El Mundo Indígena 2026: Ecuador
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la población actual de Ecuador es de 17.867.244. En el país habitan 14 nacionalidades indígenas, que suman 1.301.887 personas y están aglutinados en un conjunto de organizaciones locales, regionales y nacional, que representan el 7,7 % de la población total. Las nacionalidades y Pueblos Indígenas habitan la sierra (68,20 %), seguido de la Amazonia (24,06%), mientras que solo un 7,56 % se los encuentra en la costa. Para la autoidentificación en el censo realizado en el año 2022 se consideraron las siguientes nacionalidades indígenas: Tsáchila, Chachi, Epera, Awa, Kichwas, Shuar, Achuar, Shiwiar, Cofán, Siona, Secoya, Zápara, Andoa y Waorani.
La Nacionalidad Kichwa es la de mayor porcentaje (85,87 %) e incluye a cerca de 800.000 personas a nivel nacional. A pesar de los bajos porcentajes que presentan la mayoría de las nacionalidades, en el marco de un Estado Plurinacional, todas tienen la misma importancia.[1] En las provincias de la Sierra —entre ellas, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi o Pichincha—, y en las provincias amazónicas como Napo, Pastaza y Morona Santiago, también habitan indígenas en zonas rurales en un porcentaje importante, en un rango de 50.000 a 80.000 habitantes. Hasta el presente, y pese a más de 17 años de vigencia de la Constitución y a casi tres décadas desde la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país, aún no existen políticas públicas específicas y claras que prevengan y neutralicen el riesgo de desaparición de estos pueblos ancestrales.
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí
La coyuntura ecuatoriana de 2025 estuvo marcada por la consolidación de un modelo de dominación política sustentado en la militarización y en el recurso al “estado de guerra” como estrategia de gobierno. La “guerra interna”, formalmente justificada como respuesta a la violencia criminal, funcionó más como artefacto ideológico de concentración de poder que como política efectiva de seguridad: la fabricación del enemigo interno y la administración de la política en “tiempos de guerra” normalizaron la violencia y restringieron libertades.[2]
En el plano socioeconómico, el país arrastró una contracción del PIB del 2,3 % en 2024 y una pobreza del 31,9 %, con precarización laboral y una persistente crisis energética.[3] La respuesta estatal priorizó el endeudamiento externo y políticas asistencialistas, mientras se profundizó la dependencia extractivista. El intento de concesión del Campo Sacha a empresas extranjeras sin licitación —finalmente frenado por la indignación social— evidenció la orientación neoliberal del gobierno de Daniel Noboa.[4]
En el terreno político, la reelección de Noboa en abril de 2025 consolidó un liderazgo apoyado en la narrativa de “mano dura” y la construcción de un Estado punitivo. La militarización se reforzó tras el referéndum constitucional de 2024, que habilitó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiales sin necesidad de estados de excepción. Este giro estuvo acompañado por denuncias de desapariciones forzadas y juvenicidios, como el caso de los cuatro niños de las Malvinas de Guayaquil, que revelaron un pacto de impunidad cívico-militar.[5]
De forma simultánea, movimientos indígenas y ambientalistas denunciaron intimidación estatal, congelamiento de cuentas y expansión de la vigilancia en el marco de la consulta para reescribir la Constitución ecológica de 2008, interpretada como un intento de legitimar el extractivismo bajo ropajes democráticos. Aunque el referéndum fue rechazado en noviembre, la polarización institucional persistió, reflejando la contradicción estructural entre el discurso eco-constitucional y la práctica extractiva, señalada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y Pachakutik.[6]
En síntesis, 2025 consolidó un modelo de gobernanza que combina neoliberalismo empresarial, militarización y extractivismo en un contexto de crisis socioeconómica y violencia. Como advierte Jacobin, Ecuador se erige en “síntoma de un continente”: un laboratorio de autoritarismo cívico-militar que anticipa tendencias regionales y la creciente influencia del modelo autoritario vigente en los Estados Unidos.
