El Mundo Indígena 2026: Venezuela

Escrito en 22 Abril 2026. Publicado en Venezuela

Venezuela es un Estado pluriétnico y multicultural que alberga más de 40 Pueblos Indígenas, entre ellos los Wayúu, Pemón, Kariña, Yanomami, Warao, Yukpa, Yek’wana y Sánema. Estos pueblos poseen lenguas, cosmovisiones y sistemas propios de organización social, política y cultural, estrechamente vinculados a sus territorios ancestrales. La población indígena se concentra principalmente en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, así como en Zulia, Apure, Monagas, Sucre y Lara, regiones caracterizadas por una alta diversidad ecológica y cultural.

El 3 de enero de 2026, Venezuela vivió un hecho excepcional: la incursión de tropas estadounidenses en su territorio, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, de su esposa Cilia Flores y con más de 100 personas fallecidas. Este acto representa una grave amenaza a la autodeterminación de los pueblos, un derecho fundamental para los Pueblos Indígenas reconocido por el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Paradójicamente, el gobierno venezolano ha logrado iniciar negociaciones políticas y económicas que evitan una escalada militar mayor. Esta situación, aunque crítica, podría ofrecer una oportunidad para que los Pueblos Indígenas fortalezcan su participación en la toma de decisiones sobre recursos, políticas ambientales y derechos colectivos, en un contexto de mayor atención internacional, a pesar de ser un escenario de amenaza de guerra, presión por los recursos del subsuelo y alta incertidumbre.

Venezuela ratificó el Convenio 169 de la OIT, integrando sus principios en la Constitución de 1999 y en leyes como la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) y la Ley de Demarcación de Hábitats y Tierras Indígenas. Estas normas reconocen derechos territoriales, la participación política, la identidad cultural y el carácter pluricultural del Estado. Sin embargo, persisten brechas significativas entre el reconocimiento legal y la implementación efectiva.

Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí

Derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales

El derecho de los Pueblos Indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales constituye uno de los pilares del derecho internacional indígena. Los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT reconocen la especial relación que los Pueblos Indígenas mantienen con las tierras que tradicionalmente ocupan, así como su derecho a la propiedad y posesión de estas.^[1]

En 2025, este derecho continuó enfrentando limitaciones importantes en Venezuela, particularmente en la región amazónica. Diversas organizaciones indígenas y de derechos humanos documentaron la persistencia de presiones externas sobre territorios indígenas, asociadas a actividades extractivas y a la falta de avances sustantivos en los procesos de demarcación territorial. Estas situaciones afectaron de manera particular a pueblos como los Yanomami, Yek’wana, Sánema y Uwottüja, quienes defienden sus territorios frente a grupos armados dedicados a la minería ilegal de oro.

A pesar de que los territorios ocupados por estos pueblos superan los 10.000.000 de hectáreas y aún carecen de instrumentos formales de titulación, cuentan con protecciones legales que limitan la intervención externa. Por ejemplo, el estado Amazonas, con 12.000.000 de hectáreas, mantiene la prohibición de actividades extractivas establecida en un decreto presidencial de 1989, gracias a la resistencia de las organizaciones indígenas locales, como ORPIA, OIPUS y Kuyunu.

Los territorios indígenas funcionan como corredores ecológicos y sociales esenciales para la Amazonía, conectando bosques, ríos y ecosistemas estratégicos. Según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada,^[2] los bosques indígenas conectan áreas protegidas y facilitan el flujo de especies y nutrientes, mientras que Wataniba^[3] documenta la interconexión social a través de rutas tradicionales de intercambio, cacería, pesca y ceremonias culturales. La fragmentación de estos territorios como consecuencia de la minería y la deforestación afecta la cohesión comunitaria, limita el libre tránsito y pone en riesgo la vida y la salud de las poblaciones locales. La participación de Wataniba en la Alianza Noramazónica, en coordinación con ORPIA, así como en las COPs de 2025 ha fortalecido la incidencia internacional sobre la protección de estos territorios y el reconocimiento de sus derechos colectivos.

Derechos económicos, sociales y culturales

Salud intercultural

En 2025, las sanciones económicas internacionales contra Venezuela continuaron afectando gravemente al sistema de salud pública, impactando de manera más severa a los Pueblos Indígenas por su dependencia de servicios estatales, su ubicación remota y la ausencia de alternativas privadas. La importación de medicamentos esenciales, vacunas, insumos médicos y equipos sufrió retrasos significativos debido a restricciones financieras y sobrecumplimiento por bancos y proveedores internacionales.

Las brechas de atención se reflejan en altas tasas de malaria, desnutrición crónica y enfermedades respiratorias en estados como Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro^[4],^[5]. La falta de infraestructura, personal médico itinerante y transporte adecuado limita la cobertura de programas de salud interculturales. Estrategias focalizadas, como la búsqueda activa de casos de tracoma en Maroa y Río Negro, evidencian la necesidad de intervención especializada.

Las comparaciones con territorios yanomami en Brasil muestran cómo el acceso efectivo a atención primaria reduce la mortalidad por malaria (42 %) y la desnutrición severa (20 %), reforzando la urgencia de programas interculturales en Venezuela.

Minería y presión extractiva

Entre 2020 y 2025, la minería ilegal en territorios indígenas amazónicos aumentó considerablemente. Esta expansión genera fragmentación ecológica, contaminación de ríos y conflictos comunitarios, afectando derechos fundamentales como la vida, la salud y el libre tránsito. Las actividades extractivas también impactan la economía local basada en la agricultura, la pesca y la recolección de productos forestales, debilitando la soberanía alimentaria.

