Cartografías del desastre y memoria: los pilagá y la violencia colonial

Escrito en 02 Enero 2026. Publicado en Argentina

POR CARLOS SALAMANCA VILLAMIZAR PARA DEBATES INDÍGENAS

En 1947, la Gendarmería Nacional ingresó al territorio tradicional del pueblo Pilagá y asesinó a decenas de indígenas. El hecho fue conocido como la “Masacre Pilagá” o “Masacre de Rincón Bomba”. Recién en 2019, la Justicia argentina reconoció la responsabilidad del Estado Nacional y destacó la dimensión colectiva del daño. El trabajo de mapeo permite reconstruir los hechos de violencia que anticiparon la masacre y todos los ataques de la Gendarmería contra los pilagá que intentaron huir. A 80 años de la tragedia, la restitución de los territorios usurpados mediante la violencia a los indígenas es una tarea pendiente.

La llamada masacre de Rincón Bomba se produjo en octubre de 1947 cuando cientos de indígenas pilagá se congregaron a las afueras de la población de Las Lomitas, muy cerca de una estación del tren que unía Formosa (la actual capital provincial) con los ingenios azucareros del oeste. Entre 1917 y 1938, Las Lomitas había sido la sede de la Jefatura del Escuadrón del Regimiento de Gendarmería, de donde se desprendían dos líneas de fortines en forma de abanico sobre el territorio pilagá y, más al norte, sobre el río Pilcomayo. El ferrocarril aumentó enormemente el traslado a bajo costo de grandes contingentes de indígenas chaqueños que cada año se trasladaban a los ingenios durante marzo y octubre.

Allí trabajaban bajo un sistema de explotación, disciplinamiento y sometimiento a cambio de pequeñas sumas de dinero que, al regresar de la zafra, les permitía adquirir ropa, herramientas y utensilios en los comercios de Las Lomitas y otras poblaciones. Cuando intentaban volver a vivir a sus territorios, se enfrentaban con los criollos que procuraban despojarlos y, en alianza con las autoridades, los intimaban a asentarse en la Reducción Bartolomé de las Casas (ubicada a 130 kilómetros del lugar). En su defecto, eran presionados a trasladarse a dos colonias agrícola-ganaderas aborígenes similares que se fundarían en 1936, también en zona militarizada, bajo vigilancia y control militar.

Hambrientos, enfermos y perseguidos por la violencia que imperaba contra ellos, los pilagá habían acudido a La Bomba desde diferentes parajes en torno a un sanador, Luciano Córdoba (Tonkiet), cuyo poder reparaba las heridas de la explotación económica y de la colonización. La imaginación colonial de los criollos convirtió la congregación de indígenas en un grupo “irreductible” de número inusual, luego en amenaza de ataque y finalmente en la razón justificatoria para un ataque militar.

Una masacre nacional y colonial

Antes de la masacre, las autoridades instaron a los pilagá a desconcentrarse y a asentarse en Bartolomé de Las Casas. Después de la masacre, lograron confinar a los sobrevivientes allí mismo, en donde serían explotados en condiciones de semi-esclavitud. Plantación, reducción, explotación económica y vigilancia militar constituyen así una red de espacios de impronta colonial que conforman la base de una estructura de violencia. 

Durante los años siguientes, mientras los acontecimientos permanecieron relativamente ocultos para el resto de la sociedad argentina, los indígenas recurrían a sus propios mecanismos sociales para tramitar el daño. