El Mundo Indígena 2026: Canadá
El marco contemporáneo de los derechos y la gobernanza indígena es diverso en Canadá. La Ley Constitucional de 1982, así como la Carta de Derechos y Libertades, reconocen explícitamente los derechos aborígenes y los derechos derivados de tratados, y distinguen tres grupos de Pueblos Aborígenes (denominados comúnmente Pueblos Indígenas): los indios (Primeras Naciones), los inuit y los métis. Cada uno de estos grupos de indígenas es igualmente diverso. Las Primeras Naciones se rigen por la Ley Indígena de 1876, con más de 630 “reservas” y más de 60 lenguas. Los inuit viven en Inuit Nunangat (patria de los inuit), distribuidos en cuatro regiones, y tienen acuerdos de reclamación de tierras en Nunavik (norte de Quebec), Nunatsiavut (norte de Labrador), Nunavut y la Región de Asentamiento Inuvialuit (Territorios del Noroeste). Finalmente, los métis surgieron como un Pueblo Indígena distinto en el noroeste histórico y su territorio abarca actualmente Manitoba, Saskatchewan y Alberta. Además, se extienden por partes de Ontario, Columbia Británica, los Territorios del Noroeste y el norte de Estados Unidos. Más de la mitad de estas poblaciones ahora residen en centros urbanos. Las Primeras Naciones, los inuit y los métis están representados por diversas organizaciones regionales, provinciales y nacionales, entre ellas la Asamblea de las Primeras Naciones, la Inuit Tapiriit Kanatami y el Consejo Nacional Métis.
Si bien en 2007 el gobierno canadiense votó en contra de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), desde entonces cambió su postura y pasó a ser uno de los primeros países del mundo en incorporarla a su legislación federal. En junio de 2021, se aprobó la Ley de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en cuyo preámbulo se reconoce que la UNDRIP proporciona un marco para la reconciliación, la justicia y la paz, y denuncia las doctrinas del descubrimiento y de terra nullius como “(…) racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas”. El gobierno federal publicó en 2023 su Plan de Acción 2023-2028, que contiene una serie de medidas destinadas a garantizar que las leyes y políticas federales sean coherentes con la UNDRIP. Una ley similar se aprobó dos años antes, en 2019, en la provincia de Columbia Británica, cuyo Plan de Acción se presentó en 2022. A pesar de la relativamente sólida protección de los derechos, los ciudadanos, los gobiernos y las organizaciones de las Primeras Naciones, los inuit y los métis siguen luchando contra el legado histórico y estructural de la colonización, la discriminación sistémica y la asimilación forzosa. La reelección del Partido Liberal de Canadá bajo el liderazgo de Mark Carney en abril de 2025 acalló temporalmente los temores de que el gobierno pudiera revertir de manera drástica el progreso en programas, leyes y políticas clave relacionadas con los Pueblos Indígenas. Sin embargo, la pronta presentación y aprobación de legislación federal para acelerar la construcción de grandes proyectos generó inquietud respecto a los impactos negativos en los derechos e intereses de los Pueblos Indígenas.
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí
Introducción
El año 2025 distó mucho de ser aburrido para los interesados en la política federal canadiense. Tras una cuidadosa reflexión durante las fiestas, el primer ministro Justin Trudeau anunció a principios de enero que dejaría el cargo, con lo que cerró casi 10 años de mandato. Esta renuncia, que coincidió estrechamente con el aumento de las amenazas de aranceles económicos y de anexión por parte del presidente estadounidense Donald Trump, dio inicio a una campaña por el liderazgo liberal en medio del resurgimiento del nacionalismo canadiense. Mark Carney, exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, aprovechó este sentimiento para ganar la campaña por el liderazgo, convertirse en primer ministro durante un par de semanas (periodo en el que eliminó el precio del carbono para el consumidor) y convocar elecciones oficiales. Carney trasladó su inercia de “codos arriba” (Elbow’s Up) a las elecciones, logrando un gobierno minoritario para los liberales e introdujo un nuevo matiz en las posturas políticas, mucho más cercano al azul de los Conservadores Progresistas (más de centro-derecha).