El dato más revelador es que la minería se multiplicó por 31 entre 2000 y 2024, un incremento de 3.021 %. Esto significa que la velocidad actual de expansión equivale a destruir aproximadamente 10 campos de fútbol de bosque amazónico cada hora, según Wataniba.^[6]

En los últimos cinco años, la minería en el estado Amazonas se ha mantenido en una fase de expansión, consolidando niveles máximos históricos. La superficie afectada pasó de 1.785 hectáreas en 2016 a 4.053 hectáreas en 2023, registrándose en 2024 una leve reducción hasta 3.933 hectáreas. De este modo, la presión minera sigue siendo muy superior a la de comienzos de siglo, cuando la superficie apenas alcanzaba 126 hectáreas en el año 2000.^[7]

Las tensiones generadas por la minería entre comunidades repercuten en la cohesión social y aumentan la vulnerabilidad a la violencia, los desplazamientos y los conflictos internos. La participación activa de las organizaciones indígenas y de Wataniba en el monitoreo socioambiental fortalece la capacidad comunitaria para gestionar los recursos y proteger la integridad territorial, en línea con el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT.

Participación política y autogobierno

En 2025 se realizaron elecciones indígenas para representantes ante la Asamblea Nacional y los concejos locales. Por primera vez, los Pueblos Indígenas eligieron concejales propios en distintas entidades federales, lo cual implica un avance en la democracia participativa.

Sin embargo, se identificaron desafíos relacionados con la disponibilidad de información culturalmente pertinente, la igualdad de condiciones y la adecuación de procedimientos. Según ORPIA,^[8] las mediaciones internas garantizaron la legitimidad de los resultados, reforzando la autodeterminación y la participación política efectiva conforme al artículo 6 del Convenio 169.

Los espacios de deliberación indígena, como la Plenaria Nacional del Proceso Constituyente Indígena, consolidaron instancias de toma de decisiones propias, reflejando el ejercicio del derecho al autogobierno y la conservación de costumbres e instituciones propias (artículo 8 del Convenio 169).

Medio ambiente y cambio climático

Los territorios indígenas son cruciales para la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. En 2025, los Pueblos Indígenas venezolanos participaron en espacios nacionales, regionales e internacionales, incluyendo la PreCOP Indígena y la COP 30.

Wataniba (2025) resalta que la protección de estos territorios está ligada al derecho a un ambiente sano y a la participación indígena en la gestión ambiental, en consonancia con el artículo 15 del Convenio 169.

Aunque en 2025 no se formalizaron títulos de tierras y hábitats indígenas, las organizaciones representativas de los Pueblos Uwottüja del Sipapo y Ye’kwana del Alto Ventuari (OIPUS y KUYUNU, respectivamente), de la mano con la ORPIA, iniciaron la elaboración de planes de vida como herramientas de contribución a los planes de gestión de las áreas naturales protegidas que se sobreponen con sus territorios ancestrales. Esta iniciativa busca abrir posibilidades de aprobación gubernamental para el ejercicio de la cogestión. Cabe mencionar que más del 60 % de estos territorios están amparados por alguna figura de protección ambiental.

Conclusión

En 2025–2026, la situación de los Pueblos Indígenas en Venezuela refleja un escenario complejo de desafíos y oportunidades:

• La intervención militar estadounidense y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores representan una amenaza grave para la libre autodeterminación y la soberanía de los Pueblos Indígenas.
• La negociación política y económica con actores internacionales puede abrir espacios de participación y fortalecimiento institucional indígena.
• Persisten retos estructurales en derechos territoriales, salud, educación, protección ambiental y acceso a recursos.
• La minería ilegal y la presión extractiva continúan fragmentando territorios y afectando la conectividad ecológica y social.
• Las organizaciones indígenas y de la sociedad civil, como ORPIA, Kuyunu, OIPUS y Wataniba, siguen siendo fundamentales para el monitoreo de derechos, la incidencia internacional y la articulación de políticas de protección territorial y ambiental.

En síntesis, la coyuntura política actual, pese a su gravedad, ofrece paradójicamente posibilidades estratégicas para fortalecer la participación, la defensa territorial y la autodeterminación indígena, siempre que se respeten los estándares internacionales consagrados en el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos de derechos humanos.

Wataniba - Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía es una organización dedicada a la protección de la Amazonía y a la promoción y defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas amazónicos.

Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí

Notas y referencias

^[1] Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio n.º 169. OIT, 1989. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_norm/%40normes/documents/sitestudiocontentelements/wcms_con_txt_itp_con_169_en.pdf?utm_source=chatgpt.com

^[2] Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). Mapas y análisis de conectividad ecológica y presión extractiva. RAISG, 2025.

^[3] Wataniba - Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía. Informes de monitoreo territorial y socioambiental. Wataniba, 2025.

^[4] Organización Panamericana de la Salud (OPS). Datos de salud indígena y programas interculturales. OPS, 2025.

^[5] Wataniba - Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía. Informes de monitoreo territorial y socioambiental. Wataniba, 2025.

^[6] Ibid.

^[7] Ibid.

^[8] Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA). Informes de participación política y defensa territorial. ORPIA, 2025.

Etiquetas: Derechos Humanos