• Pueblos Indígenas en Guatemala

    Pueblos Indígenas en Guatemala

    En Guatemala habitan 24 grupos étnicos. A pesar de que el Gobierno ha ratificado la Declaracion de la ONU sobre derechos de los Pueblos Indígenas, la población indígena tiene que enfrentarse a numerosos desafíos.

El Mundo Indígena 2026: Guatemala

Para el año 2025, la población proyectada de Guatemala es de 18.800.000 de habitantes,[1] de los cuales 43,75 % son indígenas pertenecientes a los pueblos Mayas (Achi’, Akateco, Awakateco, Chalchiteco, Ch’orti’, Chuj, Itza’, Ixil, Jacalteco, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteco, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil y Uspanteko), así como a los pueblos Garífuna, Xinka y Creole o Afrodescendiente.

La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la existencia de los Pueblos Indígenas y define al país como una sociedad multicultural. A pesar de haber ratificado los acuerdos internacionales sobre derechos de los Pueblos Indígenas, en la práctica prevalece la brecha social, económica y política entre indígenas y no indígenas. Por ejemplo, el Estado invierte 0,4 USD diarios en cada indígena y 0,9 USD diarios en cada persona no indígena.[2] A su vez, la pobreza afecta al 75 % de indígenas y al 36 % de no indígenas,[3] la desnutrición crónica al 58 % de indígenas en comparación con el 38 % de no indígenas.[4] Con relación a la participación política, los indígenas no representan más del 15 % de diputados y funcionarios públicos de alto rango.

Aunque el país se ha adherido a instrumentos internacionales tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (aprobado con rango constitucional desde 2010), la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Política de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, su implementación continua presentando trabas burocráticas y barreras legales que obstaculizan el avance en la eliminación del colonialismo y las prácticas de discriminación contra los Pueblos Indígenas.


Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí


Impacto del contexto global sobre los Pueblos Indígenas

Las nuevas políticas del gobierno norteamericano a partir de 2025 dejaron de lado la cooperación al desarrollo estimada en US$ 170.000.000 anuales.[5]  Las prioridades actuales se concentran en seguridad, lucha contra el narcotráfico, reducción de la migración irregular y construcción de infraestructura estratégica para el comercio internacional.

El principal impacto de dichos cambios se dio con el cierre de operaciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la principal agencia de cooperación internacional de Estados Unidos y, en consecuencia, el cese de actividades de varias agencias que implementaban proyectos específicos para Pueblos Indígenas. USAID había establecido una agenda de apoyo al ejercicio de los derechos de los Pueblos Indígenas, la cual ahora ha sido abandonada. No se trata solamente de la pérdida de financiamiento, sino de la pérdida de espacios de incidencia relacionados con los derechos a la lucha por la tierra, la protección ambiental, las economías locales, la inclusión de las mujeres y los jóvenes y la acción climática.

Con la pérdida de esta cooperación, los Pueblos Indígenas se encuentran más vulnerables y expuestos a las redes de trata de personas, la violencia de los carteles del narcotráfico, la criminalización contra defensores de derechos humanos y el despojo de tierras y recursos naturales.

Presiones extractivas sobre territorios indígenas

El extractivismo que impulsan empresas transnacionales continuó con sus estrategias comerciales, políticas y legales para lograr la activación de licencias de explotación, algunas de las cuales han sido suspendidas por los tribunales nacionales debido a la falta de cumplimiento de la consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado. El proyecto minero subterráneo Cerro Blanco, que era propiedad de Bluestone, está ubicado en Asunción Mita, Jutiapa, cerca al Lago de Güija en la frontera con El Salvador. El proyecto, que había sido suspendido años atrás por la oposición de las comunidades indígenas xinkas y mestizas cercanas, fue adquirido el 13 de enero de 2025 por la empresa canadiense Aura Minera, con el nombre de Era Dorada.[6] Las comunidades indígenas han denunciado que estas actividades conllevan graves riesgos ambientales y sociales en la cuenca transfronteriza.