El gobierno de Carney también marcó un cambio simbólico, y potencialmente sustancial, en sus relaciones con los Pueblos Indígenas al nombrar a Mandy Gull-Masty (ex gran jefa del Gran Consejo de los Crees) como la primera persona indígena en ocupar el cargo de ministra de Servicios Indígenas de Canadá. Asimismo, Rebecca Chartrand (de la Primera Nación de Pine Creek) fue designada ministra de Asuntos del Norte y del Ártico; y Buckley Belanger (métis), secretario de Estado de Desarrollo Rural. Sin embargo, estos nombramientos no parecieron afectar la dirección política inicial del gobierno de Carney. Entre las primeras decisiones figuraron invitar al Rey Carlos a pronunciar el Discurso del Trono, comprometerse a acelerar el desarrollo de grandes proyectos, buscar nuevas asociaciones comerciales y reorientar el gobierno hacia la eficiencia y la competitividad, lo que exigió recortes del 15 % en toda la administración pública. Los líderes de las Primeras Naciones, inuit y métis expresaron su preocupación por estos plazos acelerados y el alejamiento de la implementación de la UNDRIP.
Medición del progreso de la UNDRIP y de los Llamados a la Acción de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
El año 2025 también marcó el décimo aniversario de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) sobre las instituciones residenciales indias de Canadá. Según el Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación (el hogar permanente de la verdad de los sobrevivientes), este hito “(…) afirma lo que los sobrevivientes siempre han sabido: que la Verdad y la Reconciliación no son un momento en el tiempo, sino un movimiento que deben llevar adelante todos aquellos que deciden escuchar, aprender y actuar”.[1] El informe final de la CVR presentó 94 Llamados a la Acción y documentó la realidad que las Primeras Naciones, los inuit y los métis conocen desde hace generaciones: las escuelas residenciales como instituciones de asimilación y genocidio, la discriminación sistémica contra estos pueblos y la urgente necesidad de que Canadá reconstruya las relaciones de nación a nación.
El Llamado a la Acción 43 instó a todos los niveles de gobierno a adoptar e implementar plenamente la UNDRIP como el “marco para la reconciliación”. Solo dos gobiernos, la provincia de Columbia Británica (Ley de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) y el gobierno federal (Ley de la Declaración de las Naciones Unidas), han actuado sobre este Llamado a la Acción. No obstante, otros, como el gobierno de los Territorios del Noroeste, han dado pasos en la dirección correcta al respaldar de forma oficial la UNDRIP. Por desgracia, 2025 puso a prueba la sinceridad de estos compromisos, ya que los gobiernos federal y provinciales introdujeron nueva legislación para acelerar el desarrollo de grandes proyectos (tratados más adelante).
En agosto de 2025 se publicó el cuarto informe anual de progreso sobre la implementación de la Ley federal de la Declaración de las Naciones Unidas. Este documento resume el avance en las 181 medidas descritas en el Plan de Acción de la Declaración. Entre los logros se cuentan la incorporación de una cláusula de no derogación en la Ley de Interpretación federal, la publicación de la Estrategia de Justicia Indígena y la creación de un Comité Asesor del Plan de Acción de la Ley de la Declaración de la ONU (APAC) independiente, responsable de asesorar al ministro sobre la implementación de medidas prioritarias compartidas. Los Pueblos Indígenas llevaron a cabo varias evaluaciones de este progreso; entre ellas destacan las del Instituto Yellowhead[2] y la Asamblea de las Primeras Naciones (AFN)[3]. El informe de la AFN, por ejemplo, revisó el estado de las 181 medidas y concluyó que “(...) si bien se han conseguido logros, su progreso ha sido a veces lento y desigual” (p. 4).
Acelerar el desarrollo de grandes proyectos: ¿una nueva forma de nacionalismo canadiense?
