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    Pueblos indígenas en Canadá

El Mundo Indígena 2020: Canadá

Los pueblos indígenas de Canadá se denominan colectivamente “pueblos aborígenes”. La Ley Constitucional de 1982 reconoce tres grupos de pueblos aborígenes: indios, Inuit y mestizos. Según el censo canadiense de 2016, había 1.673.785 pueblos aborígenes en Canadá, que representaban el 4,9% de la población total. 977.230 personas identificadas como personas de las Primeras Naciones. Las Primeras Naciones (definidas como “indios” en la Ley Indígena (R.S.C., 1985., 1985, c. I-5) y en la Ley Constitucional (1982), son naciones y pueblos diversos, que representan más de 600 Primeras Naciones distintas y abarcan más de 60 idiomas.

Los Métis constituyen una nación aborigen distinta, que en 2016 ascenderá a 587.545, muchos de los cuales viven en centros urbanos. Los Inuits representan un pueblo indígena que ha ocupado el Nunangat Inuit en el norte de Canadá, y que ascendía a 65.025 en 2016. Los pueblos indígenas de Canadá están representados por una serie de organizaciones representativas a nivel regional, provincial y nacional. Las organizaciones nacionales representativas de los indígenas incluyen, entre otras, la Asamblea de Primeras Naciones, el Congreso de Pueblos Aborígenes, el Inuit Tapiriit Kanatami, el Consejo Nacional Métis y la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá. La Ley Constitucional de Canadá reconoce y afirma los derechos aborígenes y de los tratados existentes de los pueblos aborígenes. El Tribunal Supremo ha calificado la protección de esos derechos como “un importante valor constitucional subyacente” y “un compromiso nacional”. En 2007, Canadá fue uno de los cuatro estados que votaron en contra de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En 2010, el gobierno canadiense anunció su apoyo a la UNDRIP, y en 2016 Canadá reafirmó su apoyo “sin reservas”. Canadá no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. La Red de Televisión de los Pueblos Aborígenes sirve a los Pueblos Indígenas de Canadá como una red de televisión independiente y una emisora de noticias, emitiendo programas hechos por, para y sobre los pueblos indígenas, con el apoyo del gobierno.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP)

En noviembre de 2019, Columbia Británica (BC) se convirtió en la primera provincia de Canadá en consagrar los derechos humanos de los pueblos indígenas en una ley al aprobar por unanimidad el proyecto de ley 41, la Ley de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas1 (DRIPA). La Ley tiene como objetivo implementar la DNUDPI al establecer un proceso para alinear las leyes de BC con la DNUDPI. La DRIPA de Columbia Británica se elaboró en asociación con organizaciones representativas indígenas provinciales (la Asamblea de Primeras Naciones de Columbia Británica, la Cumbre de Primeras Naciones y la Unión de Jefes Indios de Columbia Británica). La legislación requiere la elaboración conjunta de un plan de acción para lograr la alineación provincial con la DNUDPI a lo largo del tiempo, con mecanismos apropiados de transparencia y rendición de cuentas. Además, la legislación permite que la provincia tenga flexibilidad para celebrar acuerdos con una gama más amplia de gobiernos indígenas. Asimismo, proporciona un marco para la adopción de decisiones entre los gobiernos indígenas y la provincia en esferas de interés común. La ley será de gran alcance y abarcará una serie de esferas normativas, entre ellas: niños y familias, pesca y acuicultura, agricultura y ganadería, silvicultura, evaluación ambiental, minería y más.

