El Mundo Indígena 2021: Argelia
Los Amazigh son el pueblo indígena de Argelia y otros países del norte de África que han estado presentes en estos territorios desde tiempos antiguos. El gobierno argelino, sin embargo, no reconoce la condición de indígena de los Amazigh y se niega a publicar estadísticas sobre su población. Por ello, no hay datos oficiales sobre el número de Amazigh en Argelia. Sobre la base de los datos demográficos extraídos de los territorios en los que viven las poblaciones de habla tamazight, las asociaciones de defensa y promoción del pueblo Amazigh estiman que la población de habla tamazight es de unos 12 millones de personas, es decir, 1/3 de la población total de Argelia. Los Amazigh de Argelia se concentran en cinco amplias regiones del país: Cabila en el nordeste (representan alrededor del 50% de la población Amazigh de Argelia), Aurès en el este, Chenoua, una región montañosa en la costa mediterránea al oeste de Argel, M’zab en el sur (Taghardayt), y el territorio tuareg en el Sáhara (Tamanrasset, Adrar, Djanet). También existen muchas pequeñas comunidades Amazigh en el suroeste (Tlemcen, Bechar, entre otras) y en otros lugares dispersos por todo el país. También es importante señalar que en las grandes ciudades como Argel, Orán, Constantina, etc., viven varios cientos de miles de personas que son histórica y culturalmente Amazigh pero que se han arabizado en parte a lo largo de los años, sucumbiendo a un proceso gradual de aculturación.
Las poblaciones indígenas se distinguen de los demás habitantes sobre todo por su lengua (tamazight), pero también por su modo de vida y su cultura (vestimenta, alimentación, cantos y danzas, creencias, etc.). Tras décadas de reivindicaciones y luchas populares, la lengua amazigh fue finalmente reconocida como “lengua nacional y oficial” en la Constitución de Argelia en 2016. Sin embargo, la Constitución especifica que el carácter oficial de esta lengua deberá establecerse en una ley del Parlamento. Mientras tanto, la identidad amazigh sigue siendo marginada y folclorizada por las instituciones del Estado. Oficialmente, Argelia sigue presentándose como un “país árabe” y las leyes antiamazigh siguen vigentes (como la ley de arabización de 1992).
En el ámbito internacional, Argelia ha ratificado las principales normas internacionales, y en 2007 votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, estos textos siguen siendo desconocidos para la gran mayoría de los ciudadanos y, por lo tanto, no se aplican, lo que ha llevado a los órganos de vigilancia de los tratados de las Naciones Unidas a formular numerosas observaciones y recomendaciones a Argelia instándola a cumplir sus compromisos internacionales.
Una nueva Constitución para el país
Tras su elección en diciembre de 2019, el nuevo presidente argelino, Abdemajid Tebboune, inició una reforma de la Constitución manifestando que su objetivo era “la construcción de una nueva República para lograr la realización de las demandas del pueblo”.[1] La reforma propuesta por el gobierno se adoptó mediante un referéndum celebrado el 1 de noviembre de 2020 con una participación del 23.83%, la más baja registrada en elecciones argelinas.[2]
Los Amazigh boicotearon el referéndum constitucional, como hicieron en las elecciones presidenciales, en protesta por la opresión que sufren. En Cabilia, por ejemplo, donde viven la mayoría de los Amazigh argelinos, la participación fue menor del 1%. De hecho, el referéndum se desarrolló en medio de un telón de fondo de gran inestabilidad social, con manifestaciones casi diarias acompañadas de violencia policial y actos de represión. Amnistía Internacional señala que: “Esta reforma se produjo justo en un momento en el que las autoridades argelinas estaban aprovechando la pandemia del COVID-19 para incrementar la represión contra activistas y voces disidentes, constatándose decenas de nuevas citaciones policiales, arrestos y enjuiciamientos (...)”.[3]
La nueva Constitución argelina incluye algunas mejoras, particularmente en relación al reconocimiento de la identidad Amazigh. En su preámbulo, el nuevo texto hace mención por primera vez al “reino de Numidia” que combatió al Imperio Romano en el norte de África y también específica “Argelia, un país árabe y Amazigh, mediterráneo y africano”, mientras que la versión antigua afirmaba que Argelia era únicamente “árabe y musulmana”. La otra innovación es que en el artículo 223 sobre las “constataciones nacionales”, es decir, cuestiones que no pueden ser modificadas por ninguna revisión constitucional, ahora se hace referencia a la lengua Amazigh como una lengua nacional y oficial.[4]
El artículo 4 que consagra el tamazight como una “lengua nacional y oficial” permanece invariable, disponiendo la creación de una Academia Argelina de la Lengua Tamazight que sería responsable de crear “las condiciones para la promoción del tamazight en aras de alcanzar a largo plazo su estatus como una lengua oficial”. También precisa que “los métodos de aplicación de este artículo se determinarán en una ley orgánica”. Sin embargo, la ley orgánica en cuestión (Ley Nº 18-17), adoptada el 2 de septiembre de 2018, no aborda la implementación del reconocimiento oficial de la lengua Amazigh como pretendido sino solo la creación de la Academia Argelina de la Lengua Tamazight. Además, defensores de la lengua Amazigh señalan que no se ha fijado un plazo límite específico para el reconocimiento oficial del tamazight. La formulación de este artículo genera una persistente imprecisión y gran confusión, lo que organizaciones Amazigh interpretan como una demonstración de la falta de buena voluntad del Gobierno argelino con respecto al “reconocimiento oficial” de su lengua.