Protección a los pueblos Tagaeri y Taromenane y condena de la CIDH
En el corazón del Yasuní, los Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane representan una de las expresiones más radicales del derecho a la autodeterminación: la decisión colectiva de vivir en aislamiento voluntario, fuera de la sociedad nacional y de sus economías extractivas. Sin embargo, su supervivencia ha estado marcada por una relación histórica tensa y, en numerosos momentos, abiertamente violatoria por parte del Estado ecuatoriano.
Estos pueblos, que habitan la Amazonía ecuatoriana y comparten territorio ancestral con la nacionalidad Waorani, enfrentan una situación de extrema vulnerabilidad debido a la expansión petrolera, la colonización interna, la tala ilegal y la apertura de vías dentro y alrededor de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT). Diversos estudios han advertido que el riesgo de encuentros forzados, violencia letal y transmisión de enfermedades no es accidental, sino el resultado estructural de un modelo extractivo que avanza sobre territorios donde el aislamiento constituye una estrategia de supervivencia colectiva.[7]
Esta realidad fue examinada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en septiembre de 2024 emitió —y notificó formalmente en 2025— una sentencia histórica en el caso Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador.[8] El tribunal declaró al Estado responsable por la violación de los derechos a la vida, al territorio, a la salud, a la identidad cultural, a la autodeterminación y a un ambiente sano,[9] al no garantizar una protección efectiva frente a actividades extractivas y a la incursión de terceros invasores, pese a conocer los riesgos extremos que enfrentan estos pueblos.[10]
La sentencia subraya el impacto de la explotación petrolera en los bloques 31 y 43, donde el financiamiento fiscal fue priorizado sobre el principio de intangibilidad territorial. Esta decisión evidencia una tensión estructural entre la protección de la Amazonía y un modelo económico extractivista sostenido por intereses estatales y privados.
El fallo también cuestiona iniciativas externas, como los intentos de contacto promovidos por la fundación evangélica Come to the Rainforest, prácticas prohibidas por la Constitución ecuatoriana y por los estándares internacionales, en tanto constituyen un riesgo de etnocidio.[11] En respuesta, la Corte ordenó al Estado ampliar las zonas de protección, fortalecer el monitoreo, capacitar a funcionarios públicos y adoptar una política coherente y estricta de “no contacto”.
Desde el territorio waorani, organizaciones como la NAWE han documentado el aumento sostenido de presiones socioambientales —rutas ilegales, presencia armada y actividades extractivas encubiertas— que afectan los corredores de movilidad de los pueblos aislados, confirmando que la amenaza es cotidiana y acumulativa.[12]
Más allá del expediente jurídico, la sentencia constituye un hito político. Reactiva el debate sobre los límites reales del Estado frente al extractivismo amazónico y refuerza una premisa central para el movimiento indígena: no se trata solo de impactos ambientales, sino de la supervivencia física y cultural de pueblos ancestrales y culturalmente sensibles, cuya existencia depende de que el Estado cumpla, sin dilaciones ni atajos, la obligación básica de dejarlos vivir en aislamiento, en su territorio y en paz.
