El Mundo Indígena 2021: Ecuador
En Ecuador la población actual es de 17.475.570 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, agosto 2020), y habitan 14 nacionalidades indígenas, que suman cerca de 1 millón 100 mil habitantes y están aglutinados en un conjunto de organizaciones locales, regionales y nacionales. El 24.1% habitan en la Amazonía y pertenecen a 10 nacionalidades; el 7.3% de los Kichwa andinos habitan la Sierra Sur el 60,3 % de los Kichwa andinos viven en 6 provincias de la Sierra Centro-Norte; y el 8.3% restante habitan en la región Costa y las Islas Galápagos. Hasta el presente y luego de más de ocho años de vigencia de la nueva Constitución y veinte años de ratificado el Convenio 169 de la OIT en el país, no existen políticas públicas específicas y claras que prevengan y neutralicen el riesgo de desaparición de estos pueblos.
A lo largo del 2020 cuatro eventos afectaron de manera directa las condiciones de vida y derechos económicos y sociales de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador: las secuelas de la gran movilización popular de Octubre del 2019; el desencadenamiento de la pandemia del COVID-19; la rotura del principal oleoducto y posterior derrame de hidrocarburos; y la disputa política en torno a las elecciones presidenciales y de congresistas del 2021.
Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí
Criminalización de la protesta social de octubre de 2019
Los primeros meses del 2020 estuvieron claramente marcados por la negativa reacción del gobierno ecuatoriano encabezado por el presidente Lenin Moreno, respecto a la protesta popular desatada en octubre de 2019. Por un lado, su insistencia en la tesis de una conspiración golpista encabezada por el ex presidente Rafael Correa, y que involucraría desde gobiernos como el venezolano hasta diferentes colectivos y dirigentes indígenas. Por otro lado, ha persistido en su afán de imponer a toda costa el paquete de ajuste económico acordado con el Fondo Monetario Internacional para paliar la dura situación económica que atraviesa el país, y agudizada por la pandemia del COVID-19.
Sobre el primer punto, el gobierno de Moreno rechazó el Informe presentado el 14 de enero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una misión de la CIDH visitó el país a finales de octubre del 2019 y recibió testimonios de 439 personas entre policías, periodistas, militares, autoridades, dirigentes sociales y familiares de víctimas de fallecidos y heridos de las manifestaciones.[1]
En sus conclusiones, la CIDH responsabiliza a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas de presuntamente cometer “graves violaciones a derechos humanos en contra del movimiento indígena”. Entre las recomendaciones, la CIDH pide respeto y garantía del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. Pide también establecer un plan de acción inmediata y de reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias; que se fortalezcan las medidas para sancionar a los responsables de los actos de violencia; mantener, desde el nivel más alto del Estado, un proceso nacional de diálogo que permita que las personas que serán afectadas por las decisiones económicas de las autoridades reciban información.[2]
Frente a estos planteamientos, María Paula Romo, ministra de Gobierno (del interior), cuestionó lo que denominó “falta de objetividad y sesgo en el trabajo de la CIDH”, y lanzó una contraofensiva con el apoyo de los grandes medios de comunicación, aliados al régimen, para resaltar la tesis de la conspiración golpista, subrayar los actos “vandálicos y el ataque a la propiedad privada” y negar que las muertes y heridas ocasionadas a los manifestantes, hayan sido responsabilidad de las fuerzas represivas del Estado.[3] Pero adicionalmente pasó de la ofensiva retórica a los hechos: acciones legales coordinadas entre el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía del Estado derivaron en citaciones judiciales y órdenes de prisión contra miembros del denominado Movimiento de la Revolución Ciudadana afín al ex mandatario Correa.
