Ecuador: el rostro fascista del extractivismo
POR PABLO ORTIZ T. PARA DEBATES INDÍGENAS
En los últimos meses, el Gobierno de Daniel Noboa ha llevado a cabo dos ofensivas que ponen en riesgo a los derechos humanos. Por un lado, una feroz represión sobre los pueblos indígenas de Cotopaxi con el objetivo de favorecer la instalación de una minera canadiense. Por otro lado, la incursión en la Embajada de México en Quito, que viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, con el único fin de apresar al ex vicepresidente Jorge Glas quien se encontraba en condición de asilado político. Mientras el aparato de propaganda alimenta el miedo y la confusión en la población, de fondo, se ejecuta un paquete neoliberal que incluye la suba del impuesto al valor agregado y la profundización del extractivismo.
Dos eventos trágicos han sido noticia en Ecuador en las últimas semanas. Por un lado, la violenta represión policial y militar contra campesinos e indígenas de Palo Quemado y Las Pampas, en la Sierra Central, que se oponen al proyecto minero La Plata a cargo de la empresa canadiense Ático Mining. Por otro lado, la brutal incursión de comandos de élite de la policía y militares a la sede de la Embajada de México en Quito, con el objetivo de secuestrar a Jorge Glas, ex vicepresidente del país, a quien el gobierno mexicano le había concedido el estatus de asilado político.
¿Qué significan estos acontecimientos de cara a la vigencia de los derechos humanos en general y de los derechos de los pueblos indígenas en particular? Para el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, el secuestro de Glas es un acto de suma gravedad: “Si esto le hacen a una embajada, a un Estado extranjero, a una nación soberana y autónoma, si eso hacen con un país como México, ¿qué se pueden imaginar lo que pueden hacer con los pueblos indígenas en nuestros territorios?”.
Efectivamente, el 11 de marzo, el gobierno de Daniel Noboa, a través del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica pretendió retomar de manera coercitiva una “socialización” del proyecto minero La Plata en la parroquia de Palo Quemado. Esta “socialización” se había iniciado durante el gobierno de Guillermo Lasso y tuvo que ser suspendida por orden de la Corte Constitucional en julio de 2023, al considerar inconstitucional el Decreto 754 sobre “consultas ambientales”. A pesar de ello, la Corte mantuvo vigente la disposición bajo la condición de que “cumpla con los altos estándares nacionales e internacionales”.
Desarrollar la minería cueste lo que cueste
Según el Ministerio de Energía y Minas, la concesión minera La Plata incluye yacimientos de oro, plata, cobre y zinc. Mientras la canadiense Atico Mining Corp señala haber invertido alrededor de 16 millones de dólares en tareas exploratorias, la Ministra de Energía, Andrea Arrobo, señaló que el gobierno trabaja para reabrir el catastro minero. Por su parte, a inicios de marzo, Noboa había visitado Canadá y había suscrito seis compromisos de inversión minera por más de 4.800 millones de dólares, que incluirían 249 nuevas concesiones a gran escala. El presidente había afirmado que el sector minero “es un motor de desarrollo nacional”. Con este objetivo, el gobierno intenta reformar la Constitución para permitir la aprobación de un mecanismo de protección de inversiones: un arbitraje internacional entre los inversores privados y el gobierno.
Por su parte, la CONAIE, su filial amazónica la CONFENIAE, el Pueblo Shuar Arutam (PSHA), el Comité Interfederacional Shuar-Achuar y el Frente Nacional Antiminero expresaron su oposición a las pretensiones gubernamentales en materia de explotación minera: “La minería es una amenaza directa a los territorios ancestrales, a la vida y a los derechos colectivos. El Pueblo Shuar Arutam, que representa a 47 comunidades y posee títulos colectivos sobre 232.500 hectáreas, reitera su rechazo al proyecto minero Warintza por la falta de una consulta previa, libre e informada, y el consentimiento requerido por la Constitución y los tratados internacionales”.
Hay que recordar que el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de los pueblos indígenas a acceder información y a ser consultados de manera previa a cualquier decisión, proyecto o programa que afecte sus territorios e integridad cultural. La normativa ecuatoriana establece que el proceso de consulta previa para pueblos y comunidades indígenas debe llevarse a cabo antes de la adjudicación de territorios para la explotación de recursos no renovables que puedan tener impactos ambientales o culturales.
Sin embargo, en la práctica, su cumplimiento real carece de una normativa secundaria que lo respalde, dejando su implementación sujeta a la interpretación institucional. De este modo, el derecho a la consulta previa se limita a proporcionar información a la potencial población afectada, sin permitir procesos adecuados de discusión, evaluación y propuestas alternativas. En ese sentido, en Ecuador, el derecho al consentimiento libre, previo e informado está restringido, lo cual genera desventajas a los pueblos indígenas y sus comunidades; y ventajas al Estado y al capital extractivo interesados en explotar los recursos naturales en los territorios indígenas.
Movilización de campesinos e indígenas de Palo Quemado y Las Pampas que se oponen al proyecto minero de la canadiense Ático Mining. Foto: Pablo Ortiz-T.
Represión y violencia en torno al proyecto minero
A pesar de la Constitución y la Ley de Minería, la concesión minera La Plata nunca fue consultada a las comunidades de Palo Quemado, ni en la fase de prospección ni en la de exploración. En cambio, ha pretendido “socializar” el proyecto, como si fuera un trámite previo al inicio de la tercera fase: la explotación. La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos denunciaron la represión de Daniel Noboa a los moradores de Palo Quemado: “La población había advertido que desde el 7 de marzo rondaba la zona un grupo de gente armada que amedrentaba a la población de Palo Quemado a favor de la minería”.
