Autonomía y desplazamiento forzado de comunidades indígenas en México

Escrito en 07 Agosto 2025. Publicado en Noticias

POR RAMÓN MARTÍNEZ CORIA PARA DEBATES INDÍGENAS

El discurso del Gobierno ha cooptado la narrativa antineoliberal, mientras impone una escalada de la militarización en los territorios. Aunque se han impulsado reformas jurídicas en materia de derechos indígenas, persiste una negativa explícita a reconocer sus derechos territoriales en la Constitución. En este contexto, los Pueblos Indígenas sufren el avance del crimen organizado, el despojo, el desplazamiento forzado y la violación sistemática de sus derechos. Frente al etnocidio, la negociación política por las garantías jurídicas sobre sus territorios es la piedra angular de la resistencia del movimiento indígena.

Luego de cinco siglos, vivimos un cambio de era en el orden geopolítico mundial, donde el derrumbe de la hegemonía colonial e imperialista del Occidente Colectivo da lugar a una nueva configuración multipolar de las relaciones internacionales de poder económico, político, tecnológico, militar y sociodemográfico. Los Estados nacionales y sus sistemas constitucionales, retóricamente soberanos, se tornaron en obstáculo para los intereses globalistas de los complejos industriales trasnacionales del G7, modificando así su fuerza bélica y financiera de disuasión, intervención e imposición. 

La cosmovisión hegemónica representada en la retórica de la democracia liberal protestante, que secuestró el relato ético de los derechos humanos universales desde 1948, se ha hecho inverosímil cuando las convenciones e instituciones multilaterales que arbitran las relaciones político-diplomáticas entre los Estados han perdido su legitimidad. Primero, con las guerras de Afganistán, Irak y Libia, luego con la crisis epidemiológica del Covid-19 y ahora por su silencio criminal sobre el genocidio del pueblo palestino perpetrado por Israel. Ocurre lo mismo con todo el Sistema de Naciones Unidas implantado por las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial. 

El cambio de régimen en México

En este contexto, la crisis de actuación y competencia de los organismos multilaterales impacta también en la relación semántica y política entre los Estados y sus pueblos, en el sentido de que la alineación de los sistemas constitucionales con esos estándares internacionales merma como paradigma jurídico. La presión diplomática internacional contra los gobiernos autoritarios y totalitarios, y frente al intervencionismo militar de las potencias dominantes dejó de tener la eficacia simbólica y pragmática de antaño.

De este modo, las ideas políticas neoliberales extractivistas globalistas han entrado en total contradicción con las formas de organización estatal soberanas y nacionalistas. Esto se observa en términos jurisdiccionales y de gobernabilidad; en materia de seguridad pública, control territorial y de recursos estratégicos; y en el monopolio de la violencia como garantía del interés público sobre el privado. La cuestión es dilucidar si estamos ante un modo emergente de descolonización o no.

En el caso de México, las elecciones presidenciales de 2018 detonaron un cambio de paradigma en el gobierno federal que posibilitó una redistribución del poder político-administrativo y, hasta cierto punto, del político-parlamentario, desplazando a las élites locales que no se alinearon al discurso soberanista del gobernante electo. Al final de 2024, la elección de un nuevo Ejecutivo federal del mismo partido político y una abrumadora mayoría en las dos Cámaras del Congreso de la Unión consolidó el cambio de régimen.

De este modo, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo han consolidado un discurso populista dirigido contra las ideas y prácticas político-económicas intervencionistas reguladas por Breton Woods. Sin embargo, el “nuevo régimen” ha impuesto una gran escalada de militarización en las funciones institucionales públicas civiles, al mismo tiempo que descalifica y criminaliza el trabajo de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos violentados. 

