El Mundo Indígena 2025: Chile
Desde el Censo de 2017, y a pesar de ir en constante aumento desde los años noventa, la población indígena no ha experimentado mayores variaciones. En este sentido, 2.185.792 personas se autoidentifican como indígena, lo que equivale al 12,8 % de la población total del país (17.076.076). El pueblo Mapuche es el más numeroso (casi 1.800.000 personas), seguido del pueblo Aymara (156.000 personas) y el pueblo Diaguita (88.000 personas).[1] Destaca la tendencia al incremento sostenido de la población indígena urbana por sobre la rural, que alcanza un 87,8 % frente a un 12,2 % que habita en zonas rurales.[2]
La Ley 19.253 de 1993, sobre Fomento, Protección y Desarrollo de los Indígenas, conocida como “Ley Indígena”, no ha sufrido modificaciones para adecuarse a los actuales estándares internacionales en materia de derechos de los Pueblos Indígenas, como el Convenio 169 OIT, ratificado por Chile en 2008. Además, Chile ha aprobado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016).
Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.
Juventud indígena: aportes y desafíos para el reconocimiento de sus derechos
En Chile, la juventud indígena cumple un rol fundamental en la valoración y visibilidad de la identidad indígena y los derechos como pueblos originarios. Sin embargo, enfrentan una fuerte discriminación por su origen indígena, rasgos físicos y nombres.[3]
No existen datos ni estudios oficiales recientes sobre la situación de la juventud indígena, la cual se estima que representa el 13,2 % de los y las jóvenes en Chile.[4] La investigación sobre la caracterización y políticas de jóvenes indígenas en Chile, titulada Jóvenes y juventud indígena en Chile: vivencias y tensiones en el Chile contemporáneo, desarrollada por el Instituto Nacional de la Juventud, en convenio con la Cooperación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y la Dirección de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad Católica (DESUC), data del 2015.[5] Entre sus principales resultados, se señala que, a nivel de condiciones socioeconómicas, los jóvenes indígenas presentan situaciones en general más desventajosas que los jóvenes no indígenas en términos de ingresos, años de escolaridad, y condiciones de salud. A su vez, se destaca que el 75 % de los jóvenes indígenas viven en zonas urbanas, por temas de estudio y trabajo.
A pesar de enfrentar diversas dificultades, la juventud indígena realiza valiosos aportes en el ámbito político, cultural, social y económico de sus pueblos y el país en general. Entre sus aportes se puede destacar: la reivindicación de sus derechos territoriales (exigiendo el cumplimiento de los derechos establecidos en los tratados internacionales); el fortalecimiento de la identidad cultural (revitalizando sus idiomas, promoviendo sus tradiciones culturales como la música, la danza y las artes, así como sus prácticas y oficios ancestrales); y el fortaleciendo de sus organizaciones comunitarias. También, destacan por el uso de las tecnologías digitales (redes sociales, medios de comunicación comunitarios, entre otras) para visibilizar su cultura y demandas, compartiendo historias, músicas y lenguas indígenas, lo cual contribuye a generar conciencia sobre sus luchas.
Muchos jóvenes se han destacado en la lucha contra proyectos que afectan el medio ambiente, como la minería, la deforestación y la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos, que a menudo impactan directamente en sus territorios. Asimismo, cada vez son más los y las jóvenes indígenas que están ganando reconocimiento en áreas profesionales como las ciencias sociales, el derecho, la geografía, aportando con sus conocimientos al fortalecimiento de sus territorios.[6]
Entre los desafíos que enfrenta la juventud indígena se puede mencionar la falta de oportunidades económicas en sus territorios y el limitado acceso a la tierra. Una de las principales tendencias observadas es que la mayoría de los jóvenes, tanto hombres como mujeres, optan por emigrar a las ciudades en busca de mejores oportunidades de estudio y trabajo. Algunos regresan a sus territorios, pero la desconexión con la tierra y el territorio es tal que, al heredar tierras, muchos eligen parcelarlas y venderlas. Otros, en cambio, deciden regresar y quedarse, enfrentando múltiples desafíos para acceder a la tierra y garantizar su derecho sobre ella. Este acceso es fundamental, ya que la tierra juega un papel crucial en la preservación de la identidad cultural y la conexión con las tradiciones. A través de un desarrollo económico basado en la soberanía alimentaria, los jóvenes buscan fortalecer su autonomía territorial y contribuir a la construcción de un futuro más justo.