A nivel federal, el gobierno canadiense no pudo aprobar el proyecto de ley C-262,2 un proyecto de ley federal de miembros privados que tenía por objeto “garantizar que los préstamos de Canadá estén en armonía” con la DNUDPI. Aunque fue aprobado por la Cámara de los Comunes en mayo de 2018, el proyecto de ley murió en el Senado cuando el Parlamento se levantó para una elección en junio de 2019. Tras la reelección del Primer Ministro Trudeau y el Partido Liberal, el gobierno canadiense se ha comprometido a aplicar la UNDRIP en la legislación federal, con el proyecto de ley C-262 como base, y un objetivo de legislación para 2020.3

Los oleoductos y el desarrollo de la infraestructura de combustibles fósiles

En 2019, la industria de los recursos extractivos y el desarrollo de oleoductos y gasoductos para combustibles fósiles siguen siendo una fuente primordial de conflicto entre los gobiernos y los pueblos indígenas. El 13 de diciembre de 2019, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) publicó una declaración de dos páginas en la que instaba a Canadá a detener inmediatamente la construcción del gasoducto Coastal GasLink Pipeline, la expansión del gasoducto Trans Mountain Pipeline (TMX) y la presa del Sitio C hasta que haya obtenido el consentimiento libre, previo e informado de las Primeras Naciones. El comité señaló su preocupación por la falta de consentimiento libre, previo e informado de los grupos indígenas afectados, junto con el traslado forzoso, el uso desproporcionado de la fuerza, el hostigamiento y la intimidación, y la creciente amenaza de violencia que se está utilizando contra los defensores de las tierras indígenas.

GasLink costero

En la provincia de Columbia Británica hay planes para construir un gasoducto de 670 kilómetros que se espera que transporte gas natural desde el noreste de Columbia Británica hasta la terminal de exportación de GNL de Canadá en Kitimat, en la costa de Columbia Británica. A pesar de haber sido examinado por el proceso de evaluación ambiental de Columbia Británica y de haber obtenido la aprobación y los permisos necesarios de los gobiernos provincial y federal, una gran parte del gasoducto atraviesa el territorio de la Nación Wet’suwet’en, ruta rechazada por la mayoría de los jefes herederos de la Nación, que siguen oponiéndose ferozmente al proyecto y a los posibles impactos en sus tierras y su modo de vida. Esto se complica aún más por el consejo de prohibición de la Ley Indígena, compuesto por cinco personas elegidas, que constituyen la Nación Wet’suwet’en, que ha firmado acuerdos de beneficios tanto con el GasLink de la Costa como con el Gobierno de la Columbia Británica.

Como expresión de sus derechos indígenas y soberanos, los jefes hereditarios de los Wet’suwet’en, miembros y partidarios han reocupado su territorio y establecido una serie de puestos de control y campamentos de curación. Esos puestos de control y campamentos han impedido actualmente a los trabajadores y contratistas de Coastal GasLink acceder al territorio de las Naciones para despejar el derecho de paso permitido para la construcción del gasoducto.4

El pueblo Wet’suwet’en estableció el puesto de control Gidimt’en en diciembre de 2018 para bloquear la construcción del gasoducto de la CGL. En enero de 2019, los oficiales de la Real Policía Montada de Canadá, vestidos con ropas paramilitares y armados con rifles de asalto cargados, irrumpieron en el puesto de control, desmantelaron la puerta y arrestaron a los defensores y partidarios de las tierras indígenas.

En diciembre de 2019 se hizo público un informe de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) de una sesión de estrategia sobre los manifestantes indígenas que se oponían al gasoducto Coastal GasLink.5 En el informe se articula una estrategia de la RCMP para utilizar la “vigilancia letal” contra el puesto de control Wet’suwet’en en una redada militarizada para hacer cumplir un mandamiento judicial provincial provisional contra los manifestantes indígenas como parte del litigio de Coastal Gaslink contra los defensores de las tierras Wet’suwet’en. Los informes revelan que las tácticas y estrategias de la RCMP podrían haber incluido el arresto de niños y ancianos, junto con posibles estrategias de aprehensión de niños.