Pocos días después, el 11 de marzo, Raúl Bayas Villacrés, su grupo armado Junta de Defensa del Campesinado y otros paramilitares agredieron a los campesinos y acusaron a 72 comuneros de Las Pampas y Palo Quemado de “terroristas”. La acción contó con el apoyo de la fiscalía que inició acciones de acoso judicial contra los comuneros. Una semana más tarde, un pelotón de 500 policías y militares llegó al lugar para resguardar las instalaciones mineras y, reprimir las protestas contra el proyecto. La socialización había convocado a 70 personas, cuando en Palo Quemado residen 270 familias. Así explicaba la situación el párroco Julián Vallotto: “La cantidad de militares y policías que, desde hace algunos días están estacionadas en el territorio es absolutamente exorbitante e introduce algo extraño y provocativo en la pacífica vida de esta población campesina”.
Hay que resaltar que en este tipo de conflictos, no es la primera vez que aparecen bandas armadas paralelas a las fuerzas represivas del Estado. En provincias amazónicas como Zamora Chinchipe o en la Sierra Norte, las mineras legales e ilegales han recurrido a contratar sicarios y personal paramilitar. En la Amazonía, las empresas petroleras ya habían operado de manera similar. Este comportamiento demanda la intervención de las autoridades estatales y, en particular, de la autoridad ambiental, la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional, dado que vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos explicó que el 19 de marzo se dio la represión más violenta: “Se registraron al menos 15 campesinos heridos por la acción policial, de los cuales siete estarían graves con quemaduras en sus rostros, manos y piernas. Fueron atacados con balas de goma, perdigones y bombas lacrimógenas”. Durante la represión, Mesías Robayo Masapanta fue herido de gravedad y trasladado en situación crítica al Hospital Gustavo Domínguez. “Las heridas de Mesías en la parte lateral de la cara incluyen fracturas en los maxilares y malar derecho, causadas por el impacto de perdigones que se encuentran en la región cervical. La gravedad de su estado amerita valoraciones para cirugía maxilofacial, cabeza y cuello”, denunció la CONAIE.
El rol de la Iglesia, la Justicia y las Fuerzas Armadas
En una carta abierta, el Padre Julián Vallotto explicó que la presencia militar y policial en Palo Quemado, junto con las supuestas actividades de “socialización” lideradas por el Ministerio de Ambiente, generan miedo y desconfianza. La consulta popular anunciada se convierte en un adoctrinamiento unilateral, evidenciando una naturaleza antidemocrática y aumentando la división en la comunidad. Además, denunció la violencia policial contra los campesinos y la tergiversación de los hechos por parte de las autoridades. Finalmente, haciendo referencia a la posición del Papa Francisco, llamó a la solidaridad de los católicos frente a la defensa del ambiente y los derechos humanos.
En ese marco, Oscar Monge, alcalde de Sigchos, presentó una acción de protección con medidas cautelares para que se suspenda la llamada consulta ambiental del proyecto minero La Plata. El juez multicompetente del cantón, Darwin Danilo Paredes, admitió a trámite una acción de protección con medidas cautelares y ordenó la suspensión provisional de la consulta ambiental en la parroquia Palo Quemado. Monge también exigió el retiro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la zona.
De manera contraria, los funcionarios del gobierno reaccionaron de manera virulenta contra las acciones de las organizaciones campesinas e indígenas. Desde el Palacio de Gobierno en Quito, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Jaime Vela, calificó a las acciones de protesta y resistencia contra el proyecto minero como “actos terroristas”. Estas declaraciones aparecen a pesar de que las comunidades indígenas obtuvieron una medida cautelar que dispuso el repliegue de militares y el alto a la consulta ambiental que busca realizar por la fuerza el gobierno de Daniel Noboa.
Propaganda oficial y ofensiva neoliberal
La represión vivida en Cotopaxi, la criminalización de la protesta social, la incursión ilegal en la Embajada de México y el secuestro de Jorge Glas evidencian un proceso creciente de represión. A esto se suma la declaración de un “conflicto armado interno” en enero de 2024, que faculta al gobierno a establecer toques de queda y estados de excepción, con el supuesto objetivo de “combatir la inseguridad y el narcotráfico”. Sin embargo, la realidad es muy diferente: mientras los cabecillas de los grupos de delincuencia organizada se fugan de las cárceles o son liberados por jueces, las organizaciones populares, campesinas e indígenas son perseguidas, amedrentadas y estigmatizadas de “narcoterroristas”.
Nacido en Miami y descendiente de uno de los agro-exportadores bananeros más importantes del país, la figura conciliadora y técnica del candidato Noboa ha dado paso a un presidente impulsivo, impredecible y autoritario. Pero, ¿cómo se explica esta violación a los acuerdos internacionales y a los derechos humanos? La respuesta es muy simple: el aparato de propaganda ha logrado generar miedo y confusión en la población. En consecuencia, una parte de la sociedad reconoce en Noboa a una figura “fuerte” y apoya la presencia policial y militar. De fondo, se ejecuta un paquete neoliberal que incluye la suba en tres puntos del impuesto al valor agregado.
La ofensiva económica ha ido acompañada de una narrativa de combate a la criminalidad que estaría logrando su objetivo de manipular a la sociedad: ante la falta de capturas de líderes del narcotráfico y combates reales con el crimen organizado, se está utilizando la figura de Jorge Glas como un símbolo de la corrupción. A pesar de la falta de resultados contra la violencia en las calles, la propaganda gubernamental y su eco en los grandes medios de comunicación le han permitido al gobierno lograr altos niveles de aceptación popular, replicando el llamado “modelo Bukele”.
Foto de portada: Habitantes de Palo Quemado contra la minería del oro minutos antes de la represión. Foto: Pablo Ortiz-T.
Etiquetas: Debates Indígenas
