El Mundo Indígena 2026: Costa Rica

Escrito en 22 Abril 2026. Publicado en Costa Rica

Los ocho Pueblos Indígenas que habitan el país constituyen el 2,4 % de la población. Siete de ellos de origen chibchense: Huetar (en Quitirrisí y Zapatón), Maleku (en Guatuso), Bribri (en Salitre, Cabagra, Talamanca Bribri y Këköldi), Cabécar (en Alto Chirripó, Tayni, Talamanca Cabécar, Telire y China Kichá, Bajo Chirripó, Nairi Awari y Ujarrás), Brunca (en Boruca y Curré), Ngöbe (en Abrojos Montezuma, Coto Brus y Conte Burica, Alto de San Antonio y Osa) y Brörán (en Térraba). El octavo pueblo, de origen mesoamericano, es el Chorotega en Matambú. Según el Censo Nacional de 2010, poco más de 100.000 personas se reconocen como indígenas.^[1]

Aunque un 7 % del territorio nacional (3.344 km²) es ocupado por 24 territorios indígenas, una gran parte está invadida por ocupantes no indígenas: 52,3 % de la superficie bribri en Këköldi, 53,1 % en Boruca (territorio brunca), 56,4 % en Térraba (pueblo Bröran), 58,7 % en Guatuso (pueblo Maleku) y hasta el 88,4 % en Zapatón (territorio Huetar).^[2]

En el país, un 20 % de la población vive bajo el nivel de pobreza. En el caso de los Pueblos Indígenas, las cifras son alarmantes: Cabécar, 94,3 %; Ngöbe, 87 %; Brörán, 85,0 %; Bribri, 70,8 %; Brunka, 60,7 %; Maleku, 44,3 %; Chorotega, 35,5 %; y Huetar, 34,2 %.^[3]

Costa Rica ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1993 e incorporó el reconocimiento de su carácter multicultural en la Constitución Política de la República. Aun así, en 2021, el entonces Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas indicó que, “a pesar de que el artículo 1 de la Constitución estipula que Costa Rica es un Estado multiétnico y pluricultural, no reconoce la existencia de los Pueblos Indígenas”.^[4]

La Ley Indígena 6.172 de 1977 reconoció a las organizaciones indígenas y estableció el carácter jurídico de los Pueblos Indígenas, los mecanismos que previenen la apropiación de tierras por personas no indígenas y los trámites y fondos de expropiación e indemnización. Pero esta ley quedó sin implementarse, hasta diciembre de 2023 y, desde entonces, se observa tímidos intentos de recuperación de territorios sin respetar  el espíritu de la Ley Indígena ni respecto para las estructuras de poder indígenas.^[5] Al contrario, el Estado ha tolerado la invasión y el despojo de las tierras indígenas por parte de terratenientes y políticos locales. Durante décadas, las organizaciones indígenas han exigido el saneamiento de las tierras. La lentitud en los estudios y la falta de voluntad política para abordar el problema propiciaron el surgimiento de un movimiento recuperador de tierras que desaloja ocupantes ilegales desde 2011.

Un reglamento posterior a la Ley Indígena impuso una figura ajena a sus estructuras de poder tradicionales, las Asociaciones de Desarrollo Integral indígena (ADII). Su supervisión está a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, entidad que no posee capacidades para comprender los derechos indígenas y el enfoque intercultural. Para el Relator Especial, Francisco Calí Tzay, “al tratarse de instituciones estatales impuestas y dependientes del Poder Ejecutivo, no son idóneas para garantizar la representación de los Pueblos Indígenas que se rigen por su sistema propio de gobierno”.^[6]

Entre las organizaciones indígenas que gozan de legitimidad y actúan en defensa de sus derechos se destacan la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), la Red Indígena Bribri-Cabécar, la Asociación Ngöbe del Pacífico, la Asociación Regional Aborigen del Dikes, el Foro Nacional de Mujeres Indígenas, el Movimiento Indígena Interuniversitario y la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), una agrupación de organizaciones de Pueblos Originarios y asociaciones campesinas.

Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí

Más de tres décadas esperando la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas

El año 2025 no ha supuesto mayores cambios en la situación de exclusión socioeconómica, en las constantes violaciones del derecho a la autodeterminación ni en los numerosos obstáculos que enfrentan los Pueblos Originarios de Costa Rica para acceder a la justicia.^[7]

El proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas fue publicado en el Diario Oficial en 1994. En 2025 se cumplieron 31 años durante los cuales el Parlamento se ha negado a discutirlo y el Poder Ejecutivo tampoco le ha dado prioridad. Además, persisten fuertes resistencias de carácter racista entre el sector privado y los partidos políticos conservadores, que no aceptan un concepto de territorio que no considere la tierra como mercancía.