A 22 kilómetros del puesto de control allanado a principios de 2019 se encuentra el campamento de curación de Unist’ot’ten, establecido en 2009 como reocupación de su territorio tradicional. Los Unist’ot’en, el pueblo de Headwaters, pertenecen al clan Gilseyhu de la nación Wet’suwet’en, y han continuado la reocupación de su tierra dentro de estos campamentos y otros puestos de control. En un juicio próximo y relacionado, los Unist’ot’en y la Oficina de los Wet’suwet’en piden una orden de paro del proyecto Costal GasLink, citando la continua destrucción de su patrimonio cultural como una violación de sus derechos indígenas, tal como se afirma en la Declaración de las Naciones Unidas. El 31 de diciembre de 2019, el Tribunal Supremo de Columbia Británica aprobó la prórroga del mandamiento judicial existente por parte de Coastal Gaslink, concediendo acceso a los trabajadores de Coastal GasLink para que se adentren más en el territorio de Wet’suwet’en, y dando a la RCMP el mandato de hacerlo cumplir.

Las organizaciones indígenas y sus partidarios en toda la provincia han pedido que se reduzca la violencia y que se comprometan a un diálogo no violento a medida que aumente la preocupación por el potencial de violencia.

El 13 de enero de 2020, los Jefes Herederos de los Wet’suwet’en presentaron una solicitud oficial a las Naciones Unidas para que se supervisaran las acciones de la RCMP, el Estado y el GasLink costero en su territorio tradicional no cedido.6

En 1997, los jefes hereditarios Wet’suwet’en y Gitxsan obtuvieron un fallo histórico en el Tribunal Supremo de Canadá cuando los nueve jueces afirmaron la existencia del título aborigen después de la Confederación. Los Wet’suwet’en, como la mayoría de las Primeras Naciones de la provincia de Columbia Británica, no han firmado tratados con la Corona ni han cedido sus respectivos territorios mediante la venta o la pérdida de territorios a causa de la guerra.

Expansión del oleoducto Trans Mountain (TMX)

Junto con el gasoducto Coastal GasLink, el CERD de las Naciones Unidas instó al gobierno canadiense a suspender inmediatamente los trabajos de expansión del TMX, que se extiende desde Alberta a través de BC hasta la costa. A pesar de la aprobación federal, algunos grupos indígenas no han dado su consentimiento libre, previo e informado para el proyecto y siguen luchando contra el proyecto de expansión del TMX en los tribunales de la nación.

En la primavera de 2018 el gobierno federal compró el proyecto TMX a Kinder Morgan. En agosto de 2018, el Tribunal Supremo dictaminó que Canadá no consultó de manera significativa a los pueblos indígenas. Tras este fallo, el gobierno inició otro proceso de consulta en un esfuerzo por abordar las deficiencias identificadas por el tribunal en el proceso anterior. Canadá volvió a aprobar el proyecto en junio de 2019. Las comunidades indígenas han llevado nuevamente al gobierno a los tribunales citando un proceso de consulta inadecuado. En diciembre de 2019, las Naciones Squamish, la Nación Tsleil-waututh, la Banda de Indios de Aguas Frías y un colectivo de bandas Stó:lo impugnaron el renovado proceso de consultas federales citando el uso de informes federales adulterados para apoyar las intenciones del gobierno.7

La oposición de los indígenas al TMX sigue siendo fuerte con la preocupación por las consecuencias medioambientales y la falta de reconocimiento de los títulos y derechos de los indígenas.

La finalización del oleoducto del TMX sigue siendo una prioridad máxima para el gobierno federal recientemente elegido, que comenzó su segundo mandato en octubre de 2019.

El proyecto de ampliación, propiedad de la empresa estatal, duplicaría un oleoducto existente de 1.150 kilómetros que se extiende de Edmonton a Burnaby, BC, con lo que se triplicaría casi la capacidad de los oleoductos existentes para transportar petróleo de Alberta a la costa de la Columbia Británica, y luego a los mercados de Asia por medio de buques cisterna.

Presa del sitio C

El tercer proyecto al que se hace referencia en la declaración del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas en Canadá es la presa del Sitio C, que se está construyendo actualmente en el noreste de Columbia Británica.

La construcción de la presa comenzó en 2015 a pesar de la oposición de los pueblos indígenas afectados. A pesar de los numerosos llamamientos para detener la construcción por parte del CERD de las Naciones Unidas en 2017,8 20189 y ahora 2019, en una carta de junio de 2019 al CERD de las Naciones Unidas, Canadá afirmó que había obtenido el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados.

