• Pueblos indígenas en Guatemala

    Pueblos indígenas en Guatemala

    En Guatemala habitan 24 grupos étnicos. A pesar de que el Gobierno ha ratificado la Declaracion de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, la población indígena tiene que enfrentarse a numerosos desafíos.

Mundo Indígena 2019: Guatemala

La situación de los pueblos indígenas de Guatemala continúa siendo imprecisa debido a la ausencia de datos confiables. El censo de población y vivienda, realizado en 2018, no ofrece grandes expectativas para conocer la dimensión étnica, debido a que se aplicó en medio de una crisis política e institucional sin precedentes, de modo que los datos que generen quizá sean iguales o menores al estimado de 45% de población indígena que indica el último censo efectuado en 2002.

Los principales grupos étnicos son los siguientes: Achi’, Akateco, Awakateco, Chalchiteco, Ch’orti’, Chuj, Itza’, Ixil, Jacalteco, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteco, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil, Uspanteko, Xinka y Garífuna. La situación social, económica y política de los indígenas no ha mejorado en los últimos años y continúa mostrando fuertes contrastes respecto al resto de la población del país, lo cual refleja la prevalencia de la desigual inversión pública y la persistencia de las prácticas de discriminación, exclusión y racismo.

Durante 2018 destacan los siguientes eventos relacionados directa e indirectamente con los pueblos: en primer lugar, la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, un instrumento largamente postergado, ya que el último se había realizado en 2003, y que se espera muestre datos más reales sobre la cantidad de personas que se autoidentifican como indígenas. El segundo fue el desmantelamiento unilateral que el Gobierno hizo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), lo cual deja con mayor vulnerabilidad a los defensores de derechos humanos, incluyendo líderes y liderezas indígenas, frente al reposicionamiento de las fuerzas represivas del Estado y del crimen organizado. El tercero fue la visita de la Relatora Especial de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas, en los primeros días de mayo, en cuyo informe destaca la persistencia de los problemas estructurales que sumen al pueblo en la pobreza, la discriminación racial, el recrudecimiento de la violencia, los desalojos y la criminalización, así como la impunidad, corrupción y debilidad institucional para proteger y reconocer los derechos de los pueblos indígenas. El cuarto evento incluye la serie de movilizaciones y reclamos legales que los pueblos indígenas continuaron planteando antes las cortes para exigir la restitución de sus derechos sobre tierras comunales que han sido objeto de despojo y fraudes legales. El quinto se refiere la lucha política que varias organizaciones indígenas se han plateado de cara al próximo proceso de elecciones generales que tendrá lugar en 2019 y, finalmente, los casos relacionados con los juicios contra militares acusados de genocidio y la represión contra dirigentes indígenas. Guatemala ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1996 y, en 2007, votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Los pueblos indígenas frente al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018

De acuerdo con los parámetros internacionales, los censos de población en Guatemala se habían venido realizando cada 10 años, el último de ellos en 2002, en el cual se estimó que el país contaba con 11 millones de habitantes, entre los cuales el 40% era indígena, aunque diversas organizaciones reclamaron que los métodos censales dificultaron la autoidentificación étnica de las personas. Estimaciones preliminares del censo 2018 indican que el país podría alcanzar los 20 millones de habitantes, y de mantenerse la proporción del censo anterior, se contaría con una población indígena de 8 millones.

El censo de 2018 se realizó en un periodo de convulsión e incertidumbre política en el país, en donde las instituciones pública han perdido credibilidad y se encuentra debilitadas, incluyendo el Instituto Nacional de Estadística, entidad oficial a cargo del censo. La inseguridad ciudadana afectó la implementación del censo, ya que en muchos lugares el personal tuvo que ser acompañado por la policía para poder ingresar. Por su parte, las organizaciones indígenas cuestionaron la falta de información suficiente en idiomas nativos, aunque estas organizaciones tampoco hicieron campañas en favor de la autoidentificación indígena en el proceso censal.

