Redefiniendo lo verde: resultados y reflexiones de la Cumbre sobre Derechos Indígenas y Economía Verde

 

 

La transición global hacia una economía verde avanza rápidamente, impulsada por la necesidad urgente de reducir las emisiones de carbono y enfrentar el cambio climático. Sin embargo, esta transición no ocurre en el vacío y tiene profundas implicancias para los Pueblos Indígenas, cuyas tierras y medios de vida son, cada vez más, objeto de interés para proyectos de extracción de recursos y de energías renovables. 

Las energías renovables, los vehículos eléctricos y la minería “verde” se promueven como soluciones a la crisis climática. Pero, si la historia se repite, estas industrias crecerán a costa de las tierras, los derechos y la soberanía de los Pueblos Indígenas. Por esta razón, sus voces han sido frecuentemente excluidas de las negociaciones de alto nivel que determinan cómo se extraen los recursos y a quién se beneficia. Mientras para el mundo industrial moderno, la economía verde representa una gran oportunidad, para los Pueblos Indígenas es una nueva amenaza existencial disfrazada bajo eslóganes de sostenibilidad.

La Cumbre sobre Transición Justa y Pueblos Indígenas fue una respuesta a estos desafíos y representó un hito histórico: por primera vez, un encuentro liderado por indígenas se centró en transformar la economía verde. De este modo, definieron la agenda, establecieron prioridades, marcaron límites y dialogaron directamente con actores globales en sus propios términos. Así, participaron de la discusión como socios reconocidos y titulares de derechos.

El momento de la verdad: por qué la Cumbre fue crucial

El concepto de “transición justa” busca que el abandono de los combustibles fósiles no agrave las desigualdades sociales. Sin embargo, para las comunidades indígenas, la transición verde reproduce las injusticias del pasado. La extracción de litio, níquel y cobalto (materiales clave para la fabricación de baterías) ha provocado despojos territoriales, degradación ambiental y violaciones a los derechos indígenas. Así lo demuestran los casos de los pueblos Numu/Nuwu (Paiute del Norte) y Newe (Shoshone Occidental) en Estados Unidos, del pueblo Lickan Antay en Chile y la comunidad indígena de Ust-Avam, en el Ártico ruso.

Asimismo, infraestructuras de energía renovable, como parques solares y eólicos de gran escala, se han desarrollado en territorios indígenas sin una consulta adecuada ni el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). En este sentido, la lucha del pueblo Sámi contra los parques eólicos en Suecia, Noruega y Finlandia se ha vuelto emblemática.

La Cumbre se convirtió en una prueba para saber si la economía verde puede romper con los patrones del pasado o si será simplemente otra forma de expansión sobre territorios indígenas “redescubiertos”. Así, representó un punto de inflexión al desplazar la conversación del reconocimiento simbólico hacia demandas concretas. Los Pueblos Indígenas plantearon que toda transición que ignore sus derechos no puede considerarse justa. Esta posición está respaldada por marcos jurídicos internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que consagra el principio del CLPI como una obligación legal y ética.

Hitos clave de la cumbre

La Cumbre sobre Derechos Indígenas y Economía Verde se llevó a cabo del 8 al 10 de octubre en Ginebra. Dada la cantidad de participantes, se decidió dedicar cada día a una discusión en particular.

Día 1. Estableciendo el contexto. Representantes de las siete regiones socioculturales expusieron sobre el estado actual de la transición verde y sus impactos sobre los Pueblos Indígenas. Las discusiones dejaron en claro que sin el liderazgo indígena, la transición corre el riesgo de reproducir los mismos patrones extractivos del pasado.

Día 2. Soluciones. Las y los delegados compartieron modelos, estudios de caso y estrategias para fortalecer la resiliencia comunitaria, consolidar redes indígenas y definir demandas clave para una transición justa. El enfoque no estuvo únicamente en la resistencia, sino también en la construcción de alternativas viables fundamentadas en la gobernanza y el conocimiento indígena.

Día 3. Conexiones globales. La cumbre culminó con intercambios de alto nivel con coaliciones, agencias de Naciones Unidas y otros actores internacionales, con el objetivo de asegurar que las voces indígenas estén presentes en los espacios de toma de decisiones. Además, se aprobó el Documento Final de Resultados. Las discusiones finales subrayaron la importancia de garantizar un lugar permanente para los Pueblos Indígenas en la gobernanza global de la economía verde.

Objetivos, logros y desafíos de la Cumbre

La Cumbre planteó tres objetivos. Por un lado, consolidar el movimiento indígena por una transición justa como una red fuerte que abarque continentes y fortalezca sus alianzas. Por otro lado, proveer un espacio para el compromiso entre Pueblos Indígenas, instituciones globales y los actores que configuran la economía verde: Iniciativa para la Garantía de la Minería Responsable (IRMA), Alianza Global de Baterías y los principales actores corporativos, Foro Económico Mundial (WEF), agencias de la ONU y coaliciones de derechos humanos y ambientales. Finalmente, articular un marco de políticas que centre la gobernanza indígena y el consentimiento en todos los proyectos relacionados con la transición.

Estos objetivos se lograron con notable éxito a través de diálogos con el WEF, IRMA, la Alianza Global de Baterías y los organismos de la ONU. Estos debates marcaron un cambio de un compromiso superficial a discusiones sustantivas. Aunque estas discusiones siguen en curso, la Cumbre estableció como precedente que los Pueblos Indígenas no sólo deben ser consultados, sino integrados en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles.