Los Pueblos Indígenas como sujeto colectivo de derechos políticos y territoriales

Desde la suscripción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo por el gobierno mexicano en 1990 y su ratificación por el Senado en 1991, se han llevado a cabo tres reformas constitucionales exprofeso para alinear las leyes y las instituciones con estos estándares: 1992, 2001 y 2024. Más allá del degradé enunciativo de cada ronda parlamentaria, emergió una nueva formación discursiva entre los Pueblos Indígenas y sus comunidades por sus derechos específicos, con el objetivo de denunciar su violación, exigir su justiciabilidad y promover su divulgación en todas sus lenguas maternas.

Aunque es verificable el cambio progresivo en el marco jurídico nacional en materia de derechos indígenas, el Estado mexicano se niega explícita y negligentemente al reconocimiento positivo en la letra de la Carta Magna de los derechos territoriales colectivos de los Pueblos Indígenas. Esto es muy grave cuando los derechos territoriales son una condición de su derecho a la vida, tal y como se ha definido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En tal circunstancia, el derecho a la autodeterminación con autonomía y al Consentimiento Previo, Libre e Informado son sólo retórica y propaganda.

Con casi el 24 por ciento de sus 125 millones de habitantes, México es el país del continente americano con la mayor cantidad absoluta de población indígena por autoadscripción. Además, esta cifra representa una mega diversidad etnolingüística que persiste arraigada en sus territorios bioculturales. Sin embargo, las comunidades tradicionales y sus patrimonios territoriales se hallan en una encrucijada de violencia, despojo y violación sistemática de derechos que vulnera su existencia misma.

Al final del siglo XX se experimentó un cambio sociodemográfico de grandes proporciones en la población indígena mexicana, que provocó una gran diáspora migratoria hacia zonas urbanas, campos agroindustriales y los Estados Unidos. Simultáneamente, las políticas económicas neoliberales extractivistas generalizaron la violencia en sus territorios, vistos como grandes reservorios de recursos estratégicos (hidrológicos, genéticos, minerales y energéticos), lo que constituye una causal multifactorial de su desplazamiento forzado.

Los efectos de la organización indígena mexicana

El discurso político de los derechos indígenas facilitó la articulación de un movimiento heterogéneo e inédito, que vinculó a organizaciones y comunidades de todas las regiones del país. El proceso se expandió al movimiento indígena continental y activó nuevas estrategias de gestión dialógica con los gobiernos, creación de redes transfronterizas e, incluso, la formación de autodefensas armadas. Asimismo, se potenció el uso de tecnologías digitales para la articulación, defensa y denuncia de derechos violentados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Emergió así una nueva generación de liderazgos con la integración generalizada de las mujeres a las estructuras organizativas, de representación y autoridad. A pesar de la reticencia de legisladores y gobernantes de todos los partidos, la movilización política provocó transformaciones recurrentes tanto en las leyes secundarias (que reglamentan la Constitución Federal) como en las constituciones estatales de las entidades federativas.

Resulta imposible hacer un recuento simple de las luchas de resistencia al despojo, por la autonomía política y el reconocimiento de estas comunidades como parte de la jurisdicción del Estado. Algunas de las experiencias más emblemáticas han sido la formación del Congreso Nacional Indígena (1993); el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas (1994); el Congreso Nacional de Mujeres Indígenas (1996); y la creación de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán y Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en La Montaña de Guerrero (1995-1998).

Del mismo modo, se puede destacar la creación del Frente Nacional de Pueblos Indígenas Desplazados por Presas, reconocido por el Movimiento contra las Represas de Brasil (1997), la Coordinadora de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas (2000), la elección de autoridades municipales por usos y costumbres en Cherán, Michoacán (2011) y la formación de autodefensas en Chiapas y Michoacán (2015-2025).

