• Pueblos indígenas en Argentina

    Pueblos indígenas en Argentina

    En Argentina 955.032 personas se identifican como indígenas o descendientes de indígenas. Las comunidades indígenas se enfrentan a la persecución de sus líderes y a un incremento en los desalojos forzados.
  • Pueblos

    Hay 35 pueblos indígenas oficialmente reconocidos.Legalmente se les reconoce derechos constitucionales específicos a nivel federal y en varios estados provinciales.
  • Derechos

    En Argentina están vigentes, con rango constitucional, el Convenio 169 de la OIT y otros derechos humanos universales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (DCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Argentina votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
  • Desafíos

    Las tensiones y los conflictos sobre los reclamos territoriales de los pueblos indígenas empeoraron en 2017. El Estado argentino no garantizó ni hizo cumplir los derechos indígenas sobre la tierra y, además, criminalizó a los miembros de las comunidades indígenas.

El Mundo Indígena 2020: Argentina

Argentina es un país federal integrado por 23 provincias, con una población total cercana a los 40 millones de personas. Los resultados de la Encuesta Complementaria sobre Poblaciones Indígenas, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, arrojan un total de 600.329 personas que se reconocen descendientes o pertenecientes a un pueblo indígena.

El más reciente censo nacional de 2010 arroja un total de 955.032 personas autoidentificados como descendientes o pertenecientes a un pueblo indígena. Son 35 los diferentes pueblos indígenas oficialmente reconocidos. Legalmente poseen derechos constitucionales específicos a nivel federal y en varios estados provinciales. Además, están vigentes, con rango constitucional,  el Convenio 169 de la OIT y otros derechos humanos universales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (DCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Argentina votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas frente a los cambios políticos

El año 2019 estuvo atravesado por procesos electorales y la decisión mayoritaria, expresada en las últimas elecciones presidenciales, de elegir un nuevo gobierno de otro signo político al de los últimos cuatro años. Esto impacta, sin lugar a dudas, en las políticas destinadas a garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

A diferencia del gobierno anterior, en donde se endurecieron las políticas de seguridad, y se hostigó y criminalizó expresamente a las comunidades indígenas (Ver El Mundo Indígena 2018 y 2019), el discurso de este nuevo gobierno señala una transformación relevante en la relación con los pueblos indígenas, manifestando su voluntad de reconocer el territorio otorgando los títulos colectivos de propiedad de la tierra, y de implementar el derecho a la consulta, tal como lo expresó la flamante presidenta del Instituto Nacional de Asuntos indígenas.1

Sin embargo, también existen otros discursos en el mismo espacio político que señalan lo contrario. Incentivando las actividades extractivas –muchas de ellas en territorios reivindicados por comunidades indígenaspromoviendo el fracking en el yacimiento de petróleo no convencional de Vaca Muerta y, en definitiva, menospreciando la importancia de los bienes comunes naturales como el agua, cuya escasez ya se hace sentir en algunas regiones, afectando la producción y la calidad de vida, y cuyos efectos también se perciben en los cambios climáticos que se producen en la región.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUDha llevado adelante junto con el Fondo Mundial para el Medio ambiente el apoyo estratégico a los territorios y las áreas conservadas por los pueblos indígenas y comunidades locales en Argentina (TICCA, en la terminología global del proyecto). En otras palabras, “ecosistemas naturales y/o modificados que contienen importantes valores de biodiversidad, beneficios ecológicos y valores culturales, conservados voluntariamente por pueblos Indígenas y comunidades locales a través de leyes consuetudinarias u otros medios efectivos”.

Este proyecto, a nivel global, tiene por objetivo sentar las bases de una relación diferenciada establecida entre los pueblos indígenas y su hábitat, precisamente por el cuidado que demuestran las comunidades indígenas por los ecosistemas, los que tienen impactos notables en el cambio climático, de repercusión mundial.

La jurisprudencia sigue siendo ambivalente, la legislación no fortalece ni a los derechos vigentes ni a las políticas declaradas, y los movimientos de mujeres indígenas conjugando la ética del cuidado con su preocupación por la madre tierra, son las llevan más enfáticamente las banderas del cuidado del planeta, movilizándose para que sus voces sean escuchadas.

Algunos avances (y retrocesos) en las decisiones judiciales

2019, como años anteriores, se destacó por decisiones judiciales muy potentes en relación a la protección de derechos indígenas, conviviendo con otras que siguen perpetuando perspectivas refractarias al contenido de la legislación vigente en materia de derechos de los pueblos indígenas. Como jurisprudencia positiva, se destaca la sentencia en el caso denominado “Rincón Bomba”, que involucra al pueblo Pilagá de la provincia de Formosa,2 en relación a una masacre ocurrida en el año 1947, en donde el juez finalmente responsabiliza el Estado argentino.

