El Mundo Indígena 2026: Filipinas
Según el informe del Censo de Población y Vivienda (CPH) de 2020 de la Autoridad Estadística de Filipinas (PSA), hay 9.841.785 indígenas en el país.[1] Los Pueblos Indígenas de Filipinas se distribuyen de forma desigual en el territorio: el 34 % se encuentra en Luzón, el 3 % en Bisayas y el 63 % en Mindanao. La mayor concentración se halla en esta última isla, donde los lumad constituyen la mayoría de la población indígena. En el norte de Luzón, las comunidades indígenas de la Cordillera se denominan colectivamente igorots. Entre los grupos indígenas más pequeños se encuentran los mangyan de Mindoro; los ayta y dumagat del sur de Tagalog; y los tumandok y ati de las islas Panay.
Los territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas son fundamentales para los bosques y la biodiversidad que aún quedan en el país. Si bien dichos territorios abarcan el 44 % de la superficie terrestre de Filipinas, se estima que el 75 % de la cubierta forestal restante se encuentra dentro de ellos, lo que pone de relieve el papel esencial que desempeña la gestión indígena en la protección de los bosques.[2]
La Ley de la República n.º 8371, o Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA), se promulgó en 1997 y ha recibido elogios en numerosas ocasiones por ratificar los derechos de las comunidades indígenas a la integridad cultural, las tierras ancestrales y el desarrollo bajo libre determinación. Sin embargo, en la práctica, la ley ha demostrado ser profundamente contradictoria, pues en lugar de salvaguardar estos derechos, con frecuencia se ha utilizado para facilitar su violación. Esta brecha entre la promesa y la realidad ha llevado a muchas organizaciones indígenas a pedir su revisión exhaustiva e incluso su derogación. Si bien Filipinas votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) y promulgó la ley IPRA de 1997, la situación de las comunidades indígenas sigue caracterizándose más por las violaciones de derechos que por su reconocimiento y respeto. El gobierno aún no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que resalta su continua negativa a comprometerse con las normas internacionales vinculantes sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí
Corrupción y fascismo
El año 2025 marcó un momento en el que la corrupción profundamente arraigada del gobierno filipino quedó al descubierto ante la opinión pública. En el centro de las revelaciones y las investigaciones se encontraban las enormes anomalías en los proyectos de control de inundaciones del Departamento de Obras Públicas y Carreteras (DPWH). Estos proyectos solo existían en el papel, se dejaron inconclusos o se construyeron con una calidad inferior a la norma, a pesar de los 254.290 millones de PHP (aproximadamente 3.600 millones de EUR) asignados al Programa de Gestión de Inundaciones del DPWH.[3] Las investigaciones revelaron sistemas de sobornos profundamente arraigados, en los que funcionarios y legisladores obtenían grandes comisiones a cambio de adjudicar proyectos a los contratistas favorecidos.[4]
El presidente Marcos Jr. permite que este sistema de corrupción funcione porque él mismo se beneficia de él. En su rol, revisa y aprueba el Programa Nacional de Gastos, que incluye la asombrosa cifra de 1.055 billones de PHP (aproximadamente 15.300 millones de EUR) asignados al DPWH en 2025.[5] Su corrupción es ahora objeto de denuncias de destitución por traición a la confianza pública. Estas denuncias indican claramente que el mandatario institucionalizó deliberadamente un mecanismo sistemático para desviar ilegalmente más de 545.600 millones de PHP (aproximadamente 7.900 millones de EUR) de los fondos destinados al control de inundaciones y canalizar el dinero público hacia contratistas favorecidos, amigos y, en última instancia, hacia sí mismo.
