El Mundo Indígena 2026: Botsuana
Botsuana es un país de 2.763.338 habitantes que en 2025 celebró su 59.º año de independencia. Su Gobierno no reconoce a ningún grupo étnico específico como indígena, sino que sostiene que todos los ciudadanos del país tienen esta condición. Sin embargo, el 3,41 % de la población se identifica como perteneciente a un grupo indígena. Entre ellos están los san (conocidos en Botsuana como los basarwa), que suman unos 76.231; los balala (2.842); y los nama (3.571), un pueblo de habla khoekhoe. Los san eran tradicionalmente cazadores-recolectores, pero actualmente la gran mayoría son pequeños agricultores-pastores, trabajadores de puestos ganaderos o personas con economías mixtas. Se calcula que sólo unos 300 san son cazadores-recolectores a tiempo completo, aunque muchos otros se dedican a la caza o la recolección como complemento de otras fuentes de alimentos. Los san pertenecen a un gran número de subgrupos, la mayoría con lenguas propias, como los ju/’hoansi, bugakhwe, khwe-ǁani, ts’ixa, ǂx’ao-ǁ’aen,!xóõ, ǂhoan, ‡khomani, naro, g/ui, g//ana, tsasi, deti, bakhwe, shua, tshwa, cuaa, kua, danisi y /xaise. Los san, los balala y los nama se cuentan entre los pueblos más desfavorecidos de Botsuana, ya que un alto porcentaje vive por debajo del umbral de pobreza.
Botsuana es signatario de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño (UNCRC) y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Además, votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP). Sin embargo, no ha ratificado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No existen leyes específicas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en el país y el concepto de Pueblo Indígena tampoco está incluido en su Constitución. Asimismo, el censo del país no contiene información sobre el origen étnico. Botsuana participó en el 24.º período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, celebrado en Nueva York del 21 de abril al 2 de mayo de 2025.
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí
Introducción
El año 2025 fue significativo en la historia de Botsuana con respecto a los derechos de los Pueblos Indígenas. Ese fue el primer año en que se estableció un Comité Interministerial (IMC), que tuvo como objetivo analizar los asuntos de los san (basarwa, bosquimanos). El gobierno también lanzó programas de radio en varios idiomas indígenas, entre ellos el naro. Asimismo, recibió la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el Dr. Albert Kwokwo Barume. Él informó sobre la situación de los san en más de una docena de comunidades y formuló recomendaciones para la consideración del gobierno. Por diversas razones, que se detallan a continuación, Botsuana enfrentó una grave crisis económica y de salud en 2025. Además, a nivel comunitario se expresaron temores de desplazamiento en varias partes del país. Estos miedos surgieron debido a la expansión de la perforación petrolera y a otras actividades de extracción de recursos.
Efectos de la suspensión de la ayuda exterior de los Estados Unidos
El 30 de enero de 2025, los Estados Unidos suspendieron la asistencia exterior para el desarrollo a todos los países. Esta medida abarcó la ayuda otorgada a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR). Esta cancelación resultó devastadora para Botsuana, un país que recibía entre 50 y 60 millones de dólares (aproximadamente entre 42 y 50 millones de euros) anuales. Gran parte de estos fondos se destinaba a las organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones de la sociedad civil del territorio. Los recursos estadounidenses cubrían cerca de dos tercios de los presupuestos de estas organizaciones. Dichas entidades prestan servicios en las áreas de salud, educación y alivio de la pobreza, entre otras cuestiones, desde distintas sucursales ubicadas en todo el país. Para mediados de febrero, 85 organizaciones que atendían a más de 66.000 personas habían cerrado sus puertas. Como consecuencia, 680 de sus empleados perdieron su trabajo.1 Una de las más grandes era Servicios de Asesoramiento y Pruebas Voluntarias de Tebelopele, una institución que ofrecía servicios relacionados con el VIH a través de docenas de centros en todo el país. Muchos de ellos brindaban atención esencial a los Pueblos Indígenas, como los san.2
El 28 de enero, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, emitió una “exención general para la asistencia humanitaria que salva vidas”. Sin embargo, esta disposición solo se aplicaba para aquellos servicios que no estuvieran relacionados con “programas de ideología de género o de diversidad, equidad e inclusión (DEI)”.3 En el plazo de un mes, Tebelopele solicitó y obtuvo la aprobación para esta exención. Tras ello, anunció la reapertura de casi todos sus centros.4
Incluso después de que las exenciones y otros ajustes entraran en vigor, la contribución de los Estados Unidos a Botsuana durante el año fiscal 2025 fue de 13.300.000 de dólares (aproximadamente, 11.200.000 millones de euros). Esta cifra representó cerca de una cuarta parte del año anterior, que alcanzó los 50.000.000 de dólares (alrededor de 42.300.000 de euros). En marzo, el gobierno estadounidense disolvió la propia USAID. Sus funciones restantes se transfirieron al Departamento de Estado de los Estados Unidos.5
Establecimiento de un Comité Interministerial para escuchar a los basarwa
En febrero, el presidente Duma Boko y el ministro de Justicia y Servicios Penitenciarios, Nelson Ramaotwana, debatieron la creación de un nuevo Comité Interministerial. Este órgano tendría el mandato de “analizar de manera exhaustiva la situación de los basarwa en Botsuana, así como de las comunidades ubicadas en la Reserva de Caza del Kalahari Central (CKGR), y proponer soluciones sostenibles que respeten los derechos, la cultura y la dignidad de los basarwa”.
