El Mundo Indígena 2025: El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los Derechos de los
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) se compone de dos órganos de derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o la Comisión) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Ambos órganos trabajan para promover y proteger los derechos humanos en las Américas. Por su lado, la CIDH se compone de siete miembros independientes y dos relatores especiales independientes, y tiene su sede en Washington, D.C., Estados Unidos. Por otro lado, la Corte está compuesta por siete jueces y su sede se encuentra en San José, Costa Rica.
En 1990, la CIDH creó la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas con el objeto de brindar atención a los pueblos indígenas del hemisferio; además de fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo que la propia Comisión realiza en esa temática. A este efecto, la CIDH emplea diversos instrumentos, como estudios e informes temáticos; peticiones y casos, incluyendo soluciones amistosas; medidas cautelares; audiencias temáticas; solicitudes confidenciales de información a Estados; y comunicados de prensa. Asimismo, la Relatoría participa en conferencias y seminarios organizados por los Estados, entidades académicas y la sociedad civil. En cambio, la Corte Interamericana, entre otras facultades, dicta opiniones consultivas y emite sentencias entre otras labores.
Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.
Durante el año 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha continuado con su labor en la promoción y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en el continente americano. A través de comunicados de prensa, medidas cautelares, audiencias públicas y visitas in loco, además del monitoreo constante de la situación de derechos humanos de los Pueblos Indígenas, la CIDH ha tomado conocimiento y documentado violaciones a sus derechos, e instado a los Estados a cumplir con sus obligaciones internacionales.
Comunicados de prensa
Argentina[1]: La CIDH manifestó preocupación por la suspensión de solicitudes de personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) sin consulta previa. También denunció la violencia institucional y estigmatización contra líderes indígenas y los desalojos forzosos. La CIDH recordó la importancia de la consulta libre, previa e informada en la toma de decisiones que pudiera afectar los derechos de los Pueblos Indígenas para evitar retrocesos en la garantía de los derechos territoriales.
Brasil[2]: Junto con la ONU, la CIDH alertó sobre la creciente violencia contra Pueblos Indígenas en Bahía, Paraná y Mato Grosso do Sul por parte de particulares y también fuerzas policiales, así como la falta de demarcación de tierras y la inseguridad jurídica. Esta violencia, sostuvieron, se agrava por la falta de avances en la demarcación de tierras y la incertidumbre jurídica generada por la Ley No. 14.701, que limita los reclamos territoriales a las tierras ocupadas antes de 1988, a pesar de su veto presidencial y la declaración de inconstitucionalidad por parte del STF, cuya decisión final aún está pendiente (conocida como tesis de marco temporal). Se documentaron casos de asesinatos y desplazamientos forzosos, que agravan la crisis de derechos humanos en la región. Además, se advirtió sobre la necesidad de fortalecer las políticas de protección para líderes indígenas amenazados.
En el marco del Día Internacional de la Niña[3], la CIDH instó a los Estados de la región a adoptar medidas urgentes para prevenir y erradicar la violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas, incorporando enfoques de género, edad e interculturalidad. Sostuvo que la falta de datos desagregados sobre esta problemática dificulta su visibilización, pero estudios indican que estas niñas enfrentan mayores niveles de violencia, especialmente en contextos de desplazamiento forzado, militarización, explotación de recursos y zonas rurales. La CIDH tomó conocimiento de casos de agresiones sexuales perpetradas por integrantes de fuerzas armadas, hacendados, trabajadores temporales, docentes y turistas, quienes se aprovechan de su situación de vulnerabilidad. Ante esto, la CIDH recordó el deber de los Estados de prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual contra niñas indígenas, tal como establece la Convención de Belém Do Pará, y destaca la necesidad de modificar las causas estructurales de esta violencia.
Medidas cautelares
Durante 2024 se otorgaron siete medidas cautelares[4] vinculadas a los derechos de los Pueblos Indígenas de Brasil (1), Colombia (3), México (1), Nicaragua (1) y Perú (1). Las cuestiones por las cuales estas medidas fueron otorgadas, involucran los siguientes tópicos:
- Desaparición de dirigentes indígenas y defensores de los derechos humanos y riesgo de dirigentes en relación con su labor de defensa de los territorios ancestrales. Se identificaron presuntos actos de intimidación, amenazas y violencia por parte del crimen organizado y ante el avance de actividades ilegales de explotación minera.