Las empresas extractivas han presentado arbitrajes internacionales como mecanismo de presión contra el Estado para exigir el pago de daños y perjuicios por la suspensión de sus actividades, ordenadas por las cortes nacionales. Los reclamos contra Guatemala presentados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a la Inversiones ascendían a US$ 843.000.000. Este año, Guatemala ganó el arbitraje internacional relativo a la suspensión del Proyectos El Tambor (La Puya), con lo cual se evitó el pago de US$ 499.000.000 que pedían los demandantes.[7]

Luego de varios años de resistencia pacífica, las comunidades Maya Qeqchi, Garífuna y mestizo de la Sierra Santa Cruz de Livingston, en el departamento de Izabal, lograron que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales oficializara la cancelación de 10 proyectos mineros de explotación de níquel que afectaban más de 43.000 hectáreas por incumplimiento ambientales.[8]

Persecución y criminalización contra dirigentes indígenas

A raíz de la activa participación de los Pueblos Indígenas en las movilizaciones ciudadanas para defender los procesos democráticos y los resultados de las elecciones generales del 2023, gracias a lo cual se logró la toma de posesión de las autoridades electas a inicios de 2024 (Ver Guatemala en El Mundo Indígena 2025), el Ministerio Público inició una persecución penal contra dirigentes indígenas, acusándoles de terrorismo y obstaculización a la justicia. El 23 de abril de 2025 fueron capturados los señores Luis Pacheco y Héctor Chacán, exintegrantes de la Junta de Alcaldes de la organización indígena de los 48 Cantones de Totonicapán, con la clara intencionalidad de quebrantar la institucionalidad ancestral indígena y su lucha contra la corrupción y la impunidad.[9]  Ambos dirigentes fueron ligados a proceso penal y acusados de asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia.  Sin embargo, desde su captura, ambos dirigentes han estado en prisión preventiva, su caso ha sido declarado en reserva, pero no se ha iniciado el juicio en que puedan demostrar su inocencia o culpabilidad. Diversas entidades nacionales e internacionales se pronunciaron pidiendo su liberación, incluyendo el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que rechaza la continua instrumentalización de los procesos penales.

La CIDH advierte que esta investigación se inscribe bajo los patrones de instrumentalización del derecho penal con fines políticos ampliamente documentados en sus diferentes informes y en las observaciones preliminares de su visita in loco de 2024. En concreto, estos patrones incluyen el uso de tipos penales ambiguos y desproporcionados, la reserva de los casos, la anticipación de diligencias a través de cuentas asociadas a “netcenters”, y el abuso de la prisión preventiva, y ponen en evidencia la completa falta de independencia del Ministerio Público y su rol activo para perpetrar la impunidad y la corrupción. [10]

La persecución contra los liderazgos indígenas continuó con la captura, el 28 de agosto de 2025, del señor Esteban Toc, ex vicealcalde indígena de Sololá[11], quien fue acusado de terrorismo, sedición y obstaculización a la acción penal. 

Criminalización contra defensores de la tierra y los territorios indígenas

Durante el año continuaron los atropellos y la persecución penal contra dirigentes indígenas que defienden la tierra, los territorios y los recursos naturales. El 13 de agosto fue capturado el dirigente indígena campesino y exdiputado Leocadio Juracán en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando se disponía a viajar a Sudáfrica para participar en una conferencia sobre equidad de los pueblos. A Juracán se le acusa de usurpación agravada, incendios forestales y comercialización de productos forestales, aunque en realidad él es reconocido a nivel nacional e internacional por su lucha por los derechos indígenas y campesinos de acceso a la tierra, incluyendo el acompañamiento que ha brindado a comunidades indígenas Maya Q’eqchi que cuentan con medidas cautelares de la CIDH.[12] 

El 19 de junio, una resolución de la Corte de Constitucionalidad avaló el desalojo de la comunidad Plan Grande, en la Sierra Santa Cruz, promovido por los propietarios privados, quienes adujeron que la comunidad no cuenta con títulos legales de propiedad. Desde 2019, un juzgado había amparado a la comunidad, pero la resolución de la Corte de Constitucionalidad deja desprotegida a la comunidad y la expone a ser desalojada y criminalizada.