Las instancias de apoyo en estos contextos son limitadas. Aunque existe el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), un programa gubernamental que brinda apoyo a los usuarios con tierras, el acceso a sus beneficios está condicionado a la propiedad de la tierra, lo que limita la ayuda a aquellos que no cuentan con acceso a ellas. Además, no existe una ley que garantice los derechos territoriales de los jóvenes indígenas, ni existen entidades financieras que otorguen créditos o presupuestos específicos para ellos.
A pesar de estos desafíos, muchos jóvenes mantienen la esperanza y continúan desarrollando diversas actividades económicas con el objetivo de transformar sus realidades y fortalecer sus comunidades. La lucha por la autonomía territorial sigue siendo una de las principales motivaciones de la juventud mapuche, que busca defender su derecho a la tierra y preservar su cultura ancestral.
A pesar de las dificultades, muchos jóvenes decidieron quedarse en sus tierras y trabajar arduamente para fortalecer sus comunidades. A través de sus esfuerzos y acciones, continúan luchando por un futuro en el que sus derechos sobre la tierra y el territorio sean respetados y en el que puedan garantizar su autonomía territorial. La lucha por la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de las comunidades rurales es, hoy en día, uno de los pilares de esta juventud comprometida con la tierra, el territorio y su cultura.
Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento
Durante el año 2024, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, convocada por el Presidente Gabriel Boric en junio de 2023 con el objetivo de sentar las bases para dar una solución de mediano y largo plazo a las demandas de tierra del pueblo Mapuche y de sus comunidades, continuó su trabajo en búsqueda de alcanzar un acuerdo con miras a generar propuestas políticas y legislativas que permitan avanzar hacia su objetivo.
A lo largo de todo el año, la Comisión sesionó en diversas ciudades de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en el territorio tradicional mapuche en el sur de Chile. Durante esas sesiones, la Comisión recibió en audiencias a representantes de organizaciones mapuche, gremios productivos, sociedad civil y autoridades locales. Además, se abrió espacios de participación como los Diálogos Interculturales (espacios de diálogo multi actor realizados en 11 ciudades) y los Encuentros Territoriales Autoconvocados dirigidos a organizaciones mapuche.
La participación en estos espacios no fue muy amplia, producto de su baja difusión, las falencias metodológicas y la falta de confianza de las organizaciones mapuche en el proceso. Pese a ello, de los Encuentros Territoriales Autoconvocados surgieron propuestas relacionadas con la necesidad del reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas y la relevancia del reconocimiento del derecho a las tierras de ocupación tradicional del pueblo Mapuche, las cuales fueron canalizadas formalmente a la Comisión. Por su parte, un conjunto de organizaciones mapuche de diversos territorios hicieron entrega a la Comisión de una serie de informes que dan cuenta de los fundamentos que sostienen las reivindicaciones sobre sus tierras de ocupación tradicional, en busca de que dicha temática sea considerada en las propuestas finales de la Comisión.
El debate de la Comisión se ha centrado en cinco ejes: Tierras y Territorios, Institucionalidad, Justicia y Reconocimiento, Desarrollo Territorial y Reparación a todas las víctimas. Sin embargo, hasta el momento, no se han podido alcanzar acuerdos por parte de los comisionados en dichas materias. En especial, ha existido una falta de definición respecto al reconocimiento y mecanismos de reparación relativos a las tierras de ocupación tradicional, que representan una parte importantísima de la reivindicación territorial del pueblo Mapuche. Esta situación ha llevado a que la Comisión prorrogara su funcionamiento, primero hasta fines de enero de 2025, y posteriormente hasta fines de abril 2025, en búsqueda de alcanzar los acuerdos necesarios. Estos acuerdos se complejizan dada la composición de Comisión, en la cual se contraponen los intereses de los representantes mapuche que buscan elevar el grado de reconocimiento de derechos a su pueblo, y los intereses de los representantes del mundo productivo y de los agricultores descendientes de colonos radicados en la zona, quienes cuestionan las políticas de restitución de tierras.
Estas circunstancias decantan en un clima de incertidumbre respecto a la posibilidad de avanzar en los acuerdos necesarios que permitan construir la paz social en el sur de Chile, mediante el reconocimiento del derecho y la reparación del pueblo Mapuche ante el proceso de desposeimiento de sus tierras legales y de ocupación tradicional producto del actuar del Estado. Avanzar hacia la construcción de acuerdos estructurales que posibiliten la reconstrucción del equilibrio social y la convivencia pacífica de todos los actores que habitamos el territorio es una oportunidad que no debe perderse. Para tal fin, es necesario que se considere de manera seria y estructural la identificación y resolución de los conflictos relacionados con las tierras de ocupación tradicional mapuche, los estándares del derecho internacional de los Pueblos Indígenas y la participación efectiva de todos los sectores mapuche.