Un argumento central de la Cumbre fue que la economía verde, tal como está estructurada actualmente, no resuelve los problemas sistémicos de la extracción de recursos. Aunque su objetivo es reducir la dependencia de los combustibles fósiles, sigue operando dentro de un paradigma impulsado por las ganancias, que prioriza la extracción de recursos sobre la sostenibilidad ambiental y la equidad social. La contradicción es evidente: una transición destinada a mitigar el daño ambiental está, en muchos casos, reproduciéndolo.

Las discusiones de la cumbre destacaron estudios de caso donde las comunidades indígenas han resistido con éxito proyectos explotadores, al mismo tiempo que promueven modelos alternativos de desarrollo. Por ejemplo, las iniciativas de energía renovable de propiedad indígena y los proyectos impulsados en colaboración con los líderes han proporcionado modelos viables de extracción responsable. Estos casos subrayan que la transición verde no es inherentemente explotadora, pero su trayectoria actual está profundamente equivocada.

Un lugar en la mesa y documento de resultados

La Cumbre estuvo impulsada con la intención de asegurar que los Pueblos Indígenas consigan un lugar en la mesa y jueguen un papel protagónico en la configuración de la transición justa. Esto requiere ir más allá de una simple consulta previa y caminar hacia un liderazgo genuino, donde el conocimiento y los derechos indígenas sean pilares fundamentales en el futuro de la economía verde. En este sentido, un primer logro fue la adopción del documento Principios y Protocolos. Cumbre Indígena de Transición Justa, que detalla principios y recomendaciones de políticas que podrían reorganizar la estructura de la economía verde.

Aplicación legal del CLPI: los mecanismos existentes para obtener el consentimiento indígena a menudo son eludidos o debilitados mediante vacíos legales, tanto por parte de las corporaciones como de los gobiernos. El documento exige marcos legales vinculantes que establezcan el CLPI como un requisito previo para todos los proyectos extractivos y energéticos que afecten territorios indígenas.

Modelos de gobernanza liderados por Pueblos Indígenas: en lugar de tratar la participación indígena como una formalidad procesal, el documento aboga por la integración de las estructuras de gobernanza indígena dentro de los marcos regulatorios y de toma de decisiones.

Equidad económica en los proyectos de recursos: se rechaza el modelo económico dominante, en el cual las comunidades indígenas asumen los costos sociales y ambientales de la extracción, mientras reciben beneficios económicos mínimos. En su lugar, propone mecanismos de reparto de ingresos y la propiedad directa indígena sobre los proyectos energéticos y mineros.

Reconocimiento de los saberes indígenas: la transición verde debe integrar el conocimiento indígena en las políticas de adaptación al cambio climático y sostenibilidad.

Rendición de cuentas institucional y liderazgo indígena

La Cumbre no representó un punto final, sino una intervención estratégica en una lucha continua. Fue un momento clave para reorientar prioridades y abrir nuevas vías de progreso, reconociendo que será necesario un esfuerzo sostenido. A partir de ahora, los principales puntos de acción incluyen:

– Fortalecer las estrategias legales indígenas: los Pueblos Indígenas impulsarán marcos jurídicos más sólidos, tanto a nivel nacional como internacional.

– Ampliar los modelos económicos indígenas: se priorizará proyectos comunitarios de energía renovable e iniciativas de gobernanza de recursos éticos para demostrar alternativas a las prácticas extractivas. Estos modelos se basan en la propiedad colectiva, la gestión sostenible de los recursos y el beneficio comunitario a largo plazo.

– Garantizar la rendición de cuentas institucional: el trabajo futuro con instituciones globales se centrará en exigir a los actores el cumplimiento de sus compromisos con los derechos indígenas, incluyendo el establecimiento de mecanismos de seguimiento que refuercen estándares éticos en los sectores minero y energético.

En busca de una transición justa y sostenible

La Cumbre dejó en claro que una transición justa no puede definirse únicamente por métricas ambientales y debe evaluarse también en términos de justicia social. Una economía verde que perpetúe el despojo territorial, debilite la soberanía indígena y anteponga la ganancia al respeto de los derechos no es una verdadera transición, sino la continuación de las estructuras de poder bajo un nuevo nombre.

A medida que la comunidad global avanza, es urgente pasar de compromisos superficiales a políticas audaces y ejecutables. La transición justa no puede reducirse a un simple ajuste de los sistemas energéticos: debe ser una transformación estructural que confronte y corrija las injusticias históricas y actuales que sufren los Pueblos Indígenas.

La Cumbre sobre Transición Justa y Pueblos Indígenas fue un paso hacia este objetivo, pero su verdadero impacto se medirá por la disposición de las instituciones y los gobiernos globales de redistribuir el poder y reconocer el liderazgo indígena. Sin este cambio, la promesa de un futuro verde permanecerá irremediablemente comprometida. El camino a seguir depende de lo que hagamos a continuación. Y, gracias a la Cumbre, estamos listos.

 

Para más información sobre la Cumbre sobre Derechos Indígenas y Economía Verde puede consultar el sitio en www.indigenoussummit.org

Rodion Sulyandziga es líder indígena udege de Siberia Oriental (Rusia). Actualmente, es Presidente de la Cumbre y del Comité Coordinador Global de los Pueblos Indígenas (IPGCC). Desde 2000, se desempeña como Director del Centro de Apoyo a los Pueblos Indígenas del Norte / Centro de Formación Indígena Rusa (CSIPN/RITC).