Imposición de formas de organización ajena a los sistemas indígenas

Como se ha mencionado anteriormente, el Estado continúa violando la Ley indígena de 1977 y el Convenio 169, al imponer una forma de organización a los territorios indígenas: las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI). Muchas de ellas son controladas por personas no indígenas y relacionadas con finqueros ausentistas u otros invasores de territorios indígenas. En su comunicado del 26 de febrero, FRENAPI denunció la usurpación de cargo en la ADI del Territorio Cabécar de Ujarrás, cuyo presidente no es miembro del pueblo Cabécar ni reconocido en ningún clan ancestral. En este sentido, indicó: “La usurpación de cargo de Nelson Zúñiga en Ujarrás hace sus actos nulos e incluso producen delitos con la complicidad y respaldo del Estado, por ejemplo, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad”.^[8] 

Persistente falta de acceso a la justicia para los Pueblos Indígenas

Ante la consagración de la histórica impunidad para los asesinos de personas indígenas, en un país que pretende ser un modelo en materia de derechos humanos, la Defensoría de los Habitantes reiteró en su Informe Anual que los ocho Pueblos Indígenas de Costa Rica enfrentan un “rezago histórico en la atención de las barreras estructurales (…), así como las limitaciones al disfrute pleno de derechos”^[9]. Por lo tanto, la Defensoría realizó en agosto 2024, el Foro sobre Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas en Costa Rica, con el objetivo de “generar un espacio participativo entre representantes de los Pueblos Indígenas, instituciones públicas y defensores de derechos humanos.” El foro, que contó con la destacada participación del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay, “buscó visibilizar y reflexionar sobre las barreras y actos de discriminación que estas poblaciones enfrentan en el acceso a la justicia debido a omisiones institucionales”.^[10]

El Relator Especial enfatizó los principales obstáculos al acceso a la justicia para los Pueblos Indígenas, tal como lo pudo observar durante su visita oficial a Costa Rica, en diciembre de 2021:

• Derecho a la tierra: es el derecho más violado en el país. Si bien Costa Rica tiene una ley muy avanzada, casi no está implementada por desconocimiento del marco normativo y falta de voluntad política de las instituciones del Estado. Esta situación produce un retraso en la titulación de la tierra y en la delimitación de saneamiento, y retrasos en la recuperación por la judicialización de los procedimientos.

• Actuación del Patronato Nacional de la Infancia: desraíza a los niños de su cultura, debido a lo cual se le recomendó revisar sus procedimientos.

• Protección del medio ambiente: debe respetarse el derecho a libre autodeterminación sobre las tierras y sus recursos.

• Acceso a la justicia: los Pueblos Indígenas tienen desconfianza hacia el Poder Judicial local, lo que obedece a la falta de investigación de casos individuales; a la exigencia de pruebas que posteriormente no se califican de manera adecuada; y a la ineficacia de los mecanismos internos para sancionar la actuación de funcionarios y funcionarias judiciales. Asimismo, el servicio judicial no se brinda con perspectiva de género y los operadores judiciales desconocen los estándares internacionales sobre derechos indígenas. Por último, se efectúa un uso inadecuado del peritaje cultural, y no se consulta con el Pueblo Indígena sobre su cultura.

El foro concluyó con la identificación, por los líderes y las lideresas indígenas, de los principales problemas y obstáculos que experimentan a la hora de hacer valer sus derechos como personas indígenas costarricenses.^[11]

Inseguridad para las personas indígenas defensoras del territorio

En agosto 2025 se presentó un informe urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se difundieron mensajes de alerta entre personas, organizaciones y medios de comunicación solidarios, para documentar la situación de riesgo grave e inminente contra el mayor brörán Pablo Sibar del Territorio de Térraba.^[12] Esta situación de alto riesgo para la vida del defensor de derechos indígenas de largo aliento generó extrema preocupación y el temor de volver a vivir otro capítulo trágico de la lucha para los derechos indígenas en Costa Rica. Sibar, beneficiario de la medida cautelar otorgada por la CIDH, ha experimentado varios actos de violencia en los últimos años:

En razón de su rol como autoridad tradicional y defensor de los derechos colectivos de su pueblo, ha sido objeto de reiteradas amenazas, agresiones directas contra su integridad física por actores no estatales, y de un ambiente sistemático de discriminación, tanto por parte de la ADI de Térraba como de diversas autoridades estatales.^[13]