En una carta del 19 de noviembre de 2019 dirigida a la División de Tratados de Derechos Humanos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Jefe Roland Willson de la Primera Nación de Moberly Occidental afirmó que la Primera Nación de Moberly Occidental nunca dio su consentimiento a la construcción de la presa, ni tampoco muchos otros pueblos indígenas afectados.10

Las Primeras Naciones de Moberly Occidental y la Primera Nación de Prophet River están a la espera de las fechas de los juicios para determinar si la presa infringe injustificadamente sus derechos constitucionalmente protegidos por el tratado, como afirman las naciones en las acciones civiles presentadas en 2018. Afirman que la presa destruirá lugares de importancia cultural, espiritual e histórica, incluidos los lugares de enterramiento, los lugares sagrados y zonas importantes de caza y pesca.

El proyecto inundaría 128 kilómetros de los valles del Río de la Paz y sus afluentes en el corazón del territorio del Tratado 8. Hasta la fecha, ni el Gobierno federal ni los gobiernos provinciales han retirado su apoyo al proyecto.

Niños y familias

Canadá ha introducido una nueva ley de bienestar de los niños indígenas, el proyecto de ley C-92,11 que entró en vigor el 1.º de enero de 2020. La nueva legislación crea normas nacionales sobre la forma en que los organismos provinciales y territoriales de bienestar infantil se ocupan de los niños indígenas aprehendidos. También delimita la jurisdicción de los órganos de gobierno indígenas —Primera Nación, Inuit y Métis— para aprobar leyes que regulen sus propios sistemas de bienestar infantil que sustituirán a las leyes provinciales, territoriales y federales.

Los Pueblos Indígenas han criticado a Canadá por no trabajar en cooperación con las organizaciones indígenas para preparar la implementación de la nueva ley, aunque muchas organizaciones celebraron la aprobación de la ley como resultado de un esfuerzo de colaboración entre los pueblos indígenas y el gobierno canadiense.

El 6 de septiembre de 2019, el Tribunal Canadiense de Derechos Humanos ordenó una compensación federal para los niños y jóvenes de las Primeras Naciones que fueron expulsados de sus hogares por el sistema de bienestar infantil, y los padres y abuelos afectados, incluso en los casos en que se negaron a los niños servicios médicos y de otro tipo esenciales. Este fallo ha sido celebrado por las organizaciones representativas de los indígenas como un importante paso adelante.12 El caso, presentado originalmente en 2007, está siendo impugnado por Canadá para dar tiempo a una revisión judicial destinada a anular la orden de indemnización del Tribunal. Los defensores del bienestar de los niños indígenas han acusado al gobierno canadiense de retrasar injustificadamente la distribución ordenada por el tribunal y de aplicar políticas de bienestar infantil que discriminan activamente a los niños indígenas y a sus familias.13

Lenguas indígenas

Menos de uno de cada cinco pueblos indígenas de Canadá habla con fluidez su idioma tradicional, y muchos de ellos se enfrentan a una amenaza inminente de extinción.

En junio de 2019 el gobierno federal aprobó el proyecto de ley C-91,14 una legislación que respeta las lenguas indígenas. El proyecto de ley garantizará que el gobierno proporcione una financiación sostenible a largo plazo para las lenguas indígenas, establezca una Oficina del Comisionado de Lenguas Indígenas y facilite la colaboración entre los gobiernos federales, provinciales, territoriales e indígenas para apoyar las lenguas indígenas.

El proyecto de ley S-3 y la eliminación de la discriminación basada en el sexo en la Ley Indígena

En 2017 el gobierno federal aprobó el proyecto de ley S-3,15 un proyecto de ley para eliminar la continua discriminación basada en el sexo dentro de   la Ley Indígena. El proyecto de ley ampliaría la elegibilidad de la condición de “indio” reconocida por el gobierno a los descendientes de mujeres que perdieron dicha condición debido a políticas históricas que discriminaron a las mujeres indígenas y a sus descendientes desde 1869.