La ofensiva minera del gobierno de Noboa
En este período, la conflictividad socioambiental en Ecuador se profundizó como resultado de una convergencia entre reformas legales pro-extractivas, expansión minera y debilitamiento de garantías territoriales indígenas. El gobierno central consolidó un discurso de “reactivación económica” basado en la minería metálica a gran escala, proyectando exportaciones superiores a los USD 4.000 millones, lo que implicó un alineamiento explícito con intereses corporativos transnacionales, según lo declara el Ministerio de Energía y Minas.[13]
En ese marco, el presidente Daniel Noboa intensificó una agenda internacional orientada a atraer inversión extranjera, con énfasis en minería y energía. El Primer Mandatario realizó numerosas giras por Canadá, Corea del Sur, Europa, Asia y Emiratos Árabes Unidos. En Toronto se reunió con ejecutivos de las mineras Lundin Gold y Solaris Resources, impulsando la expansión de Fruta del Norte y el proyecto Warintza.[14] En Seúl firmó un memorando con la Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp. para cooperación técnica. Además, Enami suscribió un acuerdo con Barrick International Ltd., y el Ejecutivo reabrió el catastro minero tras siete años.[15]
En contraste, CONAIE alertó que el 7,5 % del territorio está concesionado, incluyendo áreas protegidas.[16] De manera similar, organizaciones ecologistas denunciaron consultas violentas, mientras INREDH y el Frente Nacional Antiminero exigieron el cierre del catastro.[17]
El proceso señalado puede leerse como una fase de reprimarización intensiva del modelo económico del país, donde el Estado actúa como facilitador del capital extractivo, reduciendo controles ambientales y relativizando todos los derechos colectivos. La reapertura del catastro minero en julio de 2025, tras siete años de cierre, se convirtió en un punto de inflexión al reactivar concesiones en territorios indígenas y ecosistemas estratégicos, sin procesos adecuados de Consulta Previa, Libre e Informada.
Frente a este escenario, la CONAIE denunció la inconstitucionalidad del proyecto de Ley de Fortalecimiento de los Sectores Minero y Energético, señalando que esta reforma debilita la protección ambiental, flexibiliza licencias y vulnera derechos colectivos reconocidos en la Constitución de 2008.[18] Estas reformas, lejos de ser técnicas, operan como dispositivos políticos de desposesión, al reordenar el marco legal en favor de la acumulación extractiva.
En el contexto señalado, el conflicto en torno al proyecto minero Loma Larga y el páramo de Quimsacocha se consolidó en 2025 como uno de los epicentros de la resistencia socioambiental. En septiembre, decenas de miles de personas marcharon en la austral ciudad de Cuenca bajo la consigna “Quimsacocha no se toca”, articulando comunidades campesinas, Pueblos Indígenas, organizaciones urbanas de estudiantes, profesionales, gremios obreros y colectivos ambientalistas en defensa del agua como bien común.[19]
Estas movilizaciones no solo expresaron rechazo a un proyecto específico, sino una disputa ontológica sobre el territorio: mientras el Estado y las empresas lo conciben como espacio de explotación, las comunidades lo entienden como fuente de vida, identidad y reproducción social. La narrativa del “quinto río de Cuenca”[20] sintetiza esta visión, al subrayar la centralidad del páramo en el ciclo hídrico regional.[21]
En paralelo, la CONAIE impulsó el proceso Allpamanta, orientado a la titulación, monitoreo y control comunitario de tierras ancestrales, fortaleciendo capacidades locales frente al avance extractivo. En la Amazonía, particularmente en Napo, la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN) exigió declaratorias de emergencia ambiental por la contaminación minera de ríos, evidenciando los impactos acumulativos del extractivismo ilegal y legal.[22]
El escalamiento de la conflictividad socioambiental vino acompañado de un aumento de la criminalización y persecución a defensores del agua y la naturaleza. Informes de derechos humanos documentan bloqueos de cuentas, procesos judiciales arbitrarios y amenazas contra líderes comunitarios, especialmente en territorios subtropicales como Las Naves en la Sierra Central.[23]
Este patrón revela una violencia estructural donde el Estado combina reformas legales, fuerza coercitiva y omisión frente a actores armados, configurando territorios con recursos pero sin garantías efectivas de derechos. La defensa del territorio se convierte así en una práctica de alto riesgo, pese a estar amparada por el marco constitucional y los instrumentos internacionales. En suma, la conflictividad socioambiental asociada a la minería en el país, en el 2025 mostró un nuevo ciclo de confrontación entre un modelo extractivo reforzado desde el Estado y una resistencia indígena y comunitaria cada vez más articulada. Lejos de ser conflictos aislados, estos procesos expresan una disputa profunda sobre el sentido del desarrollo, la democracia y la relación sociedad-naturaleza.
