Mundo Indígena 2019: Bangladesh

Escrito en 24 Abril 2019. Publicado en Bangladesh

Bangladesh es un país de gran diversidad cultural y étnica, con más de 54 pueblos indígenas y al menos 35 lenguas diferentes, junto a la mayoría de la población bengalí. De acuerdo al censo de 2011, la población indígena del país se cifra en 1,586,141 personas¹, lo que representa el 1.8% del total nacional.

No obstante, los pueblos indígenas de esta nación afirman que su población alcanza los 5 millones². La mayoría de la población indígena vive en los distritos llanos del país³, mientras que el resto reside en Chittagong Hill Tracts (CHT). El Gobierno de Bangladesh no reconoce a los pueblos indígenas como “indígenas”. No obstante, desde la 15.^a enmienda de la constitución adoptada en 2011 se menciona a las personas con identidad étnica diferente de la población bengalí mayoritaria.⁴ Sin embargo, solo se citan aspectos culturales, mientras que permanecen ignoradas cuestiones relacionadas con los derechos económicos y políticos de los pueblos indígenas y sus no menos importantes derechos a la tierra. El Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts de 1997 partió de un constructivo consenso entre los pueblos indígenas y el gobierno de Bangladesh. Estableció un sistema administrativo especial en la región. Pero después de 22 años, siguen sin ser atendidos los temas más importantes del Acuerdo, entre otros, la funcionalidad de la Comisión de Tierras de CHT, la organización de la devolución de poderes y funciones a las instituciones de CHT, la conservación de las características del área tribal de esta región, la desmilitarización y la rehabilitación de desplazados internos.

Se eliminaron las cuotas de contratación en servicios públicos

El 4 de octubre de 2018 el gobierno, mediante notificación por la gaceta, abolió la reserva que guardaba contra las poblaciones indígenas, así como otras categorías de cuotas para los servicios de primera y segunda clase del gobierno. Esta decisión se adoptó en respuesta a una serie de protestas por todo el país, en las que el “Quota Reform Movement” [Movimiento de Reforma de Cuotas] (QRM) exigió reformas a las políticas relativas a las prácticas de contratación en los servicios del gobierno. El mandato del QRM era reformar el sistema existente de contratación en servicios públicos que reservaba el 56 % de empleos a nivel de principiantes para los hijos de “luchadores por la libertad”, mujeres, algunos distritos sobre la base de su población, pueblos indígenas y personas con discapacidades. Estas cuotas dejaban el 44 % de la colocación laboral en función de mérito. Sin embargo, en lugar de reformar el sistema existente, el gobierno eliminó completamente las cuotas en trabajos de gobierno de primera y segunda clase. En consecuencia, esta decisión dejó directamente privados a los grupos más desfavorecidos, incluidos los pueblos indígenas.

Desde su introducción en 1985, la cuota indígena o “tribal” de 5 % no aseguró la participación adecuada de estos grupos. En dos estudios de la OIT⁵ llevados a cabo por Ferdous e Islam, desde el 24.^o hasta el 33.^er concurso para contratación (2005-2014) del Servicio Civil de Bangladesh solo 271 (0.66%) de los 2,051 puestos fueron ocupados por candidatos indígenas.⁶ Si bien es evidente que cada año nunca se adjudicado el porcentaje estipulado, al menos algunos candidatos indígenas pudieron servir en el sector público gracias a las cuotas. La total eliminación del sistema de cuotas deja a los solicitantes de empleo indígenas en competencia directa con todos los demás, lo que resulta desigual e injusto. Los pueblos indígenas de Bangladesh se encuentran desfavorecidos en todo aspecto político y socioeconómico. Por ende, no pueden competir con sus homólogos de la población dominante. La ausencia de cuotas reducirá aún más la representación de poblaciones indígenas en la burocracia estatal.

El gobierno reconocerá a 50 grupos étnicos

Un comité del Ministerio de Asuntos Culturales⁷ decidió incluir a los pueblos indígenas que quedaron fuera de la lista de “grupos étnicos” durante la estructuración de la Ley de Institución Cultural de las Minorías Étnicas de 2010. Los grupos indígenas llevan pidiendo esto desde hace mucho tiempo. Luego de una serie de reuniones con expertos, el comité, encabezado por el Ministro de Asuntos Culturales y miembro del parlamento, Asaduzzaman Noor, decidió incluir un total de 50 grupos indígenas a la lista. Esto representa un avance importante que duplica el número de grupos reconocidos de 24 a 50.⁸ Este reconocimiento ofrece una vía de acceso a los servicios del gobierno para los pueblos indígenas que solían ser objeto de discriminación al hacerlo.