En enero de 2019, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó una decisión de 18 páginas,16 en la que el Comité pedía al Canadá que eliminara la discriminación y garantizara que todas las mujeres de las Primeras Naciones y sus descendientes recibieran la condición de indígenas en pie de igualdad con los hombres de las Primeras Naciones y sus descendientes.

En agosto de 2019, tras los llamamientos a la acción de la Unión de Jefes Indios de Columbia Británica17 y otras organizaciones indígenas, la Ministra de Relaciones con los Indígenas de la Corona, Carolyn Bennett, puso en práctica las disposiciones finales del proyecto de ley S-3, eliminando el límite de 195118 y ampliando efectivamente la posibilidad de obtener la condición de indígena a posiblemente cientos de miles de personas.

Esta ley pone en marcha el proceso necesario para eliminar la discriminación basada en el sexo que durante décadas despojó a las mujeres indígenas, y a sus descendientes, de su estatus si se casaban con un hombre no indígena, mientras que simultáneamente no se aplicaba a los hombres indígenas que se casaban con mujeres no indígenas.

El despojo de la condición de indígena a las mujeres indígenas y sus descendientes ha negado a estas personas sus derechos, el acceso a su cultura, comunidades, comodidades y servicios.

Emergencia climática

En junio de 2019 el gobierno federal declaró una emergencia climática nacional,19 haciéndose eco de muchas de las mismas declaraciones de los gobiernos provinciales, territoriales, municipales e indígenas. La declaración no compromete al gobierno federal a ninguna acción o gasto presupuestario, salvo volver a comprometer al Canadá a cumplir sus objetivos nacionales en el marco del Acuerdo de París y a apoyar acciones que reduzcan significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Algunas organizaciones indígenas han criticado la declaración federal como palabras vacías de aspiraciones, ya que el gobierno sigue buscando el desarrollo de sus recursos de combustibles fósiles.20