En todo el país, el nacionalismo canadiense impulsó la presentación y aprobación de una serie de leyes provinciales y federales, cuyo objetivo general es acelerar el desarrollo de los grandes proyectos. Los títulos captan su objetivo: el Proyecto de Ley 5 de Ontario, Ley de Protección de Ontario mediante el Desencadenamiento de Nuestra Economía; los Proyectos de Ley 14, Ley de Proyectos de Energía Renovable (Agilización de Permisos), y 15, Ley de Proyectos de Infraestructura, de Columbia Británica; y la Ley C-5 de Canadá, Ley de Una Economía Canadiense (que abarca la Ley de Construcción de Canadá). Existe un compromiso desenfrenado con el desarrollo acelerado de los recursos naturales, caracterizado como una respuesta a las amenazas repetitivas del gobierno de Trump. Esta postura pone en riesgo directamente los derechos de las Primeras Naciones, los inuit y los métis, así como el progreso en la reconciliación y los compromisos declarados de implementar la UNDRIP.
La presentación de la Ley de Construcción de Canadá causó conmoción en muchos gobiernos y organizaciones de las Primeras Naciones, inuit y métis. Tras un periodo de consulta previa de solo una semana, el proyecto de ley pasó por la Cámara de los Comunes y el Senado en menos de 20 días, y recibió la Sanción Real el 27 de junio de 2025. La ley propuso un nuevo marco de desarrollo acelerado de proyectos mediante la creación de una nueva categoría de iniciativas, los “Proyectos de Interés Nacional”, gestionados a través de una nueva Oficina de Grandes Proyectos (MPO). Una vez designados, estos proyectos recibirían una aprobación preventiva antes de pasar por la fase de planificación de la evaluación y regulación. En esencia, esto cambió el eje de la discusión: ya no se trata de si un gran proyecto determinado debe seguir adelante, sino de cómo puede desarrollarse. El primer ministro también se comprometió a crear un Comité Asesor Indígena para la MPO, compuesto por líderes de las Primeras Naciones, inuit y métis de todo el país. Su tarea era sencilla: formular recomendaciones para guiar el desarrollo de grandes proyectos de una forma que responda a los derechos, la gobernanza y los sistemas de conocimiento de estos pueblos. Sin embargo, hubo críticas al enfoque del gobierno para nombrar a los representantes, alegando falta de transparencia y de representatividad regional.
Hasta la fecha, se han identificado 11 proyectos para su análisis detallado por parte de la MPO.[4] Los resultados de este análisis, así como su futura deliberación, plantean importantes interrogantes sobre la sinceridad del compromiso de este gobierno con la UNDRIP.
Proyecto de Ley S-2: ¿una oportunidad de justicia para las mujeres de las Primeras Naciones?
Durante generaciones, la Ley India discriminó a las mujeres de las Primeras Naciones al retirarles su estatus de indio si contraían matrimonio con un hombre sin ese estatus. En cambio, los hombres de las Primeras Naciones podían casarse con mujeres no indígenas y transmitir dicha condición a sus descendientes. Esta discriminación por motivos de género causó un daño significativo a las mujeres de las Primeras Naciones y a sus descendientes, a quienes se les denegó el acceso a su estatus legal, así como a programas y servicios. El gobierno de Canadá enmendó la Ley India en 1985 para suprimir la pérdida automática del estatus de indio para las mujeres, pero no erradicó por completo la discriminación por motivos de género en la legislación.
