El Mundo Indígena 2021: Costa Rica
En el país habitan ocho pueblos indígenas: Huetar, Maleku, Bribri, Cabécar, Brunka, Ngäbe, Bröran, y Chorotega, que constituyen un 2,4% de la población total. Según el Censo Nacional de 2010, poco más de cien mil personas se reconocen como indígenas.
Un 6,7% del territorio nacional (3.344 km2) es ocupado por 24 territorios indígenas, aunque esta es una superficie que figura solamente en sus decretos de creación y una gran parte está invadida por ocupantes no indígenas.
En un país donde cerca de un 20% de la población vive bajo el nivel de pobreza, en el caso de los pueblos indígenas, ese porcentaje alcanza cifras alarmantes: Cabécar 94,3%; Ngäbe 87,0%; Bröran 85,0%; Bribri 70,8%; Brunka 60,7%; Maleku 44,3%; Chorotega 35,5% y Huetar 34,2%.
Costa Rica ratificó el Convenio 169 de la OIT en abril de 1993 y agregó a la Constitución Política de la República el reconocimiento de su carácter multicultural en agosto de 2015.
A su vez, la Ley Indígena de 1977 reconoció las organizaciones tradicionales indígenas. Pero, un reglamento posterior impuso una figura completamente ajena a sus estructuras de poder tradicionales, las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena (ADII), cuya supervisión está a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, entidad que no posee capacidades para comprender la diversidad cultural, los derechos indígenas y el enfoque intercultural.
Desde 1973 existe la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. El hecho que reconozca a las ADII como representantes territoriales ha erosionado su legitimidad, junto con su óptica asistencialista. Ello ha determinado su limitado reconocimiento entre los indígenas y su relegamiento de las políticas institucionales.
Entre las organizaciones indígenas que gozan de legitimidad nacional y regional y que actúan en defensa de sus derechos, destacan las siguientes: la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR), el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), la Red Indígena Bribri-Cabécar (RIBCA), la Asociación Ngäbe del Pacífico, la Asociación Regional Aborigen del Dikes (ARADIKES), el Foro Nacional de Mujeres Indígenas y el Movimiento Indígena Interuniversitario.
Más de un cuarto de siglo esperando la ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas
El proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas fue publicado en el Diario Oficial en 1994.[1] En 2020 se cumplieron 26 años durante los cuales el parlamento se ha negado a discutirlo y el Poder Ejecutivo no le ha dado prioridad, aunque su promulgación ha constituido varias veces una promesa electoral. Persisten fuertes resistencias de carácter racista y la oposición férrea del sector privado y los partidos políticos conservadores que la creen riesgosa para las inversiones extractivas y no aceptan un concepto de territorio que no considere la tierra como mercancía.
La lucha por la tierra: este año con más violencia
En Costa Rica, las tierras indígenas fueron tituladas sin previo saneamiento y delimitación física. Desde la década de 1950, distintos decretos ejecutivos adjudicaron 24 territorios. La Ley Indígena de 1977 asignó un presupuesto anual para la compra de las tierras de no indígenas dentro de los perímetros de esos territorios. Sin embargo, el Estado, hasta la fecha, no ha cumplido ese compromiso y, al contrario, ha tolerado la invasión y el despojo de las tierras indígenas por parte de terratenientes y políticos locales.
Durante décadas, las organizaciones indígenas, notablemente la MNICR y el FRENAPI, han exigido el saneamiento de sus tierras. En 2016, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) inició ese proceso. Tres años después, solo había avanzado con el levantamiento topográfico de menos de un 5% de la superficie total.
En marzo de 2020, el INDER informó que tenía 193 expedientes listos para aplicar el procedimiento administrativo de expropiación e indemnización. Ocho meses después, en noviembre de 2020, la Defensoría de los Habitantes verificó que ninguna expropiación se había llevado a cabo en territorios indígenas. Al final del año, la Junta Directiva del INDER autorizó la creación de un fideicomiso que iniciará en el 2021 con la suma de 500 millones de colones (aproximadamente 800.000 USD), cantidad a la que se sumará para el año 2022 y 2023 el 80% de los ingresos no tributarios que tenga la institución, el 50% de los mismos en el 2024, 2025 y 2026. Sobre la cuestión, la Defensoría de los Habitantes expresó que: “insistirá ante el INDER sobre este tema porque la respuesta recibida no es satisfactoria para honrar la deuda del Estado con los pueblos indígenas en materia de devolución de sus tierras ancestrales”.[2] El monto asignado anualmente, según cálculos del FRENAPI, en pocos casos sería suficiente para pagar las indemnizaciones en un solo territorio.