- Violencia y amenazas por parte de grupos armados, crimen organizado y agentes estatales en el contexto de defensa del territorio ante la falta de demarcación de tierras indígenas. En el caso de grupos armados, también se otorgó una medida cautelar en relación con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y amenazas a la familia.
- Violencia contra mujeres indígenas y falta de protección por parte de las instituciones estatales ante intento de feminicidio agravado.
Casos y peticiones
La CIDH presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso Nº 13.572[5] contra el Estado peruano por la vulneración de derechos de los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI) Mashco Piro, Yora y Amahuaca, debido a la explotación ilegal de sus territorios y la falta de protección efectiva por parte del Estado. A pesar del reconocimiento legal de sus tierras, la demora en la recategorización de la Reserva Madre de Dios y la permisividad ante actividades extractivas han dejado a estas comunidades en situación de vulnerabilidad. La CIDH determinó que el Estado violó derechos fundamentales, incluyendo la propiedad colectiva y el acceso a la justicia, y recomendó medidas de reparación integral, como la delimitación y protección de sus tierras, la revisión de concesiones, la fiscalización de actividades extractivas y la capacitación de autoridades para garantizar el respeto a los derechos de los PIACI.
Por otro lado, cabe mencionar la sentencia de la Corte IDH en el caso Huilcamán Paillama y otros vs. Chile[6], surgido a partir de un proceso penal llevado a cabo en contra de 140 integrantes del pueblo Mapuche en el contexto de una serie de protestas que tuvieron lugar en 1992, en ocasión de los 500 años de la conquista española. Allí se consideró que Chile era internacionalmente responsable por la violación de una serie de derechos, incluido el derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y tribales. La Corte sostuvo: “[L]a libre determinación en su dimensión externa se proyecta cuando los Pueblos Indígenas, por medio de sus autoridades o sus formas de organización, tanto las tradicionales como las de ‘reciente creación’, externan y ponen de manifiesto su parecer y su posición ante cuestiones que, siendo ajenas a su comunidad, impactan al interior de esta por factores históricos, políticos, económicos, sociales o culturales. En otras palabras, el derecho a la libre determinación garantiza que los Pueblos Indígenas y tribales externen libremente su parecer y posición como presupuesto de su participación en los procesos de toma de decisiones sobre asuntos que les afecten”[7].
Audiencias públicas durante los períodos de sesiones
En el año 2024, la Comisión celebró tres períodos de sesiones, durante los cuales llevó a cabo 17 audiencias públicas vinculadas a la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en el continente.
Durante el 189° Período de Sesiones[8], la CIDH tomó conocimiento del impacto negativo de la explotación de uranio en la salud, el medio ambiente y la cultura de comunidades indígenas, en Estados Unidos, comprometiéndose a remediar la situación. Se discutieron los desafíos de la justicia indígena y la necesidad de fortalecer su coordinación con el sistema estatal en Ecuador. Se denunciaron desalojos forzosos y la criminalización de líderes comunitarios en Honduras, mientras que organizaciones de Colombia, Guyana y Perú expresaron su preocupación por el impacto del mercado de bonos de carbono en los territorios indígenas. Asimismo, se señalaron las amenazas y la criminalización de defensores ambientales en Panamá debido a actividades empresariales, sobre lo cual la CIDH resaltó la importancia de celebrar procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado.
En relación con Guatemala, se trató un caso en trámite ante la CIDH en relación con el desalojo violento de comunidades Q’eqchi’es en 2011 como así también el seguimiento de medidas cautelares vigentes en favor de comunidades indígenas que aún enfrentan condiciones precarias. Asimismo, la CIDH también celebró una audiencia pública sobre el reclutamiento forzado de niños y adolescentes indígenas por parte de grupos armados en Colombia, resaltándose la urgencia de políticas públicas efectivas. La CIDH instó a los Estados a adoptar acciones concretas para proteger los derechos de los Pueblos Indígenas, garantizar su consulta previa y libre determinación, y atender los impactos ambientales y sociales derivados de actividades extractivas y conflictos territoriales.