Retorno de las petroleras y amenazas a territorios indígenas amazónicos
La denominada Ronda Sur-Oriente (RSO) constituye una de las principales apuestas del gobierno de Daniel Noboa para profundizar el modelo extractivista y de reprimarización de la economía dependiente del país, a través de la promoción de concesiones para la exploración y explotación petrolera en el centro-sur de la Amazonía ecuatoriana, particularmente en las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Impulsada por el Ministerio de Energía y Minas, la iniciativa busca concesionar nuevos bloques hidrocarburíferos (en un área de aproximadamente 2.000.000 de hectáreas) donde viven siete nacionalidades indígenas.[24] La finalidad de atraer la inversión privada sería la de incrementar la producción petrolera y fortalecer los ingresos fiscales en un contexto de crisis económica y declive de la renta petrolera tradicional.
Desde la perspectiva estatal, la RSO se desarrollaría bajo estándares de “responsabilidad ambiental”, incorporando procesos de consulta previa, compensaciones sociales y tecnologías de “menor impacto” (Ministerio de Energía y Minas, 2025).[25]
Sin embargo, estas afirmaciones han sido ampliamente cuestionadas por organizaciones indígenas y ambientales. Las organizaciones indígenas de Pastaza, articuladas en espacios como PAKKIRU, junto con la NAWE, la CONFENIAE y la CONAIE, han expresado un rechazo categórico.[26] Denuncian la vulneración del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, el desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional —especialmente en el caso waorani— y la amenaza directa a territorios de alta biodiversidad y a pueblos en aislamiento voluntario, como los Tagaeri y Taromenane.[27]
En mayo de 2025, más de 120 delegados waorani se movilizaron a Quito para exigir la suspensión del proceso ante la Corte Constitucional, señalando una nueva imposición extractiva sin consentimiento legítimo.[28] Paralelamente, organizaciones como Amazon Watch y Amazon Frontlines alertan que la RSO amenaza millones de hectáreas de selva primaria, compromete la integridad cultural de al menos seis nacionalidades indígenas y contradice los compromisos climáticos del Estado ecuatoriano.[29]
Levantamiento indígena en Imbabura y paro nacional de octubre
El paro nacional de septiembre y octubre de 2025 en Ecuador se convirtió en el acontecimiento más determinante del año, tanto por su escala como por su duración y el saldo que dejó en muertos, heridos y detenidos. Convocado por la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otros sectores sociales, el levantamiento se extendió por 31 días y cristalizó una crisis de representación que venía gestándose desde hacía tiempo. El detonante inmediato fue la eliminación del subsidio al diésel, medida que encareció de manera abrupta el transporte, la producción agrícola y el costo de vida de los sectores populares.
Sin embargo, las demandas se ampliaron rápidamente hacia el rechazo a la militarización, la exigencia de respeto a la protesta social y la oposición a proyectos extractivos como Loma Larga, percibidos como amenazas directas a los territorios y al agua de las comunidades.
En provincias como Imbabura, el paro adquirió un carácter particularmente intenso. Comunidades indígenas, campesinas y colectivos urbanos bloquearon carreteras, organizaron marchas multitudinarias y sostuvieron asambleas permanentes.[30] La protesta se sostuvo con mingas y ollas comunitarias, y tuvo una fuerte impronta comunitaria en ciudades como Otavalo y Cotacachi, donde participaron mujeres, jóvenes y autoridades ancestrales.
Mariana Yumbay, abogada y asambleísta del Movimiento Pachakutik, expresó: “Este paro no es solo por el combustible; es por la vida, por la dignidad y por el derecho a decidir sobre nuestros territorios sin miedo”.[31] Leonidas Iza, expresidente de la CONAIE, denunció que el gobierno había optado por “gobernar con decretos, fusiles y estados de excepción, en lugar de escuchar a su pueblo”.[32]
Esta narrativa del “enemigo interno” cumplió el propósito de estigmatizar a dirigentes indígenas y manifestantes, al presentarlos como enemigos del orden público, y de legitimar el uso intensivo de la fuerza, al tiempo que despolitizó las causas profundas del conflicto.
