¿Transición energética justa? Los impactos del litio en los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile

Escrito en 12 Mayo 2025. Publicado en Noticias

POR JOSÉ AYLWIN PARA DEBATES INDÍGENAS

La acelerada extracción del litio en los salares altoandinos ha provocado una grave afectación de los derechos de los Pueblos Indígenas a un medio ambiente sano y al acceso al agua. Especialmente, perjudica actividades como la ganadería auquénida (llamas, guanacos y vicuñas) y, la agricultura tradicional de quinua y maíz. Dada la centralidad que el litio ha adquirido a nivel global para la transición energética y sus reservas en esta región, resulta fundamental preguntarse si la transición está siendo justa para estos pueblos y sus comunidades. Todo indica que no lo está siendo y que se requiere de cambios fundamentales.

 A raíz de la crisis climática provocada por el uso intensivo de combustibles fósiles y los procesos de desarrollo industrial contaminantes, los Estados se han comprometido a impulsar procesos de transición hacia el uso de energías renovables. Sin embargo, la transición energética, acordada por los Estados a través de distintos acuerdos internacionales, requiere del uso intensivo de recursos naturales, tales como el cobre, el cobalto, el níquel, el manganeso y el litio. Esto ha derivado en una ampliación sin precedentes de las áreas de explotación de estos minerales hacia territorios y ecosistemas prístinos, muchos de ellos ocupados tradicionalmente por Pueblos Indígenas.

En este contexto, el litio se ha vuelto un recurso estratégico por ser un metal alcalino, que se encuentra tanto en rocas como en aguas marinas y continentales, y que tiene cualidades propicias para el almacenamiento de energía. De este modo, se ha convertido en un mineral clave para la producción de baterías eléctricas recargables. Ello determina que la demanda por el litio haya crecido exponencialmente en los últimos años, estimándose que se incrementará 18 veces para 2030 y 60 veces para 2050.

El denominado “triángulo del litio” está conformado por los yacimientos ubicados en los salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile (ABC), y ha cobrado una importancia global dado a que concentra el 53% de las reservas de litio identificadas. Esta producción realizada a partir de las salmueras existentes, sumada a la producción de litio de roca de Australia, representaron el 75% de la producción mundial de 2023. Sólo Argentina y Chile aportaron un tercio del total mundial de este mineral. Aunque la producción en Bolivia aún se encuentra en una fase inicial, sus salares contienen las mayores reservas del mundo.

El desarrollo del litio en los salares altoandinos

En Chile, la explotación en el salar de Atacama se inició en la década de los 80 bajo el liderazgo del Estado. Sin embargo, las empresas Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y Albemarle, que hoy dominan el mercado, se encuentran bajo control de conglomerados privados nacionales y extranjeros de Estados Unidos y China. Actualmente, Chile es el segundo productor mundial de litio, después de Australia, e impulsa desde el 2023 una Estrategia Nacional del Litio. Por su parte, la empresa estatal CODELCO, la principal productora de cobre en el mundo, se asoció con SQM para explotar el litio del salar de Atacama y adquirió un proyecto en el salar de Maricunga, en el territorio tradicional del pueblo Colla. En 2024, el gobierno convocó a inversionistas extranjeros para explotar otros salares y concurrieron cerca de medio centenar de empresas.

En Argentina, el litio comenzó a ser explotado en 1997, cuando la estadounidense FMC Corporation inició sus operaciones en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca. Ya en el siglo XXI, se sumaron nuevos proyectos en Jujuy, Salta y Catamarca, especialmente, los salares Caucharí-Olaroz y Pastos Grandes. La Argentina es el quinto productor mundial de litio, con un crecimiento del 87,5% en su producción anual de 2024. Hoy, la presión de la industria y la legislación provincial y federal, promovida por el gobierno de Javier Milei, se extiende a potenciales yacimientos en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, lo cual aumenta la conflictividad social.

En el caso de Bolivia, la exploración del litio en el salar de Uyuni se inició en los 70 y, en 1980, el gobierno le otorgó una licencia a la norteamericana Lithium Corporation (Lithco), empresa cuya presencia fue de corta duración. El 2008, el gobierno de Evo Morales impulsó una política de control estatal y estableció un plan para su industrialización: se instalaron plantas piloto y se firmaron acuerdos con empresas extranjeras. La producción de carbonato de litio, iniciada en 2013, es aún limitada, debido a falta de tecnología, problemas de administración y conflictividad social. Desde 2017, el desarrollo está a cargo de la empresa pública Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la cual ha convocado a empresas extranjeras a presentar propuestas de Extracción Directa de Litio (EDL) en Uyuni y otros seis salares. A través de procesos carentes de toda transparencia, resultaron seleccionadas la empresa de capitales rusos Uranium One Group y la china Hong Kong CBC Investment Limited.