La visita de la Relatora Especial a Guatemala

La visita de la Relatora Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas se realizó del 1 al 10 de mayo de 2018 para examinar la situación de los pueblos indígenas de Guatemala mediante entrevistas con entidades del Gobierno y organizaciones indígenas, además de ofrecer información independiente elaborada para este propósito. Su informe fue presentado a la Asamblea de Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos, en el 39o período de sesiones, del 10 a 28 de septiembre, Tema 3 de la agenda Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Durante su visita, la Relatora Especial sostuvo reuniones con representantes de organizaciones indígenas, incluyendo una reunión con abogados indígenas y otra con mujeres indígenas, en donde recibió información específica sobre las luchas legales y la equidad de género. También visitó los territorios indígenas en San Marcos, Chiquimula y Alta Verapaz, en donde los indígenas se reunieron masivamente para hacer planteamientos sobre su situación de exclusión y violación de derechos colectivos. En su informe, la Relatora Especial señala que la situación de los pueblos Maya, Xinkay Garífuna está caracterizada por graves problemas estructurales, en particular la falta de protección de sus derechos a sus tierras, territorios y recursos y la discriminación racial que permea todos los ámbitos. Expresa suma preocupación por el recrudecimiento de la violencia, los desalojos forzosos y la criminalización de los pueblos indígenas que defienden sus derechos. La impunidad, la corrupción, la debilidad institucional, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y la extrema desigualdad económica y social son los obstáculos principales. Es imperativo que el Gobierno de Guatemala identifique y comience a trabajar en la resolución de los problemas estructurales con urgencia.1

La Relatora Especial recomendó que el Estado apoyara a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y al Ministerio Público para que se investiguen las conexiones de la corrupción con el registro y propiedad de tierras y la desposesión de tierras de las comunidades indígenas; se respete el derecho a la autoidentificación de los pueblos indígenas Xinka, Garífuna y Maya del país; apoye los procesos propios de los pueblos indígenas para el fortalecimiento y afirmación de sus culturas e identidades, incluyendo procedimientos adecuados en el levantamiento y tratamiento de datos sobre identidad étnica de los pueblos indígenas, con su participación activa, así como la evaluación y readecuación de las instituciones, políticas y leyes del país, para hacerlas compatibles con las aspiraciones de los pueblos indígenas.

El desmantelamiento de la (CICIG)

La Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (CICIG) fue establecida en 2006 mediante un acuerdo entre Guatemala y las Naciones Unidas, con el objetivo de luchar contra la corrupción y los aparatos criminales clandestinos. La llegada al frente del CICIG del señor Iván Velásquez –en 2013– propició un avance notable en las investigaciones que llevaron a plantear denuncias contra altos funcionarios, políticosy empresarios, algunos de los cuales fueron capturados y sometidos a juicio, todo ello en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, al frente del cual se encontraba la señora Thelma Aldana.

Entre los casos emblemáticos destacan los que en 2015 involucraron al señor Otto Pérez y la señora Roxana Baldetti, en ese entonces presidente y vicepresidente del país respectivamente, que provocó la renuncia de ambos y su posterior encarcelamiento, iniciando con ello una cadena de casos de alto impacto que aún se dirimen en los tribunales. El gobierno que asumió en 2016 había prometido apoyar a la CICIG en su lucha contra la corrupción, pero muy pronto, a raíz del denuncias contra el nuevo presidente y algunos de sus familiares, se evidenció su rechazo a la Comisión, que significó la obstaculización de las investigaciones y el rechazo a la Comisión, al extremo que el presidente Jimmy Morales, primero declaró persona non grata al comisionado Velázquez, luego impidió su ingreso al país y, finalmente, declaró unilateralmente la suspensión del acuerdo para la funcionamiento de la CICIG, no obstante que antes había anunciado la no renovación del acuerdo y que, por lo tanto, la comisión finalizaría su trabajo en septiembre de 2019. Con esta actitud, el presidente encabezó el proceso de desmantelamiento de la CICIG, atendiendo con ello las demandas de los principales acusados de casos de corrupción e impunidad, así como dirigentes del sector privado, militares y de las iglesias evangélicas, quienes enarbolaron banderas de soberanía y no injerencia internacional, aspectos que durante mucho tiempo han cobijado sus actos de corrupción, i punidad e enriquecimiento ilícito. Aunque la comunidad internacional y la organizaciones sociales e indígenas se movilizaron para rechazar las decisiones gubernamentales, no lograron que el Gobierno revirtiera estas decisiones.

