El Mundo Indígena 2026: Burkina Faso

Escrito en 22 Abril 2026. Publicado en Burkina Faso

Burkina Faso cuenta con 66 grupos étnicos diferentes. Los m’bororo fulani y los tuareg son dos de los pueblos considerados indígenas. Están distribuidos por todo el país, aunque se concentran principalmente en las regiones septentrionales de Séno, Soum, Yagha y Oudalan; se trata de comunidades fundamentalmente pastorales y agropastorales. La mayoría vive en la región del Sahel. Sin embargo, debido al impacto del cambio climático, hoy las comunidades fulani se encuentran en todo el país. Estos grupos han dependido históricamente de los recursos naturales y de la movilidad pastoril. Con frecuencia están geográficamente aislados, viven en zonas áridas, sufren marginación económica, son víctimas de violaciones de derechos humanos y están expuestos a la violencia y la inseguridad. No se dispone de datos desagregados sobre grupos étnicos en el Sahel.

Desde el punto de vista socioeconómico, la crisis de seguridad y humanitaria que afecta a la región ha provocado desplazamientos forzados, pérdida de medios de vida, presiones acumuladas sobre la tierra y los recursos naturales, inseguridad alimentaria, marginación territorial y acceso limitado a los servicios sociales básicos. Todo ello convierte a los Pueblos Indígenas en uno de los grupos más afectados por la pobreza multidimensional.

Diversas organizaciones participan en las actividades del Movimiento Indígena en Burkina Faso. Una de ellas es Tin Hinan, una organización de mujeres pastorales del Sahel en Burkina Faso, Mali y Níger. Existen también medios de comunicación indígenas, aunque no se identifican como tales (Anmidhal, Walde Ejef).

La Constitución de Burkina Faso no reconoce la existencia de los Pueblos Indígenas, pero sí garantiza las libertades de asociación y expresión. En los países del Sahel, la noción de “pueblos indígenas” resulta difícil de incorporar en los distintos mecanismos de derechos y en las políticas de desarrollo. La inestabilidad política y la inseguridad no hacen sino agravar esta dificultad en los marcos jurídicos nacionales y regionales.

Burkina Faso votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP). Sin embargo, esta no se ha incorporado plenamente al marco jurídico nacional. El Convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no ha sido ratificado por el país. 

Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí

Los Pueblos Indígenas, la inseguridad y los territorios en 2025

La inseguridad recurrente en Burkina Faso comenzó hacia 2015. Desde entonces, las acciones terroristas se han vuelto cada vez más frecuentes. La situación no ha dejado de deteriorarse, y 2025 fue uno de los peores años, marcado por una inseguridad persistente, especialmente en la región del Sahel burkinés, aunque también en otras partes del país.

La violencia armada, la militarización de los territorios y las restricciones a la libertad de movimiento han trastornado profundamente los modos de vida pastorales basados en la trashumancia y en el acceso estacional a los pastizales y los bebederos. Numerosas comunidades indígenas se han visto obligadas a desplazarse internamente, en ocasiones varias veces, perdiendo sus rebaños, sus tierras consuetudinarias y sus referentes culturales. Estos desplazamientos han agudizado las tensiones intercomunales y la competencia por el acceso a los recursos en las zonas de acogida.

Pueblos y comunidades enteras han tenido que abandonar sus territorios ancestrales y trasladarse a asentamientos de acogida. Esta situación ha afectado a diversos aspectos de los derechos de estas comunidades, siendo las mujeres y los niños y niñas quienes se han visto más gravemente perjudicados.

En mayo de 2025, ataques mortales perpetrados por grupos armados islamistas en los alrededores de Djibo causaron decenas de víctimas civiles y fueron acompañados de la quema de almacenes y centros médicos. En varias provincias (Sahel, Norte, Este), grupos yihadistas han impuesto bloqueos sobre localidades —en particular Djibo, Sebba y Titao—, establecido controles sistemáticos en carreteras y proferido amenazas contra los convoyes humanitarios y comerciales. Estas restricciones, ya documentadas en 2024, se han mantenido e incluso agravado en 2025, según testimonios recogidos por las ONG.1

Las autoridades burkinesas han multiplicado también las zonas de operaciones militares, dificultando o imposibilitando el acceso de la población civil. Han reforzado los controles, los registros y los puntos de verificación, especialmente en las zonas reconquistadas, y han frenado o impedido el movimiento de las poblaciones desplazadas internamente que intentan huir de las zonas de combate. Las ONG de derechos humanos señalan que determinadas restricciones —legales o informales— son utilizadas asimismo como instrumento de control social y político.2

En materia de resolución de conflictos, cohesión social y consolidación de la paz, es imprescindible fomentar la participación de las comunidades indígenas y de las mujeres, a fin de que puedan aportar su experiencia y su compromiso con la paz. Son uno de los grupos que más necesitan la paz, pues su propia supervivencia depende de ella. Aunque el papel de las mujeres indígenas se reconoce como esencial en la lucha contra los efectos del cambio climático y en la conservación de la biodiversidad —y, por tanto, en la gestión de los recursos naturales—, sigue siendo limitado debido a su falta de acceso a recursos económicos y productivos. La crisis de seguridad y humanitaria representa un desafío adicional.