La lentitud en los estudios y la falta de voluntad política para concretar el saneamiento y desalojar a los ocupantes ilegales determinaron el surgimiento y consolidación de un movimiento de recuperadores de tierras que, desde 2011, desaloja ocupantes ilegales.
Durante los procesos de recuperación, en las tierras ocupadas ilegalmente por no indígenas, las personas recuperadoras se instalan en campamentos dentro del perímetro del territorio. A pesar de eso, los invasores no indígenas denuncian judicialmente a los indígenas por usurpación y obtienen, con una celeridad que nunca ha funcionado en el otro sentido, órdenes de desalojo y la movilización de contingentes de policías preparados para motines. La Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) lo comprobó mientras se reunía con representantes del pueblo Bröran en la finca recuperada Crun Shurin del Territorio Indígena de Térraba cuando “…la Fuerza Pública llegó a notificarles una orden de desalojo. Como dato curioso, el juez agrario de Buenos Aires que dicta estas órdenes de desalojo está casado con la hija de un terrateniente que posee ilegalmente tierras en Térraba (…). Tales vínculos familiares, verificables mediante consultas al Registro civil, levantan dudas legítimas en cuanto a la neutralidad o imparcialidad del juez. (…) los indígenas son víctimas de todo tipo de agresiones por parte de terratenientes, incluyendo el asesinato, sin que el Estado tome las medidas necesarias para efectivamente investigar, perseguir y sancionar a los responsables”. [3]
La violencia contra los indígenas que luchan por sus tierras y que se recrudeció en 2020, ha sido calificada por el Estado como una acumulación de hechos aislados. Eso no es cierto, se trata de bandas organizadas alrededor de terratenientes y azuzadas por los medios de comunicación locales que difunden abiertamente mensajes racistas en un país donde la expresión pública del racismo no parece constituir un delito. Así lo manifestó el Frente Nacional de Pueblos Indígenas a través de un comunicado: “…contrario a lo que alega el Estado en respuesta a la comunicación enviada por relatores especiales de la ONU a Costa Rica, el asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz no fue un acontecimiento aislado: se enmarca en un contexto de violencia generalizado y bien conocido por el Estado (…) y fue incentivado por diversos medios de comunicación y por el Consejo Municipal de Buenos Aires de Puntarenas que llegó incluso a declarar a Sergio Rojas (mediante Acta ordinaria 31-2012 de 11 de agosto de 2012), persona non grata en el cantón de Buenos Aires”.[4]
Las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2015, no habían sido aún puestas en práctica cinco años después y en 2020, dirigentes y pobladores involucrados en la recuperación de tierras, continúan siendo amenazados. En marzo de 2019, Sergio Rojas, dirigente indígena Bribri del territorio de Salitre y uno de los fundadores del FRENAPI, fue asesinado. El 26 de septiembre de 2020, el Poder Judicial decidió cerrar el archivo del caso (Expediente 19-000178-0990-PE) por supuesta ausencia de evidencias. Con ese acto, el crimen de Sergio quedó impune y se envió un mensaje a invasores de tierras indígenas y sus sicarios en el sentido que sus crímenes no serán siquiera investigados.