Los derechos civiles y políticos y los defensores de los derechos humanos

La situación de CHT estuvo caracterizada durante todo el año por una gran limitación a la libertad de palabra, expresión, reunión y asociación. Los representantes de diferentes plataformas locales de derechos políticos indígenas informaron de numerosos incidentes de interferencia por parte de las fuerzas estatales y de administración local cuando las poblaciones indígenas intentaban celebrar reuniones públicas. Se vieron especialmente restringidos los mitines y las demostraciones públicas, incluidos los festivales y las conmemoraciones socioculturales. Los siguientes tres incidentes constituyen la mejor representación de la interferencia de las autoridades: el 20 de mayo de 2018 la administración del distrito de Rangamati no permitió que el Consejo de Estudiantes de CHT Hill (PCP) organizara una asamblea pública al aire libre en Rangamati, lo que habría marcado el aniversario de la fundación de la organización. El 31 de julio de 2018, en los distritos de Khagrachari y Bandarban, las autoridades impidieron manifestaciones pacíficas para protestar la violación y el asesinato de la niña de 10 años Kirtika Tripura por parte de un colono bengalí. Asimismo, en octubre de 2018, las autoridades locales impidieron un diálogo sobre los ODS entre funcionarios del gobierno y miembros de la sociedad civil, organizado conjuntamente por la OIT y la Fundación Kapaeeng en Rangamati.

En esta asoladora situación de los derechos humanos los que más han sufrido son los defensores de derechos humanos indígenas, en particular los afiliados a plataformas políticas locales, así como muchos aldeanos indígenas comunes. La situación alarmante de estos defensores quedó en evidencia en muchos informes de incidentes de criminalización y sometimiento a registros arbitrarios, arrestos, detenciones y acusaciones falsas por todo CHT. La Fundación Kapaeeng documentó que un total de 117 personas enfrenta acusaciones falsas, y 75 de ellas fueron arrestadas en 2018. Además, en 2018 alrededor de 90 casas fueron registradas por las fuerzas de seguridad en medio de la noche sin queja ni orden judicial previa.

Los derechos de las mujeres y niñas

Esta situación de violaciones a los derechos humanos de mujeres y niñas indígenas es la más flagrante, perturbadora y crónica. Ellas han sido objeto de violencia, intimidación, acoso y discriminación por años. Las mujeres y niñas indígenas enfrentan a menudo violencia sexual, física y mental durante todo el año por parte de miembros de las autoridades estatales, colonos bengalíes, acaparadores influyentes de tierras, e incluso a veces de hombres de sus propias comunidades. La Fundación Kapaeeng documentó que, según consta, al menos 53 mujeres y niñas indígenas, fueron asesinadas, violadas, agredidas o ultrajadas en 2018 en 47 diferentes incidentes.⁹

En la mayoría de las ocasiones la violencia que ellas enfrentan es de naturaleza política y está vinculada a relaciones de poder, aunque a veces se debe a la lujuria de los perpetradores. Debido a que la violencia, sobre todo la violencia sexual contra las mujeres, está asociada a estigmas, humillaciones y miedo, los intereses creados la usan como arma una y otra vez. La politización de la violencia queda especialmente patente en la impunidad que gozan los perpetradores, sobre todo cuando “él” o “ellos” están conectados al estado. Como prueba de este hecho, cabe mencionar la impunidad absoluta que gozaron los responsables de la violación y acoso sexual de las hermanas Marma de Farua en Rangamati (22 de enero de 2018) y de las hermanas Tripura de Lama, subdistrito de Bandarban (22 de agosto de 2018). En ambos casos, las sobrevivientes identificaron a los autores de los hechos: miembros de las autoridades estatales. Siempre que un caso involucra a un organismo del estado o a una persona influyente, la sobreviviente y su familia —no el perpetrador— serán quienes deben vivir con miedo, trauma y ansiedad. En muchos casos las sobrevivientes están sujetas a numerosas privaciones, y no existe ningún tipo de atención física ni psicológica, justicia o rehabilitación legal. Ninguna de las medidas que toma el estado en forma de leyes, políticas y mecanismos institucionales, como tampoco las recomendaciones de organismos internacionales como CEDAW¹⁰ para abordar la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, han servido para proteger a las sobrevivientes.