Ante el desempleo, la pérdida de identidad y la estigmatización, la juventud indígena es, al mismo tiempo, vulnerable al reclutamiento por parte de grupos armados y portadora de soluciones innovadoras para la paz. En 2025, diversas iniciativas juveniles se centraron en la cultura, el diálogo comunitario y la resiliencia, aunque carecen de financiación y reconocimiento institucional.

Marco jurídico y políticas públicas que afectan a los Pueblos Indígenas

No existió una agenda nacional real sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en 2025.

Aunque existen marcos jurídicos para la gestión de la tierra, resultan insuficientes en relación con el ejercicio del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), en particular en las zonas afectadas por proyectos mineros y áreas protegidas.

Ese año, Burkina Faso contaba con 22 permisos de minería industrial, que produjeron 53.375 toneladas de oro en 2024, además de 800 sitios informales de minería artesanal.3 Las actividades mineras ocasionan, entre otras consecuencias, pérdida de acceso al agua, degradación de la tierra, tensiones sobre la tenencia de la tierra, conflictos intercomunales y vulneración de los derechos de los defensores del medio ambiente.4

La falta de reconocimiento de los derechos sobre la tierra de las comunidades indígenas afecta a la economía y a la sostenibilidad de los conocimientos tradicionales y medioambientales, las culturas y los valores morales de las comunidades pastorales, incluidos los relativos a la resolución de conflictos y la paz. Ello puede tener repercusiones para todo el país.

En respuesta a estos desafíos, también en 2025 surgieron y se consolidaron iniciativas comunitarias, entre ellas, proyectos como Femmes Pastorales du Sahel en Mouvement, apoyado por la Fundación para una Sociedad Justa (FJS), y el proyecto ARRAMAT, orientado a la investigación y la acción en favor de la salud y el bienestar del medio ambiente y de las personas.

Compromisos internacionales y participación de los Pueblos Indígenas

La asociación Tin Hinan participó en la 16.ª Conferencia de las Partes (COP 16) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), celebrada en Riad, Arabia Saudita, en diciembre de 2024, así como en el 24.º período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas (UNPFII) en abril de 2025. La asociación aprovechó estas ocasiones para llevar a cabo acciones de incidencia y actividades de promoción del rol de las mujeres indígenas en la conservación y la lucha contra la desertificación, y fortaleció su red de contactos en los movimientos pastorales e indígenas, así como en la sociedad civil mundial. La participación en la CNULD brindó también la oportunidad de interactuar con instituciones nacionales de Burkina Faso, en particular el Ministerio de Medio Ambiente. En los márgenes del Foro Permanente, Tin Hinan participó en varios eventos, entre ellos la “Reunión de Estrategia Global para el Decenio Internacional para la Consolidación Humanitaria de la Paz Indígena 2025-2035”, de la que resultaron decisiones y declaraciones históricas que orientarán la acción indígena en favor de la paz.

Los mecanismos internacionales de derechos humanos, en particular los de la ONU, siguieron destacando la importancia de reconocer y proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en situaciones de conflicto. El informe del Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas reiteró la urgencia de garantizar los derechos territoriales indígenas como fundamento de la paz y la seguridad.

No obstante, la participación efectiva de representantes indígenas en estos procesos internacionales sigue siendo limitada debido a la situación mundial actual, el endurecimiento de los requisitos de visado, el acceso a recursos para viajes, las barreras lingüísticas y el hecho de que las regiones anglófonas continúan siendo favorecidas en cuanto a recursos.

De cara a 2026-2027, mantenemos una actitud positiva, si bien ello dependerá del avance hacia un diálogo abierto e incluyente que reconozca la importancia de involucrar a todos en la protección del medio ambiente, la lucha contra los efectos del cambio climático y la contribución al desarrollo local y nacional. La consolidación de una paz duradera es condición indispensable para lograrlo.

Saoudata Aboubacrine es una tuareg de origen burkinés y maliense. Actualmente es coordinadora de la Red de Pueblos Indígenas de África (AIPN) y secretaria general de la plataforma TINHINAN, la Asociación para el Empoderamiento de las Mujeres Nómadas de la Región del Sahel.

Notas y referencias

1. RFI. “Burkina Faso: des groupes armés islamistes ont massacré des civils (alerte Human Rights Watch)”. RFI, 15 de septiembre de 2025. https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250915-burkina-faso-des-groupes-arm%C3%A9s-islamistes-ont-massacr%C3%A9-des-civils-alerte-human-rights-watch
2. Human Rights Watch. “Rapport mondial 2025: Burkina Faso”. Human Rights Watch, 2026. https://www.hrw.org/fr/world-report/2025/country-chapters/
3. FinancialAfrik. “Burkina Faso: plus de 800 mines d’or artisanales échappent au contrôle”. Financial Afrik, 18 de septiembre de 2025. https://www.financialafrik.com/2025/09/18/burkina-faso-plus-de-800-mines-dor-artisanales-echappent-au-controle/
4. Media Foundation for West Africa (MFWA). “Les défis et menaces auxquels sont confrontés les défenseurs de l’environnement au Burkina Faso,” s.f., https://mfwa.org/fr/issues-in-focus/les-defis-et-menaces-auxquels-sont-confrontes-les-defenseurs-de-lenvironnement-au-burkina-faso/

Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí

Etiquetas: Global governance, Derechos Humanos