En el territorio Bröran de Térraba, la situación de violencia se ha intensificado desde inicios de 2020. Varios de sus líderes y lideresas han recibido amenazas de muerte. El 24 de febrero de 2020, Jerhy Rivera Rivera fue asesinado de cinco disparos por la espalda después de participar en un encuentro para defender los derechos territoriales de su pueblo. Desde 2013, recibía amenazas. El asesino fue capturado por la policía en el lugar del crimen. Sin embargo, a pesar de ser identificados y procesados judicialmente el asesino confeso y su hermano, ambos quedaron en libertad por una resolución del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas.[5]
Condenamos enérgicamente el crimen de Sr. Jerhy Rivera Rivera indígena bröran la noche del 24 de febrero 2020 al ser aproximadamente las 9 pm de la noche por Eduardo Varela Rojas. Señalamos que, aunque la policía estaba cerca del lugar su accionar no fue suficientemente eficiente para impedir el enfrentamiento y posterior asesinato del compañero. Condenamos los actos vandálicos y salvajes, que realizan decenas de personas no indígenas en el centro de la comunidad de Bröran Térraba durante las noches y madrugadas, con la parcial impunidad de la fuerza pública y el tránsito, ya que estos en muchos casos se movilizan en vehículos sin documentos, o sin placas y en los cajones de los carros y camiones ante la mirada pasiva de las autoridades.[6]
En 2020, las recuperaciones de tierra se intensificaron notablemente en el territorio cabécar de China Kichá, donde en octubre un juez dictó una orden de desalojo contra los recuperadores de sus propias tierras mientras la entrada del territorio estaba bloqueada por terratenientes armados. Las recuperaciones continúan en los territorios Bröran de Térraba, Bribri de Salitre, Brunka de Yimba Cájc y Maleku de Guatuso.
En 2020 fue claro que las causas estructurales de la exclusión social, política, económica y cultural de los pueblos indígenas, notablemente las relacionadas con los derechos territoriales y la autodeterminación, continúan como una materia pendiente y persisten resistencias en las instituciones y en el sistema judicial para atenderlas desde una perspectiva de derechos.
La situación de los pueblos indígenas en un contexto de pandemia
El Gobierno formuló el plan de acción para el abordaje del COVID-19 en territorios indígenas de Costa Rica con cuatro líneas de acción: participación comunitaria, prevención, abordaje de casos sospechosos y atención de pacientes positivos.
La MNICR y las organizaciones territoriales comenzaron a tomar medidas de prevención de contagios desde el principio considerando las recomendaciones del Ministerio de Salud que complementaron con acciones propias, por ejemplo, los puestos de control de la entrada y salida de sus territorios, en ejercicio de sus derechos de autodeterminación. Además, la Mesa hizo gestiones de incidencia para que se atendiera a los pueblos indígenas. Mientras que el primer caso de COVID-19 en el país fue registrado en el mes de marzo, fue hasta finales de junio que se detectaron casos en territorios indígenas gracias a las medidas propias en gran parte. A diciembre de 2020, la MNICR, con informes de las dirigencias territoriales y comunitarias, contabilizaba cerca de 600 casos en territorios indígenas y 30 fallecimientos. El Estado no lleva registro desagregado de los casos indígenas a pesar de la reiterada solicitud de la Mesa.
La MNICR gestionó ante la cooperación ayuda humanitaria en alimentos y productos sanitarios, con el apoyo de FIAY/CICA/ GIZ y BM se obtuvieron más 800 paquetes con un total de 13.000 mil productos alimenticios y prevención sanitaria contra la COVID 19, los que se distribuyeron en la mayoría de los territorios indígenas, no se pudo llegar a algunos territorios por asuntos administrativos con los proveedores, que no fue posible subsanarlos. Adicionalmente, en cuanto a la pandemia por el COVID-19, se han destinado recursos y alimentos para la atención de la emergencia ocasionada por el COVID-19 en territorios indígenas a través de la Mesa de Protección Social, con la participación de diversas instituciones del Estado.[7]
Avances durante 2020
Durante 2020, el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Social del Ministerio de la Presidencia, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, publicó una Guía para la atención institucional de los pueblos indígenas de Costa Rica[8] con el fin de ”facilitar la sensibilización de funcionarios públicos”[9] respecto a su relación con los pueblos indígenas. Sin embargo, aunque pudo haber sido un importante avance, el documento se limitó a describir a los pueblos indígenas desde una óptica culturalista, a resumir la legislación nacional e internacional y a recomendar una atención paternalista.
El Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas promulgado en 2018 continúa su proceso de implementación institucional con la constitución de Instancias Territoriales de Consulta Indígena. Sin embargo, la asignación de recursos técnicos y financieros para la Unidad Técnica de Consulta Indígena en el Ministerio de Justicia y Paz sigue siendo insuficiente.