Como siempre, los sectores más marginados y vulnerables son los que sufren los peores impactos, y ninguno más que las comunidades indígenas. Muchas comunicades viven en zonas montañosas, altas o costeras que se ven fuertemente afectadas por la degradación medioambiental.[6] Los Pueblos Indígenas no se libran de los devastadores efectos de la corrupción. Sus comunidades se ven intencionadamente privadas de infraestructuras muy necesarias, como carreteras y puentes, mientras que los funcionarios corruptos y sus redes desvían los fondos destinados a escuelas y hospitales. Los denominados “proyectos de desarrollo” se utilizan a menudo para dividir a las comunidades, corromper a los líderes indígenas y forzar el consentimiento para proyectos destructivos en tierras ancestrales.
Las consecuencias de esta corrupción se dejaron sentir con dureza en 2025, especialmente cuando una serie de fuertes tifones —Crising, Dante y Emong— azotaron gran parte del país. Las inundaciones, los deslizamientos de tierra y los desplazamientos prolongados sacaron a la luz el costo mortal de la corrupción y el desarrollo mal administrado.
Mientras que los sectores esenciales sufrieron recortes presupuestarios significativos —la educación perdió 11.600 millones de PHP (aproximadamente 168,9 millones de EUR), los servicios de salud se redujeron en 25.800 millones de PHP (aproximadamente 375,6 millones de EUR) y el bienestar social se enfrentó a un fuerte recorte de 95.900 millones de PHP (aproximadamente 1.400 millones de EUR)[7]—, una mayor parte de los fondos públicos se destinó a la militarización y a programas fascistas. Marcos Jr. aprobó un presupuesto de 265.100 millones de PHP (aproximadamente 3.800 millones de EUR) para el Departamento de Defensa Nacional, de los cuales solo las Fuerzas Armadas de Filipinas recibieron 75.000 millones de PHP (aproximadamente 1.000 millones de EUR). Estos recursos alimentaron los bombardeos aéreos, las operaciones terrestres y la militarización de las comunidades indígenas que se ven amenazadas por la invasión de las empresas, lo que supone una violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.[8]
Los servicios sociales se reorientaron para llevar a cabo una operación de contrainsurgencia. El Grupo de Trabajo Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ELCAC), un organismo implicado en numerosas violaciones de los derechos de los defensores indígenas y objeto de llamamientos a su abolición por parte de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas,[9] utilizó el Programa de Desarrollo de Barangay (BDP) para presionar a las aldeas y comunidades a que se declararan “libres” de insurgencia a cambio de 20.000.000 de PHP (aproximadamente 291.000 EUR).[10] Las regiones que recibieron más fondos para el BDP fueron a menudo aquellas con las tasas más altas de asesinatos y detenciones políticas,[11] y muchos de los barangays “libres de insurgencia” eran en su mayoría comunidades indígenas. Los proyectos centrales de este programa, como las carreteras que conectan las granjas con los mercados (FMR), se utilizaron para pacificar a las comunidades en lugar de mejorar sus medios de subsistencia, e incluso solían quedar sin terminar y tuvieron un costo excesivo.[12], [13]
Esta lógica contraproducente se institucionalizó a través del Plan de Acción Nacional para la Unidad, la Paz y el Desarrollo (NAP-UPD), que Marcos Jr. adoptó en mayo de 2025. Siguiendo el enfoque nacional integral de Duterte, este plan incorpora los objetivos de contrainsurgencia en los servicios sociales, la provisión de infraestructuras y la gobernanza, y moviliza a la burocracia civil, la sociedad civil y los líderes y lideresas locales para reprimir la disidencia,[14] al tiempo que facilita la entrada de las empresas en las tierras indígenas. Promocionado como un programa para la consolidación de la paz, el NAP-UPD es fundamentalmente militarista e ignora las raíces estructurales del conflicto armado: la falta de tierras, el desempleo y la represión.[15]
Saqueos y violaciones de derechos
Más allá del robo presupuestario y la corrupción, el saqueo se manifiesta en los proyectos devastadores que se expanden sobre los territorios ancestrales. La minería a gran escala, las represas destructivas, las iniciativas de energía renovable y ecoturismo, así como las plantaciones, continúan expandiéndose por los territorios indígenas bajo el pretexto del progreso y el desarrollo nacional. Para los Pueblos Indígenas, estos proyectos se traducen en apropiación de tierras, deterioro del medioambiente, desplazamiento forzoso y desintegración de sus modos de vida.