Para los pueblos indígenas del país, el trabajo de la CICIG y el Ministerio Público había significado un apoyo contra quienes, amparados en la impunidad, les despojaron de sus tierras y cometieron actos deviolencia con las comunidades. Por ello, la no renovación del mandato de la CICIG les deja con mayor vulnerabilidad frente a los atropellos, tanto de los cuerpos clandestinos como de las arbitrarias decisiones gubernamentales contra sus derechos colectivos.

La imposiciónde la consulta al pueblo Xinca

Luego de una larga disputa legal impulsada por organizaciones del pueblo Xinca para la suspensión de la mina de plata que opera en su territorio bajo la denominación de Proyecto El Escobal de Minera San Rafael, ubicado en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa, cuya propietaria es la empresa canadiense Tahoe Resources. La licencia minera había sido otorgada sin tomar en cuenta a los pueblos que habitan en sus inmediaciones y sin agotar el mecanismo de consulta previa.

Ante las denuncias y amparos presentados por el Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala –organización que representa a este pueblo indígena– la Corte Suprema de Justicia en una sentencia del 5 de julio de 2017 ordenó la suspensión de las actividade mineras debido a no haber realizado el proceso de consulta al pueblo Xinca. En septiembre de 2018,2 la Corte de Constitucionalidad dictó sentencia definitiva, en donde confirma la suspensión y condicionó su reapertura a la celebración inmediata de una consulta comunitaria que debe conducir el Ministerio de Energía y Minas, en función del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Para tal efecto, el Gobierno aprobó una especie de reglamento para las consultas, mecanismo que la Corte de Constitucionalidad exigió al Ministerio de Trabajo a raíz de otro caso relacionado a los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, que afecta al territorio indígena Q’eqchi’ en el departamento de Alta Verapaz. A pesar de que las consultas siguen sin ser vinculantes, debido a que la empresa puede seguir operando luego de la consulta e independientemente de sus resultados, las comunidades xincas prevén ratificar su oposición a este proyecto extractivo.

La sentencia definitiva de la Corte de Constitucionalidad se basó en los estudios especializados que solicitó a la Universidad de San Carlos de Guatemala y a la Universidad del Valle, en donde se comprueba que el área de influencia de la actividad minera se ubica dentro del territorio ancestral y actual del pueblo Xinca, y cuya existencia había sido largamente negada por la empresa minera.

Este proyecto minero es de gran envergadura en términos de inversiones y potencial de producción, que lo sitúa como el segundo más grande del mundo. En su implementación se invirtieron más de 550 millones de USD y pretende aprovechar cerca de 20 millones de onzas de plata anuales durante 19 años. En noviembre de 2018, Tahoe Resources anunció que había vendido sus acciones a la empresa estadounidense Pan American Silver, por un monto de 1.650 millones de dólares.3

En vísperas de las elecciones generales de 2019

Para el año 2019 se tiene contemplada la realización de elecciones generales para elegir, presidente y vicepresidente, diputados y autoridades municipales. Estos comicios se harán conforme a las modificaciones a la Ley Electoral y de Paridos Políticos aprobadas en 2016, entre las cuales se incluye la prohibición a la reelección de diputados que hayan cambiado de partido político durante su periodo de funciones; mayor control para evitar el financiamiento electoral ilícito y limitaciones sobre la publicidad; tres elementos que habían convertido las elecciones en eventos de compra de voluntades por parte del crimen organizado y por empresas que financiaban a los candidatos para asegurarse contratos de obras públicas.