El 14 de marzo, Ramaotwana describió el plan ante el Parlamento de Botsuana: “El núcleo del mandato es una revisión de la Política Nacional de Asentamientos de 1986”. Esta directriz había sido controvertida debido a que implicaba el traslado de algunos asentamientos de Desarrollo de Áreas Remotas (RAD) hacia nuevas zonas para “permitir una mejor prestación de servicios”.6
El Comité estuvo presidido por Naledi Moroka, secretaría permanente del Ministerio de Justicia y Servicios Penitenciarios. Este órgano contó con la participación de los secretarios permanentes de los ministerios de Gobierno Local y Asuntos Tradicionales, Justicia y Servicios Penitenciarios, Medio Ambiente y Turismo, y Tierras y Agricultura, entre otros.7
El 7 de abril se celebró una reunión durante un encuentro kgotla (público) en la ciudad de Bere, en el distrito de Ghanzi. El secretario permanente del Ministerio de Tierras y Agricultura, Kabelo Ebineng, dirigió la sesión. Ebineng expuso los motivos de la convocatoria y animó a los basarwa presentes a expresar sus opiniones.
El kgosi David Resetswana, un líder comunitario, afirmó que se debería hacer más para integrar a los basarwa en los debates sobre el desarrollo nacional, ya que “(…) sentían que habían sido olvidados y marginados”. Además, señaló que los basarwa de Bere no vivían cerca del centro de la ciudad. Por tanto, necesitaban infraestructura vial, electricidad y una mejor red de telecomunicaciones. Finalmente, añadió que Bere había desarrollado un centro de artesanía financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.8
Al día siguiente se celebró una segunda reunión del comité en New Xade. Allí habían sido reubicados en 1997 los san que solían vivir en la CKGR. El kgosi Lobatse Beslag, de origen san, afirmó que el traslado a New Xade resultó difícil. Esto se debió a que no se habían tenido en cuenta sus derechos. La comunidad expresó su añoranza por el modo de vida que habían disfrutado mientras residían en la reserva de caza. Por tanto, suplicaron al Gobierno que se les permitiera regresar. Declararon que, si se les autorizaba el retorno, permanecerían en cualquier zona que el gobierno designara. Además, plantearon que su nuevo asentamiento podría abastecerse de agua desde Gope. Aseguraron que aplicarían sus conocimientos sobre los recursos naturales que abundaban en el parque y ayudarían a preservarlos.
Por su parte, Jumanda Gakelebone, miembro san del Consejo del Distrito de Ghanzi, expresó su gratitud al equipo ministerial. Añadió que el encuentro había brindado esperanza a la comunidad e instó al Comité a trabajar para lograr una enmienda constitucional que ayude a alinear las políticas con los derechos humanos. También sugirió con firmeza que el Comité debe colaborar de manera estrecha con las organizaciones civiles que promueven los derechos de los basarwa. Se trata de una medida que, al momento de redactar este artículo, aún no se había implementado.