Un aspecto central de este saqueo es la violación sistemática de su derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). La Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (NCIP), organismo encargado de promover los derechos de estos pueblos, tiene un largo historial de facilitar la entrada de proyectos destructivos mediante consultas forzadas, consentimientos falsos o manipulados y el reconocimiento de representantes comunitarios y supuestos líderes tribales seleccionados a dedo.[16]
En 2025, las denuncias de los Pueblos Indígenas por violaciones del CLPI y del derecho a la información aumentaron en varias regiones. En Benguet, las comunidades indígenas de Mankayan e Itogon plantearon objeciones contra Crescent Mining e Itogon-Suyoc Resources Inc., alegando procesos de CLPI fraudulentos, firmas coaccionadas y la reutilización de consentimientos caducados para justificar la ampliación de las operaciones.[17], [18] Los residentes de Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, se opusieron a Woggle Corporation por llevar a cabo consultas sin revelar toda la información ni contar con una participación real de la comunidad.[19] Los ayta del monte Pinatubo bloquearon la entrada a un lugar turístico en respuesta a la compensación injusta de las agencias de turismo y destacaron que este rubro sigue funcionando sin un verdadero CLPI en sus tierras ancestrales.[20]
Las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario van de la mano con los proyectos de saqueo, ya que se despliegan fuerzas militares para proteger los intereses corporativos. En la Cordillera, lideresas como Betty Belen y Elma Awingan-Tuazon fueron blanco de ataques por oponerse a proyectos devastadores, como las presas de Saltan y Makilala Mining. Las lideresas de Cordillera Peoples Alliance siguen siendo arbitrariamente calificadas como “terroristas” en un intento por deslegitimar su resistencia. En Mindoro, las comunidades mangyan que se resisten al acaparamiento de tierras por parte de Pieceland Corporation se enfrentan a proyectos de parques eólicos destructivos y a la extracción de petróleo. A su vez, han sufrido hostigamientos, restricciones en el acceso a alimentos y productos básicos, así como dos bombardeos aéreos por parte de las Fuerzas Armadas de Filipinas solo en 2025.[21]
Se han observado patrones similares en todo el país. Las familias tumandok de Panay fueron desplazadas cuando la megapresa de Jalaur ocupó cientos de hectáreas de sus tierras ancestrales. Al mismo tiempo, la empresa Hacienda Asia Plantation Inc., con el apoyo del ejército, vigilaba e intimidaba a los agricultores indígenas de Negros, y operaba sin el Consentimiento Libre, Previo e Informado. En Palawan, los molbog se enfrentaron a la criminalización, ya que las citaciones judiciales amedrentaron a casi 300 residentes que defendían sus tierras contra un proyecto de “ecoturismo” de la empresa San Miguel Corporation.[22] En Cotabato del Sur, la expansión de la mina de Tampakan siguió poniendo en peligro los territorios de los bilanes, y la represión respaldada por el Estado silenció a quienes se oponían.
La Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (NCIP) no ha mostrado ninguna preocupación por estos incidentes, lo que no sorprende, dado que también se beneficia del mismo sistema que los hace posible. La propia Comisión tiene un largo historial de corrupción. A lo largo de los años, la Comisión de Auditoría (COA) la ha señalado por gastos excesivos, no documentados y malversación de fondos, entre los que se incluyen millones destinados a eventos de lujo, talleres contra la insurgencia[23] y un controvertido libro ilustrado de 7.000.000 de PHP (aproximadamente 101.900 EUR) financiado con donaciones de empresas mineras.[24] En una sentencia histórica de 2025, el Tribunal Supremo confirmó que los funcionarios de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas habían malversado fondos destinados a las tribus mamanwa de Surigao del Norte mediante el desvío de regalías para sus propios gastos operativos.[25] Esto subrayó lo que los grupos indígenas habían afirmado durante mucho tiempo: el organismo destinado a protegerlos se había convertido en un instrumento de explotación y opresión.