Adicionalmente fueron llamados a declaraciones judiciales, más de 500 dirigentes sociales y miembros de organizaciones sociales, de mujeres, estudiantiles e indígenas. Las más relevantes fueron las acciones contra Jaime Vargas y Leonidas Iza, a quienes la fiscalía abrió una investigación por presuntos delitos de instigación al sabotaje, rebelión y terrorismo.[4]
De manera simultánea a estos acontecimientos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) presentó una demanda contra el Estado por el supuesto delito de “crímenes de lesa humanidad” y solicitó a la Corte Constitucional la desclasificación de los documentos relacionados al paro y movilización de octubre de 2019, sosteniendo que parte de la denuncia contiene evidencias en torno a la “violación sistemática y persecución del Estado hacia los dirigentes sociales”.[5]
La pandemia del COVID-19, impacto y respuestas en las comunidades indígenas
La pandemia del COVID-19 llegó al país en una fase avanzada del denominado “Plan de Austeridad” implementado por el gobierno, que se concentró en despidos de más de 50 mil funcionarios del sector público y reducción del presupuesto de educación y salud. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a finales del 2019, las cifras de pobreza registraban un incremento hasta el 25.5% a nivel nacional, y en el 43.8 % a nivel rural, afectando especialmente a la población campesina e indígena, casi el doble del promedio nacional. Los más altos indicadores de desnutrición, mortalidad infantil, desempleo, subempleo afectan a los pueblos indígenas, reproduciendo una estructura socio-histórica y territorial altamente excluyente.[6]
Según datos del Consejo Nacional de Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, al evaluar el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2020, sobre acceso a agua, saneamiento e higiene, se estableció que solo el 43.8% de los indígenas tiene acceso a agua de forma segura, mientras que en la Amazonía menos de la mitad de la población (42.5%) tiene acceso seguro y en el caso de las comunidades rurales esta cifra es apenas de 51.4%. En esa encuesta se especifica que los insumos para el lavado de manos son más escasos en la Amazonía (72.8%) y en la población indígena (68.6%).[7]
En ese marco, las determinantes sociales de pobreza sobre las condiciones de salud, plantean un escenario altamente desfavorable y de mayor riesgo para las comunidades indígenas en todo el territorio, y más aún en regiones apartadas como la selva amazónica. Según Andrés Tapia, dirigente de Comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE): “(…) la situación se vuelve crítica por la ubicación geográfica de muchas comunidades, a las que solo se puede acceder por vía aérea o fluvial, lo que complica cualquier tipo de atención sanitaria. En esa circunstancia es que hablamos de una vulnerabilidad altísima y sobre todo en pueblos y nacionalidades que tienen poca densidad poblacional (…) en la Amazonía indígena el riesgo de infección es mayor debido a la falta de infraestructura, de pruebas y de acceso a los suministros básicos”.[8]
Un caso ilustrativo es la experiencia vivida por la nacionalidad Siekopai. Cuando el COVID-19 golpeó a las comunidades Siekopai, las primeras víctimas que fallecieron se fueron sin haber sido nunca examinadas. La respuesta gubernamental fue extremadamente lenta: los primeros resultados de las pruebas aparecieron dos semanas después de la primera muerte. Justino Piaguaje, presidente de la Organización de la Nacionalidad Siekopai (OISE), acusó al gobierno de abandonarlos a su suerte en comunidades remotas, rodeadas de campos petroleros y plantaciones de palma. “Nosotros somos 700 personas y la muerte de uno de nuestros ancianos, a más del dolor de ser una persona querida en nuestra familia, significa la desaparición del idioma, la memoria histórica, la espiritualidad y el conocimiento de nuestras ciencias ancestrales”, explica Piaguaje. Para Jimmy Piaguaje, cineasta: “Hemos tenido miedo de extinguirnos”.[9]
Durante el pico del brote, que tuvo momentos dramáticos cuando se desbordaron las morgues de la ciudad de Guayaquil, la más grande del país, quedó en evidencia que el gobierno de Moreno no haría pruebas ni testeos masivos y le apostaba a una discutible “inmunidad de rebaño”.[10]
Mientras tanto, las comunidades indígenas intentaron por su cuenta establecer cuarentenas. En el caso de la Amazonía, encabezados por la CONFENIAE, algunas instituciones de apoyo y organizaciones de base, lanzaron una plataforma interactiva de monitoreo en línea para rastrear casos de la enfermedad en comunidades indígenas e identificar brotes para que las brigadas médicas, las pruebas de PCR y los kits de emergencia pudieran dirigirse a los lugares que los necesitaban. Hasta noviembre, la plataforma había registrado más de tres mil casos en las diez nacionalidades indígenas. Carlos Mazabanda, coordinador de campo de Amazon Watch para Ecuador, quien trabajó en la creación de la plataforma señaló: "En ausencia de una respuesta del gobierno, los pueblos indígenas se vieron obligados a tomar el asunto en sus propias manos".[11]
Una de las acciones más destacadas, en el caso de los Siekopai, fue el desplazamiento de toda la comunidad hacia el interior de su territorio en Lagartococha, fronterizo con Perú, donde también habitan sus familiares, con el fin de intensificar el aislamiento y tomar medidas preventivas en base al conocimiento en medicina ancestral, donde el papel de los sabios curanderos y líderes espirituales es crucial. Alfredo Payaguaje, uno de los sabios, describe las funciones de cada planta: una hierba llamada umu’co, o uña de gato, sirve ayudar con la fiebre; un jengibre silvestre alivia la tos; la corteza amarga del árbol de quina, llena de quinina, alivia las inflamaciones. El bosque es como un gran supermercado, afirma: “(…) hay cosas que comes; con otras construyes, pero también otras son remedios que curan".[12]
Pero no todas han sido acciones exitosas. La pandemia ha cobrado muchas vidas, y el riesgo amenaza la integridad de comunidades enteras.