Al mismo tiempo, la nueva Constitución argelina ratifica firmemente el marco ideológico árabe-islámico de referencia. Además, muchos de los artículos de la Constitución están supeditados al uso de una ley que muy a menudo define el modo en el que artículos constitucionales se han de aplicar de manera restrictiva.
Una ley para prevenir y combatir la discriminación y la incitación al odio
El 28 de abril de 2020, el Parlamento argelino adoptó la Ley Nº 20-05 para prevenir y combatir la discriminación y la incitación al odio,[5] disponiendo, entre otros aspectos, la creación de un observatorio nacional encomendado con dicha misión. De los diez miembros que componen este organismo y que han de ser designados por el presidente de la República, el artículo 11 de la ley estipula que cuatro serán “representantes de asociaciones que trabajen en el ámbito de especialización del observatorio”, aunque sin especificar cómo se realizará la selección. Hasta la fecha no se ha nombrado a ninguno de sus miembros.
Reforma del Código Penal, peligrosa para las libertades
El 20 de abril de 2020, el Gobierno argelino presentó ante el Parlamento el Proyecto de Ley Nº 20-06, dirigido a enmendar y complementar la Orden Nº 66-156 de 8 de junio de 1966 sobre el Código Penal. Según el gobierno, este proyecto de ley tiene como objetivo “tipificar como delito los actos que representan una amenaza para la seguridad y estabilidad del país, el orden público y la seguridad ciudadana, o que atentan contra la seguridad estatal y la unidad nacional”. Este borrador fue aprobado posteriormente por la Asamblea Nacional el 22 de abril de 2020 en una sesión restringida sin debate y entró en vigor el 29 de abril de 2020.[6] En definitiva, una ley tan importante se ha aprobado con prisas y sin un debate exhaustivo. Sin embargo, son aún más preocupantes algunas de las disposiciones que contiene. El artículo 2, dirigido tanto a personas como a organizaciones de la sociedad civil, estipula:
Una pena de cinco (5) a siete (7) años de encarcelamiento y una multa de 500.000 a 700.000 dinares argelinos para cualquier persona que reciba dinero, un regalo o un beneficio, por cualquier medio, de un Estado, institución, u organismo público o privado, o de persona física o jurídica, dentro o fuera del país, con el propósito de llevar a cabo actos que pudieran dañar la seguridad del Estado y la estabilidad de sus instituciones, o la unidad nacional y la integridad territorial. Estas penas se doblan si el dinero lo recibe una asociación, o una asamblea u organización, cualquiera que sea su forma y nombre.
