Aprendizajes y lecciones del incumplimiento del acuerdo de paz en Bangladesh

Escrito en 20 Octubre 2021. Publicado en Noticias

POR RAJÁ DEVASISH ROY

A casi 24 años de la firma del Acuerdo de Chittagong Hill Tracts, su falta de implementación ha alcanzado niveles alarmantes y las violaciones a los derechos humanos continúan vigentes. Al continuo despliegue de fuerzas militares y paramilitares, se suma la usurpación de territorios indígenas. Las comunidades no encuentran espacios para reclamar los incumplimientos porque el acuerdo no tiene un estatus de tratado internacional.

Lea el original en Debates Indígenas. 

Foto: Devasish Roy

Ubicadas al sureste de Bangladesh, las colinas de Chittagong Hill Tracts son el hogar de 11 pueblos indígenas conocidos como Jumma. Entre 1976 y 1997, la región fue azotada por un conflicto armado entre el Gobierno y el partido político indígena Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (JSS). El enfrentamiento se inició cuando el Estado violó la autonomía y el partido respondió con una guerra de guerrillas aprovechando la geografía del lugar. La violencia provocó que alrededor de 70.000 indígenas se refugiaran fuera del país, mientras que otras 350.000 personas fueron desplazadas internamente por la fuerza.

El tratado de paz que dio fin al conflicto es conocido como el Acuerdo de Chittagong Hill Tracts y estipula la desmilitarización, la restitución de tierras y el traspaso de competencias al autogobierno regional. Sin embargo, su implementación ha sido ineficaz y llama la atención la ausencia de un garante durante la negociación. Mientras la violación de derechos humanos continúa, los militares siguen presentes en la región e intervienen en asuntos civiles, la solución de conflictos territorales no avanza, el traspaso de poderes es insuficiente y las políticas para ayudar a los desplazados internos no se implementan.

Sin la intermediación de garantes, sin implementación

Tras la celebración del acuerdo el 2 de diciembre de 1997, inmediatamente 2.000 guerrilleros indígenas entregaron sus armas. La propaganda de la tregua a través de los medios de comunicación convirtió el evento en un espectáculo. Al poco tiempo, la Unesco le otorgó un premio a la Primera Ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, por la resolución del conflicto. No obstante, la falta de implementación ha alcanzado niveles alarmantes.

La ausencia de un garante visible durante la negociación y la planificación de “fases de implementación” resultan una falla grave. Por otro lado, se convocó a individuos que actuaron como mediadores, en especial para organizar la seguridad y la logística. Cabe señalar que varios de estos individuos fuimos invitados de manera secreta para dar nuestra opinión sobre el borrador del acuerdo. En algunos casos, se nos pedía que la respuesta llegara en un plazo de solo dos o tres horas.

En los hechos, el Acuerdo de Chittagong Hill Tracts es un excelente ejemplo de cómo una implementación puede salir mal: las dos partes del acuerdo conforman un Comité de Implementación que, integrado por solo tres miembros, no parece poseer ni la autoridad ni la legitimidad suficientes. La sucesión de errores convirtió al documento en un “acuerdo discordante”. Es exasperante ser testigos de cómo el gobierno de Bangladesh y el JJS compiten frente a los medios sobre la narrativa de la implementación del acuerdo.

 

Un grupo de jummas huye en medio de un ataque. La violencia provocó que alrededor de 70.000 indígenas se refugiaran fuera del país. Foto: Survival International

 

Falta de atención humanitaria y posconflicto

Mientras la mayoría de los refugiados extranjeros asilados en Bangladesh viven rápidos procesos de rehabilitación físicos y psicológicos, la atención a los indígenas internos desplazados es insuficiente: ni un solo individuo de las casi 83.000 familias ha retornado a su hogar. Una hipótesis radica en la existencia de contraprestaciones internacionales para recibir a los refugiados. De hecho, el pacto político con el JSS fue precedido por un acuerdo con los refugiados, algo que no se repitió con los desplazados. Para colmo, el espacio de trabajo para la atención humanitaria de ambos grupos funciona como mero asesor del gobierno.

Por otra parte, el cese de las hostilidades armadas ha traído como consecuencia el surgimiento de rivalidades intracomunitarias incentivadas por las fuerzas de seguridad del gobierno. Antes de la tregua, el conflicto era bastante sencillo: por un lado, existían conflictos armados entre el gobierno y las guerrillas indígenas; y, por el otro lado, había conflictos políticos y territoriales entre los colonos bengalíes pro-gobierno y el pueblo Jumma. Luego del acuerdo, las relaciones de fuerza se han inclinado hacia los colonos debido al soporte brindado por el ejército.

 

De modo contrario, no hay protección alguna para los pueblos indígenas ya que las guerrillas han entregado las armas y regresado a la vida cotidiana. Paralelamente, disminuye el porcentaje de indígenas con un cargo electivo y no se ha resuelto ninguna de las más de 20.000 disputas registradas sobre la propiedad de la tierra. A pesar de la creación de una Comisión de Tierras para restituir los territorios expropiados, los desalojos forzados continúan siendo la norma. En parte, debido a la falta de asignación de recursos para la comisión, cuyo reglamento sigue siendo un borrador que no recibe atención.

Finalmente, antes del acuerdo, solo existía un partido político regional: el JSS. Tras la negociación, la oposición se fragmentó y se sumaron cuatro partidos. Los dos más grandes, el JSS y el United People's Democratic Front (UPDF), entablaron una alianza. Ambos partidos están en conflicto con los otros tres, que cuentan con el apoyo de las fuerzas de seguridad, portan armas ilegales, extorsionan locales comerciales y acosan a los indígenas. Quizás por esta disputa, los simpatizantes del JSS y el UPDF son perseguidos y acusados falsamente de cometer crímenes.