Sin embargo, a pesar del duro e implacable sufrimiento que padecieron los Pueblos Indígenas en 2025, el año también se caracterizó por la fuerza de los movimientos masivos que se resistieron al saqueo corporativo. La explotación incesante de las tierras ancestrales por parte de los proyectos ha empujado a las comunidades indígenas a defender sus territorios, lo que confirma que las luchas masivas y los movimientos revolucionarios en Filipinas no nacen de un capricho, sino de siglos de injusticia histórica y desigualdad estructural.
En 2025, estas mismas condiciones llevaron a otros sectores de la sociedad a levantarse, ya que la injusticia se intensificó aún más por la corrupción estatal, el fascismo y el servilismo del régimen hacia los intereses extranjeros.
Mujeres y jóvenes indígenas contra la corrupción, el fascismo y la impunidad
Cuando se descubrió el robo a gran escala de fondos públicos, se desencadenaron protestas generalizadas en todo el país, en las que participaron activamente los Pueblos Indígenas. El 21 de septiembre de 2025, decenas de miles de personas se manifestaron solo en el área metropolitana de Manila, más de 5.000 en la ciudad de Baguio y miles más en Cebú, Dávao y otras ciudades importantes. Las protestas continuaron hasta finales de año, con la participación activa y el liderazgo de los jóvenes, que se hicieron eco de los movimientos en otras partes del mundo.
Las movilizaciones para derrocar a Marcos Jr. y a la vicepresidenta Sara Duterte fueron encabezadas por fuerzas progresistas, y los Pueblos Indígenas asumieron un papel activo. Muchos filipinos se cansaron de la falsa rendición de cuentas del régimen, ya que las investigaciones ficticias eximían a los funcionarios más corruptos y fascistas de cualquier proceso judicial real.[26]
Los jóvenes indígenas son quienes más se ven afectados por este sistema fallido, ya que se les niega el acceso a la educación, a un trabajo digno, a la tierra y a un futuro viable. También son blanco de la violencia estatal, como lo demuestra el asesinato de Elioterio Ugking, un agricultor manobo de 25 años, en junio de 2025.[27] La pobreza y la militarización obligan a muchos a emigrar a las ciudades, donde se enfrentan a las mismas duras condiciones económicas que afectan la vida urbana.
Lo mismo ocurre con las mujeres indígenas, que suelen ser víctimas directas del fascismo estatal en su lucha por la tierra y la vida. Esta situación se ve agravada por la violencia de género, la intimidación constante y la criminalización, lo que tiene graves consecuencias para su seguridad física, su salud y su capacidad de liderazgo dentro de sus comunidades.
Por estos motivos, en 2026 y en los años venideros, la participación activa y el liderazgo de los jóvenes y las mujeres indígenas seguirán aumentando. Desde comunidades sitiadas hasta escuelas, lugares de trabajo y calles, reivindican su derecho a la tierra, a la vida y a un futuro libre de miedo y explotación. Las condiciones son propicias para que los Pueblos Indígenas se organicen, resistan y avancen en sus luchas colectivas basadas en la dignidad y la libre determinación.
A medida que los filipinos se rebelan contra el opresivo plan NAP-UPD y la cultura de impunidad que este protege, los jóvenes y las mujeres indígenas estarán al frente, junto con otros Pueblos Indígenas, en alianza con otros sectores y movimientos marginados de todo el país. Al defender sus comunidades y tierras ancestrales, también protegen el futuro de todos los pueblos oprimidos de Filipinas. A través de la unidad, el coraje y la lucha sostenida, un cambio sistémico genuino no solo es necesario, sino que está al alcance de la mano.
