Jaque a la protección de los pueblos indígenas aislados en Brasil

Escrito en 22 Julio 2021. Publicado en Noticias

POR CONRADO OCTAVIO

Lea el original en Debates Indígenas. 

La Amazonía brasileña es la región con mayor cantidad de pueblos en aislamiento y contacto inicial del mundo. Sus modos de vida y territorios se encuentran presionados y amenazados por la depredación de bosques, la minería, el agronegocio, los proyectos de infraestructura y misioneros extremistas. La situación empeoró con el Gobierno de Jair Bolsonaro y la llegada de la pandemia. La movilización de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil es fundamental para resistir a los retrocesos en la protección de estos pueblos.

En la Amazonía brasileña vive el mayor número de pueblos indígenas aislados y en contacto inicial conocidos en el planeta. La Fundación Nacional del Indio (Funai) da cuenta de la existencia de 114 registros de indígenas en aislamiento voluntario: 28 con presencia confirmada y los restantes en fase de investigación. Además de estos registros, más 20 pueblos indígenas son considerados en contacto inicial por el Estado. Sus distintas estrategias de aislamiento y su selectividad en los intercambios con otros grupos son una respuesta al violento proceso de colonización del continente americano y las profundas transformaciones que sufrieron sus territorios y sus redes de relación.

En la actualidad, sus modos de vida y territorios se encuentran amenazados por la expansión del extractivismo y el agronegocio, los proyectos de infraestructura, el proselitismo religioso, el narcotráfico y el contrabando, y el riesgo de contagio de enfermedades. Durante la presidencia de Jair Bolsonaro, el avance sobre sus tierras ha sido institucionalizado como política de gobierno, poniendo en jaque a la protección y la sobrevivencia de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial.

El proceso de redemocratización y la protección de aislados

Con el retorno de la democracia en la segunda mitad de los años ‘80, distintos sectores de la sociedad civil organizada y de los funcionarios de la FUNAI llevaron a cabo una reorientación de la política pública relacionada a los pueblos aislados. Tras innumerables contactos promovidos por el Estado a lo largo del siglo XX que llevaron al exterminio a diversos pueblos indígenas, se propusieron nuevas bases para institucionalizar su protección. Las directrices fundamentales fueron el respeto a su elección voluntaria por el aislamiento y la protección de sus territorios.

El conjunto de prácticas empleadas hasta entonces para contactar pueblos o grupos en aislamiento fue reorientado hacia acciones encaminadas a su localización, monitoreo y protección territorial, respetando su rechazo a establecer contactos permanentes. Los principales resultados de este proceso fueron notables: el avance en la investigación y la sistematización de la información sobre estos pueblos, la ampliación de las acciones permanentes de protección territorial en la Amazonia brasileña y la regularización de territorios indígenas con presencia confirmada de aislados.

En lo que respecta a las políticas de pos-contacto y la promoción de derechos de los pueblos en contacto inicial, los avances fueron más tímidos. Aún así, la progresiva mejora de estrategias y medidas de planeamiento, prevención y contingencia relacionadas a posibles situaciones de contacto, brotes y epidemias significó transformaciones importantes. En el mismo sentido, fue un cambio positivo la construcción de programas específicos con algunos pueblos, respetando y valorizando sus deseos, territorialidades, modos de vida y procesos de transmisión de conocimiento.

Lamentablemente, estos avances no se dieron de manera uniforme en todas las regiones con presencia de indígenas en aislamiento y en contacto inicial, ni fueron suficientes para revertir las violaciones de derechos.

Placas que indican el límite de la Tierra Indígena Valle del Yavarí, cuyo proceso de reconocimiento y regularización llevó más de 20 años hasta su conclusión en 2002. Foto: Hilton S. Nascimento / CTI

Desafíos y limitaciones de la política de protección del Estado

En relación a los 86 registros que hasta el momento no han sido confirmados, 35 están ubicados fuera de territorios reconocidos como indígenas. Entre estos, por lo menos 17 se encuentran en regiones con altas tasas de deforestación y afectadas por proyectos de infraestructura en los estados de Mato Groso, Maranhão, Pará y Rondonia.

