El Mundo Indígena 2025: El compromiso de la Unión Europea en relación con los derechos de los Pueblos Indígenas

La Unión Europea (UE) es una unión política y económica conformada por 27 Estados miembros. Sus competencias legislativas y ejecutivas se reparten entre las principales instituciones de la UE: el Parlamento Europeo (autoridad colegisladora), el Consejo de la Unión Europea (autoridad colegisladora y ejecutiva) y la Comisión Europea (autoridad ejecutiva). Además, tiene su propio servicio diplomático, el Servicio Europeo de Acción Exterior, con delegaciones en todo el mundo.

La UE mantiene relaciones comerciales con países de todo el mundo y es el principal donante de ayuda al desarrollo. Además de ejercer su influencia dentro del territorio de sus Estados miembros y en las organizaciones internacionales, la UE ejerce un impacto global como actor internacional clave en cuestiones de derechos humanos, desarrollo y en la administración de asuntos empresariales y ambientales.

La UE forma parte del proceso internacional de promoción y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas. A su vez, cinco Estados miembros han ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),[1] y la UE apoyó la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) en 2007, así como el Documento Final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en 2014.

En años recientes, la UE ha pasado de tener una postura relativamente pasiva con respecto al reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas a participar de manera mucho más activa, con el fin de garantizar la efectividad de estos derechos en sus políticas.


Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.


Desarrollos legislativos europeos en la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas

Desde la celebración de las elecciones europeas a mediados de 2024, las instituciones de la Unión Europea han debido concluir, en ocasiones con cierta urgencia, una serie de procesos legislativos en curso.

Tras la adopción en 2023 del Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación (EUDR),[2] la UE ha finalizado este año la Directiva sobre Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD).[3] Estas nuevas normativas europeas tienen como objetivo reforzar los requisitos para que las empresas integren estándares de protección de los derechos humanos y del ambiente en sus operaciones y cadenas de suministro.[4]

La CSDDD obliga a las grandes empresas europeas y a aquellas que operan en la UE a identificar, prevenir, mitigar y remediar los impactos negativos de sus actividades sobre los derechos humanos y el ambiente. Este marco normativo incluye explícitamente consideraciones relacionadas con los derechos de los Pueblos Indígenas; en particular su derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Asimismo, prevé la posibilidad de que las víctimas emprendan acciones legales contra las empresas que incumplan sus obligaciones.

Por su parte, el EUDR tiene como finalidad reducir el impacto de la UE en la deforestación global al restringir la importación de productos asociados con la destrucción de bosques, como el aceite de palma, la soja y la madera. Para ello, exige a las empresas llevar a cabo procesos de diligencia debida en sus cadenas de suministro a fin de garantizar que determinadas materias primas importadas a la UE no hayan provocado deforestación y que su producción haya sido legal. En diciembre de 2024, la Unión Europea decidió establecer un período adicional de aplicación gradual de 12 meses. Por lo tanto, la normativa será exigible a partir del 30 de diciembre de 2025 para empresas grandes y medianas, y desde el 30 de junio de 2026 para microempresas y pequeñas empresas.

La aplicación de esta legislación podría abrir nuevas vías para que los Pueblos Indígenas aborden los abusos contra los derechos humanos y el ambiente cometidos por las grandes empresas. Esto se lograría mediante la creación de mecanismos jurídicos recursivos y de reparación legal, así como a través de un mayor control de las cadenas de suministro para documentar con mayor precisión las violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas.[5]

Asimismo, la adopción de normativas regionales de este tipo podría tener un impacto significativo en la evolución de la legislación de las Naciones Unidas sobre esta materia al modificar la postura de la UE y de sus 27 Estados miembros respecto a la necesidad de apoyar más activamente la creación de un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos impulsado por la ONU. De hecho, durante las negociaciones en torno a la directiva CSDDD y el reglamento EUDR, algunos grupos políticos y lobbies contrarios a estas iniciativas argumentaron que tales obligaciones penalizarían a las empresas y al mercado europeo en comparación con otras empresas no sujetas a estos requisitos en materia de derechos humanos. El Parlamento Europeo ha instado a los Estados miembros y a la Comisión a tomar medidas en este ámbito, y no sería descabellado suponer que estos mismos actores podrían, ahora, respaldar la creación de un tratado internacional que imponga estas obligaciones a todas las empresas por igual.

