El Mundo Indígena 2022: El Fondo Verde para el Clima
El Fondo Verde para el Clima (FVC) es un mecanismo de financiación climática creado en 2010 por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y que ha estado en funcionamiento desde 2015. El Fondo brinda asistencia a los países en vías de desarrollo para sus iniciativas de adaptación y mitigación del clima. Su finalidad es catalizar un flujo de financiación climática para invertir en alternativas de desarrollo bajas en emisiones y resilientes frente al clima, y de esta manera contribuir al objetivo de la Convención Marco y del Acuerdo de París de mantener el aumento promedio de la temperatura mundial en 1.5 grados centígrados[1]. En este sentido, el Fondo puede aceptar contribuciones de los países desarrollados que son parte de la Convención Marco, así como de fuentes públicas, no públicas y alternas que incluyen, entre otros, países que no han suscrito la Convención Marco, entidades y fundaciones[2]. Durante la COP26 llevada a cabo en noviembre de 2021, los países desarrollados que son parte de la Convención Marco hicieron un nuevo compromiso de poner a disposición 100.000 millones de USD al año en financiación climática para 2023. El plazo del compromiso que habían formulado anteriormente para alcanzar este objetivo se había vencido en 2020. Este renovado compromiso constituye una oportunidad para el Fondo Verde para el Clima como mecanismo clave para canalizar esta financiación.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, el Fondo había financiado un total de 190 proyectos con inversiones que ascendían a 10.000 millones de USD o un total de 37.200 millones de USD si se incluyen las iniciativas de cofinanciación. El Fondo Verde para el Clima calcula que estos proyectos beneficiarán a 612 millones de personas a aumentar su resiliencia climática y contribuirán a evitar la emisión de 1.200 millones de toneladas equivalentes de CO2[3]. Del total de 190 proyectos aprobados, los micro y pequeños proyectos constituyen menos de la mitad (12 % y 32 %), en tanto que los proyectos medianos y grandes representan respectivamente el 39 % y el 17 % de la cartera. La escala del proyecto es importante, ya que los más grandes tienen un mayor riesgo de surtir un efecto negativo en la naturaleza y los pueblos. En cuanto a los instrumentos financieros, la cartera de inversiones de los proyectos comprende un 44 % de préstamos, un 42 % de subvenciones, un 6 % de fondos propios, un 6 % de pagos basados en resultados y un 2 % de garantías[4]. Una vez más, estas cifras reflejan que, si bien se supone que la financiación climática se canaliza a través de subvenciones basadas en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en realidad se proporciona en gran medida en forma de préstamos.
Las decisiones políticas y de financiación del Fondo las toman 24 miembros de la Junta Directiva. Las organizaciones observadoras hacen presión e influyen en las decisiones a través de la Red de Observadores de Organizaciones de la Sociedad Civil, pueblos indígenas y comunidades locales, dirigida por dos observadores activos, uno perteneciente al grupo de países desarrollados y otro de países en desarrollo. Los representantes indígenas y las organizaciones de apoyo están agrupados en el Equipo de Incidencia de los Pueblos Indígenas, además de participar activamente en la Red de Observadores. En la actualidad, el observador activo del sur es un representante indígena.
Introducción
En 2021, el Fondo Verde para el Clima continuó haciendo énfasis en el impacto de los proyectos a través de la medida cuantificable de emisiones equivalentes de CO2 evitadas y de la cantidad de personas que han aumentado su resiliencia general. Sin embargo, es igualmente importante disponer de datos sobre el impacto de los proyectos en el bienestar social, cultural, económico y ecológico de las comunidades y los pueblos indígenas. La Política de Pueblos Indígenas del Fondo Verde para el Clima, adoptada en 2018, sienta las bases para cerrar esas brechas, salvaguardar los derechos humanos y los de los pueblos indígenas en las actividades del Fondo. La política representa un punto de referencia de alto nivel basado en los derechos para el funcionamiento del Fondo y la financiación climática en general. Asimismo, destaca la importancia de la integridad medioambiental, social y cultural de las actividades financiadas por el Fondo.