En un entorno afectado por la ausencia de atención médica pública, las comunidades han decidido cumplir con el protocolo de prevención de la CONFENIAE en el cual se explica qué es y cómo se previene el contagio del COVID-19 y qué hacer en caso de presentar sintomatología asociada al virus.
Hasta el 25 de noviembre de 2020, la CONFENIAE había realizado 9.522 pruebas para detectar el COVID-19. De ese número, 3.240 fueron casos positivos, 5.619 negativos y 663 casos sospechosos. Hasta el momento hay 2.229 personas recuperadas y 50 fallecidas. Mientras las organizaciones indígenas intentaban aislar a sus comunidades y fijar un confinamiento más estricto, y las industrias petrolera, minera y forestal continuaron con sus operaciones de manera regular, incrementando -a través de los trabajadores en campo- los riesgos de contagio hacia las comunidades.[13]
Colapso de un oleoducto y derrame petrolero en el norte amazónico
El martes 7 de abril, a casi un mes de iniciada la crisis de la pandemia, se produjo otro evento catastrófico: la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano y del poliducto Shushufindi-Quito, provocando derrame de crudo y de combustible en cantidades no informadas, en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos.[14]
La causa del percance se debió a una erosión en el cauce del río Coca lo que provocó un hundimiento de tierra y la formación de un socavón de unos 70 metros y de la reducción de la presión de las tuberías. Las empresas Petroecuador y OCP Ecuador informaron del suceso y que habían suspendido el bombeo de crudo, pero no alertaron del derrame de petróleo, por lo que las comunidades usuarias del agua del río Coca y del río Napo no tomaron las medidas preventivas necesarias para protegerse.
Apenas tres días después, el viernes 10 de abril, René Ortiz Durán, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, se aventuró a calcular que el derrame de crudo fue de 4.000 barriles. Sin embargo, los moradores de las comunidades asentadas en las orillas del río Coca manifestaron que este derrame es el más grande que han visto. Algunos expertos estiman que la cantidad supera fácilmente los 15 mil barriles.[15]
Los impactos son enormes a lo largo del río Coca, que desemboca en el río Napo, afluente del Río Amazonas. Según la CONFENIAE, el derrame habría afectado al menos 150 comunidades indígenas y campesinas, donde habitan cerca de 100 mil personas. La mancha de crudo, a través del río Napo atravesó la frontera ecuatoriana y llegó hasta a localidad de Cabo Pantoja en el Departamento de Loreto, Perú. Además, la ruta del derrame está cercana o dentro de tres parques nacionales: Cayambe Coca, Sumaco-Napo Galeras y Yasuní.[16]
Frente al derrame ocurrido, la empresa estatal Petroecuador y la compañía privada Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) anunciaron actividades de remediación ambiental. Según Pablo Flores, gerente General de Petroecuador: “(...) es fundamental que cada punto atendido y remediado cumpla con los estándares ambientales, incluyendo retiro de vegetación contaminada, colocación de material absorbente y retiro del crudo identificado, de suelo contaminado para ser tratado en un gestor calificado (…) hemos realizamos la entrega de kits de agua y de alimentos, no perecederos considerados básicos y de primera necesidad”. Según las fuentes oficiales habrían invertido cerca de 4 millones de dólares en acciones de remediación ambiental, en las cuales han participado 1.191 personas, y el 85% de ellas pertenecen a las comunidades locales. Sin embargo, para las comunidades locales afectadas, las acciones de las empresas responsables han sido insuficientes.[17]
Frente al daño ambiental, económico y de salud ocasionado por el derrame, varias organizaciones presentaron una acción de protección y solicitaron medidas cautelares contra el Estado y las empresas OCP y Petroecuador, que incluya la provisión de agua potable y alimentos suficientes a todos los miembros de las comunidades afectadas, hasta que los ríos Coca y Napo regresen a sus condiciones anteriores al derrame.[18]
Según Carlos Jipa, Presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) y representante de los afectados: “Ya estamos sufriendo varias enfermedades por el petróleo, ahora además tenemos que afrontar una pandemia. El Estado, nuevamente no nos ha incluido en sus planes de emergencia. Nos sentimos discriminados. Es por eso que, las familias de la FCUNAE decidimos hacer esta demanda, porque no queremos que esto vuelva a ocurrir”. El martes 1 de septiembre, Jaime Oña, juez del Tribunal Primero de Garantías Penales de la provincia de Orellana, negó tales pedidos.[19]
Disputa política de cara a las elecciones presidenciales y legislativas
En medio de las distintas crisis económica, social y de salud, derivada de la pandemia y de la política neoliberal implementada por el gobierno de Moreno, a mediados del 2020 inició el proceso de designación de candidaturas para rivalizar en las próximas elecciones presidenciales y legislativas de febrero del 2021.
