Cuando el territorio sagrado se encuentra con el derecho: relatos de resistencia legal desde Nepal y Colombia

Escrito en 20 Enero 2026. Publicado en Nepal

POR LIESELOTTE VIAENE Y SABIN NINGLEKHU PARA DEBATES INDÍGENAS

Fruto de una colaboración transcontinental a cuatro manos, este ensayo narra las historias de comunidades indígenas de Nepal y Colombia que resisten la destrucción de sus territorios sagrados por la guerra y los proyectos de desarrollo. Estos relatos muestran cómo el derecho, la espiritualidad y el activismo se entrecruzan en la lucha por la justicia.

El Partido Comunista de Nepal – Maoista (PCN-M), los United Marxist Leninists y el Congreso nepalí representan la “vieja guardia” que ha dominado la política del país durante más de tres décadas. El 8 y 9 de septiembre de 2025 quedarán marcados en los libros de historia como el levantamiento del Movimiento de la Generación Z que, finalmente, logró derribar a esa “vieja guardia”. Impulsado por la prohibición gubernamental de las redes sociales y por la aprobación de duras leyes cibernéticas, el reclamo central del movimiento fue el fin de la corrupción sistémica. En el marco del levantamiento, 72 personas (en su mayoría jóvenes) perdieron la vida y cientos resultaron heridas.

En medio del caos, varias viviendas de líderes políticos, incluida la del Primer Ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, fueron incendiadas y tanto él como su Ministro del Interior renunciaron. A su vez, varios parlamentarios estuvieron desaparecidos durante días. Sitios icónicos, como el edificio del Parlamento y la Corte Suprema, también fueron incendiados. Aunque un gobierno interino, formado tras negociaciones con el Movimiento de la Generación Z, está restableciendo los servicios, el Poder Judicial sigue paralizado: miles de documentos se destruyeron, entre ellos, acciones de amparo presentadas por comunidades indígenas. 

Uno de estos amparos apunta a frenar un proyecto de teleférico en una montaña sagrada que el pueblo Limbu ha identificado históricamente como Mukkumlung, renombrada hace un siglo como Pathibhara, en alusión a una diosa hindú. En las últimas décadas, Pathibhara se ha vuelto muy concurrida por peregrinos hindúes. Mukkumlung forma parte del territorio ancestral limbu y, geopolíticamente, es muy delicado al ser limítrofe con Tíbet (China) y Sikkim (India). También es geológicamente frágil, ya que forma parte del Himalaya, una de las zonas ecológicas más biodiversas del planeta. Para preservarlo, en 1997, el gobierno de Nepal declaró esta zona como Proyecto del Área de Conservación del Kanchenjunga.

El embate del desarrollo contra los sitios sagrados

“No creo que debamos entregar nuestras tierras sagradas en nombre del desarrollo. Ni siquiera estamos dispuestos a entregar nuestro bosque comunitario, mucho menos nuestros templos, santuarios y espacios sagrados”, dice Sarita Ghale, de la comunidad Khasur, al norte de Nepal. El cortometraje Que tengas una vida tan larga como la del río explora la tensión entre la sabiduría ancestral, la agencia de los guardianes invisibles de la tierra y la fuerza implacable del “progreso” que impulsa la economía hidroeléctrica. El título en lengua gurung es una bendición de las personas mayores hacia los jóvenes: “Que vivas tanto como el árbol simal, que seas tan fuerte como las rocas del río Marsyangdi”.

Este cortometraje forma parte del proyecto documental gemelo “¿Derechos humanos más allá de lo humano?”, producido en el marco del proyecto de investigación RIVERS (2019-2026). RIVERS examina la relación entre los seres humanos y la naturaleza, y el rol del derecho, a través del trabajo de campo en Nepal, Colombia, Guatemala y las Naciones Unidas. Su contraparte colombiana, Jueza entre mundos, sigue el recorrido espiritual y jurídico de la jueza indígena Belkis Izquierdo. Este retrato íntimo de Aty Seikuinduwa (“madre más allá de la oscuridad”) muestra cómo la autoridad lleva la tierra viva, los múltiples sistemas de vida y las prácticas espirituales indígenas a la sala judicial.