Funa-ay Claver, una joven activista igorot de la provincia de la Montaña, en la Cordillera (Filipinas), es la coordinadora nacional de Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (Katribu), una alianza nacional de organizaciones y comunidades de Pueblos Indígenas. Este artículo refleja la posición colectiva de Katribu. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
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Notas y referencias
[1] Jomilynn Rabanal. “Status of Indigenous Peoples Data in National Statistics: Censuses, Survey, and Administrative Data” (Situación de los datos sobre los Pueblos Indígenas en las estadísticas nacionales: censos, encuestas y datos administrativos). Reunión de planificación del Banco Mundial para el taller sobre datos de los Pueblos Indígenas, 27-28 de enero de 2025). https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c370ba5b59a471a774b2196ca87bd623-0090012025/original/Day-1-PSA-Jomilynn-Rebanal.pdf
[2] Consorcio TICCA. “Territories of Life: 2021 Report” (Territorios de vida: informe de 2021). Consorcio TICCA, 2021. https://report.territoriesoflife.org/wp-content/uploads/2021/09/ICCA-Territories-of-Life-2021-Report-FULL-150dpi-ENG.pdf
[3] “Billions down the drain” (Miles de millones tirados por la borda). Inquirer.net, 24 de julio de 2025. https://opinion.inquirer.net/184876/billions-down-the-drain
[4] Lian Buan. “Mark Villar, Bonoan, Cabral operated kickback system in DPWH – witness” (Mark Villar, Bonoan y Cabral operaban un sistema de sobornos en el DPWH, según un testigo). Rappler, 14 de noviembre de 2025. https://www.rappler.com/philippines/mark-villar-bonoan-cabral-operated-dpwh-kickback-system-witness-bernardo/
[5] Luisa Cabato. “DepEd, DPWH get highest 2025 budget allocation” (El Departamento de Educación y el de Obras Públicas y Carreteras obtienen la mayor asignación presupuestaria para 2025). Inquirer.net, 30 de diciembre de 2024. https://newsinfo.inquirer.net/2019897/fwd-top-10-sectors-with-highest-budget-alloc#:~:text=By:%20Luisa%20Cabato%20%2D%20Reporter%20/,Judiciary%20%E2%80%93%20P64%20billion
[6] Minority Rights Groups. “Indigenous peoples in the Philippines” (Pueblos Indígenas de Filipinas). Minority Rights Groups. https://minorityrights.org/communities/indigenous-peoples-5/#:~:text=A%20common%20geographical%20distinction%20is,province%20all%20practise%20shifting%20cultivation
[7] Sonny Africa. “2025 BBM: Budget Badly Made” (Bongbong Marcos en 2025: presupuesto mal elaborado). Ibon Foundation, 17 de diciembre de 2024. https://www.ibon.org/2025-budget-badly-made/
[8] Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, “Indigenous, Moro Peoples mark Human Rights Day; denounce plunder, intensified militarization of communities” (Los Pueblos Indígenas y Moro celebran el Día de los Derechos Humanos y denuncian el saqueo y la intensificación de la militarización de las comunidades), 8 de diciembre de 2025. https://www.katribu.net/post/indigenous-moro-peoples-mark-human-rights-day-denounce-plunder-intensified-militarization-of-comm
[9] Gabriel Pabico Lalu. “Abolish the outdated NTF-Elcac – UN Special Rapporteur Khan” (Se debe abolir el obsoleto NTF-ELCAC, según la Relatora Especial de las Naciones Unidas Khan). Inquirer.net, 2 de febrero de 2024, https://newsinfo.inquirer.net/1898263/un-special-rapporteur-khan-recommends-abolition-of-ntf-elcac