Un estudio realizado por el Instituto Socioambiental en 2019 identificó 56 obras de infraestructura que impactaban en 28 territorios indígenas, 13 unidades de conservación federales, cuatro unidades de conservación de los estados y cinco áreas sin protección, donde están ubicados 67 registros de indígenas aislados (nueve de ellos ya confirmados). El mismo estudio reveló que hasta 2018, cerca de 900.000 hectáreas ubicadas en áreas con presencia de aislados habían sido deforestadas. Además, advirtió que la mitad de los 28 registros confirmados de la presencia de indígenas aislados en Brasil sufría alguna presión ilegal o era afectado por intereses mineros.

Por otro lado, cambios en las dinámicas de ocupación en territorios compartidos entre indígenas aislados y contactados impusieron nuevos desafíos incluso en contextos en que la regulación de la tenencia de la tierra y el monitoreo territorial redujeron las presiones externas. El número creciente de relatos sobre la presencia de aislados cerca de aldeas de indígenas contactados y de avistamientos en diferentes regiones de la Amazonía ya indicaba desde principios de los 2000 el riesgo de contactos y conflictos, y la necesidad de mejorar las políticas de protección.

Entre 2014 y 2019, ocurrieron cinco procesos de contacto: con grupos del pueblo Korubo en el Valle del Yavarí, en 2014, 2015 y 2019; con indígenas Awá en Maranhão, en 2014; y con el Pueblo en Contacto Inicial de la Quebrada Xinane, en Acre, también en 2014. Sumadas a las alertas realizadas por comunidades y organizaciones en los últimos años, estas situaciones han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de Funai, pero también de intensificar y mejorar los mecanismos y espacios de participación indígena en la política pública de protección. No solo que participen con fines informativos o como colaboradores en actividades de campo, sino también en el debate, la formulación, la toma de decisiones y la implementación de las estrategias para la protección de estos pueblos.

El bajo interés institucional y la poca apertura para este diálogo por parte del Estado brasileño contribuyeron a que la protección de los aislados ocupara, hasta hace pocos años, una posición marginal en las conquistas de derechos y de protagonismo de los pueblos indígenas y sus organizaciones en el país. Por otro lado, ese vacío contribuyó a invisibilizar las políticas y estrategias indígenas en relación al aislamiento y el contacto.

En las Tierras Indígenas Mamoadate y Kaxinawá del Río Humaitá, por ejemplo, los Manchineri y Huni Kuin vienen adoptando desde hace años diferentes estrategias en la gestión del territorio compartido con indígenas en aislamiento voluntario: monitoreo de su presencia; acuerdos entre las comunidades para no utilizar las áreas ocupadas por aislados; acciones para sensibilizar a las comunidades aledañas no indígenas; comunicación e intercambio indirecto con aislados. En Maranhão, frente a la intensa presión de los madereros, los Guajajara de las Tierras Indígenas Caru y Araribóia crearon los “Guardiões”, que son grupos dedicados al monitoreo y protección del territorio que comparten con los Awá aislados.

En los últimos años, el diálogo y la cooperación con el Estado por parte de estas y otras iniciativas indígenas y de la sociedad civil tuvieron importantes resultados para la protección y la promoción de los derechos de los indígenas aislados. Ese proceso fue interrumpido con la asunción de Jair Bolsonaro a la presidencia. Los avances logrados en las últimas décadas se encuentran gravemente amenazados bajo la actual coyuntura brasileña, que es la más desfavorable a los derechos indígenas desde la dictadura civil-militar de los años 1960-1980.

Incendios forestales en la Tierra Indígena Araribóia, Maranhão. En los últimos años, las quemas y la deforestación se multiplicaron en la Amazonía brasileña, amenazando la vida y territorio de los pueblos indígenas en aislamiento. Foto: Marizilda Cruppe / Greenpeace.