Para los Amazigh, la solidaridad y la ayuda mutua en las comunidades y entre ellas representan un valor fundamental y una parte natural de la vida cotidiana. Durante este tiempo de pandemia, todos reconocen que gracias a la solidaridad y buena voluntad ejemplarizada en comunidades rurales y también entre asociaciones, el número de casos de COVID-19 se ha limitado en gran medida. Los medios utilizados por los Amazigh para actuar en favor del interés colectivo han recibido siempre el apoyo de fondos aportados por miembros de la comunidad que viven en el territorio o en otras partes del país o del extranjero. Los emigrantes Amazigh constituyen una piedra angular de sus comunidades de origen y sus contribuciones son esenciales para las vidas de sus familias y territorios con los que mantienen relaciones estrechas y permanentes. Por consiguiente, el artículo 2 de esta ley es muy peligroso para los Amazigh, ya que podría utilizarse para prohibirles recibir remesas de sus compatriotas que viven en otros lugares. Además, supondría un duro golpe al espíritu y acto de ayuda mutua y de compartir, que es parte integral de su cultura y su modo de vida. Por consiguiente, sería un ataque contra la vida de las comunidades y personas Amazigh.
Lamentablemente, estos temores están bien fundamentados como indica el Congreso Mundial Amazigh basándose en testimonios de ciudadanos:
Las autoridades locales (en particular, los jefes de la policía y de la gendarmería) han enviado un claro mensaje a los ciudadanos comprometidos y organizaciones locales Amazigh, amenazándoles con procedimientos judiciales relativos a ‘actividades ilegales’ e incluso ‘terrorismo’ por haber recibido ayuda de miembros de sus comunidades que viven en el extranjero, incluso aunque esta ayuda se haya empleado para financiar iniciativas de interés general, como instalar una red de suministro de agua potable, comprar una ambulancia, renovar una escuela, etc. Por tanto, el gobierno argelino de manera arbitraria y agresiva está criminalizando actos cívicos destinados al bien común.[7]
El artículo 3 establece penas que oscilan de uno a tres años de cárcel y una multa de 100.000 a 300.000 dinares por la divulgación de “información falsa” que pudiera “atentar contra la seguridad y el orden públicos” así como también contra “la seguridad del Estado y la unidad nacional”. Estas penas se doblan en el caso de reincidencia en el delito. Como muchos juristas y las ONG Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras (RSF) señalan, “esta ley de gran imprecisión aniquila las libertades, ya que solo tiene como fin amordazar a la prensa y prohibir la libertad de opinión y expresión”.[8]
Según organizaciones Amazigh, este artículo tendrá el efecto de criminalizar a todos los actores Amazigh que osen expresar su opinión, denunciar violaciones de derechos humanos y abusos de poder, o demandar, o simplemente aumentar la concienciación entre los ciudadanos de sus derechos y libertades, en especial de su derecho a la libre determinación. Esto supone una violación de la Constitución, particularmente de los artículos 38, 42, 48 y 50, y de los tratados internacionales ratificados por Argelia.
Violaciones de derechos humanos Amazigh
Quince personas que enarbolaron la bandera Amazigh durante protestas en julio de 2019 fueron arrestadas sin ningún fundamento jurídico el 31 de diciembre de 2020 y llevadas ante el juez del Tribunal de Batna, en la región de Aurès al este del país. El fiscal general pidió un año de cárcel y una multa de 100.000 dinares para cada uno de los acusados por violar la “seguridad estatal” y la “unidad nacional”.
El 27 de septiembre de 2020, Khaled Tazaghart, un antiguo miembro del Parlamento, fue sentenciado por el Tribunal de Akbou en Cabilia a un año de cárcel y una multa de 100.000 dinares (775 $US) por “incitación a reunión no autorizada, publicación con consecuencias para el orden público y violación de medidas sanitarias de confinamiento”. Había participado en una manifestación pública en apoyo de prisioneros políticos en Argelia.
Lounès Hamzi, líder del Movimiento para la Libre Determinación de Cabilia (Movement for the Self-Determination of Kabylia, MAK), fue arrestado el 7 de septiembre de 2020 en una calle de Tizi-Wezzu y llevado al Tribunal de Sidi-Mhamed en Argel. Actualmente se encuentra en detención preventiva en la cárcel de Kolea, cerca de Argel. Está acusado de “atentar contra la unidad nacional” y de “organizar y liderar un movimiento rebelde”. El MAK es una organización que hace campaña por el derecho a la libre determinación de Cabilia y ha actuado siempre pacíficamente y en línea con el derecho internacional.