En el caso de los pueblos indígenas, el proceso no ha estado exento de polémicas y discrepancias internas. La más destacada es la tensión generada entre la CONAIE y el Movimiento Plurinacional Pachakutik (MPP).[20]
La principal, fue la exclusión de los líderes Jaime Vargas, presidente de CONAIE, y Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, y la decisión del Consejo Político Nacional del MPP de postular a Yaku Pérez Guartambel como candidato a la presidencia de la República. Pérez, hasta el momento de su designación cumplía funciones como Prefecto de Azuay, luego de triunfar en las elecciones seccionales del 24 de marzo de 2019.[21]
Iza y Vargas fueron las cabezas más visibles durante las movilizaciones populares de protesta de octubre de 2019 contra las políticas neoliberales del gobierno de Moreno, lo que les colocó en la mira de las autoridades, como se explica en el primer apartado de este capítulo.
Según Iza, la designación del candidato del movimiento indígena debía fundamentalmente basarse en un ejercicio democrático, con participación de las organizaciones de base y de la propia CONAIE. Adicionalmente señaló que había encuestas, estudios y estadísticas que muestran que él tiene la mayor aceptación del electorado. Sin embargo, Iza explicó que la decisión de los dirigentes del MPP ha sido arbitraria: “(...) ninguno de los procesos de Pachakutik ha sido democrático (…) incluso se anuncia la candidatura de Pérez Guartambel, el 28 de julio, cuando ni siquiera se realizaron elecciones primarias, tal como ordena el Código de la Democracia (ley electoral)”.[22]
De cara a las elecciones presidenciales, los acuerdos políticos establecidos entre el MPP y el gobierno de Moreno durante la primera parte de su mandato entre 2017-2019, revelan el giro político de esta agrupación otrora parte de las corrientes de izquierda y anti-neoliberales. El MPP apoyó el referéndum impulsado por Moreno y una amplia coalición de partidos de derecha, que posibilitó la re-estructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), órgano creado en la Constitución del 2008, responsable de la designación de autoridades de control del Estado (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Consejo Nacional Electoral). El CPCCS re-estructurado y conformado por figuras “anti-correistas”designó igualmente a figuras afines en esos organismos, de cara a proscribir al Movimiento de la Revolución Ciudadana (MRC) y bloquear la eventual participación del ex presidente Correa en el proceso electoral. [23]
Durante la crisis de octubre de 2019, Pérez fue uno de los líderes que acordó una tregua con el gobierno e incidió directamente en la desmovilización de las bases indígenas, al tiempo que el MPP a través de sus asambleístas, apoyó directamente varias leyes presentadas por Moreno en el legislativo desde el 2017. Las más polémicas de ellas, serían las denominada Ley de Fomento Productivo y recientemente la Ley de Apoyo Humanitario y el Código de la Salud. La primera formó parte de los acuerdos del gobierno con el FMI y posibilitó la eliminación de subsidios, la condonación y/o aplazamiento del pago de impuestos adeudados al fisco, entre otros aspectos; la segunda, ha permitido a los empresarios –en medio de la pandemia-, omitir obligaciones contempladas en el Código del Trabajo y proceder al despido intempestivo de trabajadores con la excusa de reactivar la economía afectada por la pandemia. La tercera ley relacionada a la salud fue negada y habría posibilitado reconocer –entre otros aspectos- el derecho al aborto como un problema de salud pública y la posibilidad de que las mujeres puedan abortar, sin ser penalizadas, cuando sean víctimas de violación.[24]
Pérez Guartambel, abogado, de matriz ideológica maoista –en cuyo Movimiento Popular Democrática (MPD) participó en anteriores elecciones seccionales-, migró en estos últimos años hacia posturas más ecologistas y ha sido un destacado miembro del denominado “anti-correísmo”; ha construido una fuerte imagen en torno a la defensa del agua, de la ‘pachamama’, y la lucha antiminera en la región sur de la Sierra. Goza de enorme simpatía entre grupos ecologistas urbano-mestizos, movimientos de derecha y en los grandes medios de comunicación social.