La Política de Pueblos Indígenas es uno de los logros más importantes del Equipo de Incidencia de los Pueblos Indígenas hasta la fecha[5]. Esta contribuye no solamente a la protección de los derechos humanos en el marco del Fondo Verde para el Clima, sino también, de forma más amplia, a la aplicación del compromiso del Acuerdo de París de salvaguardar los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito de la acción climática[6]. Teniendo esto como telón de fondo, el 2021 fue otro año mixto de realidades y retórica frustrantes, al tiempo que ofreció algunos avances prometedores.
El COVID-19 y la reducción del espacio de participación de los pueblos indígenas y de la sociedad civil
Como sucedió en todas las empresas del mundo, las actividades del Fondo Verde para el Clima se paralizaron en parte por la pandemia del COVID-19. Las formas de operar han cambiado; los eventos y las reuniones se realizan de forma virtual; los proyectos se han impulsado sin apenas consultar a los pueblos indígenas y a la sociedad civil. A grandes rasgos, la participación de los pueblos indígenas y de la sociedad civil en el Fondo Verde para el Clima se ha reducido durante la pandemia.
El Fondo celebró tres reuniones de la Junta Directiva en 2021, todas ellas de manera virtual. La Junta aprobó 12 propuestas de financiación[7], nueve de las cuales tienen un impacto potencial sobre los pueblos indígenas[8]. La realización de consultas con los pueblos indígenas acerca de estos proyectos en campo y durante las reuniones de la Junta Directiva representó un desafío.
Además de los retos que supone la participación y la coordinación durante las reuniones virtuales, los asistentes pueden sufrir fallas técnicas, tener mala conexión a Internet, que las reuniones se realicen a horas inconvenientes dada la diferencia de husos horarios, y dificultades para acceder a las “salas de reunión” en cualquier momento, además de la habitual barrera lingüística del inglés. La coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas, así como la participación de los miembros de la Junta Directiva, sus asesores y las entidades acreditadas durante las reuniones de la Junta han continuado presentando dificultades. Aparte de los dos observadores activos de las organizaciones de la sociedad civil, ningún observador tuvo acceso a la sala de Zoom de las reuniones de la Junta Directiva. La única manera de presenciar las reuniones de la Junta Directiva es a través de la transmisión por Internet. Dichas reuniones a menudo se convirtieron en “sesiones ejecutivas”, que excluían la participación de los observadores y no se transmitían.
Las pugnas internas entre los miembros de la Junta Directiva dificultaron su funcionamiento como una junta unificada, lo cual condujo a retrasos, sesiones ejecutivas e inacción durante las reuniones. En consecuencia, algunas decisiones quedaban relegadas a periodos “entre reuniones de la Junta Directiva”, lo que dejó escasas oportunidades para que las organizaciones de la sociedad civil intervinieran. En general, los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil tuvieron que amplificar sus voces desde un espacio de participación cada vez más reducido.
Retórica y realidades de un cambio de paradigma
Además de la penalización que impuso la pandemia a la participación de los pueblos indígenas y la sociedad civil, el criterio de inversión del Fondo Verde para el Clima centrado en el “potencial de cambio de paradigma” sigue siendo algo irónico en el contexto de sus propuestas de financiación donde, en realidad, prevalece el enfoque de “continuar con lo habitual”. Los proyectos presentados a la Junta Directiva no incluían características y enfoques distintos en torno a la ciencia, cosmovisión e innovación indígena. Más bien, la Junta perpetuó el antiguo debate de “proyecto de desarrollo” frente a “proyecto climático”. Los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil tuvieron que alzar su voz con respecto a la falta de consulta a los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes y la sociedad civil en general. Las intervenciones sobre las propuestas de proyectos se centraron, entre otras cuestiones, en la falta de obtención del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas o de no garantizar la titularidad de la propiedad. A menudo, solo se invitó a intervenir a los observadores activos después de que los proyectos hubieran sido aprobados por la Junta Directiva, lo que convertía dichas intervenciones en ejercicios académicos y las hacía irrelevantes.
