A 25 años de la creación del mandato del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Escrito en 13 Mayo 2026. Publicado en Noticias

POR LOLA GARCÍA-ALIX PARA DEBATES INDÍGENAS

En un contexto de crecientes desafíos para el sistema internacional de derechos humanos, el actual Relator Especial, Albert Barume, conversó con sus antecesores sobre la importancia del mandato para la defensa de los derechos indígenas. Desde los derechos territoriales y la libre determinación hasta el impacto del cambio climático y la criminalización, la contribución de cada relator ha dejado un legado normativo y político de gran alcance. A partir de sus experiencias, subrayaron la necesidad de reforzar la cooperación entre mandatos y advirtieron sobre los modelos de desarrollo extractivos que avanzan sin el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas.

El 24 de abril, en el marco de la 25 sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII), se conmemoró el 25° aniversario del establecimiento del mandato del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que, desde su creación en 2001, se ha consolidado como una de los principales instrumentos internacionales de protección y promoción de los derechos indígenas.

Facilitado por Albert Barume, el actual Relator Especial, el evento reunió representantes de Pueblos Indígenas, Estados Patrocinadores, altos funcionarios de la ONU, y Organizaciones No Gubernamentales, así como a los anteriores titulares del mandato: el profesor James Anaya, el embajador Francisco Cali Tzay y la activista Victoria Tauli-Corpuz, quien participó a través de un mensaje por video. Asimismo, se rindió un homenaje con un minuto de silencio al primer Relator, Rodolfo Stavenhagen, reconociendo su legado fundamental en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Bajo el lema “25 años promoviendo los derechos de los Pueblos Indígenas: impacto, lecciones aprendidas y futuro del mandato”, el aniversario puso en relieve la trayectoria de un mecanismo que se ha consolidado como uno de los principales instrumentos internacionales de protección y promoción de los derechos indígenas.

Un mecanismo independiente con impacto real

Al inaugurar el encuentro, el Dr. Albert K. Barume subrayó que el aniversario no solo era una ocasión para celebrar, sino también para “examinar las brechas persistentes en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. Asimismo, señaló la necesidad de reforzar la relevancia del mandato en un contexto global marcado por presiones crecientes sobre los derechos humanos y el multilateralismo.

Desde su creación, el mandato ha realizado 51 visitas oficiales a países, ha elaborado 62 informes temáticos y ha intervenido en más de mil comunicaciones dirigidas a Estados, empresas y otros actores. A través de estas acciones, ha documentando violaciones, ha visibilizado patrones estructurales de discriminación y ha contribuido a la interpretación del derecho internacional en materia indígena.

Durante la apertura del evento, la Secretaria General Adjunta para los Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris, destacó que el mandato ha sido “un mecanismo crítico e independiente”, que ha contribuido a abordar la discriminación estructural y a reforzar la rendición de cuentas. No obstante, advirtió que en todas las regiones continúan, e incluso se agravan, las violaciones de derechos, impulsadas en gran parte por modelos de desarrollo extractivos que avanzan sin el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas.

Tierra, criminalización y empresas: desafíos persistentes

A lo largo del evento, se coincidió en una serie de diagnósticos: la expansión de proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura (incluidos aquellos vinculados a la transición “verde”) sigue generando desplazamientos forzados de comunidades enteras, pérdida de territorios, criminalización de líderes indígenas y diversos tipos de violencias, en particular contra mujeres y defensoras indígenas.

En este contexto, Joan Carling, defensora de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Directora Ejecutiva de Indigenous Peoples Rights International (IPRI), describió el mandato como un “salvavidas” para muchos defensores indígenas perseguidos injustamente. A su vez, relató casos concretos en países como Filipinas y Guatemala en los que las intervenciones del Relator Especial contribuyeron de manera decisiva a liberar a personas criminalizadas por defender sus territorios.

El papel de los Estados y la cooperación internacional

Una vez más, México y Guatemala, los Estados patrocinadores históricos del mandato del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reafirmaron su apoyo político. Por su parte, la embajadora de México ante Naciones Unidas, Alicia Bárcena, recordó el papel fundamental del mandato en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y destacó avances recientes en su país, como la reforma constitucional que reconoce a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público.

Desde Guatemala, la Coordinadora Presidencial contra la Discriminación y el Racismo hacia los Pueblos Indígenas, Ana Pérez Conguache, subrayó la importancia de las visitas in situ de los Relatores Especiales para poder escuchar a las personas afectadas y dialogar con los Estados. Asimismo, la Coordinadora destacó las recomendaciones realizadas, aunque reconoció que persisten fenómenos graves como la criminalización de liderazgos indígenas.

Un legado colectivo y una agenda para el futuro

Uno de los momentos centrales del evento fue el repaso histórico del mandato a través de un vídeo conmemorativo, que destacó las contribuciones de los cinco Relatores Especiales: Rodolfo Stavenhagen, James Anaya, Victoria Tauli-Corpuz, Francisco Calí Tzay y, actualmente, Albert Barume. Desde los derechos territoriales y la libre determinación hasta el impacto del cambio climático y la criminalización, el enfoque de cada Relator Especial ha dejado un legado normativo y político de gran alcance.

En el diálogo con antiguos titulares del mandato, todos coincidieron en que el mayor valor del mandato del Relator Especial radica en amplificar las voces de los Pueblos Indígenas, cerrar la brecha entre normas y práctica, y fortalecer la coordinación con otros mecanismos de la ONU, como el Foro Permanente y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en un contexto de crecientes desafíos para el sistema internacional de derechos humanos y sus mecanismos de promoción y protección.

Al cerrar el evento, ante los desafíos que vive el sistema internacional de derechos humanos, Albert Barume, afirmó que los próximos años exigirán una estrategia de defensa: “No podemos dar por sentado los logros de estos 25 años. Salvaguardarlos es una responsabilidad colectiva”. De este modo, el Relator Especial destacó que es momento de resguardar lo ya conquistado, incidir en el seguimiento de las recomendaciones y garantizar los recursos financieros suficientes.

Lola García Alix es asesora principal del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

Foto de portada: Francisco Cali Tzay, Albert Barume y James Anaya durante la celebración. Foto: Lola García-Alix / IWGIA

Etiquetas: Debates Indígenas