Desafíos de la consulta indígena sobre los Reglamentos de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios
En el marco de la nueva ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)[7] (en adelante, Ley de Biodiversidad), el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) ha iniciado a fines del 2024 un proceso de consulta indígena sobre los Reglamentos de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios,[8] en cumplimiento del Convenio N.º 169 de la OIT y el Decreto Supremo N.º 66, que regula el proceso de consulta en el país. Paradójicamente, un mes después, el Ministerio de Desarrollo Social anunció el inicio de la consulta indígena del Decreto N.º 66.[9] Por lo que ambos procesos de consulta nacionales se llevarían a cabo en paralelo.
Cabe recordar que la Ley de Biodiversidad entró en vigencia en septiembre de 2023, luego de más de 10 años de tramitación en el Congreso. Su texto inicial no hacía referencia alguna a los Pueblos Indígenas, desconociendo sus derechos, sus relaciones con la biodiversidad y los estándares internacionales en la materia. Sin embargo, tras diversas acciones de incidencia de organizaciones indígenas y de la sociedad civil, el MMA realizó una consulta previa a nivel nacional entre 2016 y 2017. Esta consulta se tradujo en la incorporación de importantes disposiciones que establecen derechos y responsabilidades para los Pueblos Indígenas en la gestión de áreas protegidas, asegurando su participación en la toma de decisiones.
Entre ellas, la nueva Ley de Biodiversidad exige consulta indígena antes de crear, modificar o desafectar áreas protegidas (Arts. 65, 66); incorpora la categoría de Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas (Art. 62), entre las que se encuentran los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ley 20.249); contempla la posibilidad de realizar acuerdos de gestión con Pueblos Indígenas en Áreas Protegidas del Estado (Art. 68); incluye la participación en la elaboración y revisión de planes de manejo (Arts. 72 y 74); consulta indígena para el otorgamiento de concesiones (art. 80), entre otras materias relevantes.
Así, si bien la Ley de Biodiversidad presenta avances en el reconocimiento de derechos indígenas, estos todavía enfrentan el desafío de elaborar buenos reglamentos que les permitan un real ejercicio de esos derechos. Los obstáculos que tendrá que sortear el MMA no son menores. Por una parte, deberá evitar que la consulta del DS N.º 66 interfiera con este proceso, para lo cual hay que asegurar una mayor coordinación entre ministerios de la que ha ocurrido hasta ahora. A la vez, después de casi 10 años de realizada la consulta sobre la Ley de Biodiversidad y sin que el ministerio haya tenido una agenda de trabajo sobre estos temas en los territorios, deberá entregar información adecuada y suficiente para retomar un diálogo que no es nuevo, pero muy probablemente con nuevos participantes. Por último, y no menos importante, es necesario dar garantías para que la consulta se realice en un ambiente sin intervencionismos de intereses industriales, que ven la conservación y la protección de la biodiversidad como un freno y amenaza al desarrollo. Esto ya se ha comenzado a observar en las primeras jornadas de consulta en la Región de Magallanes, donde la industria salmonera tiene el antecedente de haber intervenido en las consultas sobre los Planes de Manejo del Parque y Reserva Nacional Kawesqar.[10]
Los intentos de modificación de la Ley de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios y las amenazas a defensores y defensoras del mar
La Ley de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) busca el reconocimiento y protección de sus derechos territoriales de los Pueblos Indígenas sobre el borde costero y el mar. Desde su entrada en vigencia el 2008, se establece como mecanismo la entrega en administración de un espacio marino delimitado a una comunidad o asociación de comunidades que han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio, con el objetivo de preservar sus usos y asegurar la conservación de los bienes naturales comprendidos en él y propender al bienestar de las comunidades.
Desde entonces, esta ley ha sido utilizada por diversos Pueblos Indígenas para la defensa de sus derechos territoriales y la protección de los espacios costeros y marinos, los cuales se ven cada vez más amenazados por modelos de desarrollo exógenos, el extractivismo y la contaminación. En la actualidad, existen más de 100 solicitudes de ECMPO, distribuidas en siete regiones del país, abarcando una superficie de más de 30.000 km2. Sin embargo, con largos períodos de tramitación que exceden los plazos legales, hoy solo cerca del 13 % de estas solicitudes han llegado al final del proceso. Las trabas políticas y administrativas aparecen desde que se comienza a evidenciar el alcance e impacto que esta ley tendría en el reordenamiento y gobernanza de los espacios marinos y costeros en Chile.