Iza ha rechazado las acusaciones de parte del gobierno y sus aliados, de ser cercano al correísmo. “No soy parte del correísmo y no seré candidato en otra organización política, pero la dirigencia de Pachakutik con sus acciones está llevando a un divorcio entre el partido y la CONAIE”, finalizó.[25]
Pablo Ortiz-T. PhD, Msc. CC.Políticas y Sociólogo. Profesor de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), Sede Quito. Coordinador del Grupo de Investigación Estado y Desarrollo (GIEDE). Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí
Notas y referencias
[1] “CIDH Presenta observaciones de su visita a Ecuador”. OEA, 14 de enero de 2020. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp
[2] Documento ya citado.
[3] “La CIDH no tiene competencia para investigar la violencia civil”. Primicias, 23 de enero de 2020, Cf. Disponible en http://www.primicias.ec/noticias/politica/cidh-competencia-investigar-violencia-civil
[4] “Leonidas Iza y Jaime Vargas rinden versión por supuesto secuestro: hubo una marcha para apoyar a dirigentes indígenas”. El Comercio, Quito, 26 de octubre de 2020 Cf. Disponible en https://www.elcomercio.com/actualidad/iza-vargas-fiscalia-secuestro-protestas.html
[5] “Sarzosa: En 10 días estará lista la demanda de la Conaie contra el Estado”. Diario Expreso, Guayaquil, 6 de febrero de 2020, Cf. Disponible en https://www.expreso.ec/actualidad/sarzosa-10-dias-estara-lista-demanda-conaie-4778.html
[6] Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). “Encuesta Condiciones de Vida 2020”. Quito. Cf. Disponible en https://www.ecuadorencifras.gob.ec/condiciones-de-vida-y-problemas-sociales/
[7] Secretaría Técnica Planifica Ecuador. "Informe de Avance del Cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible". Quito, 2019. Disponible en https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/07/Informe-Avance-Agenda-2030-Ecuador-2019.pdf
[8] Romero Edgar, "¿Por qué los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana están en "riesgo inminente" ante la pandemia?", Amazonía Socioambiental, 14 de mayo de 2020, Cf. Disponible en https://www.amazoniasocioambiental.org/es/radar/por-que-los-pueblos-indigenas-de-la-amazonia-ecuatoriana-estan-en-riesgo-inminente-ante-la-pandemia/
[9] Riederer, Rachel. "Fighting COVID-19 in the Amazon, with Herbs and the Internet". The New Yorker, 11 de diciembre de 2020 Cf. Disponible en https://www.newyorker.com/news/news-desk/fighting-covid-19-in-the-amazon-with-herbs-and-the-internet
[10] “Coronavirus en Ecuador: cuerpos en las calles de Guayaquil en medio de la pandemia”. CNN, 1 de abril de 2020, Cf. https://youtu.be/f7L9ZIK3xIQ. También en OECD. “Impacto Social del Covid-19 en Ecuador: desafíos y respuestas. Making Development Happen”. Vol.4. Disponible en https://www.oecd.org/dev/Impacto-social-COVID-19-Ecuador.pdf
[11] CONFENIAE. "Actualidad, autogestión e impacto de la pandemia en territorios Amazónicos". Cf. Disponible en https://confeniae.net/2020/actualidad-autogestion-e-impacto-de-la-pandemia-en-territorios-amazonicos
[12] Tomado de Riederer, Rachel. "Fighting COVID-19 in the Amazon, with Herbs and the Internet”. The New Yorker, 11 de diciembre de 2020, Cf. Disponible en https://www.newyorker.com/news/news-desk/fighting-covid-19-in-the-amazon-with-herbs-and-the-internet
[13] CONFENIAE. "Monitoreo Covid-19. Actualización de registros de Covid 19 y lanzamiento del portal interactivo para monitoreo del impacto de la pandemia en territorios amazónicos”. Disponible en https://confeniae.net/covid19
[14] Paez, Antonio. "Ecuador: demandan al Estado y a empresas petroleras por derrame de crudo en los ríos Coca y Napo". Mongabay Latam, 30 de abril de 2020, Cf. Disponible en https://es.mongabay.com/2020/04/derrame-de-petroleo-rio-coca-indigenas-demandan-a-ecuador/