Resistir al proyecto de muerte y tierra arrasada

Desde que asumió en 2019, el presidente Bolsonaro delegó la gestión de las políticas indigenista, ambiental, de derechos humanos y de tierras a los sectores ruralistas y evangélicos más radicales, lo que significa un claro conflicto de intereses. Por otro lado, innumerables cargos en la administración federal han sido loteados para militares, muchos de ellos sin el conocimiento técnico o la experiencia requeridas para la función.

La actuación del gobierno federal frente al Covid-19 ha sido desastrosa: se produjeron contagios y muertes entre indígenas en contacto inicial y poblaciones aledañas a territorios de pueblos aislados que podrían haber sido evitadas. Actos administrativos del Gobierno Federal y medidas promovidas por legisladores aliados de Bolsonaro en el Congreso (el cuestionado Proyecto de Ley N° 490 es un claro ejemplo) fragilizan los territorios indígenas, favorecen la presencia de misioneros e incentivan a otros invasores.

La Ley 14.021, que dispone medidas de prevención y enfrentamiento del Covid-19 en los territorios indígenas, viola derechos fundamentales al prever la permanencia de misiones religiosas en áreas con presencia confirmada de indígenas aislados y en contacto inicial. Al mismo tiempo, la Instrucción Normativa N°09 de la Funai facilita la ocupación, acaparamiento y venta ilegal de tierras indígenas, incluyendo las ocupadas por aislados, como las Tierras Indígenas Piripkura e Ituna-Itatá.

En poco más de dos años de mandato, las invasiones, los conflictos, la minería ilegal, las quemas y la deforestación en tierras con presencia de indígenas aislados se multiplicaron. La invasión masiva de “garimpeiros” en el territorio Yanomami, la exploración maderera en el territorio Araribóia, el avance de la deforestación y el acaparamiento de tierras en los territorios Piripkura, Ituna-Itatá y Uru-Eu-Wau-Wau son, en este momento, algunas de las situaciones más críticas.

Represión policial a la protesta pacífica de indígenas fuera del Congreso Nacional en junio de 2021, en reclamo por el crecimiento de las invasiones, la minería, las quemas y el desmonte durante el Gobierno de Bolsonaro. Foto: Ya Gavião/APIB

La actuación de organizaciones indígenas y de la sociedad civil ha sido decisiva para hacer frente a esos ataques y retrocesos, tanto en los territorios como por medio de acciones en la justicia o la incidencia política nacional e internacional. Una de esas medidas fue la acción presentada en el Supremo Tribunal Federal por la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (APIB) y seis partidos políticos para que el Gobierno Federal proteja a los indígenas ante la pandemia. La Alegación de Incumplimiento de Precepto Fundamental N° 709 reclamó la creación de barreras sanitarias en territorios con presencia de aislados, la retirada de invasores y el establecimiento de una Sala de Situación para administrar las acciones de combate a la pandemia.

En el estado de Amazonas, una acción civil de la Unión de los Pueblos Indígenas del Valle del Yavarí logró contener el ingreso de misioneros a un territorio donde se encuentra la mayor concentración de indígenas aislados en Brasil. Por su parte, la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña realiza un monitoreo continuo de casos de Covid-19 entre indígenas,, publica informes periódicos y presta apoyo en el combate a la pandemia en los territorios.

Estas y muchas otras iniciativas están haciendo frente a la escalada de violaciones y atrocidades promovidas por la acción u omisión del actual gobierno, que ha puesto en jaque la vida de los pueblos aislados y en contacto inicial. Los pueblos indígenas seguirán resistiendo, como han hecho a lo largo de los últimos siglos. Es necesario que su resistencia sea acompañada por quienes no pactan con el proyecto de muerte y destrucción que desgobierna el país en estos días.

Conrado Octavio es geógrafo, antropólogo e investigador asociado del Centro de Trabalho Indigenista (CTI). Trabaja desde hace más de 16 años en iniciativas destinadas a proteger y promover los derechos de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Etiquetas: Derechos Territoriales, Debates Indígenas