El secretario permanente del Ministerio de Medio Ambiente y Turismo, Boatametse Modukanele, quien organizó la reunión, animó a la comunidad a presentar sus opiniones por escrito al Comité.9
En junio, los miembros del Comité Interministerial escucharon un informe sobre las comunidades san del distrito Noroeste, que fue presentado por Oritjiua Setekia, oficial principal de desarrollo de la región. Algunos de sus hallazgos detallados sobre las comunidades —entre ellas Mababe, Khwai, Solemo y Phuduhudu— fueron los siguientes: la población san en estas zonas había crecido de forma considerable entre los censos de población de
2011 y 2022. Asimismo, el Gobierno debe considerar los aspectos espirituales de este grupo minoritario. La mayoría de los san de estas áreas habían sido desplazados de sus territorios originarios, tales como Savuti, la Reserva de Caza de Moremi y la región de Khoemacau. Por ello, deseaban poder visitar sus lugares de nacimiento “para revivir las conexiones con sus ancestros” y conectar con “el espíritu de sus antepasados”. También se opusieron a la planificación del desarrollo local del gobierno, la cual se centra solo en las áreas urbanas y excluye a sus pequeñas comunidades rurales.10
El presidente declara la emergencia sanitaria
Para agosto, Botsuana se estaba quedando sin suministros médicos. Por ello, el presidente Duma Boko declaró una “emergencia sanitaria”. Esta situación respondió a una economía en declive. Dicho deterioro fue impulsado por la contracción del mercado de diamantes y los recortes de USAID mencionados con anterioridad.
El 4 de agosto, el Ministerio de Salud suspendió las cirugías no urgentes. Además, declaró que el país se había quedado sin medicamentos para tratar la hipertensión, la diabetes, el cáncer y la mayoría de las demás enfermedades. Estas carencias abarcaron los fármacos necesarios para la prevención y la atención del VIH.11
La crisis de salud afectó a todo el país. Sin embargo, los san, que a menudo son marginados y viven en zonas remotas, sufrieron un impacto desproporcionado. Esto ocurrió debido a los desafíos preexistentes para acceder a la atención médica y a los servicios gubernamentales.
En D’Kar, en el distrito de Ghanzi, los san constituyen la mayor parte de la población de 2.500 habitantes. De ellos, 450 son menores de cinco años. Más del 80 % de estos niños pequeños padecen desnutrición. Las mujeres embarazadas también sufren esta carencia alimentaria y la transmiten a sus bebés. A su vez, las personas desnutridas son más vulnerables a contraer otras enfermedades, como la tuberculosis que ha ido en aumento en D’Kar.12
Visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas
Grupos de promoción y defensa presentaron quejas persistentes sobre violaciones a los derechos humanos de los san (basarwa). Ante esto, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas anunció que enviaría a Botsuana al Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas,13 el Dr. Albert K. Barume. El Dr. Barume pasó los primeros 12 días de septiembre en el país. Primero, se reunió con el presidente Boko y lo felicitó por iniciar un “profundo cambio de política en el enfoque hacia los Pueblos Indígenas” y por instituir el Comité Interministerial. Luego, visitó varias comunidades para reunirse con los Pueblos Indígenas y sus representantes. Estas zonas abarcaron Gaborone, el distrito de Lokgwae Nama, Zutshwa, Ghanzi, Grootlagte, D’Kar, Shaikarwe, Tsodilo, Molapo, la Reserva de Caza del Kalahari Central (CKGR), Maun y Nata.
En su “Declaración de fin de misión”,14 el Dr. Barume formuló las siguientes recomendaciones y observaciones (las citas de los participantes aparecen en cursiva).
Reconocimiento legal: En la actualidad, existe una ausencia total de “reconocimiento legal y constitucional de las comunidades que se autoidentifican como Pueblos Indígenas”. Esto se debe a que la sección de la Constitución que les ofrecía protección fue eliminada en 2005. Las personas que visitó afirmaron que su principal prioridad era el restablecimiento del reconocimiento constitucional y de las reformas relacionadas. “Es como si no perteneciéramos a este país y, sin embargo, fuimos los primeros habitantes”.
Derecho a la tierra: Se deben realizar cambios en las leyes y los procedimientos para permitir que los san ejerzan autoridad sobre sus tierras y recursos. En particular, el gobierno debería revertir el plan de asentamientos que ha obligado a las personas a abandonar su territorio tradicional. Se les debería permitir regresar a sus lugares de origen. “La reubicación nos destruye, acaba con nuestro sentido de comunidad, socava nuestro sentido de la cultura (…) nos sentimos desconectados, desesperanzados y perdidos”.
Representación: Las comunidades san expresaron una frustración constante por su falta de representación en todos los niveles gubernamentales. Los líderes tribales tswana administran el derecho consuetudinario en muchas de sus poblaciones. Sin embargo, los san no están representados en la Cámara de Jefes, donde sus idiomas por lo general no se comprenden. Cultura e idioma: La mayoría de las comunidades se preocupan por el futuro de sus lenguas, ya que los hablantes fluidos suelen ser personas mayores. Los san poseen una cultura sólida. Esta abarca habilidades de caza y rastreo, danza y arte, las cuales podrían proporcionarles beneficios económicos.