Como respuesta a los litigios y a la persistente labor de promoción y defensa de las mujeres de las Primeras Naciones, el gobierno de Canadá presentó el Proyecto de Ley S-2, Ley para modificar la Ley India (nuevos derechos de inscripción), en el Senado de Canadá en mayo de 2025. El Proyecto de Ley S-2 restituiría el estatus de indio a las personas y a sus descendientes que lo perdieron debido a la discriminación por motivos de género. En otoño, un comité del Senado introdujo enmiendas al Proyecto de Ley S-2 que pondrían fin a lo que se conoce como el límite de la segunda generación en la Ley India. Este límite, introducido en 1985, impide a los padres transmitir el estatus de indio tras dos generaciones consecutivas de progenitores que no poseen dicho estatus. Las enmiendas del Proyecto de Ley S-2 sustituyen este límite por la regla de un solo progenitor, lo que permite a cualquier persona con estatus en virtud de la Ley India transmitir su identidad legal y sus derechos a sus hijos.
El camino a seguir para el Proyecto de Ley S-2 parece incierto. La ministra Gull-Masty argumentó que las enmiendas aprobadas en el Senado requerían una consulta más profunda con las Primeras Naciones. Como resultado, es probable que el proyecto de ley se enfrente a debates y propuestas de enmienda en la Cámara de los Comunes, lo que retrasará aún más la justicia para las mujeres de las Primeras Naciones y sus descendientes.
Presupuesto de 2025
En noviembre de 2025, el gobierno de Canadá aprobó por un estrecho margen el Presupuesto de 2025, un presupuesto federal retrasado debido a las elecciones de primavera. Muchos líderes y organizaciones de las Primeras Naciones, inuit y métis lo criticaron al considerarlo una oportunidad perdida para invertir en prioridades bien conocidas y cuantificadas. La AFN, por ejemplo, calculó la cantidad necesaria para cerrar la brecha de infraestructura en las reservas en un compromiso de 349 mil millones de dólares canadienses (aproximadamente, 216 mil millones de euros) a lo largo de diez años.[5] Este proyecto de “construcción nacional” abarcaría la vivienda, el agua potable, la educación y el apoyo comunitario que las Primeras Naciones necesitan con urgencia. Las organizaciones regionales inuit y las organizaciones representativas métis han realizado estudios similares.
El aspecto más significativo del Presupuesto de 2025 fue la imposición de importantes recortes de gastos del 15 % en todos los departamentos y organismos federales. Cada departamento y organismo tuvo que realizar una revisión exhaustiva de los gastos, con un nuevo lenguaje orientado a la reducción presupuestaria y la eficiencia. Servicios Indígenas de Canadá y el Departamento de Relaciones entre la Corona y los Pueblos Indígenas y Asuntos del Norte se libraron de la mayor parte de estas revisiones, ya que ambos afrontaron recortes de solo el 2 %. Sin embargo, incluso estos recortes menores podrían tener graves repercusiones en los Pueblos Indígenas que dependen de programas y servicios esenciales.
Los Pueblos Indígenas expresaron su profunda preocupación por el destino de los programas temporales. Estos programas contaban con financiación para periodos limitados y finalizarán a menos que se renueven de forma explícita. Varios programas relevantes concluirán al final del año fiscal debido a su exclusión del Presupuesto de 2025; entre ellos figuran importantes apoyos para los niños, los jóvenes y las familias indígenas. Además, los fondos destinados a las Primeras Naciones para investigar y desarrollar reclamos específicos se reducirán de manera rápida debido a la finalización de un complemento del programa.