Los ciudadanos Amazigh-Cabilas Zahir Bouchalal, Abderezak Yacine, Abderezak Ouaissa, Farid Djenadi, Djamel Mansouri, Riad Hamchache, Djamel Harour, Lahcen Boussaid y Yahyoun Larbi fueron citados por el fiscal General de Vgayet el 31 de diciembre de 2020 y procesados en base a los artículos 79 y 100 del Código Penal de Argelia por “atentar contra la unidad nacional y participar en una reunión sin armas”. Estos cargos están relacionados con su participación en una manifestación pacífica de apoyo a los detenidos de At-Mzab en 2016. La pena va de uno a diez años de cárcel. Debido a las protestas que tuvieron lugar posteriormente a favor de los acusados, su juicio se pospuso al 28 de enero de 2021.
Acoso policial, administrativo y judicial contra defensores de derechos humanos, funcionarios locales y ciudadanos comprometidos
Ciudadanos activos y comprometidos, particularmente pertenecientes a comités de aldeas o comunidades Amazigh, son objeto de diversas formas de intimidación y amenazas por parte de los servicios locales de seguridad estatal para persuadirles de desistir de sus actividades voluntarias. Este es en especial el caso de Hamid Sebouai, conocido como Silas, miembro del Consejo Federal del Congreso Mundial Amazigh (CMA), quién es muy activo en su aldea de Icerqiyen, comuna de Maatkas en Cabilia. Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, al igual que han hecho otros ciudadanos de su aldea y comuna, Silas se ha involucrado de manera natural en la organización del confinamiento, ayudando a otras personas y apelando a la solidaridad de la diáspora cabila. Su objetivo y el de sus compañeros es servir a los demás, especialmente a aquellas personas más necesitadas. En vez de felicitarle y alentarle, la policía y los gendarmes de Maatkas están amplificando actos malintencionados y amenazas contra él. Igualmente, se están difundiendo anónimamente rumores insidiosos para difamar su honor y moral. Además, desde hace ya casi un año, la gendarmería de Maatkas mantiene bloqueadas las solicitudes para que se otorgue autorización administrativa al comité de aldea y a la asociación cultural de la aldea de Icerqiyen porque Hamid es un miembro activo (y muy apreciado) de ambos.
Rachid Belkhiri, miembro del Consejo Federal del CMA de la región de Aurès al este del país, está siendo procesado en el sistema judicial argelino por portar la bandera Amazigh durante manifestaciones públicas. Su juicio, pospuesto varias veces, está programado para el 13 de enero de 2021.
La escuela de verano del CMA, planificada para los días 18 y 19 de septiembre de 2020 en la biblioteca municipal de Tichy en Cabilia y cumpliendo todas las normas sanitarias anticoronavirus, fue prohibida por la policía argelina. Los organizadores del evento, Kamira Nait Sid, copresidenta del CMA y Yuva Meridja, miembro del Consejo Federal del CMA, junto con Karim Smaili y Karim Mersel, miembros del Café Literario de Tichy y Mouloud Taïakout, miembro del Café Literario de Aokas, fueron arrestados, interrogados y amenazados en la comisaría de policía de Tichy. No es la primera vez que se prohíbe una actividad del Congreso Mundial Amazigh en Argelia, vulnerando la libertad de expresión y el derecho de asamblea, ambos protegidos por la Constitución argelina y por tratados internacionales ratificados por el país.
En octubre de 2020, Sofiane Oumellal, alcalde del municipio de Afir en Cabilia, fue suspendido de sus funciones por una decisión administrativa del valí (gobernador provincial) de Boumerdès por haber cedido una sala municipal a una familia para celebrar una boda en el verano de 2019.[9]
En noviembre de 2020, se impuso la misma sanción a Hamid Aissani, alcalde de Tichy, por parte del valí de Vagyet en Cabilia.[10]
En diciembre de 2020, el valí de Vgayet, representante gubernamental en la wilaya (provincia) de Vgayet en Cabilia, emprendió procedimientos administrativos contra la asociación sociocultural Itri n Tlelli n At-Soula por “atentar contra la unidad nacional” debido a las invitaciones realizadas a personas para hablar. El objetivo más probable es destruir esta asociación independiente y procesar a su presidente, Tarik Chiboub. El alcalde del municipio de Chemini, Sr. Oudak, que emitió la autorización administrativa para esta asociación, fue también citado por el Tribunal Administrativo con el fin de apartarle de su cargo como alcalde.