Consorcios empresarios, crimen organizado y desplazamiento forzado

Paralelamente al desarrollo de los movimientos autonómicos, se exacerbaron las formas públicas y privadas, legales e ilegales de desplazamiento forzado por despojo territorial y biocultural. Los consorcios industriales y el crimen organizado, en su dimensión transnacional, constituyen poderes fácticos que buscan el control o la cooptación del Estado. Por eso, su éxito está directamente relacionado a los niveles de corrupción e impunidad de los funcionarios públicos. En 2024, el Ejecutivo Federal ordenó a sus senadores a bloquear la ley general en materia de desplazamiento forzado, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados en 2020 siguiendo estándares internacionales.

Lo que se observa en México y toda América Latina es que el espectro de intereses privados sobre los territorios indígenas se diversifica y profundiza constantemente: extracción masiva de recursos minerales y energéticos; apropiación y control de agua, viento y sol; megaproyectos de infraestructura; “desarrollos” inmobiliarios; agroindustrias y producción pecuaria intensiva; biopiratería para industrias de cosméticos, alimentos procesados, fertilizantes y medicamentos; explotación turística de alto impacto o de élite; trasiego de drogas, armas, migrantes, piezas arqueológicas y especies endémicas.

Más grave aún es que los desplazamientos por despojo se cruzan con la violencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y reclutamientos involuntarios. Sin garantías jurídicas sobre sus tierras y patrimonios, las comunidades están expuestas a todas las formas de criminalidad, en un contexto donde las Fuerzas Armadas son incapaces de garantizar la integridad del territorio nacional. Del mismo modo, las Fuerzas Policiacas no tienen capacidad de garantizar la seguridad pública ni la protección de personas o comunidades.

Frente al etnocidio, la resistencia

Durante los últimos 30 años, las organizaciones civiles y los grupos de académicos activistas hemos acompañado a comunidades indígenas desplazadas o en riesgo debido a la violencia, la inseguridad y la violación de derechos humanos en pos de la extracción de recursos. En contraste, los desplazamientos por desastres ambientales suelen ser atendidos por las instituciones de la Protección Civil y no incluyen el despojo territorial. Logramos identificar indicadores tempranos que hacen posible la prevención, siempre y cuando haya voluntad política por parte de las autoridades competentes.

Fenomenológicamente, hay un umbral en las comunidades más arraigadas a sus saberes y prácticas bioculturales que mantienen sus modos productivos primarios ancestrales, donde su vínculo con el territorio les garantiza autonomía alimentaria y energética, aún en situación de aislamiento y subsistencia. Cuando agentes externos con intereses sobre el agua, los recursos bióticos, minerales o energéticos aparecen, esa urdimbre sutil se quebranta de manera estructural y provoca un desplazamiento productivo (reasentamientos involuntarios por obras de infraestructura y proyectos de desarrollo) que rompe las cadenas reproductivas elementales de la formación comunitaria.

Cuando los hogares dejan de tener suficiencia alimentaria y energética, se detona un cambio progresivo en los patrones de consumo, en una situación donde la falta de ingreso motiva la diáspora migratoria económica, especialmente entre los adultos más jóvenes. Entonces, las comunidades se pauperizan rápidamente y se desactivan sus sistemas normativos, lo que facilita la división interna, que constituye el preámbulo del despojo de facto y luego legalizado. Finalmente, cuando las comunidades son forzadas al desplazamiento su ethos etnolingüístico muere en una generación.

Los procesos comunitarios de resistencia, defensa y lucha organizada contra el etnocidio requieren de alianzas estratégicas con las organizaciones civiles defensoras, comunicadores sociales, académicos activistas y acompañantes multilaterales no gubernamentales. Frente al contexto de violencia que se vive en México, la negociación política por las garantías jurídicas sobre sus territorios es la piedra angular para evitar la extinción de las comunidades tradicionales por despojo.

Ramón Martínez Coria es antropólogo y sociólogo (Escuela Nacional de Antropología e Historia) y presidente de la organización Foro para el Desarrollo Sustentable. Además, es defensor de derechos de las comunidades indígenas despojadas y desplazadas de sus territorios.

Foto de portada: Foro para el Desarrollo Sustentable

Etiquetas: Debates Indígenas