocolo Pou Lagwiyann dékolé”. Consultado el 27 de febrero de 2020: https://www.legi-n france.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034519630&categorieLien=id
  6. Instituto Francés de la Opinión Pública (IFOP). 4 de julio de 2018 : “Los guayaneses y el proyecto minero Montagne d’or” https://www.ifop.com/publication/ les-guyanais-et-le-projet-minier-de-la-montagne-dor/
  7. Grupo de Facebook de la Organización de las Naciones Indígenas de Guayana (ONAG). CERD/EWUAP/Francia 2018. Consultado el 27 de febrero de 2020: https://facebook.com/onag973/
  8. Comunicado de prensa de la ONAG con fecha del 11 de enero de 2019, en línea en la página de Facebook de la ONAG. Consultado el 14 de enero de
  9. Sommer-Schaechtele, Alexandre “Cómo un comité de la ONU contribuyó a la deserción de un proyecto minero controvertido en Guayana Francesa”. Open Global Rights, 7 de noviembre de 2019: https://www.openglobalrights.org/UN-commit-w tee-contributed-to-end-mining-project-french-guiana/?lang=French

Alexandre Sommer-Schaechtele es vicepresidente de la Organización de las Naciones Indígenas de Guayana, profesor y jurista especializado en los derechos de los pueblos indígenas. Pertenece a la nación indígena Kali’na Tileuyu. Jurista de formación, estudió en la Universidad de Niza Sophia Antipolis (Francia) y obtuvo una maestría en Derecho Bancario y luego una maestría en Derecho Mercantil en 2011. Es miembro de la Organización de las Naciones Indígenas de Guayana desde el 7 de marzo de 2014 y vicepresidente desde el 3 de junio de 2017. En julio de 2018, se convirtió en experto en derechos humanos tras recibir formación en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra sobre los mecanismos de la ONU y los derechos de los pueblos indígenas. Desde noviembre de 2018 es responsable de los cursos sobre derechos humanos y relaciones internacionales en la Universidad de Guayana. Da conferencias en Francia, en el extranjero y en las Naciones Unidas.

 

Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2020 aquí

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