En abril de 2015, la CIDH otorgó medidas cautelares^[14] a favor de los pueblos Bribri de Salitre y Brörán de Térraba. En dicha resolución, la CIDH reconoció la situación de riesgo a la que se enfrentaban las personas beneficiarias por su labor de defensa del territorio y los derechos humanos. Las medidas cautelares continúan vigentes hasta la fecha, pero aún no han sido puestas en práctica, a pesar de que dos personas relacionadas con la lucha por el saneamiento y recuperación de las tierras, líderes indígenas de Salitre y de Térraba, han sido asesinadas en 2019 y en 2020.^[15]

Pablo Sibar posee desde hace 13 años una finca recuperada en el Territorio de Térraba, diez hectáreas destinadas a la conservación ambiental y gestión comunitaria del agua.  El 7 de agosto 2025, la ADI de Térraba emitió una certificación fraudulenta para legitimar la ocupación de su finca por parte de dos personas no indígenas que no forman parte de la Base de Datos Brörán, custodiada por el Tribunal Supremo de Elección. El domingo 10 de agosto, dos personas no indígenas invadieron la finca de Sibar, alegando contar con respaldo de la ADI. Llamada al sitio, la Fuerza Pública (policía) se negó a desalojar a los usurpadores. El 11 de agosto, Pablo Sibar se presentó en la Fiscalía de Buenos Aires para denunciar a la ADI por la emisión de la certificación ilegal y por la usurpación, pero su denuncia no fue recibida y le aconsejaron acudir al proceso ordinario agrario. “Se dirigió al Juzgado Agrario a interponer la demanda, donde se le informó que la persona usurpadora ya había puesto una demanda en su contra y que no había defensores públicos disponibles en Buenos Aires”.^[16] Entre la negación de la Fuerza Pública, la Fiscalía y del Juzgado Agrario de hacer respetar los derechos del indígena brörán, se generó un movimiento espontáneo de activistas de derechos humanos, personas de las universidades estatales y periodistas que lanzaron mensajes de alerta y publicaron artículos denunciando el riesgo grave e inminente.

Desde hace varios años, la oposición del señor Sibar a la ADI de Térraba “ha estado acompañada de denuncias públicas y vigilancia activa frente a actos de corrupción, irregularidades administrativas y decisiones contrarias a los derechos colectivos del pueblo Brörán. Este ejercicio legítimo de defensa ha provocado represalias cada vez más graves, vulnerando tanto sus derechos individuales como la institucionalidad indígena protegida por el derecho internacional”.^[17] Dirigentes indígenas y personas involucradas en la recuperación de tierras, continúan siendo amenazadas. Al respecto, la Defensoría de los Habitantes señaló que “el Estado aún no ha garantizado una respuesta efectiva y se ha advertido sobre la escalada de violencia en territorios como China Kichá y Cabagra, donde la vida de personas defensoras continúa en riesgo”.^[18] Por parte del movimiento indígena, la falta de acceso a justicia y a la seguridad de vivir en paz esta lúcidamente analizada en un párrafo del comunicado del FRENAPI^[19] :

Al cumplirse cinco años del asesinato de Jehry Rivera (24 febrero 2020), Brörán de Térraba, y seis años del asesinato de Uniwak Sergio Rojas (18 marzo de 2019), Bribri de Salitre; ambos asesinatos impunes; las causas y l@s responsables de esos crímenes siguen vigentes: usurpación de tierras por personas NO indígenas agresoras, discriminación, injusticia, violencia y abandono e indiferencia del Estado-Gobierno.

En 2025, los usurpadores de tierras y sus sicarios siguen actuando en la impunidad, amenazando y asesinando sin que el Estado tome disposiciones capaces de terminar con este problema estructural. Como se escribió anteriormente en estas páginas, no se ha observado cambios en las causas estructurales de la exclusión sistémica de las personas indígenas en Costa Rica. En particular, “las relacionadas con los derechos territoriales y la autodeterminación, continúan como una materia pendiente y persisten resistencias en las instituciones y el sistema judicial para atenderlas desde una perspectiva de derechos”.^[20] Desafortunadamente, no se vislumbra algún cambio positivo para 2026, ni siquiera con la elección de un nuevo gobierno al principio del año.