En el terreno, esa lógica se tradujo en un patrón sostenido de represión. Se registró el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, incluso en zonas residenciales y dentro de viviendas, así como la dispersión violenta de concentraciones pacíficas. Familias de Otavalo denunciaron que fueron afectadas por gases lanzados durante la madrugada, mientras dormían. Los allanamientos sin orden judicial, las detenciones arbitrarias y los obstáculos al trabajo de brigadas médicas y de observación se convirtieron en constantes.[33] El hecho más trágico ocurrió en Cotacachi, donde el comunero kichwa Efraín Fuérez fue asesinado durante un operativo militar en el contexto de un bloqueo comunitario. Testigos y organizaciones indígenas denunciaron que se trató de un uso ilegítimo de la fuerza. “Efraín no era un delincuente, era un comunero que defendía su derecho a protestar”, afirmó la CONAIE, al exigir una investigación independiente que nunca llegó.[34]
Estos casos se interpretaron como un mensaje disciplinador y disuasorio hacia las comunidades movilizadas. La represión también alcanzó la libertad de expresión y el derecho a la información. Radios indígenas y comunitarias de Imbabura, como TVMICC, denunciaron cortes de señal, incautación de equipos y presiones administrativas, mientras periodistas y defensores de derechos humanos fueron agredidos. Para la CONAIE, estas acciones constituyeron un ataque directo a la capacidad de las comunidades para comunicar desde sus propios territorios.[35]
La gravedad de la situación traspasó fronteras y colocó al Estado ecuatoriano bajo el escrutinio internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó que la protesta social es un derecho protegido por los estándares interamericanos y que la militarización del control del orden público aumenta el riesgo de violaciones graves. Los informes de la CIDH, Amnesty International y Human Rights Watch coincidieron en documentar un patrón represivo que dejó un saldo trágico: al menos tres muertos, decenas de heridos, cientos de detenidos y un número indeterminado de personas judicializadas.
Hacia finales de octubre, ante el desgaste extremo de las comunidades y la ausencia de respuestas estructurales por parte del gobierno, la CONAIE anunció el levantamiento del paro. El balance fue el de un país profundamente polarizado y herido. El paro nacional de 2025 puso en evidencia un modelo de Estado autoritario y militarizado, que ha optado por una vía altamente represiva y arbitraria y la omisión de su responsabilidad como garante de derechos humanos fundamentales.
Consulta Popular, derrota y crisis del gobierno de Noboa
La Consulta Popular de 2025 en Ecuador, celebrada el 17 de noviembre, marcó un hito en la política nacional al evidenciar un profundo malestar ciudadano hacia el gobierno de Daniel Noboa. Aún con huellas visibles de las barricadas quemadas en las carreteras o el eco de disparos de las fuerzas represivas y el clamor de las comunidades Kichwa de la Sierra Norte en Imbabura, más del 70 % de los ecuatorianos empadronados rechazaron de manera contundente las reformas propuestas, con porcentajes de desaprobación que oscilaron entre el 60 % y 70 %, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).[36] Este resultado refleja un distanciamiento cada vez mayor entre el gobierno y un electorado que clama por soluciones a la crisis social y económica.
La consulta, convocada por el presidente Noboa como parte de un paquete de reformas constitucionales y legales en temas de seguridad, economía e institucionalidad, se convirtió en un plebiscito sobre su gestión. Las propuestas más rechazadas fueron las reformas al sistema judicial y el control ciudadano sobre las instituciones estatales, lo que refleja una profunda desconfianza hacia las promesas del Ejecutivo.