En abril de 2023, se presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley ECMPO (Boletín N.º 15.862-21), con el objeto de “perfeccionar su implementación”. Sin embargo, el intento de modificación de dicha ley busca recortar los derechos adquiridos por las comunidades indígenas costeras de Chile, la cual fue impulsada por "sectores vinculados a la explotación indiscriminada de los recursos de mar y avalados por algunos políticos con claros intereses económicos que disfrazan de ‘desarrollo’”.[11]
Recientemente, en diciembre pasado, el Congreso Nacional de Chile aprobó una indicación, en la Ley del Presupuesto que paralizaba la tramitación de nuevos ECMPO por el plazo de un año o rechazaba automáticamente solicitudes en trámite si no se resolvían en seis meses. Ante esta medida, que atentaba contra sus derechos territoriales y se aprobó de manera inconsulta, los Pueblos Originarios del mar se movilizaron de norte a sur para defender la Ley ECMPO. Por su parte, el Ejecutivo, un grupo de parlamentarios y organizaciones indígenas presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la referida indicación. Además, participaron de una audiencia ante el Tribunal Constitucional, donde señalaron las afectaciones a sus derechos. Fruto de ello, en un falló histórico, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la indicación, señalando que se afectaban los derechos ganados de los Pueblos Originarios. El Tribunal estableció que los gobiernos no pueden adoptar decisiones que disminuyan los derechos reconocidos por leyes previas; que se vulneró el derecho a la participación, ya que en su debate no se contó con la participación de los pueblos afectados; y que las normas de presupuesto deben limitarse a cuestiones financieras y no modificar aspectos sustantivos como la protección de los ECMPO, entre otros argumentos.[12]
A pesar de ello, continúa la campaña de desinformación en los territorios marino-costeros contra las solicitudes de ECMPO; así como constantes amedrentamientos y amenazas contra los defensores y defensoras de los espacios costeros. Se desconoce las importantes contribuciones que dichos espacios proveen al desarrollo social, cultural y político de los Pueblos Indígenas y del país en general, como aportes a la conservación de los bienes comunes del país, a la soberanía alimentaria de cientos de comunidades y a la economía familiar, local y comunitaria de los Pueblos Indígenas y de Chile en general.
Minería y Pueblos Indígenas del norte de Chile
La minería del litio en Chile, planificada en los Salares Altoandinos y vigente en el Salar de Atacama, se ha convertido en una política de Estado estratégica, impulsada por la creciente demanda global de la llamada transición energética. Sin embargo, esta explotación ha generado tensiones con los Pueblos Indígenas de la región, incluidos los Lickanantay-Atacameños, Colla, Quechua y Aymara, como al interior de sus organizaciones, debido a los desafíos que enfrentan relacionados con el acceso al agua, la degradación ambiental y la afectación de sus territorios ancestrales.
La actividad minera, tanto metálica como no metálica, consume grandes volúmenes de agua para sus procesos. En el caso de la minería del litio, es el agua misma que contiene altas concentraciones de sales la que se utiliza para obtener este elemento, lo que sumado a las condiciones de aridez en que habitan estas comunidades, acelera y pone en riesgo los ecosistemas (algunos ya cuentan con daños ambientales) y las actividades económicas locales, como la agricultura y la ganadería, fundamentales para estas comunidades.
Actualmente, se encuentran en proceso de consulta indígena los contratos de operación y arrendamiento entre CORFO y CODELCO para la explotación del Salar de Atacama, proyectados para los periodos 2025-2030 y 2031-2060. Estos contratos buscan ampliar la cuota de extracción de litio en la zona, lo que podría intensificar los impactos sobre el pueblo Lickanantay-Atacameño. Paralelamente, el Ministerio de Minería está consultando los denominados Contratos Especiales de Operación de Litio, que afectan a los salares de Ascotán, Maricunga e Infieles, territorios de importancia para los pueblos Quechua y Colla.