[10] Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. “Farmers reject Marcos Jr’s 2026 budget for corruption and fascism” (Los agricultores rechazan el presupuesto de Marcos Jr. para 2026 por corrupción y fascismo). Facebook, 5 de enero de 2026. https://www.facebook.com/kilusangmagbubukid/photos/farmers-reject-marcos-jrs-2026-budget-for-corruption-and-fascism-the-kilusang-ma/912280124463850/
[11] KARAPATAN. “HRVs rise in regions with most dev’t fund from DILG, NTF-ELCAC” (Aumentan las violaciones de derechos humanos en las regiones con mayor financiación para el desarrollo procedente del DILG y el NTF-ELCAC). KARAPATAN, 7 de noviembre de 2021. https://www.karapatan.org/media_release/hrvs-rise-in-regions-with-most-devt-fund-from-dilg-ntf-elcac/
[12] KARAPATAN. “KARAPATAN: Probe NTF-ELCAC’s BDP, E-CLIP funds” (KARAPATAN: Se deben investigar los fondos para el BDP y el E-CLIP del NTF-ELCAC). KARAPATAN, 2 de octubre de 2025. https://www.karapatan.org/media_release/karapatan-probe-ntf-elcacs-bdp-e-clip-funds/
[13] Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. “Overpriced roads exposed, Farm-to-Pocket Roads: Billions lost to corruption in DA-DPWH projects” (Carreteras sobrevaloradas al descubierto, carreteras “de la granja al bolsillo”: miles de millones perdidos por corrupción en proyectos del DA-DPWH). Facebook, 8 de octubre de 2025. https://www.facebook.com/kilusangmagbubukid/posts/overpriced-roads-exposedfarm-to-pocket-roads-billions-lost-to-corruption-in-da-d/842807501411113/
[14] Esperanza Dela Paz. “How Duterte’s ‘whole-of-nation approach’ will prolong insurgency, not end it” (Cómo el “enfoque nacional integral” de Duterte prolongará la insurgencia en lugar de ponerle fin). Pinoy Weekly, 9 de septiembre de 2019. https://pinoyweekly.org/2019/09/whole-of-nation-approach-insurgency/#:~:text=FEATURED%20Komentaryo-,How%20Duterte's%20'whole%2Dof%2Dnation%20approach'%20will,prolong%20insurgency%2C%20not%20end%20it&text=What%20we%20have%20seen%20has,or%20the%20%E2%80%9Ccommunist%20insurgency%E2%80%9D
[15] National Union of Peoples’ Lawyers. “On the National Action Plan for Unity, Peace and Development (NAP-UPD): doubling down on a failed policy of repression” (Sobre el Plan de Acción Nacional para la Unidad, la Paz y el Desarrollo [NAP-UPD]: redoblar una política represiva fallida). National Union of Peoples’ Lawyers, 10 de mayo de 2025. https://nupl.net/on-the-national-action-plan-for-unity-peace-and-development-nap-upd-doubling-down-on-a-failed-policy-of-repression/
[16] Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas. “Repeal IPRA, Abolish NCIP for facilitation of unwanted mining in Indigenous Communities” (Se debe derogar la ley IPRA y abolir la NCIP por facilitar la minería no deseada en las comunidades indígenas). Katribu, 29 de octubre de 2025. https://www.katribu.net/post/repeal-ipra-abolish-ncip-for-facilitation-of-unwanted-mining-in-indigenous-communities
[17] Asia Indigenous Peoples Pact. “Indigenous Peoples human rights defenders stand in solidarity with mining-affected communities in Benguet, Philippines, call for genuine FPIC” (Los defensores de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas se solidarizan con las comunidades afectadas por la minería en Benguet, Filipinas, y exigen un verdadero CLPI). Asia Indigenous Peoples Pact, 3 de septiembre de 2025. https://aippnet.org/indigenous-peoples-human-rights-defenders-stand-solidarity-mining-affected-communities-benguet-philippines-call-genuine-fpic/