Derecho a la educación: Muchas de las comunidades indígenas, si no la mayoría, son demasiado pequeñas para contar con escuelas presenciales, ya sean primarias o secundarias. A estas poblaciones se les dice que “no alcanzan los números” para reunir los requisitos de acceso a centros educativos o, incluso, a otros servicios gubernamentales. Esto se debe al “sistema de desarrollo basado en la población” vigente en Botsuana. Por fortuna, el Ministerio de Bienestar Infantil y Educación Básica es consciente de que los niños indígenas necesitan un modelo educativo diferente. Este enfoque podría contemplar la creación de escuelas satélite o móviles, así como la traducción de los materiales didácticos a las lenguas indígenas. Aunque la política lingüística del gobierno contempla el uso de la enseñanza en la “lengua materna”, hay pocos profesores indígenas. El gobierno debería considerar la contratación de residentes que conozcan los idiomas. Estas personas podrían emplearse como auxiliares de docencia.
Cuando los niños alcanzan la edad para asistir a la escuela secundaria, la situación es en verdad grave. Los estudiantes san son trasladados a hostales. Estos recintos se ubican cerca de las escuelas, pero por lo general se encuentran lejos de sus hogares. Las residencias son conocidas por el acoso escolar, los robos y la escasez de alimentos adecuados. Por ello, los menores escapan de estos lugares con frecuencia. Los niños, en especial las niñas, sufren abusos por parte de hombres en los alrededores de estos hostales. Una joven san relató: “Entonces, las niñas son frecuentadas por hombres que les dan dinero y drogas. Como consecuencia, las chicas quedan embarazadas”. Las alumnas abandonan sus estudios y muchas contraen el VIH. El gobierno debe revisar este sistema de residencias escolares con el propósito de garantizar que los niños y niñas san puedan recibir una educación de calidad al mismo tiempo que conservan su dignidad, salud y seguridad.
Igualdad de acceso a los servicios públicos: “Parece que todas las políticas y los programas de desarrollo del gobierno se diseñaron mientras dormíamos. Al despertar, todo estaba pensado para excluirnos. Si pedimos ayuda, nos entregan documentos. Sin embargo, esto resulta muy difícil porque no sabemos leer ni escribir. Hemos perdido la esperanza por completo”.
El Programa de Desarrollo de Áreas Remotas (RADP) se introdujo en 1978. Su objetivo era reducir la desigualdad entre los habitantes de asentamientos remotos y los de zonas más urbanas. El problema radicó en que la iniciativa no tuvo en cuenta las características específicas de cada grupo, tales como el tamaño de la población, el origen étnico y la cultura. Algunas poblaciones no tienen ningún derecho reconocido sobre sus tierras y recursos. Esta situación imposibilita la planificación del desarrollo. Existe la esperanza de que el próximo 12.º Plan Nacional de Desarrollo (NDP 12) refleje una imagen más realista de la variedad de comunidades del país.
La mayoría de las comunidades san informaron que padecían pobreza crónica. Sus oportunidades de empleo son casi inexistentes. Por ello, dependen de los servicios del gobierno para obtener alimentos, agua, atención médica, electricidad, transporte y todas las demás necesidades básicas. Las personas mayores son en especial vulnerables. En muchas ocasiones, deben viajar durante horas en camiones para recibir asistencia sanitaria o cobrar sus pensiones.
El Dr. Barume recomienda la provisión de clínicas móviles y la capacitación de profesionales de la salud con dominio de las lenguas indígenas. Sin embargo, no menciona el probable impacto de la cancelación de USAID. La agencia estadounidense habría financiado este tipo de servicios.
La necesidad de datos desglosados: Para comprender a las poblaciones, identificar sus necesidades y monitorear los resultados de los programas y los cambios que el gobierno evalúa, se debe revisar la recopilación de datos demográficos. El objetivo es incorporar la identidad tribal y étnica. En la actualidad, resulta difícil calcular la magnitud de los problemas en los sistemas de educación o de salud en lo que respecta a los san, así como a otros grupos.
Cooperación regional e internacional: Reparar las injusticias históricas contra los Pueblos Indígenas requerirá un esfuerzo y recursos considerables. El Dr. Barume hace un llamado a los “gobiernos con ideas afines, donantes y organizaciones de la sociedad civil, tanto de la región como a escala mundial, para que ayuden al Gobierno y a los Pueblos Indígenas de Botsuana en su camino, lo que abarca la provisión de asistencia técnica, lecciones aprendidas y buenas prácticas, esfuerzos para el desarrollo de capacidades y otros recursos que puedan ser necesarios”.