Este incesante hostigamiento policial, administrativo y judicial tiene simplemente como finalidad evitar cualquier posibilidad de acción autónoma y expresión de los Amazigh, y obstaculizar la expresión y promoción de derechos humanos. Todo ello viola las disposiciones de cartas, convenciones y pactos internacionales ratificados por Argelia y obstruye gravemente la voluntad del pueblo Amazigh de proteger y promover su lengua, cultura, instituciones y modo de vida.
Violaciones contra la libertad de culto y la práctica religiosa
Yacine Mebarki, un joven Amazigh Chawi de la región de Aurès fue arrestado el 30 de septiembre de 2020, llevado ante el Tribunal de Khenchela el 6 de octubre, y sentenciado a diez años de cárcel y una multa de un millón de dinares (7.750 $US) por “ofender los preceptos del Islam, incitar al ateísmo y atentar contra la unidad nacional”. La policía encontró una vieja copia del Corán en su casa con una página arrancada. Tras su apelación, que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2020, la pena se redujo a un año de cárcel y una multa de 50.000 dinares (400 $US).
El 15 de diciembre de 2020, Abdelghani Mammeri, cristiano, fue sentenciado por el Tribunal de Amizour en Cabilia a seis meses de cárcel y una multa de 100.000 dinares por “ofensa al profeta y a la religión musulmana”, mientras que Mebrouk Bouakaz, conocido como Yuva, fue sentenciado por el Tribunal de Vgayet el 17 de diciembre de 2020 a tres años de prisión y una multa de 50.000 dinares por las mismas razones.
Treinta y una personas de la fe “Ahmadiyya”, una rama minoritaria del Islam, fueron citados para comparecer ante el Tribunal de Tizi-Wezzu, Cabilia, el 24 de noviembre y nuevamente el 15 de diciembre de 2020. Están acusados de pertenecer a una religión no reconocida en Argelia y, en particular, de “ocupar un edificio para celebrar un servicio religioso en secreto sin autorización” y de “recaudar fondos y donaciones sin autorización”, en aplicación del artículo 96 del Código Penal y de los artículos 05, 07, 12 y 13 de la ley sobre las condiciones para organizar religiones no musulmanas. La oficina del fiscal General pidió una pena de tres años de prisión y una multa de 50.000 dinares para cuatro acusados y de 18 meses de prisión y 30.000 dinares para los otros. El 22 de diciembre, el tribunal finalmente sentenció a cuatro de los acusados a dos meses de prisión con suspensión de condena y a una multa de 20.000 dinares, mientras que los otros acusados fueron absueltos. Sus abogados, Kader Houali y Sofiane Dekkal, consideran que este juicio es “otro ataque más contra la libertad de religión en Argelia”.[11] De hecho, estas condenas violan el artículo 51 de la Constitución argelina, donde se estipula que “la libertad de opinión es inviolable. La libertad de practicar la religión que cada persona profesa está garantizada”.
Organismos internacionales reaccionan ante las violaciones de derechos humanos en Argelia
Durante su 88 período de sesiones (del 24 al 28 de agosto de 2020), el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria manifestó en su Opinión Nº 53/2020 que la privación de libertad de Messaoud Leftissi, detenido y encarcelado desde febrero a noviembre de 2019, basándose en los motivos de “atentar contra la unidad nacional” por el simple acto de portar la bandera Amazigh, “era arbitraria pues contravenía los artículos 7, 9, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 19, 21, 22, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.[12]
El 25 de noviembre de 2020, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en Argelia[13] en la que recordaba, en particular, que entre el 30 de marzo y el 16 de abril de 2020, “se enviaron tres comunicaciones al Gobierno de Argelia en relación a arrestos arbitrarios y violentos, juicios no imparciales y represalias contra defensores de derechos humanos y activistas pacíficos, emitiéndose una cuarta comunicación el 27 de agosto de 2020 referida a Mohamed Khaled Drareni” y expresando a continuación sus numerosas quejas contra el Gobierno argelino con respecto a su responsabilidad por graves violaciones de libertades y derechos humanos.
Los Amazigh de Argelia en el contexto del COVID-19
Gracias a la televisión extranjera, internet y su diáspora, los Amazigh recibieron alertas tempranas de la propagación del COVID-19 alrededor del mundo y fueron capaces de anticiparse a su llegada a sus territorios. Pudieron reaccionar así con antelación para protegerse, sin esperar a las directrices de las autoridades.