En el 190° Período de Sesiones[9], la CIDH escuchó acerca de la difícil situación de solicitantes de asilo nicaragüenses, en especial indígenas, en Nicaragua; mientras que comunidades denunciaron la contaminación del agua por la minería en Bolivia, exigiendo acciones estatales. También celebró una audiencia regional, en la que se alertó sobre la violencia y criminalización de personas defensoras ambientales, subrayando la necesidad de fortalecer su protección. Por su parte, organizaciones alertaron por el avance de proyectos de ley de amnistía y prescripción de la responsabilidad penal en el contexto del conflicto armado en Perú entre 1980 y 2000, que resultarían en impunidad para cientos de casos, incluyendo aquellos con mujeres indígenas víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y reproductiva. Asimismo, el pueblo Yanomami expuso acerca de los graves riesgos de salud que enfrenta debido a la minería ilegal y la ausencia estatal, con un impacto desproporcionado de violencia sobre mujeres y niñas indígenas. En relación con Nicaragua, organizaciones denunciaron el permanente contexto de violencia contra las comunidades indígenas de la Costa Caribe, como consecuencia del despojo de territorio, alimentos y recursos naturales mediante violencia armada por parte de colonos armados y un patrón de violaciones a los derechos de niñas y mujeres indígenas y afrodescendientes. En relación con Guatemala, organizaciones denunciaron desalojos forzosos que generan desplazamientos internos de comunidades indígenas, sin notificación previa ni posibilidad de recursos judiciales, como así también hechos de criminalización de personas defensoras y líderes indígenas.
En la celebración del 191° Período de Sesiones[10], Pueblos Indígenas transfronterizos A’i Cofán, Andwas, Shuar, Siekopai, Siona y Wampis de Perú, Colombia y Ecuador denunciaron ante la CIDH la falta de articulación interestatal ante el avance de actividades ilícitas y extractivas, y la vulnerabilidad de sus comunidades, especialmente mujeres y pueblos en aislamiento. En relación con Brasil, se reconocieron avances en medidas cautelares para miembros de la UNIVAJA, incluida la investigación del asesinato de Bruno Araújo y Dom Phillips, aunque persisten desafíos en la protección de los defensores indígenas.
Visitas in loco
Con el fin de observar directamente la situación de derechos humanos, la Comisión Interamericana realiza visitas in loco a países del continente, durante las cuales lleva a cabo reuniones con autoridades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos humanos y otros actores relevantes, además de realizar inspecciones en el terreno.
Bajo esta premisa, la CIDH realizó una visita in loco a Colombia en abril de 2024[11], oportunidad en la que visitó Antioquia, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, y el Valle del Cauca. Durante la visita, se sostuvieron 50 reuniones con representantes del gobierno y 45 encuentros con organizaciones de sociedad civil y líderes y lideresas comunitarios. El objetivo de esta instancia fue observar la situación de derechos humanos en el país, con especial énfasis en la seguridad ciudadana, los impactos diferenciados de la violencia y la implementación del Acuerdo de Paz.
Uno de los ejes de análisis de manifestaciones de las violencias incluye la existente contra Pueblos Indígenas y comunidades negras, afrocolombianes, raizales y palenqueras, como víctimas de discriminación estructural consecuencia del legado del colonialismo y la esclavitud. Se observaron entonces dificultades en la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz en consecuencia. Estos obstáculos interfieren en la participación efectiva en los espacios dispuestos por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como así también la falta de enfoque intercultural y territorial en las políticas públicas desarrolladas. En este contexto, la Comisión tomó conocimiento de situaciones de desplazamientos forzados y confinamientos masivos de comunidades indígenas como resultado de la reconfiguración del conflicto armado y el control del territorio. También observó con preocupación extrema el flagelo del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, donde indígenas, afrodescendientes y campesinos son particularmente afectados frente a las estrategias desplegadas por grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
En julio de 2024, la Comisión realizó también una visita in loco a Guatemala[12], donde constató la persistencia de discriminación étnico-racial estructural que limita el acceso de los Pueblos Indígenas a la tierra y sus recursos naturales. La falta de reconocimiento y titulación de tierras ancestrales ha permitido el avance de proyectos extractivos y monocultivos sin consulta previa, lo que ha resultado en despojos y contaminación. La Comisión recibió testimonios sobre la criminalización de líderes indígenas que defienden el territorio, acusados de diversos delitos que justifican desalojos forzosos sin previo aviso, afectando gravemente a comunidades. Durante su recorrido, la CIDH documentó casos de comunidades enteras con órdenes de captura en su contra y detenciones arbitrarias, incluso tras reuniones con el gobierno. En varias regiones, como Alta Verapaz, Ciudad de Guatemala, Sololá y El Estor, se evidenció la persecución judicial contra líderes indígenas, así como el uso excesivo de la fuerza en desalojos, donde se queman viviendas y cultivos, forzando el desplazamiento de familias enteras. Esta situación ha generado un impacto desproporcionado en los Pueblos Indígenas, mientras organizaciones de la sociedad civil denuncian la complicidad del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial en la criminalización y el despojo de comunidades indígenas en beneficio de intereses privados.