11.^as elecciones generales y proclamaciones de los partidos políticos importantes

El 30 de diciembre de 2018 Bangladesh celebró sus 11.^as elecciones generales. El resultado fue que el partido político gobernante —la Gran Alianza liderada por la Liga Awami— pudo de nuevo formar el gobierno para el periodo 2019 2023. Ganaron por mayoría aplastante 288 escaños de los 299 distritos del país. No obstante, ha habido mucho debate entre los diferentes organismos de control sobre la victoria en lo que respecta a la imparcialidad del proceso electoral. Ciertas agencias internacionales, entre otras, la BBC y Transparency International Bangladesh (TIB) publicaron informes y evidencia de fraude electoral.¹¹

En las elecciones celebradas en los tres distritos de CHT, hubo acusaciones de fraude contra los candidatos del partido gobernante y sus partidarios, las que incluían que esos partidarios ocuparon centros de votación, alejaron o expulsaron a agentes electorales de candidatos de la oposición, llenaron las urnas con votos falsos e impidieron que votantes reales pudieran votar.¹² El uso de la fuerza y violencia no fue infrecuente en esos tres distritos. Hubo acusaciones de que en muchos lugares la Comisión Electoral, la administración local y las agencias del orden público activamente apoyaron o ignoraron las flagrantes irregularidades y el fraude electoral. Además, se aseveró que las autoridades intimidaron, detuvieron y acusaron falsamente a muchos partidarios de la oposición durante meses antes de las elecciones generales. En medio de todas esas acusaciones, tres candidatos indígenas afiliados al partido político gobernante obtuvieron oficialmente sus escaños en el parlamento.

Resulta interesante que en su manifiesto electoral la Liga Awami, la vencedora de estas elecciones, prometió formar una Comisión Nacional para las Minorías a fin de garantizar la seguridad de las comunidades minoritarias. También prometió una enmienda a las leyes que discriminan contra las minorías étnicas y religiosas, y que se garantizarían los derechos de propiedad de las comunidades en un plazo determinado. Asimismo, se tomarían medidas para implementar secciones del Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts que seguían sin ejecutarse. Sin embargo, estas promesas son una simple repetición de los compromisos hechos durante la 9.a y 10.a elección parlamentaria. Los partidos de izquierda y el Partido Nacional de Bangladesh (BNP) liderado por el Jatiya Oikyofront (Frente Nacional por la Unidad) —quienes fracasaron en su intento de coalición para dirigir el parlamento— también incluyeron algunas promesas en relación a las minorías y los pueblos indígenas en sus manifiestos electorales.¹³¹⁴

Reforma del Comité de Supervisión de la Implementación del Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts

La ejecución de este acuerdo seguía estancada, a excepción de la reforma del Comité de Supervisión de la Implementación del Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts. Este supervisa el proceso de implementación de dicho acuerdo. Se designó como presidente a Abul Hasnat Abdullah, legislador de la Liga Awami y uno de los signatarios del histórico acuerdo, y reemplaza a Sayeda Sajeda Chowdhury, ex vicepresidenta del Parlamento. Al mismo tiempo, se nombró como miembro del comité a otro parlamentario de CHT que pertenece al partido gobernante, Kujendra Lal Tripura. Jyotirindra Bodhipriya (Santu) Larma, el presidente del Consejo Regional de CHT, por defecto, sigue siendo el tercer miembro de este comité de tres. De conformidad con las estipulaciones del Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts, este comité es responsable de la supervisión del avance en la implementación y de asesorar al gobierno en este sentido.

Tercer examen de Bangladesh en virtud del EPU

En mayo de 2018 el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal examinó por tercera vez la situación de derechos humanos de Bangladesh. Una delegación de 29 miembros, encabezada por Anisul Huq, Ministro de Derecho, Justicia y Asuntos Parlamentarios, estuvo presente para ese examen, que tuvo lugar en la 30.^a sesión del Grupo de Trabajo sobre el EPU. La delegación bangladesí condenó la violencia contra minorías religiosas y étnicas, y afirmó que las denuncias de esos incidentes se resolvieron a la brevedad en el periodo sujeto a examen. De la misma manera, la delegación hizo hincapié en la política de “tolerancia cero” a los delitos cometidos por miembros de agencias del orden público. Esta misma política de declaración de política del gobierno apareció en el segundo EPU de Bangladesh en 2013. Además, la delegación reiteró el compromiso declarado anteriormente con respecto a la puesta en marcha del Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts y las disposiciones constitucionales sobre la protección de cultura y tradiciones locales de pueblos indígenas. En consecuencia, los temas que cubrió la delegación de Bangladesh sobre los pueblos indígenas fueron simplemente reiteraciones de pronunciamientos que el gobierno había hecho en exámenes anteriores.