Con la finalidad de frenar el abuso de las campañas publicitarias de los partidos políticos, la organización denominada Asociación de los 48 Cantones de Totonicapán –una entidad que aglutina a más de 200 mil pobladores k’iché en el municipio de Totonicapán– aprobó un acuerdo que prohíbe las pintadas políticas en calles, carreteras, y espacios naturales del municipio.

Sin embargo, las reformas que planteaban la paridad de género y una mayor representación étnica en las candidaturas no fueron aprobadas, razón por la cual no se esperan cambios en la actual conformaciónde la estructura parlamentaria, en donde solo el 10% de los 158 congresista es de origen indígena. A pesar que se vislumbran, por lo menos, tres candidatos indígenas a presidente y vicepresidente, el país está aún muy lejos de ser gobernado por un indígena, no obstante ser la mayoría de la población; esto sin duda como producto de la discriminación, racismo y clientelismo que pesa sobre la sociedad guatemalteca.

Exclusión y Pobreza en pueblos indígenas sin cambios sutantivos

El 21 de marzo, El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó el Informe Anual (2017), en el que se demuestra, una vez más, que en Guatemala se violan los derechos fundamentales de la población históricamente excluida y vulnerable, entre la que se cuenta a los pueblos indígenas. Los datos indican que el 79.2% de la población indígena vive en condiciones de pobreza, situación similar a los años anteriores, lo cual significa que no se han producido cambios significativos en el combate a la pobreza ni en el combate de la exclusión social. Los informes sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible señalan que Guatemala fue el único país centroamericano en donde la pobreza no se redujo, sino que aumentó, situación que demuestra el escaso interés del Gobierno para resolver los problemas sociales y económicos del país.

Un ejemplo de esta situación es lo acontecido con el salario mínimo, sobre el cual no hubo un incremento para el año siguiente. A finales del mes de diciembre, el Gobierno anunció que no habría aumento en el salario mínimo, a pesar que los estudios reflejan el incremento en el costo de vida.

Incremento de la represión contra activistas indígenas

El año 2018 fue particularmente doloroso para los pueblos indígenas por el aumento de la represión contra sus activistas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en un comunicado, fechado el 31 de octubre, que al menos 20 dirigentes indígena habrían sido asesinados durante el año, particularmente activistas que defiendes sus tierras, territorios y demás derechos. Juana Raymundo, lidereza indígena del pueblos Ixil, fue secuestrada y luego asesinada en inmediaciones de Neba, Quiché, su pueblo natal. Estas situaciones hacen recordar los años más cruentos del conflicto armado interno que padeció el país y que se creía superado.

El militar Efraín Rios Montt, fallece sin ser condenado por genocidio

El juicio contra militares acusados de genocidio contra la población indígena Ixil había encontrado culpable al militar Efraín Ríos Montt en 2013, luego de que por presiones de las elites dominantes, la sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad y obligó a repetir el proceso. Cinco años después, otro tribunal a cargo del juicio lo sentenció por segunda vez – el 3 de agosto de 20184 – por haber cometido atrocidades contra el pueblo Ixil en un plan de exterminio sistemático ejecutado por el ejército, sentenciando nuevamente a los acusados sobrevivientes a 40 años de prisión, ratificando con ello la sentencia del año 2013. Sin embargo, el principal acusado, Ríos Montt, falleció el 1 de abril de 2018 sin haber recibido condena por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población Ixil.

Notas y referencias

  1. A/HRC/39/17/Add.3, disponible: http://bit.ly/2T3mDbo

  2. Plaza Pública, “El fallo de la Corte: Los xincas serán consultados sin margen a oposición y la Mina San Rafael seguirá operando.” Disponible: http://bit.ly/2T3clrr

  3. El Economista, “Pan American Silver compra Tahoe Resources, dueña de minera San Rafael” Disponible: http://bit.ly/2TeT6eH

  4. Publinews, “Caso por genocidio llega a su fase final, el MP emite sus conclusiones” Disponible: http://bit.ly/2T1tEt7

Silvel Elías, profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dirige el Programa de Estudios Rurales y Territoriales, PERT FAUSAC y acompaña iniciativas para el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

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