El analista político Javier Rodríguez interpretó el resultado como “una derrota estratégica” que desnuda la desconexión entre el gobierno y un electorado que exige cambios más profundos. Para Rodríguez, la consulta fue un intento de Noboa por recuperar legitimidad, pero terminó exacerbando la percepción de un gobierno débil e insensible a las necesidades del pueblo.[37]
Desde una perspectiva crítica, Jacobin Latinoamérica señaló que este revés es un reflejo de la “crisis del régimen” ecuatoriano, en un momento en que la sociedad civil y los sectores populares reconfiguran el equilibrio de poder y cuestionan la gobernabilidad establecida tras la "muerte cruzada", durante la presidencia del conservador Guillermo Lasso en el 2023.[38] Este análisis resalta cómo la consulta se convirtió en un síntoma de la presión social sobre el Ejecutivo, que enfrenta un clamor por reformas más inclusivas y democráticas y el respeto básico de los principios constitucionales.
Las organizaciones indígenas desempeñaron un rol clave en este rechazo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras expresaron su oposición a las reformas, argumentando que estas vulneraban derechos colectivos y favorecían un enfoque securitista y autoritario, que se traduce en persecución y judicialización contra líderes comunitarios.[39]
En conclusión, la Consulta Popular de 2025 no solo representó una derrota política para Noboa, sino que reveló una crisis estructural que exige un nuevo pacto social y político. Según Pablo Ospina, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, la falta de respaldo popular abre un escenario incierto para el gobierno, que enfrenta a la urgente necesidad de recomponer su agenda y alianzas para evitar una mayor desestabilización política.[40]
Pablo Ortiz-T. es sociólogo e investigador y docente universitario. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí
Notas y referencias
[1] Pillalaza, C. Análisis preliminar Censo 2022 con enfoque en Pueblos y Nacionalidades. Secretaría de Pueblos y Nacionalidades. 2025. https://www.secretariapueblosynacionalidades.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/Presentacion-CENSO-2022-Pueblos-y-Nacionalidades.pdf
[2] Ramírez, F. Entrevista programa “Los Especialistas”. Facebook, 28 de diciembre de 2025. https://www.facebook.com/share/v/17udFF3B9h/
[3] INEC. “Pobreza – diciembre 2025”. Ecuador en cifras. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-por-ingresos/
[4] Echeverri, J.A. “Ecuador, síntoma de un continente”. Jacobin Latinoamérica, 2025. https://jacobinlat.com/2025/06/ecuador-sintoma-de-un-continente/
[5] Amnesty International. “Ecuador: A year without justice for the four children from Las Malvinas”. Amnesty International, 8 de diciembre de 2025. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2025/12/ecuador-un-ano-sin-justicia-para-los-cuatro-ninos-de-las-malvinas/
[6] Watts, J. “Indigenous and environmental leaders in Ecuador say they are facing state intimidation”. The Guardian, 16 de octubre de 2025 https://www.theguardian.com/world/2025/oct/16/indigenous-and-environmental-leaders-in-ecuador-say-they-are-facing-state-intimidation
[7] Cordero-Heredia, D., & Koeppen, N. “Oil extraction, Indigenous peoples living in voluntary isolation, and genocide: The case of the Tagaeri and Taromenane peoples”. Harvard Human Rights Journal, 2022.