 

Tras la firma del acuerdo, 2.000 guerrilleros indígenas entregaron sus armas. Lo que en 1997 fue un gesto de compromiso con la paz, hoy les impide defenderse del ejército. Foto: Daily Sun

 

Usurpación de tierras, corrupción de líderes y falta de justicia

Pese a que la Comisión del Acuerdo de Chittagong Hill Tracts ha existido desde 1990 y ha realizado su mejor esfuerzo, la situación empeora y la gente sigue sufriendo. Antes, la ocupación de tierras se restringía a las áreas urbanas y periurbanas. Ahora que no hay una “guerra”, los colonos apoyados por el gobierno ocupan tierras indígenas con más facilidad, mientras que las fuerzas de seguridad se apropian de territorios para el turismo y la construcción de carreteras. Asimismo, la corrupción saltó de los grandes centros urbanos a las áreas rurales: los políticos vulgares y codiciosos, incluso autoridades indígenas, explotan a agricultores marginales y pequeños comerciantes.

Si bien los activistas indígenas participaron de varias instancias de las Naciones Unidas (como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o el Consejo de Derechos Humanos), no observaron mejoras en su cotidianeidad. Recientemente un grupo de militares volvió a ocupar tierras y, pese a que tres relatores especiales de Naciones Unidas enviaron mensajes al Gobierno de Bangladesh para que revirtiera la situación, la usurpación sigue en pie.

 

Con el fin de obtener mejoras para sus comunidades, algunas autoridades indígenas han cambiado de estrategia y se han unido a partidos políticos nacionales, incluidos el partido del gobierno y las principales coaliciones de Bangladesh. Sin embargo, lejos de mejorar la situación de los pueblos indígenas, la única consecuencia ha sido la acumulación de poder y dinero en manos de un puñado de autoridades. Por supuesto que esto no beneficia al interés colectivo.

Ocasionalmente, los indígenas se dirigen a los tribunales en busca de justicia. Pero tampoco da demasiados frutos. Los jueces no son independientes de los políticos y las fuerzas de seguridad. Quienes desafiaron al gobierno sufrieron desde renuncias forzadas hasta el exilio en el extranjero. Por su parte, los defensores de derechos humanos son asesinados, sufren prisiones arbitrarias y son víctimas de tortura. Como si esto fuera poco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pasó de ser un firme aliado de los indígenas a estar compuesta por burócratas cobardes que no se atreven a alzar la voz contra las violaciones de derechos.

 

 

“Stop genocide of chakma buddhist in Bangladesh”. Un grupo de monjes budistas de Chittagong Hill Tracts se manifiesta por la implementación del acuerdo de 1997. Foto: Subcontinental Wind

 

Lecciones y aprendizajes de la experiencia de Bangladesh

Frente a la falta de soluciones, ¿a dónde deberían dirigirse los pueblos indígenas para reclamar el cumpliemiento del Acuerdo de Chittagong Hill Tracts? Desafortunadamente, no hay una respuesta clara a esta pregunta. El problema de implementar los instrumentos de las Naciones Unidas conocidos como Tratados, Acuerdos y Otros Arreglos Constructivos es que no tienen el estatus de tratados internacionales. En estos casos, ni los tribunales nacionales ni la Corte Internacional de Justicia son competentes.

En una conferencia organizada por Kreddha, una ONG especializada en la resolución sustentable de conflictos, un grupo internacional de abogados llegó a la conclusión de que no existe un órgano internacional competente que brinde respuestas al incumplimiento de los acuerdos. Así lo señala la organización en el prefacio de “Implementing negotiated agreements: the real challenge to intrastate peace”: “[debe] crearse un clima internacional en donde se espere y se requiera que los gobiernos de los Estados y los actores no estatales implementen los acuerdos de manera completa de la misma forma en que se requiere que cumplan con los tratados internacionales y otros compromisos exigibles y legalmente vinculantes”.

 

A casi 24 años de la firma del acuerdo, es necesario revisar el proceso completo para desarrollar un aprendizaje hacia el futuro. Tanto para Chittagong Hill Tracts como para conflictos similares. De cara al futuro, la experiencia debe servir para solucionar los problemas de tierras de los pueblos indígenas y el cumplimiento de sus derechos. Por lo pronto, existen lecciones que la comunidad internacional puede ir tomando del caso de Bangladesh.

1. Negociar e implementar simultáneamente: los grupos que negocian con el Estado no deben celebrar acuerdos cuyo cumplimiento dependa exclusivamente del poder ejecutivo. Se debe fragmentar el proceso de negociación e implementación, con avances graduales y nuevas instancias de deliberación, a medida que se vayan cumpliendo los acuerdos parciales.

2. Acordar mecanismos de arbitraje con poder de decisión: las cláusulas de arbitraje de los acuerdos deben ser minuciosamente redactadas para asegurar que la participación de garantes independientes tengan la fuerza necesaria para exigir el cumplimiento por parte del Estado.

3. Incluir mecanismos de implementación en cláusulas constitucionales o tratados interestatales: las experiencias de Tirol del Sur (Italia) y de Mizoram (India) demuestran que la inclusión de los puntos acordados en un tratado interestatal o la Constitución nacional actúa como un mecanismos de protección que facilita su cumplimiento.

Rajá Devasish Roy es Rajá del Círculo Chakma, el mayor grupo étnico de la zona. Ha estado involucrado en el Acuerdo de Chittagong Hill Tracts y fue miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. Ha escrito diversos artículos relatando su experiencia y es autor de Land Rights of the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.

 

Etiquetas: Derechos Territoriales, Debates Indígenas