Basándose en sus tradiciones de autonomía y solidaridad comunitaria, los Amazigh cerraron sus territorios a visitantes extranjeros no esenciales y establecieron controles de entrada y salida, abogaron por un confinamiento de la población y organizaron distribuciones colectivas de alimentos, medicinas y otras necesidades básicas. Las personas en contacto con el mundo exterior llevan mascarillas, algunas confeccionadas localmente, y se desinfectan con regularidad vehículos y espacios públicos. Asimismo, los comités de aldeas se aseguraron de que las personas más necesitadas y vulnerables no quedaran olvidadas. Esta completa organización se basa en la solidaridad y la ayuda mutua, las palabras clave durante esta crisis sanitaria.
El resultado de esta autoorganización y responsabilidad compartida en la lucha contra el virus ha sido extremadamente positivo, ya que el número de casos en estos territorios se ha mantenido muy bajo. Según algunos testimonios, para combatir el coronavirus, personas Amazigh de algunas regiones también revitalizaron sus conocimientos y técnicas especializadas de farmacopea y medicina tradicional para tratarse. De hecho, las muertes que se produjeron durante el transcurso del año en las regiones Amazigh se debieron principalmente a causas distintas al COVID-19.
La gran lección a aprender de la gestión de esta difícil situación es que cuando los Amazigh recuperan su autonomía, cuando son libres para organizarse ellos mismos, instintivamente reconectan con los valores y recursos tangibles e intangibles de su cultura ancestral con la finalidad de ingeniar soluciones apropiadas para sus preocupaciones y necesidades.
Las autoridades gubernamentales no entienden estas instituciones tradicionales de la comunidad Amazigh ni su gestión autónoma y, por tanto, intentaron obstaculizar el modo de funcionamiento de estas estructuras comunitarias. Diversos testimonios indican que representantes estatales locales (jefes de gobiernos locales, de la policía y gendarmería) estuvieron muy visibles sobre el terreno durante la crisis sanitaria, realizando seguimiento, citando e intentando intimidar a miembros de comités de aldeas, amenazándoles con procesarles por actividades ilegales e incluso por “atentar contra la autoridad estatal y la unidad nacional”. Los gendarmes intervinieron en varios lugares, particularmente en Cabilia, para desmantelar puestos de control establecidos por los comités de aldeas, llevaron a cabo actos de violencia contra personas e incluso trataron de interferir en operaciones para distribuir alimentos a los habitantes. Por lo general, los gendarmes son árabes que no entienden ni hablan tamazight, la lengua indígena. Esto no facilita la interlocución, ni la naturaleza pacífica de las relaciones con la población, lo cual ha dado como resultado varios incidentes entre miembros de las comunidades indígenas y los gendarmes.
El gobierno nunca ha consultado a los Amazigh sobre las medidas sanitarias adoptadas para abordar la pandemia, ni sobre cómo se están implementando. Por ejemplo, las fechas y horarios del confinamiento y su relajación se decidieron unilateralmente, sin consultar a representantes de pueblos indígenas. En la mayoría de los territorios Amazigh, las autoridades no distribuyeron material de protección (mascarillas, desinfectante, etc.) ni divulgaron adecuadamente información en la lengua Amazigh.
En marzo de 2020, bajo el pretexto de combatir la propagación del COVID-19, las autoridades argelinas decidieron, sin ninguna consulta con los representantes de las poblaciones indígenas Kel-Tamasheq (Tuareg), cerrar la frontera entre Argelia y Mali. Los guardas de frontera argelinos han colocado una alambrada de púas que desconecta brutalmente a los dos asentamientos hermanados de Tin-Zawaten en la parte argelina e Ikhraben en la maliense. Esta alambrada también ha separado a la población de Tin-Zawaten del río que atraviesa su territorio, impidiéndoles acceder a su fuente de agua. Representantes de Tin-Zawaten alertaron a las autoridades argelinas de este hecho pero sin éxito. A partir de mayo, se organizaron manifestaciones públicas contra la alambrada y el 15 de junio, gendarmes argelinos hicieron uso de sus armas, hiriendo a varias personas y matando al joven Ayoub Ag Adji. Además de los riesgos de origen climático que están afectando gravemente a esta región desértica, las poblaciones indígenas Kel-Tamasheq también están sometidas a la violencia del Estado argelino cada vez que protestan contra su situación de miseria y marginación.