[8] CIDH. Caso Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador. Sentencia de 4 de septiembre de 2024. CIDH, 2025. https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_537_esp.pdf
[9] Alvarado, A. C. “La Corte Interamericana condenó a Ecuador por vulnerar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”. Mongabay, 18 de marzo DE 2025. https://es.mongabay.com/2025/03/corte-interamericana-condeno-ecuador-vulnerar-derechos-pueblos-indigenas-aislamiento-voluntario/
[10] Radwin, M. “Ecuador must improve conditions for uncontacted Indigenous communities, human rights court rules”. Mongabay, 20 de marzo de 2025. https://news.mongabay.com/2025/03/ecuador-must-improve-conditions-for-uncontacted-indigenous-communities-human-rights-court-rules/
[11] Alvarado, A. C. “Come to the Rainforest: la fundación de Estados Unidos que busca contactar a pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Ecuador”. Mongabay, 3 de junio de 2025. https://es.mongabay.com/2025/06/come-to-the-rainforest-fundacion-estados-unidos-contactar-pueblos-indigenas-aislamiento-ecuador/
[12] NAWE. “Estrategia de monitoreo de presiones socioambientales de la Nacionalidad Waorani del Ecuador.” Fundación EcoCiencia. 2025. https://ecociencia.org/estrategia-de-monitoreo-de-presiones-socioambientales-de-la-nacionalidad-waorani-del-ecuador-nawe/
[13] Ministerio de Energía y Minas. “Ecuador espera alcanzar más de USD 4 mil millones en exportaciones mineras”. Ministerio de Energía y Minas, 2025. https://www.ambienteyenergia.gob.ec
[14] Teleamazonas. “Gobierno firma memorando de entendimiento con Barrick International”. Teleamazonas, 4 de agosto de 2025. https://www.teleamazonas.com/actualidad/noticias/ecuador/gobierno-firma-memorando-entendimiento-minera-barrick-international-100054/
[15] “Ecuador reopens mining concession registry after seven years”. Reuters, 17 de junio de 2025. https://www.reuters.com/world/americas/ecuador-reopens-mining-concession-registry-after-seven-years-2025-06-17/
[16] CONAIE. “Memoria, unidad, lucha y autodeterminación (Consejo de Gobierno 2021–2025)”. CONAIE, julio de 2025. https://conaie.org/wp-content/uploads/2025/07/Version-final-INFORME-MEMORIA-INST-CONSEJO-DE-GOB-2021-2025.pdf
[17] INREDH. ”Territorios con recursos y sin Estado amenazados por las bandas delincuenciales”. INREDH, 13 de mayo de 2025. https://inredh.org/territorios-con-recursos-y-sin-estado-amenazados-por-las-bandas-delincuenciales/
[18] “Frente Nacional Antiminero exige cierre del catastro minero”. Telesur, 5 de diciembre de 2025. https://www.telesurtv.net/frente-nacional-antiminero-exige-cierre-catastro-mineria-ecuador/
[19] Primicias. “Marcha por el agua en Cuenca contra el proyecto Loma Larga”. Primicias, 2025. https://www.primicias.ec
[20] Para Cuenca, "El Quinto Río" no es un cauce geográfico, sino un torrente humano. Tras las movilizaciones masivas de 2025, esta metáfora se consolidó para representar la voluntad popular en defensa del agua y los páramos frente a la minería. Si el Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara nacen en las cumbres para dar vida a la ciudad, este "quinto río" nace en las calles. Simboliza la resistencia civil organizada que fluye con la misma fuerza y vitalidad que los ríos naturales que protegen.