Cuatro estados miembros (Argentina, Madagascar, los Países Bajos y España) tomaron nota y acogieron con beneplácito las medidas para combatir la discriminación y violencia contra minorías religiosas y étnicas del país. Austria, no obstante, expreso preocupación por los ataques a minorías religiosas. Teniendo en cuenta la lentitud y ambigüedad del proceso de implementación del Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts, Australia y Dinamarca hicieron recomendaciones al respecto, con un plan de acción y una guía con un marco cronológico claro. Por otra parte, Maldivas y Nueva Zelandia recalcaron que se deben redoblar los esfuerzos en el proceso continuo de implementación. Dados los terribles abusos a los derechos humanos, nueve estados miembros (Austria, Brasil, Estonia, Francia, Irán, Honduras, Madagascar, Perú y Sudáfrica) subrayaron que se deben tomar medidas para asegurar la protección de los pueblos indígenas y otras minorías. Si bien la mayoría de los estados miembros recomendaron que el gobierno debe tomar medidas jurídicas, constitucionales y administrativas, Madagascar señaló que la ratificación de la Convención N.^o 169 de la OIT es una manera de avanzar en la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. El gobierno respondió a las recomendaciones mencionando específicamente “pueblos indígenas” con comentarios de que se considera que todos los ciudadanos del país son indígenas del territorio. Un total de 105 estados miembros formuló 251 recomendaciones a Bangladesh respecto a la situación general de los derechos humanos del país. Sin embargo, el gobierno de Bangladesh no aceptó 61 de ellas.

Este artículo es parte de la 33ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2019 completo aquí.

Notas y referencias

1. Instituto de Estadísticas de Bangladesh, 2011, Population and housing census 2011, Gobierno de la República Popular de Bangladesh, Dhaka, pág. 3
2. Barkat, 2015: Political economy of unpeopling of indigenous peoples: the case of Bangladesh. Documento presentado en la 19.ª Conferencia Bienal de la Asociación Económica de Bangladesh, 8 10 de enero de 2015, Dhaka.
3. Halim, S. 2015: Land loss and implications on the plain land adivasis, in S Drong (ed.): Songhati, Foro de los Pueblos Indígenas de Bangladesh, pág.
4. El artículo 23a estipula que “El Estado tomará medidas para proteger y desarrollar la cultura y tradición local de las tribus, minorías raciales, clanes étnicos y comunidades”.
5. Robaet Ferdous, 2011, A Qualitative Study on Quota Policy for Indigenous and Tribal Peoples in Government Services of Bangladesh. Informe presentado a la oficina de la OIT en Bangladesh por Robaet Ferdous, Profesor Asociado, Departamento de comunicación masiva y periodismo, Universidad de Dhaka; Sheikh Shafiul Islam, 2013, A Qualitative Study on Quota Policy for Indigenous and Tribal People in Government Services of Bangladesh, Final Report. Preparado para la Organización Internacional del Trabajo, estudio llevado a cabo por Sheikh Shafiul Islam, MA, MSS, PhD (Fellow),
6. Ibidem
7. National Committee on Preparation of the list of Small Ethnic Groups, Special Professionals, Scheduled Caste and Disadvantaged
8. Aunque la lista incluye 27 nombres, dos de los grupos mencionados (Mong y Pahari) no existen y otro (Usui) es básicamente un clan de un grupo indígena mayor (Tripura).
9. Fundación Kapaeeng, 2019, Human Rights Report 2018 on indigenous peoples in Bangladesh, Dhaka
10. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 2016, Observaciones finales sobre el octavo informe periódico de Bangladesh, Documento ONU N.º: CEDAW/C/BGD/CO/8, Párrafo 19 (d).
11. Véase The Daily Star, “Polls Anomalies In 47 of 50 Seats” en: http://bit.ly/2IBdBxd
12. Véase The Daily Star, “Ushatan Talukder rejects JS polls result in Rangamati” en: http://bit.ly/2IBKidU
13. Véase Dhaka Tribune, “Oikya Front unveils manifesto promising balance of power” en: http://bit.ly/2IAJeXY
14. Véase The Daily Star, “21 special pledges in Awami League election manifesto 2018” en: http://bit.ly/2Iz8iyh

 Pallab Chakma es un activista por los derechos de los pueblos indígenas y es en la actualidad el Director Ejecutivo de la Fundación Kapaeeng, una organización por los derechos de los pueblos indígenas de Bangladesh. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Bablu Chakma es un defensor de los derechos humanos y un eterno estudioso de la lucha por la vida indígena. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Etiquetas: Derechos Humanos, IWGIA, Defensores de derechos humanos indígenas