Lo destacable de este fallo es su encuadramiento legal, ya que el juez declara que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad violatorios del Estatuto de Roma. Esta calificación legal es muy valiosa, dado que por primera vez se acredita en sede judicial las políticas de exterminio del Estado argentino, y se constata -vía judicialhechos históricos interpretados coincidentemente con todos los reclamos, demandas, y luchas del pueblo Pilagá. En el mismo sentido de esta “buena jurisprudencia” protectora de derechos, un juez de primera instancia en la provincia del Neuquén absolvió en una causa por usurpación a los miembros de la comunidad Campo Maripe,3 comunidad asentada en la zona de explotación del yacimiento Vaca Muerta. Sin embargo, la absolución fue apelada y el Tribunal de Impugnación resolvió revocar la absolución ordenando la realización de un nuevo juicio, llevando adelante una valoración de la prueba que está más allá de su competencia y desconociendo tanto la calidad de indígenas de los imputados como los derechos indígenas vigentes.

La comunidad indígena presentó una impugnación extraordinaria al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, impugnación que fue rechazada. Este caso se encuentra ahora pendiente de sentencia definitiva.

Si bien las decisiones judiciales muchas veces acompañan decisiones políticas y avalan otro tipo de intereses, coexisten con otras sentencias que van receptando los derechos indígenas y que fallan en consecuencia. De todos modos, para las comunidades indígenas siempre postergadas, el avance en materia jurisprudencial es muy lento.

La siempre postergada ley de propiedad comunitaria indígena

Para superar definitivamente el despojo, el avance del neoextractivismo en territorio indígena, las causas penales por usurpación, los hechos violentos derivados de las reivindicaciones por la tierra, se vuelve cada vez más necesario lograr un debate sobre la ley de propiedad comunitaria indígena, derecho contemplado en la Constitución argentina (art. 75 inc. 17).

Si bien existe una legislación de emergencia (Ver el Mundo Indígena 2017 y 2018) que ordena llevar adelante un relevamiento técnico jurídico catastral –sin la pretensión de realizar aquí una evaluación del avance de dicho relevamientoun cambio estructural debe llegar a través de una ley de fondo, que pueda regular con detalle el procedimiento para acceder a los títulos colectivos de la tierra.

Existen hoy en el Congreso de la Nación (Parlamento) algunos proyectos para instrumentar la propiedad comunitaria indígena. Vale la pena remarcar que este proyecto de ley debe ser consultado con las comunidades, de allí que todo el proceso, tanto de debate parlamentario como de consulta a las comunidades indígenas, reviste un grado importante de complejidad. Uno de los proyectos mencionados es especialmente interesante; fue elaborado con referentes indígenas, y presentado en distintos foros regionales.4 Incorpora no sólo un concepto correcto de propiedad comunitaria indígena: un derecho de raigambre constitucional autónomo, de carácter colectivo (relevante, cuando existe tanta confusión sobre si es un derecho real o qué tipo de derecho es), sino que lo robustece a partir de un conjunto de artículos enmarcados en la normativa jurídica internacional existente.

Sin embargo, es poco probable que se alcancen los consensos necesarios para su debate parlamentario. No existe un interés genuino por parte de los gobiernos en una ley que adjudique definitivamente el territorio a las comunidades indígenas; los intereses económicos que los atraviesan son muy potentes, y no es esperable que este “conflicto de intereses” se resuelva en el corto o mediano plazo.

Desnutrición, abandono y muerte en el norte argentino

Algunos hechos trágicos que atravesaron el 2019, pero que se remontan a la historia de algunas comunidades indígenas en el norte del país, y se proyectan a futuro, son muertes de niños indígenas por desnutrición. Las comunidades Wichís asentadas en la provincia de Salta se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, los diferentes gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales no han podido superar esta situación, ni formularon hasta el presente políticas y alternativas al hambre y al abandono.

En la región conocida como Chaco salteño se dan, desde hace años   y episódicamente, situaciones que concluyen en la muerte. En general las condiciones de trabajo de las comunidades indígenas –conocido como trabajo golondrina, que implica traslado permanente–, las condiciones generales en las que viven, la desidia estatal y un contexto medio ambiental que se va deteriorando paulatinamente por los desmontes, las inundaciones periódicas (muchas veces como causa de esa desforestación), la ampliación de la frontera agrícola y las actividades extractivas, generan situaciones muy difíciles de revertir.