Los salares altoandinos de ABC constituyen territorios de ocupación tradicional de diversos Pueblos Indígenas. Desde hace 13.000 años, estos pueblos han desarrollado una cultura agro pastoril adaptada a los ecosistemas de altura, de entre 2.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar.  Se estima que en torno a ellos habita una decena de Pueblos Indígenas (como los aymara, quechua, lipeño, atacameño, colla), descendientes de las culturas de Tiwanaku e Incay, distribuidos en más de 200 comunidades. Si bien en las últimas décadas estas comunidades se han diversificado, incorporando la minería en pequeña escala y gran escala (como el cobre y el litio) y el turismo, sus economías han estado centrada en la ganadería auquénida (llamas, guanacos y vicuñas) y en la agricultura de cultivos tradicionales, como la quinua y el maíz, actividades fundamentales en sus culturas y cosmovisiones.

El impacto en los derechos humanos

Junto a la vulneración de los derechos de propiedad sobre sus tierras y territorios de ocupación tradicional, que al no ser reconocidas ni tituladas en favor de las comunidades, son ocupadas por las empresas que explotan el litio, uno de los derechos más afectados es el de participación, consulta y consentimiento. Salvo en casos excepcionales recientes, en Chile y Argentina, las operaciones de litio no han sido consultadas de manera adecuada, de buena fe y con miras a llegar al acuerdo o consentimiento con las comunidades susceptibles de ser afectadas directamente, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT.

En los pocos casos en que las operaciones de litio aprobadas por los Estados han sido consultadas, han adolecido de falencias procedimentales, limitándose a ciertos aspectos de los proyectos consultados a algunas comunidades. En ninguna de estas consultas, tratándose de planes de desarrollo o inversiones a gran escala con mayor impacto en territorios indígenas, se ha logrado recabar el consentimiento libre previo e informado. Consecuentemente, se ha vulnerado el derecho de estos pueblos a su libre determinación, reconocido por las Declaración de Naciones Unidas y la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas.

A los impactos a los derechos indígenas se agregan los provocados al medio ambiente y al agua. En el salar de Atacama, se ha confirmado la contaminación de la extracción del litio a través de la extracción de las salmueras y su decantación en piscinas de evaporación. En 2024, la Universidad de Chile constató que el salar de Atacama se está hundiendo a una tasa de entre 1 y 2 centímetros por año como consecuencia de las extracciones de salmuera. El mismo estudio evidenció que los niveles de agua subterránea del salar han caído más de 10 metros en los últimos 15 años. Ello ha generado una pérdida significativa de la cobertura vegetal en los espacios de agricultura y pastoreo, además de la pérdida de lagunas.

En el Salar del Hombre Muerto (Argentina) también se han documentado impactos similares en las aguas por parte de las empresas que operan hace décadas con la misma metodología intensiva que en Chile. Tales impactos ambientales y sociales rara vez han sido compensados. Menos aún se han compartido los enormes beneficios que las empresas obtienen como consecuencia de la explotación del litio. En Chile, SQM reportó ingresos de 7.500 millones de dólares en 2023 y 4.500 millones de dólares en 2024.

La injusticia de la transición energética

Hasta el momento, la única compensación a la destrucción de los territorios indígenas ha ocurrido en Chile: en 2016, se celebró un acuerdo entre Rockwood Lithium (Albemarle) y el pueblo Lickanantay para incluirlos en la participación de los beneficios de la explotación del litio. En el mismo sentido, en 2018, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) celebró un convenio con Sociedad Química y Minera de Chile: mientras la agencia estatal autorizó a la empresa a extender sus operaciones en el salar de Atacama hasta 2030, SQM se comprometió a aportar anualmente a las comunidades atacameñas. Como no se consultó a las comunidades, el acuerdo fue impugnado por el Consejo de Pueblos Atacameños.

Hasta la fecha, el desarrollo del litio en Argentina, Bolivia y Chile ha generado una grave afectación en los derechos de Pueblos Indígenas que habitan en los salares altoandinos, la naturaleza y el agua. Dada la centralidad que el litio ha adquirido a nivel global para la transición energética y la relevancia que el litio de los salares andinos ha adquirido en años recientes, es fundamental preguntarse si esta transición está siendo justa para los pueblos que habitan los salares altoandinos. Todo indica que no lo está siendo y que se requieren de cambios fundamentales para que la transición energética tenga este carácter.

Tal como lo señalan el informe de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) y el Informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) sobre Los Pueblos Indígenas y la Transición Justa, para que la transición energética sea realmente justa, tanto los Estados como las empresas deben garantizar que se respeten los derechos de Pueblos Indígenas, incluidos el derecho al consentimiento, a la participación en los beneficios y la compensación por daños causados. Especialmente, cuando sus territorios se vean impactados por proyectos de extracción y procesamiento de recursos naturales. Aún hay que transitar un largo camino para asegurar que el desarrollo del litio en los salares andinos de ABC sea parte de la “transición energética justa” que los Estados y las empresas se precian de estar impulsando. 

Este artículo da cuenta de los avances de investigación del proyecto “Impactos del desarrollo de la industria del litio en territorios indígenas de Argentina, Bolivia y Chile” (No. 110326-001), que el Observatorio Ciudadano desarrolla junto a CELS de Argentina y a CIDES UMSA de Bolivia con el apoyo de IDRC de Canadá.

José Aylwin es abogado del Observatorio Ciudadano e integrante de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas.

Foto de Portada. Comunidades indígenas en Purmamarca (Argentina) contra la reforma constitucional que facilita la explotación del litio. Foto: José Aylwin

Etiquetas: Clima