Jóvenes defensores de los derechos de los Pueblos Indígenas e instituciones europeas

En virtud de los tratados adoptados, la UE se encuentra comprometida a proteger y aplicar sus propios compromisos y los de sus Estados miembros. En consecuencia, ha adoptado políticas y mecanismos diseñados para salvaguardar y promover los derechos humanos en sus relaciones políticas, acuerdos comerciales y asignación de fondos. Asimismo, ha establecido diversos instrumentos estratégicos de derechos humanos para llevar a cabo acciones más específicas. La eficacia de estos mecanismos depende, en gran medida, de la colaboración entre la UE y las sociedades civiles locales. Las instituciones europeas se apoyan en su red de casi 140 delegaciones repartidas por todo el mundo.

Estas delegaciones actúan como la representación exterior de la UE y pueden considerarse embajadas. Mantienen un contacto constante con las autoridades de los países anfitriones y con la sociedad civil. En cada delegación, hay un punto focal en materia de derechos humanos cuya función es recopilar testimonios de defensores de derechos humanos, apoyar sus acciones, informar sobre la situación en cada país y supervisar el impacto de las iniciativas europeas.

A pesar de que representan casi un tercio de la población mundial y de que el 90 % de ellos vive en países en desarrollo –especialmente en África, donde tres cuartas partes de la población tiene menos de 35 años–, los jóvenes están, en gran medida, excluidos de los procesos de toma de decisiones que les afectan directamente. Por eso, la UE ha reconocido la necesidad de adaptar su sistema para promover la inclusión juvenil. Esta prioridad se ha reflejado en las Conclusiones del Consejo sobre Juventud en la acción exterior,[6] el Consenso Europeo sobre Desarrollo[7] y el Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia 2020-2024.[8]

En 2022, la UE adoptó el Plan de Acción para la Juventud (YAP) en la acción exterior de la UE 2022 - 2027, titulado Fomento de la participación significativa y el empoderamiento de los jóvenes en la acción exterior de la UE para el desarrollo sostenible, la igualdad y la paz,[9] con el objetivo de incluir y respaldar a jóvenes activistas.

Este Plan de Acción establece consultas obligatorias a organizaciones juveniles en el marco de la implementación del principal instrumento de financiación europea para los derechos humanos y la ayuda al desarrollo: el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Global (NDICI). Asimismo, prevé la creación de hojas de ruta nacionales para la participación de la UE junto con la sociedad civil, que incorpora una perspectiva juvenil y garantiza la participación significativa de las organizaciones juveniles.

También, la UE ha creado el Fondo de Empoderamiento Juvenil[10], con un presupuesto de 10 millones de euros, para proporcionar apoyo financiero directo a iniciativas lideradas por jóvenes en países socios, con un enfoque en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel local.

La UE también fomenta la creación de estructuras consultivas juveniles, que proporcionarán asesoramiento a las Delegaciones de la UE en todo el mundo. Estas estructuras se encuentran en proceso de desarrollo desde 2024 y se espera que estén operativas en la mayoría de los países socios para 2027.

Además de los puntos focales en derechos humanos, un número creciente de Delegaciones de la UE está estableciendo puntos focales juveniles con el fin de facilitar el acceso de los jóvenes defensores de derechos a los procesos y subvenciones de la UE.[11]

Esta disposición de las instituciones europeas para incluir a los jóvenes en sus acciones representa una oportunidad real para los jóvenes representantes de los Pueblos Indígenas que deseen colaborar con la UE o recibir su apoyo. Esta nueva prioridad debería facilitar su acceso a los fondos europeos y favorecer la inclusión de sus demandas en la agenda de negociaciones entre sus respectivos países y la Unión Europea.