Oculta dentro del Presupuesto de 2025 se encontraba la Estrategia de Competitividad Climática, el nuevo enfoque del gobierno para “(...) remodelar y reinvertir para construir una Canadá fuerte y sostenible, en estrecha colaboración con las provincias, los territorios y los socios indígenas, y con un enfoque en objetivos económicos y climáticos compartidos”. La acción climática y el desarrollo económico se consideran ahora entrelazados, lo que genera nuevos requisitos para las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
El mayor ejemplo de esto es el nuevo Memorando de Entendimiento (MoU) entre Canadá y la provincia de Alberta, donde, a cambio de un precio riguroso a las emisiones de carbono industriales, el gobierno federal ofrece a Alberta la construcción de uno o más oleoductos hacia la costa oeste, con una capacidad combinada de 1.400.000 de barriles diarios. Las Primeras Naciones de la Costa, con el apoyo de las Primeras Naciones en Asamblea de la AFN, denunciaron este acuerdo y exigieron su retirada inmediata.[6]
Actualización sobre la reforma a largo plazo del Programa de Servicios para Niños y Familias de las Primeras Naciones
Debido a las elecciones federales, la atención puesta a la reforma a largo plazo del Programa de Servicios para Niños y Familias de las Primeras Naciones disminuyó tras un 2024 muy intenso. En ese año, las Primeras Naciones rechazaron en Asamblea la oferta inicial de 47.800 millones de dólares canadienses (aproximadamente, 29.600 millones de euros) y dieron instrucciones claras a un equipo negociador para que exigiera una cantidad mayor.[7] Ya a finales de 2025, el gobierno de Canadá y la First Nations Caring Society (en colaboración con el Comité Nacional de Jefes sobre la Infancia y la AFN) realizaron presentaciones contrapuestas ante el Tribunal Canadiense de Derechos Humanos. El plan del gobierno destina 35.500 millones de dólares canadienses (alrededor de 22.000 millones de euros) a la reforma a largo plazo hasta el final de 2034, así como un compromiso continuo de 4.400 millones de dólares canadienses (aproximadamente 2.700 millones de euros) anuales a partir de entonces. El informe compartido, el llamado Plan de justicia amorosa para acabar con la discriminación en Canadá, describe los estándares nacionales mínimos para la reforma a largo plazo, alineados con el principio de igualdad sustantiva. Al mismo tiempo, este plan preserva el espacio para que las Primeras Naciones negocien variaciones regionales, como la región de Ontario, que negoció un plan de 8.500 millones de dólares canadienses en nueve años (alrededor de 5.200 millones de euros).[8] Los resultados de estas presentaciones divergentes se publicarán en algún momento de 2026.
Una revisión de casos trascendentales
El año 2025 marcó otro hito significativo para los Pueblos Indígenas en Canadá ante los tribunales. Las decisiones judiciales ofrecieron una aclaración importante sobre el deber de consulta de la Corona, la aplicación de normas jurídicas internacionales y la doctrina de la titularidad aborigen. Al mismo tiempo, varios fallos plantearon interrogantes sin resolver, muchos de los cuales se definirán mediante las apelaciones que se encuentran en curso o que se prevén en aquellos casos clave.
En febrero de 2025, el Tribunal Federal emitió un fallo en el caso Kebaowek First Nation v. Canadian Nuclear Laboratories[9] que abordó el papel de la UNDRIP para evaluar si la Corona ha cumplido con su deber constitucional de consulta. El Tribunal aclaró que la Declaración debe considerarse parte del análisis de la suficiencia de la consulta. Cabe destacar que la decisión afirmó que la consulta debe nutrirse de las perspectivas, los sistemas de conocimiento y las leyes de los Pueblos Indígenas cuyos derechos podrían verse afectados.
En otra decisión trascendental relacionada con la UNDRIP, en el caso Gitxaała v. British Columbia (Chief Gold Commissioner), el Tribunal de Apelación de Columbia Británica determinó que la ley provincial, la Ley de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incorpora la UNDRIP al derecho positivo de Columbia Británica. Esto significa que los tribunales pueden evaluar la coherencia de la legislación provincial con la Declaración. El gobierno provincial condenó rápidamente la decisión y argumentó que eleva a los tribunales al papel de quienes toman las decisiones. Asimismo, el gobierno provincial se comprometió a tomar medidas para enmendar la legislación con el fin de aclarar el papel de la provincia y de los tribunales en la evaluación del cumplimiento de la UNDRIP.