Eventos de promoción
Se realizaron encuentros y seminarios, incluyendo la VII Semana Interamericana sobre Pueblos Indígenas y sesiones de intercambio con la Comisión Africana de Derechos Humanos y la Corte de Justicia del Caribe. Además, se llevaron a cabo actividades de difusión el derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas. Entre estas actividades se incluye un evento para la presentación en Brasil del informe temático “Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales” traducido al portugués[13] con el apoyo de IWGIA.
Por último, cabe señalar la participación del Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Arif Bulkan, y el Relator de Chile, José Luis Caballero, en el seminario internacional “Derechos territoriales, Estado y Pueblo Mapuche: perspectivas en el contexto del trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento”, en el mes de septiembre, donde expusieron acerca de los estándares interamericanos en materia de derechos de los Pueblos Indígenas a las tierras de ocupación tradicional y los mecanismos de diálogo, negociación y resolución de conflictos territoriales. Este seminario tuvo lugar en Santiago de Chile y también incluyó un encuentro con referentes comunitarios en Temuco.
Mishkila Rojas. Abogada y especialista en políticas públicas y derechos de los Pueblos Indígenas. Especialista de la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante 2024. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.
Notas y referencias
[1] CIDH, Argentina: CIDH llama al Estado a respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, Washington D.C., 4 de diciembre de 2024.
[2] CIDH, Brasil: CIDH y ONU Derechos Humanos condenan la violencia contra pueblos indígenas y llaman al Estado a proteger derechos territoriales de estos pueblos, Washington D.C., 17 de octubre de 2024.
[3] CIDH, CIDH: los Estados deben poner fin la violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas, Washington D.C., 17 de octubre de 2024.
[4] CIDH, Mapa de medidas cautelares, disponible en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/decisiones/mc/mapa.asp (última visita: 12 de marzo de 2025).
[5] CIDH, Perú: CIDH presenta a la Corte IDH caso por violaciones a derechos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, Washington D.C., 4 de diciembre de 2024. Escrito disponible en https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/Corte/2024/PE_13.572_NdeREs.PDF (última visita: 12 de marzo de 2025).
[6] Corte IDH, Caso Huilcamán Paillama y otros vs. Chile, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 18 de junio de 2024, https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/serie-c/sentencia/1048554193 (última visita: 12 de marzo de 2025).
[7] Id., párr. 225.
[8] CIDH, Resúmenes de Audiencias Públicas, 189 Período de Sesiones, 26 de febrero al 1 de marzo de 2024, disponible en https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2024/189PS_ResumenAudiencias.PDF (última visita: 12 de marzo de 2025).
[9] CIDH, Resúmenes de Audiencias Públicas, 190° Período de Sesiones, 8 al 12 de julio de 2024, disponible en https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2024/190PS_ResumenAudiencias.pdf (última visita: 12 de marzo de 2025).
[10] CIDH, Resúmenes de Audiencias Públicas, 191° Período de Sesiones, 11 al 15 de noviembre de 2024, disponible en https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2024/191PS_ResumenAudiencias.PDF (última visita: 12 de marzo de 2025).
[11] CIDH, Visita in loco a Colombia, Observaciones Preliminares, 15 al 19 de abril de 2024, disponibles en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2024/Observaciones_Preliminares_Colombia_2024.pdf (última visita: 12 de marzo de 2025).
[12] CIDH, Visita in loco a Guatemala, Observaciones Preliminares, 22 al 26 de julio de 2024, disponible en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2024/observaciones_preliminares_guatemala.pdf (última visita: 12 de marzo de 2025).
[13] CIDH, Direito à livre determinação dos Povos Indígenas e Tribais, OEA/Ser.L/V/II. Doc.413/21, 2021, disponible en https://www.oas.org/pt/cidh/relatorios/pdfs/LibreDeterminacion_POR.pdf (última visita: 12 de marzo de 2025).
Etiquetas: Gobernanza Global, Defensores de derechos humanos indígenas