No obstante, incluso si este sistema tiene un auténtico deseo de inclusión, es importante señalar que, en la práctica, puede verse afectado por la falta de medidas concretas que permitan la inclusión sistemática de los jóvenes representantes de los Pueblos Indígenas en los mecanismos establecidos. De hecho, es probable que estos jóvenes enfrenten las mismas dificultades que sus predecesores a la hora de trabajar con las Delegaciones de la UE, ya que los obstáculos para la participación de los Pueblos Indígenas son múltiples y estructurales. En particular, el hecho de que las delegaciones europeas estén ubicadas en las capitales nacionales y operen exclusivamente en los idiomas nacionales de cada país y en inglés dificulta la participación de las organizaciones indígenas. Esto se debe a que estas organizaciones suelen ser pequeñas y cuentan con recursos financieros limitados. Como consecuencia, se tiende a favorecer la representación de las grandes organizaciones locales de la sociedad civil, en las cuales los Pueblos Indígenas no siempre están adecuadamente representados.

En cuanto a la falta de medidas de apoyo sistemático, la efectividad de la inclusión de los Pueblos Indígenas puede variar de manera significativa de una delegación a otra, según el contexto nacional y el grado de compromiso de cada delegación para encontrar formas de apoyar la participación de sus representantes.

Mathias Wuidar es abogado especializado en derechos humanos. Trabaja como representante ante la UE para el Centro de Documentación, Investigación e Información de los Pueblos Indígenas (DOCIP).

 

Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.

 

Notas y referencias

[1] Dinamarca (1996), Países Bajos (1998), España (2007), Luxemburgo (2018) y Alemania (2021).

[2] Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de mayo de 2023, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal, y por el que se deroga el Reglamento (UE) N.º 995/2010. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1115&qid=1687867231461

[3] Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de junio de 2024 sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 y el Reglamento (UE) 2023/2859. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj/eng

[4] Para más información sobre los desarrollos legislativos en torno a la CSDDD y el EUDR, véase: Mathias Wuidar. (2024). “European Union Engagement with Indigenous Issues” (El compromiso de la Unión Europea en relación con los derechos de los Pueblos Indígenas). En El Mundo Indígenas 2024, editado por Dwayne Mamo, IWGIA. https://iwgia.org/en/resources/publications/5508-the-indigenous-world-2024.html

[5] Para más información, el autor recomienda la guía escrita por Antoine Gibert y Anouska Perram. (2024). “Using the new EU rules to support our rights - a guide for indigenous peoples and forest peoples(Aplicar las nuevas normativas de la UE para defender nuestros derechos: guía para los Pueblos Indígenas y los Pueblos de los Bosques). Forest Peoples Programme. https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Using%20the%20new%20EU%20rules%20to%20support%20our%20rights%20-%20a%20guide%20for%20indigenous%20and%20forest%20peoples%20DIGITAL%20Spreads.pdf

[6] Conclusiones del Consejo de la UE sobre la juventud en la acción exterior. (5 de junio de 2020).

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8629-2020-INIT/en/pdf

[7] Consenso Europeo sobre el Desarrollo. (26 de junio de 2017). https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en

[8] Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia 2020-2024.

[9] Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo - Plan de Acción para la Juventud (YAP) en la acción exterior de la UE 2022-2027, titulada “Fomento de la participación significativa y el empoderamiento de los jóvenes en la acción exterior de la UE para el desarrollo sostenible, la igualdad y la paz”. https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/download/fe1bcd30-58da-4a37-ab2a-61848789da60_en?filename=Joint%20Communication%20-%20Youth%20Action%20Plan%20in%20EU%20external%20action%202022%20%E2%80%93%202027.pdf

[10] Para más información sobre el Fondo de Empoderamiento Juvenil, véase: https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/youth/youth-empowerment-fund_en

[11] Para más información sobre el Consejo Asesor Juvenil para las Asociaciones Internacionales de la UE y los puntos focales juveniles, véase: https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/youth/youth-participation_en

Etiquetas: Gobernanza Global, Juventud, Defensores de derechos humanos indígenas

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