Las dificultades de acceder a la salud, de acceder a agua segura, y la ausencia de soluciones de fondo son razones que confluyen, no sólo para que las muertes sigan sucediéndose, sino para obligarlos a convivir con realidades que no tienen perspectivas de ser estructuralmente abordadas. Al escribir estas líneas, las muertes de niños Wichís vuelven a repetirse como un recordatorio del abandono en que se encuentran muchas de las comunidades indígenas en el país.

Mujeres indígenas, femicidios y terricidio

En julio de 2019 se llevó adelante el Segundo Parlamento de Mujeres indígenas por el Buen Vivir. Mujeres de las 36 naciones indígenas se reunieron para debatir sobre aspectos estructurales. La determinación de la tierra y el cuerpo, la economía, el comercio justo, los “feminicidios” en las comunidades, la educación y la formación en prácticas ancestrales, fueron algunos de los temas que se incluyeron en el encuentro, y que va consolidando de a poco un espacio de mujeres indígenas, con una cosmovisión propia.

En octubre de 2019 las mujeres indígenas volvieron a denunciar y reclamar por sus derechos, ocupando pacíficamente el Ministerio del Interior. Sus demandas por situaciones de violencia, femicidio indígenas, despojos y desalojos de sus tierras, y “terricidio” -junto a algunos casos específicos de muertes violentas de sus hijosfueron el centro de sus reclamos. Interesante es detenerse sobre este nuevo concepto de terricidio,5 al que definen como el asesinato de los ecosistemas, los pueblos que los habitan, y las fuerzas que regulan la vida en la tierra. El terricidio, en la mirada de algunas de las mujeres indígenas, avanza sobre el concepto de cambio climático (un concepto reduccionista desde su mirada), dejando de lado la visión antropocéntrica y focalizándose en una triple dimensión: ecosistemas, fuerzas energéticas o espirituales y pueblos indígenas.

El movimiento de mujeres indígenas se diferencia del movimiento feminista, y su objetivo es ser reconocidas como mujeres con su propia voz, antipatriarcales, luchadoras de la vida y cuyo principal estandarte es el derecho al buen vivir, núcleo duro de su cosmovisión.

Notas finales

El año 2019 concluye en un contexto social, político y económico de profunda crisis. Las comunidades indígenas también la padecieron, y sus organizaciones y referentes –opositores y oficialistas al gobierno que concluyó su mandatono pudieron alcanzar acuerdos de fondo que les permitiera proteger adecuadamente sus derechos, fortaleciéndolos como pueblos.

El año finalizó estrenando un nuevo gobierno y, al menos en apariencia, una nueva agenda política. Habrá que esperar todavía algunos meses para poder llevar adelante una evaluación sustantiva de su gestión, de cara a las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas. Sin embargo, las enormes contradicciones que atraviesan las líneas de acción de sus políticas, y que ya fueron manifestadas en numerosas declaraciones públicas, hacen prever importantes disputas internas, principalmente alrededor del modelo de desarrollo, su matriz energética y los reclamos cada vez más potentes de las comunidades indígenas, que precisamente giran alrededor de respetar la relación ancestral con su hábitat.

Si no se resuelve satisfactoriamente esta tensión, es esperable que se produzcan nuevos conflictos. Sin embargo, también existe la esperanza de un cambio de política que permita a los pueblos indígenas fortalecerse en sus territorios, abriendo las puertas al goce efectivo de derechos y sentando las bases para un genuino diálogo intercultural. Sólo el transcurso del tiempo podrá echar luz sobre las expectativas que hoy existen.

Notas y referencias

  1. Ver entrevista a Magdalena Odarda, nueva presidenta del Instituto Nacional de Asuntos indígenas (INAI), en https://www.pagina12.com.ar/
  2. “FEDERACION DE COMUNIDADES INDIGENAS DEL PUEBLO PILAGA c/ PEN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”; N° FRE 21000173/2006.
  3. “Campo, Juan Albino y otros s/ usurpación (art. 181 CP)”.
  4. Ver el informe presentado por Darío Rodríguez Dutch, Secretario de la Comisión Unicameral de los pueblos indígenas del Senado de la Nación sobre la socialización, debate y análisis del proyecto s-1984/19(Ex S 691/17) que establece el sistema de instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, en talleres realizados en las provincias de Río Negro, Chaco y Salta, julio de 2019
  5. Moira Millán, lideresa Mapuche, es quien comenzó a utilizar este concepto

Silvina Ramírez (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.). Abogada. Doctora en Derecho. Docente de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad de Palermo. Miembro de la Asociación de Abogadxs de Derecho indígena (AADI) y asesora académica del Grupo Jurídico de Acceso a la Tierra (GAJAT) del CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo).

 

Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2020 aquí

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