[18] Cordillera Peoples Alliance. “No to APSA 103! Defend Dalicno, Itogon from Corporate Greed and Plunder! Stop APEX-ISRI Mining Expansion!” (¡No a la APSA 103! ¡Defendamos Dalicno, Itogon, de la avaricia y el saqueo corporativos! ¡Detengamos la expansión minera de APEX-ISRI!). Cordillera Peoples Alliance, Facebook,14 de febrero de 2024. https://www.facebook.com/cpaphils/posts/no-to-apsa-103defend-dalicno-itogon-from-corporate-greed-and-plunder-stop-apex-i/788120333360317/
[19] Danilova Molintas. “As Nueva Vizcaya town fights exploration, lawyers raise government accountability” (Mientras la localidad de Nueva Vizcaya lucha contra la exploración, los abogados reclaman la responsabilidad del gobierno). Northern Dispatch, 23 de septiembre de 2025. https://nordis.net/2025/09/23/article/feature/as-nueva-vizcaya-town-continues-fight-against-exploration-experts-raise-legal-accountability/
[20] Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas. “Stand with the Ayta People! Stand with the Mt. Pinatubo Barricade!” (¡Apoyemos al pueblo Ayta! ¡Apoyemos la barricada del monte Pinatubo!). Facebook, 22 de abril de 2025. https://www.facebook.com/katribuphils/posts/stand-with-the-ayta-people-stand-with-the-mt-pinatubo-barricadethe-ayta-indigeno/1081143887386633/
[21] KARAPATAN. “KARAPATAN sounds alarm on bombings, strafing in Mindoro communities” (KARAPATAN da la voz de alarma sobre los bombardeos y ametrallamientos en las comunidades de Mindoro). KARAPATAN, 3 de marzo de 2025. https://www.karapatan.org/media_release/karapatan-sounds-alarm-on-bombings-strafing-in-mindoro-communities/
[22] Dominic Gutoman. “Close to 300 Palawan residents accused of squatting on their ancestral lands” (Cerca de 300 residentes de Palawan acusados de ocupar ilegalmente sus tierras ancestrales). Bulatlat, 9 de diciembre de 2025. https://www.bulatlat.com/2025/12/09/close-to-300-palawan-residents-accused-of-squatting-on-their-ancestral-lands/
[23] Elizabeth Marcelo. “NCIP flagged over lavish meals, hotel accommodations” (La NCIP denunció las lujosas comidas y alojamiento en hoteles). The Philippine Star, 5 de noviembre de 2020. https://www.philstar.com/nation/2020/11/05/2054645/ncip-flagged-over-lavish-meals-hotel-accommodations
[24] Kimberlie Quitasol. “Lawmaker, IP groups want NCIP chief out” (Los legisladores y los grupos indígenas quieren la destitución del director de la NCIP). Northern Dispatch, 29 de septiembre de 2022. https://nordis.net/2022/09/29/article/news/lawmaker-ip-groups-want-ncip-chief-out/
[25] Tribunal Supremo de Filipinas. “SC: Mamanwa Tribes Trust Fund Held by NCIP Cannot Be Diverted; Must Be Used Only for Their Intended Purpose” (Tribunal Supremo: el Fondo Fiduciario de las Tribus Mamanwa gestionado por la NCIP no puede desviarse; debe utilizarse únicamente para los fines previstos). Tribunal Supremo de Filipinas, comunicado de prensa, 3 de noviembre de 2025. https://sc.judiciary.gov.ph/wp-content/uploads/2025/11/SC-PRESS-RELEASE-SC-Mamanwa-Tribes-Trust-Fund-Held-by-NCIP-Cannot-Be-Diverted-Must-Be-Used-Only-for-Their-Intended-Purpose.pdf
[26] Raymund Villanueva. “ICI was created to protect BBM – BAYAN” (La ICI se creó para proteger a Bongbong Marcos, según BAYAN). Kodado Productions, 19 de enero de 2026. https://kodao.org/ici-was-created-to-protect-bbm-bayan/
[27] Franck Dick Rosete. “Family of slain Lumad farmer in Surigao del Sur calls for justice” (La familia del agricultor lumad asesinado en Surigao del Sur exige justicia). Bulatlat, 30 de junio de 2025. https://www.bulatlat.com/2025/06/30/family-of-slain-lumad-farmer-in-surigao-del-sur-calls-for-justice/
Etiquetas: Global governance, Derechos Humanos