Notas y referencias

  1. Parlamento de BC, “Proyecto de ley 41: Ley de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2019”, sesión legislativa de 2019: 4.ª sesión, 41.º Parlamento. https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/legislation-deba-s tes-proceedings/41st-parliament/4th-session/bills/first-reading/gov41-1
  2. Cámara de los Comunes de Canadá, “Proyecto de ley C-262: Una ley para asegurar que las leyes de Canadá estén en armonía con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. Cámara de los Comunes, primera sesión, cuadragésimo segundo Parlamento, 30 de mayo de https://www.cbc.ca/news/indigenous/trudeau-undrip-bill-1.5383755
  3. Jorge Barrera, “El gobierno de Trudeau avanza en la legislación de la UNDRIP, dice el ministro”, CBC, 4 de diciembre de https://www.cbc.ca/news/indi- genous/trudeau-undrip-bill-1.5383755
  4. Jefes Hereditarios Wet’suwet’en, “No hay acceso sin consentimiento”, Unist’ot’en, 7 de enero de 2020. https://unistoten.camp/wetsuweten-hereditary-chiefs-no-access-without-consent/
  1. Jaskiran Dillon y Will Parrish, “Exclusivo: La policía canadiense se preparó para disparar a los activistas indígenas, según muestran los documentos”, The Guardian, 20 de diciembre de 2019. https://www.theguardian.com/world/2019/ dec/20/canada-indigenous-land-defenders-police-documents
  2. Jennifer, Wickham, “Los jefes hereditarios de los Wet’suwet’en piden la intervención de la ONU”, Unist’ot’en, 13 de enero de http://unistoten.camp/ unintervention/
  3. Chantelle Bellrichard, “Las Primeras Naciones acusan al Canadá de alterar las revisiones internas de los informes de riesgo de derrame marino en Trans Mountain”, CBC, 17 de diciembre de 2019. https://www.cbc.ca/news/indigenous/ trans-mountain-tsleil-waututh-altered-reviews-1.5399396
  4. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales sobre los informes periódicos combinados del 21.º al 23.º de Canadá, UN Doc. CERD/C/CAN/CO/21-23(2017), párr. 20(e).
  5. Noureddine Amir, Presidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (20 de noviembre de 2018), en https://www.scribd.com/docu-b ment/397143510/UBCIC-letter-to-UN-Committee-on-the-Elimination-of-Racial-Discrimination
  6. efe Roland Willson, “Solicitud de informe final sobre la presa del sitio C y el incumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos por parte de Canadá”, The Narwhal, 19 de noviembre de https://www.scribd.com/ document/442312741/2019-11-20-Letter-WMFN-to-CERD-Final-Report-onCanada-s-Human-Rights-Abuses-002
  7. Cámara de los Comunes de Canadá, “Proyecto de ley C-92, Ley relativa a las Primeras Naciones, los niños, los jóvenes y las familias inuit y mestizas”, primera sesión, cuadragésimo segundo Parlamento, 21 de junio de https://www. parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-92/royal-assent
  8. Consejo de Liderazgo de las Primeras Naciones, “El Consejo de Liderazgo de las Primeras Naciones aplaude el histórico fallo del CHRT para la compensación de los niños y familias de las Primeras Naciones que fueron injustamente discriminados en el sistema de bienestar infantil”, UBCIC, 6 de septiembre de https://www.ubcic.bc.ca/first_nations_leadership_council_applauds_land- mark_chrt_ruling_for_compensation
  9. Jorge Barrera, “Ottawa planea resolver la demanda colectiva de bienestar infantil de las Primeras Naciones mientras lucha contra la orden del tribunal”, CBC, 25 de noviembre de 2019. https://www.cbc.ca/news/indigenous/child-wel-c fare-class-action-1.5372281
  1. Cámara de los Comunes de Canadá, “Proyecto de ley C-91, una ley que respeta las lenguas indígenas”, primera sesión, cuadragésimo segundo Parlamento, 5 de febrero de 2019. https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-91/ first-reading
  1. Cámara de los Comunes de Canadá, “Proyecto de ley S-3, Ley de enmienda de la Ley Indígena en respuesta a la decisión del Tribunal Superior de Quebec en Descheneaux c. Canadá”, primera sesión, cuadragésimo segundo Parlamento, 12 de diciembre de 2017.
  1. Comité de Derechos Humanos, Dictamen aprobado por el Comité en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, relativo a la comunicación Nº 2020/2010, UN Doc CCPR/C/124/D/2020/2010.
  1. Unión de Jefes Indios de Columbia Británica, “Comunicado de prensa: La ONU dictamina que la Ley Indígena de Canadá discrimina a las mujeres de las Primeras Naciones ”, UBCIC, 17 de enero de 2019. https://www.ubcic.bc.ca/un_ru-e les_that_canada_s_indian_act_discriminates
  1. Para más información sobre el corte de 1951, véase: Asamblea de las Primeras Naciones, “El corte de 1951 para el registro”, AFN. https://www.afn.ca/wp-con-5 tent/uploads/2020/01/05-19-02-06-AFN-Fact-Sheet-The-1951-Cut-off-final- revised.pdf
  1. Hannah Jackson, “Emergencia climática nacional declarada por la Cámara de los Comunes”, Global News, 17 de junio de 2019. https://globalnews.ca/ news/5401586/canada-national-climate-emergency/
  1. Unión de Jefes Indios de la Columbia Británica, “Canadá aprueba el TMX a pesar de no haber logrado el consentimiento: La Declaración de la emergencia climática suena vacía”, UBCIC, 18 de junio de 2019. https://www.ubcic.bc.ca/ canada_approves_tmx_despite_failing_to_achieve_consent

Matthew Norris es miembro de la Primera Nación de Lac La Ronge en el norte de Saskatchewan, Canadá. Es estudiante de doctorado en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia Británica y está investigando temas relacionados con los marcos internacionales de derechos indígenas. Es el vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Nativos Urbanos de Columbia Británica y antes de matricularse en la escuela fue analista de políticas de la Unión de Jefes Indios de Columbia Británica.

 

Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2020 aquí

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