A pesar de que persistió la retórica sobre el cumplimiento de la Política de Pueblos Indígenas en las propuestas de financiación, el proceso de diseño de los proyectos no respetó en muchos casos los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, al no considerar de qué manera las innovaciones, la cosmovisión y la ciencia de los pueblos indígenas pueden aportar un potencial distinto a los proyectos del Fondo Verde para el Clima. La Política de Pueblos Indígenas exige que las entidades y los individuos que participan en las actividades financiadas por el Fondo garanticen una participación plena y efectiva, así como una consulta significativa que conduzca al CLPI, para no obstaculizar la acción climática basada en la libre determinación o la integridad de los derechos de los pueblos indígenas en los asuntos relacionados con ellos. Sin embargo, esto no ocurrió en algunas propuestas de financiación. En resumen, el “cambio de paradigma” sigue siendo una retórica bastante vacía para los pueblos indígenas.
Una faceta olvidada de los proyectos del Fondo Verde para el Clima
Dado que se ha demostrado que el cambio climático es un fenómeno antropogénico, el aspecto humano de la crisis climática debería conformar el núcleo de los proyectos del Fondo. Los seres humanos son agentes de cambio. Por lo tanto, el “programa de ejecución” del cambio se basa en los valores humanos y los “instrumentos” únicamente funcionan si el programa de ejecución está bien establecido. Los valores, las formas de vida, las visiones del mundo y los conocimientos de los pueblos indígenas son un “programa de ejecución” crucial en la acción climática sobre el terreno, pero se siguen menospreciando estos factores.
De hecho, una de las cuestiones que se abordaron en el contexto de los “proyectos financiables” y la “lógica climática” fue el papel que desempeñan los conocimientos de los pueblos indígenas en la acción climática. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el conocimiento no proviene de un espacio inerte, infundado, ni de un laboratorio o una universidad; sus conocimientos están arraigados en la tierra, los territorios y los recursos. Sus mayores los transmiten a las generaciones más jóvenes de diversas maneras y formas, como rituales, folclore, bailes, canciones y festividades. Dichas prácticas, conocimientos y tecnologías, arraigadas en las comunidades, constituyen algunas de las soluciones climáticas más poderosas. Sin embargo, en general se los sigue ignorando en el ámbito de la financiación climática.
Novedades durante la pandemia
En 2021, el Fondo Verde para el Clima inició la tarea pendiente de institucionalizar su Grupo Asesor de los Pueblos Indígenas (IPAG). La Política de Pueblos Indígenas requiere que el Fondo establezca el IPAG para mejorar la coordinación entre el Fondo, las entidades acreditadas y las entidades ejecutoras, los Estados y los pueblos indígenas[9]. Sobre esta base, el Fondo Verde para el Clima anunció una convocatoria de candidaturas de miembros del IPAG de las regiones[10].
El Fondo también ha iniciado el proceso de elaboración de sus salvaguardas ambientales y sociales, lo que incluye una convocatoria de aportaciones públicas. Las salvaguardas aplicadas por el Fondo hasta la fecha (de forma provisional) son las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional. La Secretaría también ha anunciado la convocatoria de aportaciones públicas sobre otros asuntos, como las guías sectoriales sobre agricultura y seguridad alimentaria, y ciudades, edificios y sistemas urbanos, respectivamente. La sociedad civil y los pueblos indígenas respondieron a estos llamamientos y ofrecieron sus aportaciones.
El Fondo Verde para el Clima indicó su voluntad de continuar con el Programa de Pagos basados en resultados REDD+, tras haberse agotado la financiación de la fase piloto en 2020[11]. Realizó un llamamiento para recibir aportaciones del público, al tiempo que emprendió una revisión con el objetivo de continuar con el programa de pagos basados en los resultados.