Belkacem Lounes tiene un doctorado en economía, es profesora universitaria (Universidad de Grenoble), miembro experto del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y autora de numerosos informes y artículos sobre los derechos de los Amazigh.
Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas.
La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí
Notas y referencias
[1] “Référendum sur la Constitution: aboutissement d'une priorité majeure du Président Tebboune (Referéndum sobre la Constitución: una prioridad principal del presidente Tebboune conseguida)”. Algérie Presse Service (APS), 25 de agosto de 2020. Disponible en http://www.aps.dz/algerie/108983-referendum-sur-la-constitution-aboutissement-d-une-priorite-majeure-de-tebboune-pour-une-algerie-nouvelle
[2] Resultados publicados por la Autoridad Nacional Independiente de las Elecciones (ANIE) en su sitio web:
ANIE. “الصيغة المؤقتة للتقرير النهائي لاستفتاء أول نوفمبر 2020.”
27 de diciembre de 2020. Disponible en https://ina-elections.dz/2020/12/27
[3] Amnistía Internacional. “Algeria, a reform of the Constitution in the midst of repression”. 29 de junio de 2020. Disponible en https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/algerie-une-reforme-de-la-constitution-en-pleine-repression
[4] Boletín Oficial de la República de Argelia. “Nº 54 de 16/09/2020”. Secretaría General del Gobierno, 2021. Disponible en www.joradp.dz
[5] Boletín Oficial de la República de Argelia. “Nº 25 de 29/04/20202”. Secretaría General del Gobierno, 2021. Disponible en
https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/textes_reglementaires/F2020025.pdf
[6] Ibid.
[7] Congreso Mundial Amazigh. “Quelques aspects de la vie des Amazighs dans le contexte du covid-19 (La vida Amazigh en el contexto de la COVID-19)”. 12 de mayo de 2020. Disponible en https://www.congres-mondial-amazigh.org/2020/05/12/aspects-de-la-vie-des-amazighs-dans-le-contexte-du-covid-19/
[8] Reporteros Sin Fronteras (RSF). “Algérie, projet de loi anti “fake news” (Argelia, proyecto de ley contra las noticias falsas)”. 23 de abril de 2020. https://rsf.org/fr/actualites/projet-de-loi-anti-fake-news-en-algerie-comment-museler-un-peu-plus-la-liberte-de-la-presse
[9] Leslous, Samir. “Le Président de l’APC de Afir suspendu par le Wali (El presidente de la APC de Afir suspendido por el valí)”. Liberte Algerie, 21 de octubre de 2020. Disponible en https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-p-apc-rcd-dafir-suspendu-par-le-wali-347644
[10] Ouamar, Mohand. “Un Maire suspendu par le Wali de Béjaia” (Un alcalde suspendido por el valí de Béjaia). Observ Algerie, 9 de noviembre de 2020. Disponible en https://www.observalgerie.com/kabylie-un-maire-suspendu-par-le-wali-de-bejaia-le-ffs-crise-au-scandale/2020/
[11] Ouazi, Pica. “Kabylie: Des Ahmadis condamnés par le tribunal de Tizi-Ouzou” (Cabilia: Ahmadíes condenados por el Tribunal de Tizi-Ouzou)”. Observ Algerie, 23 de diciembre de 2020. Disponible en https://www.observalgerie.com/kabylie-des-ahmadis-condamnes-par-le-tribunal-de-tizi-ouzou/2020/
[12] OACDH. “Avis adoptés par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-huitième session
(24-28 août 2020)”. A/HRC/WGAD/2020/53, 9 de octubre de 2020. Disponible en https://www.ohchr.org/documents/issues/detention/opinions/session88/a_hrc_wgad_2020_53_advance_edited_version.pdf
[13] Parlamento Europeo. “Resolución del Parlamento Europeo sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Argelia, en particular el caso del periodista Khaled Drareni”. 2020/2880(RSP), 25 de noviembre de 2020. Disponible en https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0375_ES.html
Etiquetas: Gobernanza Global, Derechos Humanos