[21] El Universo. (2025). “’El quinto río de Cuenca se desbordó’”: movilización en contra de la minería en Quimsacocha”. El Universo, 2025. https://www.eluniverso.com
[22] INREDH. “Territorios con recursos y sin Estado”. INREDH, 2025a. https://inredh.org
[23] INREDH. “Seis defensores del agua y la naturaleza de Las Naves rechazan condenas”. INREDH, 2025b. https://inredh.org/seis-defensores-del-agua-y-la-naturaleza-de-las-naves-rechazan-ser-condenados-a-tres-anos-de-prision/
[24] “Fact sheet: Ronda Sur-Oriente 2025”. Amazon Frontlines, 2025. https://amazonfrontlines.org/wp-content/uploads/2025/10/Fact_Sheet_RSO_2025_ES.pdf
[25] „Ecuador between oil decline and the possibilities of the offshore frontier“. BNAmericas. https://www.bnamericas.com/en/analysis/ecuador-between-oil-decline-and-the-possibilities-of-the-offshore-frontier
[26] Declaraciones de Luis Canelos, presidente de Pastaza Kikin Kichwa Runakuna (PAKKIRU). Facebook, 17 de febrero de 2025. https://www.facebook.com/share/v/17a8ttCRuF/
[27] NAWE. 2Las demandas de la Nacionalidad Waorani en el Foro Permanente de la ONU”. NAWE, 6 de mayo de 2025. https://nawe.org.ec/2025/05/06/las-demandas-de-la-nacionalidad-waorani-resuena-en-el-foro-permanente-para-las-cuestiones-indigenas-de-la-onu/
[28] INREDH. “120 Waorani llegan a Quito para exigir que se detenga la Ronda Sur-Oriente”. INREDH, 13 de mayo de 2025. https://inredh.org/120-waorani-llegan-a-quito/
[29] Amazon Watch. “Perforando hacia el desastre”. Amazon Watch, 2025. https://amazonwatch.org/assets/files/2025-perforando-hacia-el-desastre.pdf
[30] Amnesty International. “Ecuador: Alert over repression of protests, judicial independence and enforced disappearances”. Amnesty International, 8 de octubre de 2025. https://shorturl.at/wIsdp
[31] Mariana Yumbay. “Insistir en el paro nacional ’no es terquedad’; vemos una necedad de gobernar sin escuchar al pueblo”. FM Mundo, 29 de septiembre de 2025. https://fmmundo.com/notimundo/actualidad/mariana-yumbay-insistir-paro-nacional-no-terquedad-vemos-una-necedad-gobernar-escuchar-pueblo-n80863
[32] Iza, L. “El expresidente del movimiento indígena de Ecuador acusa a Noboa de querer dividirlos”. Swissinfo, 8 de octubre de 2025. https://www.swissinfo.ch/spa/el-expresidente-del-movimiento-ind%C3%ADgena-de-ecuador-acusa-a-noboa-de-querer-dividirlos/90130583
[33] Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador. “Informe de verificación de derechos humanos durante el Paro Nacional de Ecuador”. Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador, 2025. https://shorturl.at/masTa
[34] Radio Pichincha. “INREDH denuncia uso desproporcionado de la fuerza y estigmatización en el paro nacional convocado por la CONAIE”. Radio Pichincha, 17 de octubre de 2025. https://www.radiopichincha.com/inredh-violencia-estigmatizacion-paro-nacional/
[35] OAS. “IACHR stresses call for dialogue to prevent human rights violations in Ecuador”. OAS, 14 de octubre de 2025. https://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2025/208.asp
[36] CNE. “Resultados Preliminares. Referéndum y Consulta Popular 2025. Consejo Nacional Electoral”. CNE, 2025. https://app01.cne.gob.ec/resultados2025cp
[37] Rodríguez, J. “Así perdió Daniel Noboa la consulta: Análisis Javier Rodríguez”. GK City, 24 de noviembre 24 de 2025. https://gk.city/2025/11/24/asi-perdio-daniel-noboa-la-consulta-analisis-javier-rodriguez/
[38] “Consulta popular en Ecuador: Crisis del régimen y reconfiguración estatal”. JacobinLat, 2025. https://jacobinlat.com/2025/11/consulta-popular-en-ecuador-crisis-del-regimen-y-reconfiguracion-estatal/
[39] “El primer gran revés de Noboa: Ecuador dice no a todas sus reformas constitucionales”. El País, 17 de noviembre de 2025. https://elpais.com/america/2025-11-17/el-primer-gran-reves-de-noboa-ecuador-dice-no-a-todas-sus-reformas-constitucionales.html
[40] Ospina Peralta, P. Cuesta abajo en la rodada. Daniel Noboa después de la Consulta Popular. Ecuador Debate, n.º 126, 2025. https://caapecuador.org/ecuador-debate-n-126/
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