Por último, si se obvia por un momento la escasa consulta con los pueblos indígenas y la sociedad civil, la aprobación de un total de 12 propuestas de financiación en 2021 es una señal prometedora con respecto al flujo de financiación climática internacional. La cartera de acreditaciones, que ahora asciende a un total de 113 entidades, muestra cada vez más una ampliación de la acción del Fondo. A su vez, 32 de estas se clasifican como proyectos de alto riesgo negativo (categoría A). Por otra parte, las entidades nacionales de acceso directo constituyen el 51 % de la cartera de acreditación, lo cual también es un paso prometedor, aunque únicamente si en la práctica la financiación climática fluye directamente a los países necesitados, a través de dichas entidades.
Iniciativas destacadas de los pueblos indígenas en 2021
Las partes de la Convención Marco finalizaron el Libro de Reglas de París e hicieron una nueva promesa de financiación durante la COP26 en Glasgow. Al ser el mayor mecanismo de financiación climática, el Fondo Verde para el Clima es clave para aplicar esta decisión de la Convención Marco sobre la movilización de fondos. En este sentido, la cartera de proyectos del Fondo aumenta cada año.
A la luz de esto, es crucial ver de qué manera el Fondo ha estado implementando su propia Política de Pueblos Indígenas y lo que dice el preámbulo del Acuerdo de París sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Los datos sobre los proyectos del Fondo que se están ejecutando en los territorios de los pueblos indígenas y la información sobre el impacto en los pueblos indígenas son importantes para salvaguardar los derechos humanos y de los pueblos indígenas. En este contexto, la Fundación Tebtebba lanzó en 2021 una Plataforma de rastreo de los pueblos indígenas sobre proyectos del FVC. Esta herramienta tiene como objetivo establecer un punto de referencia de información y análisis sobre los proyectos aprobados por el Fondo que puedan tener un impacto positivo o negativo en los pueblos indígenas[12]. La plataforma de rastreo muestra que 70 del total de 190 proyectos aprobados hasta el 31 de diciembre de 2021 tienen un impacto potencial en los pueblos indígenas. Esos 70 proyectos están aprobados en 50 países[13].
La Fundación Tebtebba también organizó una serie de seminarios web sobre el Fondo Verde para el Clima en 2021 para mejorar el conocimiento y las capacidades de los pueblos indígenas al respecto. En colaboración con el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas y la Federación de Nacionalidades Indígenas de Nepal (NEFIN) organizó talleres nacionales de capacitación para generar conciencia con respecto a los pueblos indígenas de Nepal. La NEFIN realizó llamadas y reuniones de coordinación con las entidades acreditadas en el país. Estas iniciativas fueron útiles para que los pueblos indígenas pudieran comprender qué es el Fondo, hacer un seguimiento y asegurar sus derechos en los proyectos financiados.
En Perú, las organizaciones de los pueblos indígenas[14] elaboraron recomendaciones y un conjunto de normas mínimas validadas por sus comunidades, para participar en los procesos nacionales del Fondo. Estas se presentaron al Ministerio de Economía y Finanzas (la autoridad nacional designada por Perú para gestionar el Fondo), al Ministerio del Ambiente y a las entidades acreditadas pertinentes con el objetivo de institucionalizar un espacio formal permanente de coordinación y consulta de los pueblos indígenas en 2022.
Estas iniciativas surgidas de los pueblos indígenas en 2021 constituyen importantes precedentes que pueden ser replicados por los pueblos indígenas, las autoridades nacionales designadas y las entidades acreditadas en otros países. De hecho, la ampliación de estas actividades sirve para reforzar la legitimidad y la eficacia del Fondo Verde para el Clima, así como la importantísima salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas en la acción climática.
De cara al futuro
Para avanzar en la facilitación de las acciones climáticas que respeten los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, el Fondo debe adoptar las siguientes medidas:
- Formalizar y operativizar el IPAG.
- Apoyar los proyectos climáticos que favorezcan a los pueblos indígenas y su libre determinación.
- Adherirse al CLPI y cumplir con la Política de Pueblos Indígenas en su totalidad en las actividades que lleve a cabo, lo que abarca la formulación de propuestas de financiación.