Varias decisiones importantes en 2025 también abordaron el derecho relativo a la titularidad aborigen. En agosto, el Tribunal Supremo de Columbia Británica publicó su sentencia en el caso Cowichan Tribes v. Canada. Este litigio surgió del juicio más largo en la historia de Canadá, el cual abarcó 513 días. Las Tribus Cowichan solicitaron una declaración de titularidad aborigen sobre tierras ubicadas dentro de la ciudad de Richmond, Columbia Británica. El área reclamada abarca tierras ocupadas históricamente como una aldea Cowichan y que ahora comprenden intereses de dominio absoluto en manos de la Corona, la ciudad de Richmond y terceros. El Tribunal emitió una declaración en la que reconoció que las Tribus Cowichan poseen titularidad aborigen sobre una parte importante de las tierras reclamadas, incluidas las sumergidas bajo el agua. La decisión del Tribunal es significativa porque afirma que la titularidad aborigen puede reconocerse sobre tierras que se encuentran en la actualidad bajo dominio absoluto. Esta sentencia, que ya ha sido apelada, provocó una oleada de desinformación por parte de políticos que buscaban avivar el miedo sobre el impacto de este instituto en la propiedad privada.
En diciembre de 2025, el Tribunal de Apelación de Nuevo Brunswick emitió una decisión en respuesta a la demanda de la Nación Wolastoqey, la cual solicitaba una declaración de titularidad aborigen sobre una parte importante de la provincia de Nuevo Brunswick. El reclamo abarcaba tierras en manos de la Corona, así como tierras bajo dominio absoluto de terceros. El Tribunal determinó que la demanda podía proceder contra la Corona, pero que no sobre tierras bajo dominio absoluto de terceros, ya que esto entraría en conflicto con el derecho a la propiedad privada. Esta decisión demuestra un enfoque marcadamente diferente respecto a la titularidad aborigen en comparación con el adoptado por el Tribunal Supremo de Columbia Británica en el caso Cowichan. Determinar si se puede declarar la titularidad aborigen sobre tierras bajo dominio absoluto de terceros y si ambos regímenes de propiedad pueden coexistir seguirá siendo una cuestión pendiente para los tribunales y los responsables de la creación de políticas en los próximos años.
El camino a seguir
El camino a seguir para las Primeras Naciones, inuit y métis en Canadá dependerá en gran medida de la adopción, por parte del gobierno federal, de medidas concretas para lograr avances sustanciales en la reconciliación. Si bien la reelección del gobierno liberal en 2025 pudo haber aliviado los temores inmediatos a grandes retrocesos en leyes, programas y políticas clave, han surgido fuertes preocupaciones respecto a la aceleración de grandes proyectos en sus tierras y aguas.
La implementación desigual y lenta de la UNDRIP y de los Llamados a la Acción de la CVR sigue poniendo en duda el compromiso declarado por Canadá con la reconciliación. Esta preocupación se vio profundizada por el Presupuesto de 2025, el cual demostró una reticencia a dedicar la financiación sostenida necesaria para un cambio sistémico. Un progreso significativo requerirá que Canadá trabaje directamente con los Pueblos Indígenas para ajustar su enfoque sobre el desarrollo de grandes proyectos y para continuar con la reforma de programas, políticas y leyes clave. Además, Canadá deberá comprometer los recursos necesarios para cumplir sus obligaciones y compromisos.
Graeme Reed es de ascendencia mixta anishinaabe (Grandes Lagos), inglesa, alemana y escocesa. Trabaja en la Asamblea de las Primeras Naciones, donde encabeza el trabajo de la organización en materia de política climática federal e internacional. Asimismo, se desempeñó como representante indígena de América del Norte saliente del Grupo de Trabajo Facilitador de la Plataforma de las Comunidades Locales y los Pueblos Indígenas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y como copresidente del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático. Además, tiene un doctorado de la Universidad de Guelph.
Jesse Donovan es métis del río Rojo. Trabaja en la Asamblea de las Primeras Naciones como director en funciones del Área de Tierras. Su labor se centra en la restitución de tierras, territorios y recursos a las Primeras Naciones. Además, tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad de Saskatchewan.