A pesar de estos desafíos, el reconocimiento de los derechos indígenas en Chile es limitado y existen reglamentos que norman la aplicación de instrumentos como el Convenio 169 de la OIT en lo que se refiere a la consulta indígena. En las normativas internas, la Constitución no contempla un reconocimiento explícito de estos y los derechos colectivos sobre la tierra se garantizan únicamente por vía interpretativa mediante el derecho de propiedad. Esta situación restringe la capacidad de los Pueblos Originarios para defender sus territorios frente a la expansión de proyectos mineros.
Por su parte, la Estrategia Nacional del Litio declara que busca establecer diálogo y participación con los Pueblos Indígenas en cuyos territorios se desarrollarán las operaciones, además de incluir medidas ambientales, como la Estrategia de Salares Protegidos. Aun cuando se incluye, sobre todo en la consulta indígena relativa al Salar de Atacama, un mecanismo de participación en los beneficios, se echa en falta la incorporación de medidas concretas y específicas que busquen mejorar efectivamente la relación entre el desarrollo económico y los derechos de los Pueblos Indígenas. Entre estas, es imprescindible el ejercicio efectivo del Consentimiento Previo, Libre e Informado, que se materializaría en la participación vinculante de las comunidades en las decisiones sobre proyectos extractivos, así como en mecanismos de compensación por parte del Estado, relativos a las tierras y territorios indígenas que serán sacrificados para esta transición energética.
Finalmente, es fundamental reforzar los marcos regulatorios para que aseguren los derechos los Pueblos Indígenas del norte de Chile que son impactados por la extracción del litio, además de prever mecanismos de compensación ambiental, territorial y social para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, minimizando los impactos sobre estos pueblos.
José Aylwin, Lorena Arce, Valeska Caballero Huaiquifil, Juan Carlos Cayo, Oriana Mora, Hernando Silva y Karina Vargas son integrantes del Observatorio Ciudadano (www.observatorio.cl).
Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.
Notas y referencias
[1] Instituto Nacional de Estadística (2018). Síntesis de resultados Censo 2017. https://www.censo2017.cl/descargas/home/sintesis-de-resultados-censo2017.pdf
[2] Ibidem.
[3] UNICEF. Los jóvenes mapuche en Chile hablan contra la discriminación: https://www.unicef.es/noticia/los-jovenes-mapuche-de-chile-hablan-contra-la-discriminacion#:~:text=
[4] El 13,2 % de los y las jóvenes de Chile se autoidentifican como indígenas. Ver Salud Ciudadana https://www.saludciudadana.com/pueblosoriginarios#:~:text=
[5] Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (17 de diciembre de 2015). INJUV, CONADI y DESUC lanzan libro con estudio que caracteriza a los jóvenes indígenas de Chile. https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/injuv-conadi-y-desuc-lanzan-libro-con-estudio-que-caracteriza-a-los-jovenes-indigenas-de-chile
[6] Muriel Alarcón. “Simón Crisóstomo Loncopán, el líder mapuche que defiende su tierra con mapas”. El País, 2 de enero de 2025. https://elpais.com/america-futura/2025-01-02/simon-crisostomo-loncopan-el-lider-mapuche-que-defiende-su-tierra-con-mapas.html
[7] Ley N.º 21.600. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1195666
[8] Ministerio de Medio Ambiente, Santiago. (9 de septiembre de 2024). Res. Ex. 04259 https://consultaindigena.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2024/09/RES-03.09.2024-INICIA-PROCESO-CONSULTA-INDIGENA.pdf
[9] Ministerio de Desarrollo Social, Santiago. (2 de octubre de 2024). Res. Ex. 349. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1207321&idVersion=2024-10-10
[10] Michelle Carrere. “Comunidades kawésqar denuncian obstrucción de la consulta indígena”. Mongabay, 7 de septiembre de 2024. https://es.mongabay.com/2024/09/comunidades-kawesqar-denuncian-obstruccion-consulta-indigena/
[11] Observatorio Ciudadano. (24 de abril de 2023). Declaración pública ante intento de modificación a la Ley 20.249 – Ley Lafkenche. https://observatorio.cl/declaracion-publica-ante-intento-de-modificacion-a-la-ley-20-249-ley-lafkenche/?fbclid=IwAR17_k5IpxvcgPhq0AYZP3qLtd5QCuNtI1QUKEG81aIs9D9PPT4g7aHSfZw
[12] “Tribunal Constitucional declaró inconstitucional indicación contra Ley Lafkenche”. Radio JGM, 10 de enero de 2025. https://radiojgm.uchile.cl/tribunal-constitucional-declaro-inconstitucional-indicacion-contra-ley-lafkenche/
Etiquetas: Derechos Territoriales, Juventud