- Promover un verdadero cambio de paradigma que incorpore las perspectivas, las cosmovisiones, las innovaciones, los conocimientos y los aportes de los pueblos indígenas a la acción climática.
- Desarrollar y aplicar sólidas salvaguardas ambientales y sociales.
- Supervisar y reforzar la aplicación efectiva de la Política de Pueblos Indígenas.
Tunga Bhadra Rai pertenece a la nacionalidad indígena Rai de Nepal. Tiene una maestría en Antropología de la Universidad de Tribhuvan y participó en el Programa de Estudios de Nepal de Cornell. Trabaja en el Programa de Colaboración para el Cambio Climático de la Federación de Nacionalidades Indígenas de Nepal (NEFIN) con sede en Nepal. El señor Rai ha publicado artículos y trabajos de investigación sobre los pueblos indígenas. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
Stefan Thorsell es asesor climático del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA). Participa en la incidencia internacional del clima en la CMNUCC y el FVC en colaboración con representantes indígenas. Ha colaborado en publicaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas en la acción climática y ha publicado investigaciones sobre el proceso de paz en Colombia.
Este artículo es parte de la 36ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra mujeres indígenas que se ponen de pie y asumen el mando en la lucha por los derechos territoriales de su comunidad en Jharkhand, India. Fotografiada por Signe Leth, es la portada del Mundo Indígena 2022 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2022 completo aquí
Notas y referencias
[1] Fondo Verde para el Clima. Consultado el 27 de enero de 2022: https://www.greenclimate.fund/about.
[2] Instrumento rector del FVC. Green Climate Fund. Consultado el 28 de enero de 2021: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/governing-instrument.pdf.
[3] Fondo Verde para el Clima. Consultado el 26 de febrero de 2020: https://www.greenclimate.fund/home.
[4] Fondo Verde para el Clima. Consultado el 27 de enero de 2022: https://www.greenclimate.fund/home.
[5] “UN Framework Convention on Climate Change”. En El Mundo Indígena 2019. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. IWGIA, 2019, Páginas 648 y 649. https://www.iwgia.org/images/documents/indigenous-world/IndigenousWorld2019_UK.pdf.
[6] Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Naciones Unidas, 2015. Consultado el 21 de enero de 2022: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf.
[7] Cartera de proyectos del Fondo Verde para el Clima. Fondo Verde para el Clima. Consultado el 27 de enero de 2022: https://www.greenclimate.fund/projects?f[]=campo_fecha_contenido:2021.
[8] Plataforma de rastreo de los pueblos indígenas sobre proyectos del FVC. Tebtebba. Consultado el 25 de enero de 2022: https://iptracker.tebtebba.org/
[9] Fondo Verde para el Clima. La Política de Pueblos Indígenas (disponible en inglés y español en el sitio web del Fondo). Fondo Verde para el Clima, Párrafo 81, página 19. Consultado el 2 de febrero de 2022. https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/ip-policy.pdf.
[10] La convocatoria de candidaturas está disponible en el sitio web del Fondo. Fondo Verde para el Clima. Consultado el 27 de enero de 2022: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/call-nominations-indigenous-peoples-advisory-group_1.pdf.
[11] Según la Convención Marco, REDD+ es un marco creado por la Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP) como guía para las actividades del sector forestal que reduzcan las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques y que garanticen la gestión sostenible de los bosques, así como la conservación y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo.
[12] Plataforma de rastreo de los pueblos indígenas sobre proyectos del FVC. Consultado el 2 de febrero de 2022: https://iptracker.tebtebba.org/.
[13] Plataforma de rastreo de los pueblos indígenas sobre proyectos del FVC. Consultado el 2 de febrero de 2022: https://iptracker.tebtebba.org/
[14] El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas (ONAMIAP), la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), la Asociación Conservacionista San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), la Organización Kichwa del Alto Tigre Frontera Perú-Ecuador (OPIKAFPE) y la Federación Achuar de Corrientes (FECONACOR) en colaboración con el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad.
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