Cuestiones relacionadas con los recursos naturales
En 2025 se promulgó una nueva Ley de Gestión de Recursos Naturales de Base Comunitaria.15 A su vez, hubo llamados para renovar el sistema de cuotas de caza del país debido a lo que podría describirse como una “crisis de caza furtiva” vinculada a los elefantes.16 Numerosas comunidades de los Pueblos Indígenas y otras poblaciones en Botsuana dependen de los ingresos y beneficios que provienen de asociaciones conjuntas con compañías de safaris. Varias comunidades, entre ellas las de las colinas de Tsodilo, expresaron temores. Denunciaron que se les ordenaba reubicarse debido a las actividades de prospección petrolera llevadas a cabo por la empresa ReconAfrica.
Robert Hitchcock es profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Contacto: rkhitchcock@gmail. com
Judith Frost es editora e investigadora radicada en Nueva York. Ha estado involucrada en asuntos de los Pueblos Indígenas durante muchos años. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Melinda Kelly trabaja con Kalahari Peoples Fund (KPF), una organización no gubernamental sin fines de lucro con sede en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Maria Sapignoli es profesora asociada del Departamento de Filosofía de la Universidad de Milán, Italia. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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Notas y referencias
- Phiri, Bhekinkosi. “US aid suspension forces 85 centres to close” (La suspensión de la ayuda estadounidense obliga a cerrar 85 centros). Ngami Times, 7 de febrero de 2025.
- “Gov’t confirms Tebelopele nationwide shutdown” (El Gobierno confirma el cierre nacional de Tebelopele). Mmegi, 6 de febrero de 2025.
- Kates, Jennifer, y otros. “US foreign aid freeze and dissolution of USAID: timeline of events” (Congelación de la ayuda exterior de los Estados Unidos y disolución de USAID: cronología de los acontecimientos). KFF (Kaiser Family Foundation), 24 de octubre de 2025.
- The People’s Daily News Online. “Tebelepole resumes services” (Tebelepole reanuda sus servicios). Facebook, 10 de marzo de 2025.
- Ibíd. KFF, 24 de octubre de 2025.
- Tlhankane, Spira. “Gov’t to comprehensively examine Basarwa situation” (El gobierno examinará de manera exhaustiva la situación de los basarwa). Mmegi, 14 de marzo de 2025.
- Ministerio de Gobierno Local y Asuntos Tradicionales. “Basarwa community voice concerns over systemic marginalization and neglect in key areas during consultations” (La comunidad basarwa expresa su preocupación por la marginación sistémica y el abandono en áreas clave durante las consultas). Botswana Post – Facebook, 6 de junio de 2025.
- “Committee starts Basarwa consultations” (El comité inicia las consultas con los basarwa). African Press, 10 de abril de 2025.
- “Basarwa seek relocation to CKGR” (Los basarwa buscan reubicarse en la CKGR). Daily News, 9 de abril de 2025.
- Kgamanyane, Joseph. “How to alleviate struggle of Basarwa in North West!” (¡Cómo aliviar la lucha de los basarwa en el Noroeste!). The Ngami Times, 16 de junio de 2025.
- Savage, Rachel. “Botswana’s president declares health emergency over supply shortages” (El presidente de Botsuana declara la emergencia sanitaria por escasez de suministros). The Guardian, 26 de agosto de 2025.
- Kgamanyane, Nnasaretha. “Saving the malnourished souls of D’Kar” (Salvar a las almas desnutridas de D’Kar). Mmegi, 22 de agosto de 2025. “Poverty and disease in D’kar: a teen’s story” (Pobreza y enfermedad en D’Kar: la historia de un adolescente). Mmegi, 12 de septiembre de 2025.
- “UN to probe Botswana on Basarwa rights” (La ONU investigará a Botsuana sobre los derechos de los basarwa). Sunday Standard, 5 de septiembre de 2025.
- Todo el texto de esta sección se extrae del “End of Mission Statement: United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Dr. Albert K. Barume, Official Country Visit to Botswana 1-12 September 2025” (Declaración de fin de misión: Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Dr. Albert K. Barume, visita oficial al país a Botsuana del 1 al 12 de septiembre de 2025) del Dr. Barume, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
- Ministerio de Medio Ambiente y Turismo. Ley de Gestión de Recursos Naturales de Base Comunitaria de Botsuana. Gaborone: Imprenta del Gobierno, 2025.
- Schlosberg, Scott and Michael Chase. “Scientific Review of Botswana’s Elephant Hunting Programme” (Revisión científica del programa de caza de elefantes de Botsuana). Kasane: Elephants Without Borders; Daily News, 25 de noviembre de 2025.
Etiquetas: Global governance, Derechos Humanos