Dra. Bettina Durocher es ingeniera agrónoma con máster en desarrollo rural, postgrado en estudios de género y doctorado en educación y mediación intercultural. Ha publicado estudios sobre medios de vida indígenas, conflictividad socioambiental y conocimientos de las mujeres indígenas en seguridad alimentaria y conservación de los bosques. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí

Notas y referencias

i A pesar de que los resultados del Censo 2022 fueron dados a conocer hace dos años, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Costa Rica no ha publicado todavía los datos desagregados relativos a poblaciones indígenas (David Solís, comunicación personal 7 de enero de 2026).

ii Calí Tzay, F. “Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, acerca de su visita a Costa Rica en diciembre de 2021”. Presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 28 de septiembre de 2022. https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F51%2F28%2FAdd.1&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False

^[3] Calí Tzay, F. “Declaración final del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, al concluir su visita a Costa Rica.” Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 17 de diciembre de 2021. https://www.ohchr.org/es/statements/2021/12/end-mission-statement-united-nations-special-rapporteur-rights-indigenous

^[4] Calí Tzay, F. Ídem.

^[5] Ministerio de Justicia y Paz. Se realizó el primer pago por indemnización a un ocupante de territorio indígena en Conde Burica. 21 de diciembre de 2023. https://mjp.go.cr/Comunicacion/Nota?nom=Se-realizo-el-primer-pago-por-indemnizacion-a-un-ocupante-de-territorio-indigena-en-Conte-Burica

^[6] Ibídem, p.5.

^[7] Durocher, Bettina. “Costa Rica”. En El Mundo Indígena 2025, Mamo, Dwayne (comp.). IWGIA, 2025. https://iwgia.org/es/costa-rica/5741-mi-2025-costa-rica.html

^[8] FRENAPI Ibidem.

^[9] Defensoría de los Habitantes de la República. Informe Anual de Labores 2024-2025, p.112. https://www.dhr.go.cr/defensoria_transparente/informes_institucionales/informes/labores/documentos/19_if24_25.pdf

^[10] Ibídem, p.191.

^[11] Defensoría de los Habitantes de la República. “Memoria: FORO Acceso a justicia para los Pueblos Indígenas en Costa Rica”. San José, Costa Rica, agosto de 2025.

^[12] “Presentan informe urgente ante la CIDH para proteger a defensor indígena broran Pablo Sibar”. Surcos Digital, 12 de agosto de 2025.   Presentan informe urgente ante la CIDH para proteger a defensor indígena Brörán Pablo Sibar - SURCOS Digital

Víctor Madrigal Sánchez V.  y Vindas Sánchez, D. Comunicado público. Universidad Nacional Escuela ecuménica de ciencias de la religión Programa Pueblos indígenas

Chacón Soto, V. “Ante invasión de tierras, denuncia riesgo grave e inminente para el líder indígena Pablo Sibar”. Semanario Universidad, 12 de agosto de 2025.

Ante invasión de tierras, denuncian “riesgo grave e inminente” para el líder indígena Pablo Sibar • Semanario Universidad

^[13] Informe de alerta de situación de riesgo para el defensor indígena, Pablo Sibar Sibar, beneficiario de la Medida Cautelar MC 321/12 CIDH (11 de agosto de 2025)

^[14] El 30 de abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en atención a una solicitud presentada por el señor Pablo Sibar Sibar, el señor Sergio Rojas Ortiz y otras personas defensoras indígenas de los territorios de Salitre y Térraba, emitió la Resolución 16/15, mediante la cual otorgó la Medida Cautelar n.º. 321/12 a favor de los pueblos Bribri de Salitre y Brörán (Teribe) de Térraba.  

^[15] Durocher, Bettina. “Costa Rica”. En El Mundo Indígena 2025, Mamo, Dwayne (comp.). IWGIA, 2021. https://iwgia.org/es/costa-rica/5741-mi-2025-costa-rica.html

^[16] Chacón Soto, Vinicio. “Ante invasión de tierras, denuncian “riesgo grave e inminente” para el líder indígena Pablo Sibar”. Semanario Universidad, 12 de agosto de 2025.

^[17] Informe de alerta de situación de riesgo para el defensor indígena, Pablo Sibar Sibar, beneficiario de la Medida Cautelar MC 321/12 CIDH. 11 de agosto de 2025.

^[18] Defensoría de los Habitantes de la República. Informe Anual de Labores 2024-2025, p.113. https://www.dhr.go.cr/defensoria_transparente/informes_institucionales/informes/labores/documentos/19_if24_25.pdf

^[19] FRENAPI. “Denuncia sobre la reciente recuperación de tierras en el Territorio Cabécar de Ujarrás”. Facebook, 26 de febrero de 2025. https://www.facebook.com/frenapicostarica/?locale=fr_CA

^[20] Camacho Nassar, Carlos. “Costa Rica”. En El Mundo Indígena 2021, Mamo, Dwayne (comp.). IWGIA, 2021.

Etiquetas: Derechos Humanos