Al respecto, durante su visita a Guatemala del 14 al 25 de julio de 2025, el señor Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, mostró su preocupación por los desalojos violentos de que son objeto las comunidades indígenas y reiteró la necesidad de brindar mayor certeza jurídica a los derechos ancestrales de tenencia de los Pueblos indígenas, y no solamente la valoración excesiva de los derechos de propiedad privada de unos cuantos. En su declaración final afirmó que: “Actualmente lo que prevalece es una falta total de comprensión y reconocimiento de las formas ancestrales de propiedad de la tierra, y tampoco se ha rendido cuentas por las violaciones cometidas en el pasado que dejaron a los Pueblos Indígenas desposeídos y empobrecidos“.[13] 

En junio, un juzgado civil otorgó un amparo favorable a la comunidad indígena Maya Poqomam de Santa Cruz Chinautla, departamento de Guatemala, contra la municipalidad de Chinautla, debido a la falta de tratamiento de los desechos sólidos, y la obligó a realizar una mejor gestión para reducir la contaminación, cerrar los vertederos ilegales y restaurar los ecosistemas naturales.[14]

Espacios de participación de los Pueblos Indígenas en la agenda gubernamental

Este año continuó el trabajo de la Asamblea Nacional de Diálogo con Autoridades Indígenas y Ancestrales de los Pueblos Indígenas con el Presidente de la República para fortalecer la democracia, la lucha contra la corrupción y el desarrollo comunitario. Mediante este espacio se incidió para lograr la reforma legal del artículo 30 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, con lo cual ahora las comunidades indígenas no están obligadas a traspasar la propiedad de sus tierras al Estado para la construcción de obras públicas, como escuelas y centros de salud. Se conformó la Mesa de Tierras Comunales para abordar la problemática de la falta de certeza jurídica y el cese de los desalojos arbitrarios. Se propuso la reforma institucional del Fondo para el Desarrollo Indígena (FODIGUA), que había dejado de cumplir sus funciones debido a la politización de los gobiernos anteriores. Se instituyó, a través de acuerdos con las cooperativas, el mecanismo de financiamiento To’banik para apoyar procesos productivos.[15] Sin embargo, a pesar de dichos logros, persiste la desconexión de la institucionalidad gubernamental, además de las manifestaciones de racismo, discriminación y pensamiento colonialista.

Mujeres y jóvenes indígenas

Las mujeres indígenas continúan enfrentando los problemas de discriminación y falta de inclusión social, política y económica tanto a nivel de sus comunidades como de la sociedad en general, así como la persistencia de los rezagos en materia laboral, acceso a la educación y representación política. En 2025 se registraron 57.000 nacimientos en madres entre 10 a 19 años, con un alto porcentaje en áreas indígenas.[16] El 25 de noviembre de este año, el Congreso de la República aprobó el Decreto 20-2025, Ley del Día de la Dignificación de las Mujeres Indígenas, que reconoce los derechos individuales y colectivos de las mujeres mayas, garífuna y xinca.[17]

Perspectivas para 2026-2027

Para los próximos dos años, los Pueblos Indígenas enfrentarán panoramas inciertos: se prevé que Estados Unidos aumentará la deportación de guatemaltecos migrantes, muchos de ellos indígenas, cuyas remesas mantienen a sus familias; se realizarán elecciones de segundo grado (Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y Tribunal Supremo Electoral), en donde los Pueblos Indígenas harán sus planteamientos, pero también se expondrán a la criminalización por parte del llamado pacto de corruptos; y, en 2027, se celebrarán elecciones generales, lo que supone oportunidades para una mayor representación política, pero también tensiones y conflictos derivados de los poderes políticos. La segunda mitad del actual gobierno podría consolidar los derechos de los Pueblos Indígenas, pero la lentitud y burocracia institucional también podría generar desencanto por falta de cumplimiento de las promesas gubernamentales.

A pesar del colonialismo aún vigente, se espera que los Pueblos Indígenas sigan aportando a la construcción de una democracia más incluyente desde sus formas propias de organización y la representación de sus autoridades ancestrales. Una forma legítima de ejercicio del poder comunitario como contrapeso a la elitista y excluyente democracia republicana.

Silvel Elías es indígena maya k’iche, profesor y coordinador del Programa de Estudios Rurales y Territoriales (PERT) en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala.


Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí


Notas y referencias:

[1] Instituto Nacional de Estadística (INE) Estimaciones y proyecciones nacionales de la población. Metodología y principales resultados. Ciudad de Guatemala, INE, 2019.

https://censo2018.ine.gob.gt/archivos/Estimaciones_y_proyecciones_nacionales_de_poblacion.pdf

[2] Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Inversión en Pueblos Indígenas, según el presupuesto ejecutado en 2015. Guatemala: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Julio de 2017.  https://www.icefi.org/sites/default/files/inversion_en_pueblos_indigenas_0.pdf

[3] CIDH. Situación de Derechos Humanos en Guatemala. CIDH, 31 de diciembre de 2016. http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/guatemala/guatemala.html

[4] Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Análisis de situación nutricional de Guatemala. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 10 de febrero de 2025. http://www.sesan.gob.gt/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Situacion-SAN-Guatemala-dia-1.pdf

[5] “Guatemala es uno de los países más afectados de la región por la suspensión de programas de USAID”. Prensa Comunitaria, 4 de febrero de 2025. https://prensacomunitaria.org/2025/02/guatemala-es-uno-de-los-paises-mas-afectados-de-la-region-por-la-suspension-de-programas-de-usaid/

[6]La resistencia contra la minería Cerro Blanco continúa por el riesgo de contaminación del agua”. Prensa Comunitaria, 20 de noviembre de 2025. https://prensacomunitaria.org/2025/11/la-resistencia-contra-la-mineria-cerro-blanco-continua-por-el-riesgo-de-contaminacion-del-agua/

[7] Urias Gamarro. “Guatemala gana arbitraje internacional y evita pagar US$499 millones”. Prensa Libre, 23 de diciembre de 2025. https://www.prensalibre.com/economia/guatemala-gana-arbitraje-internacional-y-evita-pagar-us499-millones/

[8] Comunidades de Izabal logran cancelación de licencias mineras concedidas por el gobierno del expresidente Giammattei. PBI Guatemala, 4 de agosto de 2025. https://pbi-guatemala.org/es/noticias/coyuntura-del-julio-de-2025

[9] CIDH. “Guatemala: CIDH rechaza la persecución penal contra líderes indígenas que defendieron la democracia”. CIDH, 26 de abril de 2025. https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/080.asp

[10] “Cultural Survival condena la reciente criminalización de las autoridades ancestrales K'iche' en Guatemala”. Cultural Survival, 9 de mayo de 2025. https://www.culturalsurvival.org/es/news/cultural-survival-condena-la-reciente-criminalizacion-de-las-autoridades-ancestrales-kiche-en#:~:text=Razones%20de%20la%20criminalizaci%C3%B3n%20de,la%20corrupci%C3%B3n%20y%20la%20impunidad

[11]Capturan a líder indígena de Sololá señalado de terrorismo”. Soy 502, 9 de agosto de 2025. https://www.soy502.com/articulo/capturan-lider-indigena-solola-senalado-terrorismo-102052

[12] César Pérez Marroquín y Elmer Vargas. “Capturan en el Aeropuerto La Aurora al exdiputado Leocadio Juracán, señalado de usurpación”. Prensa Libre, 13 de agosto de 2025. https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/capturan-en-el-aeropuerto-la-aurora-al-exdiputado-leocadio-juracan-senalado-de-usurpacion/

[13] Guatemala: experto de la ONU solicita moratoria urgente sobre desalojos | OHCHR. 25 de julio de 2025. https://www.ohchr.org/es/press-releases/2025/07/guatemala-un-expert-calls-urgent-moratorium-evictions

[14] Victoria del pueblo Maya Poqomam de Chinautla a favor del medio ambiente y los DDHH Coyuntura del julio de 2025. PBI Guatemala, 4 de agosto de 2025. https://pbi-guatemala.org/es/noticias/coyuntura-del-julio-de-2025

[15] Secretaría Privada de la Presidencia. “Presidente Arévalo lidera la décimo primera Asamblea de Diálogo Nacional con Autoridades Indígenas y Ancestrales”. Secretaría Privada de la Presidencia, 7 de marzo de 2025. https://www.secretariaprivada.gob.gt/presidente-arevalo-lidera-la-decimo-primera-asamblea-de-dialogo-nacional-con-autoridades-indigenas-y-ancestrales/

[16] OSAR Guatemala. “Registros de nacimientos de madres entre 10 – 19 años – Año 2025”. OSAR Guatemala. https://osarguatemala.org/registros-de-nacimientos-de-madres-entre-10-19-anos-ano-2025/

[17] Congreso de la República, “Dignificación y ponderación a la mujer indígena”. Congreso de la República, 25 de noviembre de 2025. https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/14934/2025/4#gsc.tab=0

Etiquetas: Derechos Humanos

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