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    Pueblos indígenas en Perú

    En Perú viven más de 4 millones de personas indígenas, 55 pueblos indígenas que hablan 47 lenguas. En 2007 votó a favor de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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Nuevo libro: Impactos del TPP sobre los derechos de los pueblos indígenas

Desde que en Nueva Zelanda, en febrero de 2016, 12 países suscribieran el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), mucho se ha debatido sobre su impacto en los derechos de los pueblos indígenas.  IWGIA junto a los autores del libro busca contribuir al debate con una publicación que por primera vez reune las dinámicas de los tratados de libre comercio en la región, los contextos comerciales, los casos particulares y las consecuencias  para los pueblos indígenas.

Para poder explicar cómo las decisiones respecto al comercio y la inversión afectan a los derechos humanos en general y a los derechos de los pueblos indígenas en particular, este libro reune desde un enfoque interdisciplinario, las reflexiones del abogado chileno, José Aylwin, del sociólogo mexicano, Emanuel Gómez y del economista peruano, Luis Vittor. Todos concluyen y afirman que existe el deber de consulta a los pueblos indígenas en línea con el Convenio 169 de la OIT, ratificado por estos estados latinoamericanos.

Los contenidos

El libro analiza los contenidos fundamentales del TPP e identifica los principales derechos humanos e indígenas vulnerados, ahondando en las preocupaciones que han sido manifestadas por expertos independientes del sistema de Naciones Unidas en relación con estos acuerdos, así como sus recomendaciones. Entre ellas, las formuladas en su informe 2015 por la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, donde abordó las consecuencias de los acuerdos de inversión para los derechos indígenas.

“Estos acuerdos, impuestos sin procesos de participación ciudadana y sin consulta a los pueblos indígenas, han incidido en la proliferación de inversiones extractivas y de infraestructura en las tierras y territorios de ocupación tradicional indígena, que deterioran sus condiciones de vida, así como también han derivado en la apropiación de conocimientos tradicionales indígenas vinculados a sus recursos naturales y biodiversidad en beneficio de las corporaciones, vulnerándose el derecho que tienen estos pueblos a la autonomía y a definir prioridades de desarrollo”, reafirma José Aylwin, co director del Observatorio Ciudadano.

Aylwin asegura que la suscripción del TPP agudizaría la vulneración de estos pueblos “al mantener y fortalecer la protección a los inversionistas a través de disposiciones que les permiten a estos demandar a los estados ante instancias arbitrales, en caso de lesionar sus ‘expectativas razonables’, lo que impedirá a dichos estados adoptar políticas públicas o legislación para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo las obligaciones que han adquirido al ratificar el Convenio 169 de la OIT y al suscribir la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Asimismo, el libro da cuenta de los orígenes de las políticas de libre comercio y cómo estas han sido impuestas en las últimas décadas a nivel global y en la región. Expone las características generales de los tratados de libre comercio y su impacto en la economía y la sociedad en general de los tres países latinoamericanos que forman parte del acuerdo: Chile, México y Perú.

“Los tratados de inversión al amparo de las políticas de libre comercio se remontan a los últimos veinte años, desde que surge la Organización Mundial de Comercio (OMC) y bloques comerciales que van incorporando a países de la región, lo que ha generado, al mismo tiempo, la irrupción de una serie de movimientos sociales y de organizaciones civiles que han denunciado que los estados favorecen a las empresas transnacionales aún por encima de los derechos humanos más básicos como el acceso a los recursos naturales, su aprovechamiento, uso y disfrute, en el marco de los derechos territoriales”, sostiene Emanuel Gómez.

 El caso de Perú

Un ejemplo, es el caso peruano, “que lleva dos décadas y media de aplicación de políticas de liberalización económica donde 21 acuerdos comerciales y 29 acuerdos de inversión se han constituido en herramientas que han sostenido las inversiones y las exportaciones. Siendo el TLC con Estados Unidos el que generó mayores repercusiones, puesto que para su implementación el gobierno emitió más de 100 decretos legislativos, de los cuales al menos una decena afectaban directamente derechos indígenas, como el derecho al territorio, la participación, la consulta previa y la identidad cultural. Las organizaciones indígenas cuestionaron estos decretos y sus movilizaciones lograron derogar seis de ellos. Lo que gráfica con claridad los riesgos que implican la suscripción de acuerdos comerciales sin una evaluación de sus impactos en los derechos humanos, agrega Vittor.

Y es que el alcance que tienen estos acuerdos denominados de “nueva generación”, como el TPP, van más allá de meras rebajas arancelarias. “En efecto, el TPP no es un acuerdo de libre comercio cualquiera; sus cláusulas en materia de patentes de medicinas, registro de semillas agrícolas y la mercantilización de los conocimientos tradicionales, parece abrir un nuevo ciclo de privatización de elementos que forman parte de la identidad colectiva de los pueblos originarios y que han permitido su reproducción biológica y cultural”, apunta Emanuel Gómez.
 
Al respecto, Vittor previene que “en el debate sobre estos acuerdos siempre se presentan los beneficios económicos, pero no se revisan los impactos que pueden tener sobre los derechos humanos y en particular los derechos de los pueblos indígenas. Por eso el libro se centra en revisar los efectos de los acuerdos comerciales en los pueblos y ofrece recomendaciones para que se valoren –previo a su aprobación y ratificación- las consecuencias sobre los derechos humanos y recomienda que se realicen procesos de consulta”.

 “Teniendo presente que el TPP constituye una medida legislativa que a todas luces genera consecuencias en pueblos indígenas, y que por lo mismo, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT suscrito por estos estados, debería serles consultada”, agrega Aylwin.  “La urgente necesidad de que los estados realicen, en forma previa a su análisis por los congresos, una evaluación de impacto en derechos humanos de este acuerdo, como lo proponen los expertos independientes de la ONU.

Sobre los autores

José Aylwin Oyarzún

Es abogado, Magister en derechos humanos y de pueblos indígenas de la Universidad de British Columbia, Canadá. Fue Director del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, Temuco, Chile, entre 1994 y 1997. Actualmente es co Director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (hoy Observatorio Ciudadano), ONG de promoción de derechos humanos fundada el 2004. Ha realizado estudios sobre derechos humanos, ciudadanía y sobre derechos de pueblos indígenas para diversas entidades en Chile y el exterior. Autor de diversas publicaciones sobre las mismas materias. Es profesor de Derecho Indígena en la Universidad Austral de Chile. Es además consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) del mismo país y asesor del Grupo Internacional de Trabajo en Asuntos Indígenas (IWGIA).

Emanuel Gómez Martínez

Es sociólogo, Magister y Doctor en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es además diplomado en antropología jurídica por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y en agroecología por la Universidad Internacional de Andalucía. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo del posgrado (maestría y doctorado) en ciencias en desarrollo rural regional de la Universidad Autónoma de Chapingo, sede Chiapas, de la cual es coordinador para el periodo 2014-2016. Candidato al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Activista de la Campaña Sin Maíz No Hay País, integrante de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales (AMER).

Luis Vittor Arzapalo

Es economista. Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Entre 2009 y 2014 fue asesor de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), red de organizaciones de pueblos indígenas de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Ha escrito diversos artículos e informes sobre la situación de los pueblos indígenas en distintos territorios y sobre los impactos de actividades de las empresas transnacionales en los derechos de los pueblos indígenas.

Etiquetas: Derechos Humanos

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