Por su lado, el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados inició un diagnóstico sobre la situación del agua en los territorios indígenas del país con el fin de construir las bases para una política institucional de trabajo con pueblos indígenas y un plan de acción específico étnica y culturalmente sensible.
Perspectivas al futuro
En 2020 hubo pequeños avances y significativos retrocesos respecto a los derechos indígenas en Costa Rica. Entre los avances destaca el inicio de un diagnóstico sobre la situación del agua en los territorios indígenas, la continuación del programa de vivienda culturalmente apropiada del Banco Hipotecario de la Vivienda y un incremento de la inversión pública en territorios indígenas, notablemente en ayudas sociales e infraestructura educativa.
Sin embargo, las cuestiones estructurales continúan sin ser resueltas. Los usurpadores de tierras siguen actuando en la impunidad, amenazando y asesinando sin que el Estado tome disposiciones capaces de terminar con el problema. Gran parte del escaso avance se debe a que el Estado continúa considerando el saneamiento de tierras como una cuestión topográfica y jurídica y no logran comprender la compleja realidad histórica, política y sociocultural de los conflictos. Aunque las investigaciones de la Universidad Nacional a Distancia y la Universidad de Costa Rica aportan información estratégica, el INDER no ha sido capaz de aprovecharla por falta de profesionales calificados en análisis y resolución de conflictos incorporando una óptica intercultural. Tampoco hay acciones concretas de desalojo e indemnización, cuando corresponde, de ocupantes no indígenas.
Carlos Camacho-Nassar. Antropólogo y geógrafo, miembro del Observatorio sobre Derechos Indígenas y Cambio Climático. Ha realizado estudios sobre derechos indígenas, en particular sobre cuestiones territoriales y sus conflictos asociados en América del Sur, México, Centroamérica y el Caribe. Cuenta con varias publicaciones sobre la temática. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí
Notas y referencias
[1] Asamblea Legislativa de la Repúblic de Costa Rica. “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (Expediente N° 14.352).” 2010.
http://proyectos.conare.ac.cr/asamblea/14352%203M137.pdf
[2] “Defensoría exige al INDER acelerar expropiación legal de tierras en favor de pueblos indígenas.” El país Costa Rica, 13 de noviembre de 2020. http://www.elpais.cr/2020/11/13/defensoria-exige-al-inder-acelerar-expropiacion-legal-de-tierras-en-favor-de-pueblos-indigenas/?fbclid=IwAR1lKlND8Wfr6Ll7EBxt0hystHLdMVHE5kcch4emKP9QLoJOu6zm1RUccvc
[3] Rinaldi Karine. “En Costa Rica los indígenas arriesgan sus vidas porque el Estado no cumple la ley.” Delfino, 14 de diciembre de 2020. https://delfino.cr/2020/12/en-costa-rica-los-indigenas-arriesgan-sus-vidas-porque-el-estado-no-cumple-la-ley
[4] Ibid.
[5] “Térraba lleva dos días bajo ataque, nuevas amenazas de muerte, incendios y vandalismo”. Informa-Tico, 4 de marzo de 2020. https://www.informa-tico.com/4-03-2020/terraba-lleva-dos-dias-ataque-nuevas-amenazas-muerte-incendios-vandalismo?fbclid=IwAR0fz9K2rqWvwauQ2vys2gqEP2bavAWFwQUSolNrD9Yb9Nx82HyaCnQn_Ww
[6] Consejo de Mayores Bröran. “Comunicado urgente Territorio Indígena Bröran de Térraba”, 25 de febrero de 2020.
[7] Mesa Nacional Indígena de Costa Rica. “Avanzamos hacia el buen vivir.” Informe 2020. San José, MNICR, 2020. Páginas 1-2.
[8] Volio, Astrid Fischel, Gilberto Guzmán Saborío y Ana Maritza Barahona Martínez. “Guía para la atención institucional de los pueblos indígenas de Costa Rica.”San José, Fundación Ciudadanía Activa, BID, 2020.
[9] Ibid. Página 5.
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