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí
Notas y referencias
[1] Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación (NCTR). “Reconciliation is a movement, not a moment: Ten Years of the National Centre for Truth and Reconciliation” (La reconciliación es un movimiento, no un momento: diez años del Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación). NCTR, 5 de diciembre de 2025. https://nctr.ca/statements-and-news-releases/reconciliation-is-a-movement-not-a-moment-ten-years-of-the-national-centre-for-truth-and-reconciliation/
[2] Yellowhead Institute. “Braiding Accountability: A Ten-Year Review of the TRC's Healthcare Calls to Action” (Entrelazar la rendición de cuentas: una revisión de diez años de los Llamados a la Acción sobre atención sanitaria de la CVR). Yellowhead Institute , septiembre de 2025. https://yellowheadinstitute.org/report/braiding-accountability-a-ten-year-review-of-the-trcs-healthcare-calls-to-action/
[3] Asamblea de las Primeras Naciones. Observaciones de la Asamblea de las Primeras Naciones de 2025 sobre el desempeño de la implementación de Canadá respecto a la Ley de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 2025. https://afn.bynder.com/m/4ace0bd6477f9c98/original/UNDA_Progress_Report_ENG.pdf
[4] El mapa completo del proyecto se puede encontrar en: Oficina de Grandes Proyectos. “Projects and Transformative strategies map” (Mapa de proyectos y estrategias transformadoras). Gobierno de Canadá, 13 de noviembre de 2025. https://www.canada.ca/en/privy-council/major-projects-office/projects/map.html
[5] Asamblea de las Primeras Naciones. “Working to close the infrastructure gap for all First Nations communities” (Trabajar para cerrar la brecha de infraestructura para todas las comunidades de las Primeras Naciones). https://afn.ca/economy-infrastructure/infrastructure/closing-the-infrastructure-gap/
[6] Asamblea de las Primeras Naciones. “Resolution n.º 33/2025, Affirming the Oil Tanker Moratorium Act and Supporting Coastal First Nations Rejection of any Proposed Pipeline from Alberta to British Columbia's Northwest Coast” (Resolución n.º 33/2025, que ratifica la Ley de moratoria de petroleros y apoya el rechazo de las Primeras Naciones de la Costa a cualquier oleoducto propuesto desde Alberta hacia la costa noroeste de Columbia Británica). Del 2 al 4 de diciembre de 2025. https://afn.bynder.com/m/a663afc89fd33b33/original/33-2025-Affirming-the-Oil-Tanker-Moratorium-Act-and-Supporting-Coastal-First-Nations-Rejection-of-any-Proposed-Pipeline.pdf
[7] Lea más en el artículo sobre Canadá en El Mundo Indígena 2025: Graeme Reed y Jesse Donovan. “Canadá”. En El Mundo Indígena 2025, ed. Dwayne Mamo (Copenhague: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas [IWGIA], 2025). https://iwgia.org/en/canada/5760-iw-2025-canada.html
[8] Caring Society. “The Loving Justice Plan: First nations Child and Family Services (Outside Ontario) Files pursuant to 2025 CHRT 80” (El plan de justicia amorosa: archivos de los Servicios para Niños y Familias de las Primeras Naciones [fuera de Ontario] de conformidad con 2025 CHRT 80). Caring Society, 22 de diciembre de 2025. https://fncaringsociety.com/sites/default/files/2025-12/2025.12.22%20-%202025%20CHRT%2080%20Loving%20Justice%20National%20Plan.pdf
[9] Para mayor referencia, consulte este comentario: Kate Gunn y Nico McKay. “UNDRIP at the federal court: Case comment on Kebaowek First Nation v. Canaian Nuclear Laboratories” (La UNDRIP en el tribunal federal: comentario del caso Kebaowek First Nation contra Canadian Nuclear Laboratories). First Peoples Law, 20 de marzo de 2025. https://www.firstpeopleslaw.com/public-education/blog/undrip-at-the-federal-court-case-comment-on-kebaowek-first-nation-v-canadian-nuclear-laboratories
Etiquetas: Derechos Humanos