Estos films desafían los marcos jurídicos dominantes al situar en primer plano voces más-que-humanas y la jurisprudencia indígena: ofrecen una reflexión poderosa sobre el pluralismo jurídico, la espiritualidad y la resistencia al extractivismo. En sintonía con estos documentales, el proyecto del teleférico ejemplifica el último embate del “desarrollo” sobre la tierra sagrada. Registrado por la empresa Pathibhara Devi Darshan Private Limited, de un multimillonario nepalí, conectaría la base de la montaña con su cima, sobrevolando el sendero de peregrinación y afectando los bosques montanos. 

Con una inversión estimada de 21.000.000 de dólares, la empresa afirma que el teleférico facilitaría el camino de la peregrinación, impulsaría el turismo y generaría empleo, lo cual traería desarrollo al distrito de Taplejung. Sin embargo, tanto el gobierno nepalí (que avala el proyecto) como la empresa privada no revelan que se perdería totalmente la cultura limbu y se destruiría la naturaleza mediante la “disneyficación” de la tierra sagrada. En efecto, ya se planifican resorts, cafeterías, hoteles y una pista de patinaje en la cima del sitio sagrado.

Violencia burocrática y legal

Como parte del proceso de paz posterior al fin de la “Guerra del Pueblo” que concluyó en 2006, Nepal ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y respaldó la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) en 2007. Estos instrumentos reconocen a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos colectivos (a la autodeterminación, a la tierra, al territorio y a los recursos naturales) y establecen el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) sobre decisiones que los afecten.

Inicialmente, Nepal fue celebrado como un líder regional en la protección de los derechos indígenas: fue el primer país asiático en ratificar el Convenio 169 y, en su Constitución de 2015, reconoció explícitamente los derechos de los Pueblos Indígenas. A su vez,  los artículos 26 y 34 protegen los derechos de las comunidades a preservar sus sitios religiosos y sus prácticas culturales. También, ratificó la Convención del Patrimonio Mundial de 1978 y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2010.

Casi 20 años después, el liderazgo de Nepal ha demostrado ser un falso amanecer. Un informe reciente, “Hanging by a Thread: Indigenous Peoples’ Rights in Renewable Energy Transition”, publicado por Accountability Council y la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Nepal, documenta cómo los bancos multilaterales de desarrollo y el gobierno incumplen sistemáticamente la protección de los derechos indígenas, incluido el CLPI, en los principales proyectos hidroeléctricos. 

Al aprobar el proyecto del teleférico, el gobierno de Nepal también ha autorizado la tala de miles de árboles, la destrucción del hábitat de especies animales amenazadas y, en consecuencia, la eliminación de la misma razón por la que se creó el Proyecto del Área de Conservación del Kanchenjunga. Más recientemente, se ha enviado a la policía armada para reprimir las protestas, lo que incluyó el uso de gases lacrimógenos dentro de las casas en plena noche, la destrucción de cámaras de vigilancia, la detención y agresión física a habitantes y la apertura de fuego contra quienes protestaban, hiriendo a varias personas. A su vez, se iniciaron causas judiciales contra los manifestantes por “generar disturbios”.

¿Podría la Corte de Nepal establecer un referente jurídico en el sur de Asia?

Nepal está impulsando reformas muy necesarias en múltiples frentes. En medio de violencia ejercida por el propio Estado, el futuro legal de Mukkumlung descansa en manos de la Corte Suprema de Nepal que, literalmente, está renaciendo de sus cenizas. ¿Podría este alto tribunal transformar el liderazgo “de papel” de Nepal en materia de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en una verdadera jurisprudencia progresista que permita que la montaña sagrada limbu gane su batalla legal?

La innovadora jurisprudencia indígena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia podría ofrecer nuevas vías legales para los casos nepalíes sobre daños a tierras indígenas vinculados a proyectos de desarrollo y de transición verde. Desde que su Constitución de 1991 reconoció la diversidad étnica y cultural, Colombia ha construido un sólido cuerpo de jurisprudencia multicultural. Sin embargo, recién en 2014 el Poder Judicial nombró a su primera magistrada auxiliar indígena, Belkis Izquierdo Torres, lo que constituyó un hito histórico. Cuatro años más tarde, la magistrada se convirtió en una de las 31 juezas del Tribunal de Paz, junto a otras tres juezas indígenas. 

Creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), la JEP investiga y juzga casos vinculados al conflicto armado, que afectó de manera desproporcionada a comunidades indígenas y afrodescendientes. Fueron estas comunidades las que lograron incluir el Capítulo Étnico (añadido tardíamente) que garantiza el reconocimiento de sus derechos y territorios en el proceso de justicia transicional. En coherencia con su mandato centrado en las víctimas, este tribunal ha elaborado una metodología participativa de investigación territorial.

Como explica Belkis Izquierdo en el cortometraje: “Es necesario salirse [los jueces] un poco del cuadro de la oficina para sentir el Territorio, oler el Territorio. Nuestro conocimiento indígena no sólo viene de la razón humana, viene de los Territorios, porque el conocimiento está territorializado”. La idea de que la tierra misma pueda ser portadora de saber jurídico contrasta fuertemente con la jurisprudencia nepalí sobre derechos indígenas. La jueza añade: “Reconocer el territorio como víctima implica considerar que el Territorio está vivo, que es un ser sintiente, que es un sujeto de derecho. Que, en el marco del conflicto armado, ha sufrido, ha sido dañado y está aún dolorido. Y que es necesario que tenga una voz en el proceso judicial para que se reconozcan los daños, para que se repare”.

Una lucha para transformar el carácter del Estado

La jurisprudencia indígena colombiana marca un hito jurídico: no sólo reconoce que los seres humanos pueden sufrir daño, sino también los sitios sagrados, los seres espirituales y sus interrelaciones. Los territorios indígenas en Colombia son titulares de derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Esto es una novedad dado que antes estos derechos eran reservados únicamente para los individuos y los grupos afectados por el conflicto.

En la misma línea, la Corte Suprema de Nepal podría realizar una visita in situ o una misión de constatación de hechos a Mukkumlung. En la última década, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y varios tribunales superiores latinoamericanos han realizado visitas a comunidades indígenas y afrodescendientes para recabar evidencia y escuchar a todas las partes involucradas. La primera visita in situ de la Corte Interamericana se realizó en 2012, en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador: los jueces viajaron en avión y canoa para realizar audiencias en la comunidad amazónica. Desde entonces, el tribunal ha realizado 15 visitas in situ, seis de ellas a comunidades indígenas.

Aunque las comunidades indígenas de Nepal permanecen escépticas respecto del sistema judicial (al que perciben como estructuralmente sesgado contra los casos indígenas), pocas alternativas quedan más allá de recurrir a los tribunales nacionales. Durante una audiencia en la Corte Suprema en 2025 sobre el proyecto del teleférico, un abogado de la empresa desestimó las reivindicaciones indígenas: “Es como escuchar ficción y poesía. Su argumento pertenece a la edad de piedra”. La ironía es cuán arcaicos resultan esos comentarios racistas en comparación con prácticas jurídicas innovadoras, como las de Colombia, donde la pluralidad de sistemas de conocimiento se integra en litigios ambientales e indígenas.

Como reflexionó Shree Linkhim, uno de los jóvenes líderes indígenas del movimiento #NoCableCar: “El movimiento indígena va mucho más allá de frenar teleféricos e hidroeléctricas. En el fondo, la lucha tiene que ver con transformar el carácter del Estado nepalí”. Si los movimientos indígenas se comprenden como una resistencia permanente, el histórico fallo colombiano de Belkis representa un momento monumental al que Nepal podría aspirar. Que alguna vez lo alcance dependerá de cómo evolucionen el carácter y las prácticas del Estado y del Poder Judicial a la luz del levantamiento del Movimiento de la Generación Z y de las elecciones de 2026, que prometen reconfigurar el panorama político del país.

Lieselotte Viaene es antropóloga legal y ambiental belga-flamenca, y Senior Fellow en el Human Rights Centre de la Universidad de Gante (Bélgica). Además, es la Investigadora Principal del proyecto RIVERS – Water/Human Rights Beyond the Human? y colabora con comunidades indígenas de América Latina y Nepal.

Sabin Ninglekhu es un geógrafo indígena y dirige el proyecto internacional “Heritage as Placemaking: The Politics of Erasure and Solidarity in South Asia”. Trabaja en Social Science Baha (Nepal), es uno de los editores fundadores de la plataforma The commons y colabora con el movimiento indígena nepalí #NoCableCar desde 2023.

Foto de portada: Protectoras forestales de la comunidad de Khasur (distrito de Lamjung) y protagonistas del cortometraje documental sobre Nepal. Foto: Proyecto ERC Rivers.

Etiquetas: Debates Indígenas