[15] "Más de 150 comunidades indígenas en el Oriente del Ecuador siguen afectadas por el derrame de petróleo". El Universo, 30 de abril de 2020, Cf. Disponible en https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/30/nota/7827513/derrame-petroleo-afecta-mas-150-comunidades-indigenas-oriente/
[16] "Organizaciones y comunidades amazónicas demandan a entidades del Estado por el derrame de petróleo causado por rotura de oleoducto". El Universo, 29 de abril de 2020, Cf. Disponible en https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/29/nota/7826484/ongs-comunidades-amazonicas-demandan-entidades-estado-derrame-crudo/
[17] “Gerente general de EP Petroecuador, Pablo Flores, minimiza el impacto del derrame de crudo en los ríos Coca y Napo por la ruptura del SOTE/OCP/Poliducto a 7 comunidades”. 16 de abril de 2020, Cf. https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2020-04/Alerta_21_Hipervinc.pdf ; Petroecuador EP. “Gerente General de EP Petroecuador informó a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional sobre acciones de remediación ambiental y trabajos en el SOTE”. 20 de abril de 2020. Disponible en https://www.eppetroecuador.ec/?p=8480
[18] “Organizaciones sociales demandan al estado ecuatoriano por derrame de crudo en la amazonía en Amazonía Socioambiental”. Amazonia Ambiental, 29 de abril de 2020, Cf. Disponible en https://www.amazoniasocioambiental.org/es/radar/organizaciones-sociales-demandan-al-estado-ecuatoriano-por-derrame-de-crudo-en-la-amazonia/
[19] Nación Siekopai. “Carlos Jipa, presidente FCUNAE, sobre derrame de crudo”. Facebook, 27 de abril de 2020, Cf. Disponible en https://ms-my.facebook.com/siekopai/videos/carlos-jipa-presidente-fcunae-sobre-derrame-de-crudo/237806380765705/
[20] “Jaime Vargas Jaime Vargas marca distancia con Pachakutik de cara a las elecciones”. El Comercio, 16 de diciembre de 2020, Cf. Disponible en https://www.elcomercio.com/actualidad/vargas-pachakutik-elecciones-conaie-organizaciones.html
[21] "No estamos necios' dice Leonidas Iza, tras inscribir su precandidatura para las presidenciales del 2021 que organiza Pachakutik". El Universo, 8 de agosto de 2020, Cf. Disponible en https://www.eluniverso.com/noticias/2020/08/08/nota/7935240/elecciones-presidenciales-ecuador-2021-candidatos-leonidas-iza/
[22] “Leonidas Iza: 'Ninguno de los procesos de Pachakutik ha sido democrático'”. Diario Expreso, 17 de agosto de 2020, Cf. Disponible en https://www.expreso.ec/actualidad/leonidas-iza-ninguno-procesos-pachakutik-sido-democratico-88131.html
[23] Sánchez, Gonzalo. “Pachakutik, partido de Yaku Pérez, ha sido uno de los sostenes de Lenín Moreno”. El Estado.Net, 1 de febrero de 2021, Cf. https://elestado.net/2021/02/01/pachakutik-yaku-perez-sostenes-lenin-moreno/ ; Cf, también en: Ramírez Gallegos, Franklin. "Las masas en octubre. Ecuador y las colisiones de clase". Nueva Sociedad Nº284, Noviembre-Diciembre 2019. Disponible en https://nuso.org/articulo/las-masas-en-octubre/
[24] Toscano, Dax. "Pachakutik y su relación con la derecha: nada nuevo bajo el sol". Ruta Krítica, 13 de febrero de 2021, Cf. Disponible en https://rutakritica.org/blog/2021/02/13/pachakutik-y-su-relacion-con-la-derecha-nada-nuevo-bajo-el-sol/?v=3fd6b696867d
[25]José Rabalino. "Según Leonidas Iza, los procesos internos en Pachakutik no han sido democráticos". Pichincha Comunicaciones, 17 de agosto de 2020, Cf. Disponible en http://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/segun-leonidas-iza-los-procesos-internos-en-pachakutik-no-han-sido-democraticos/
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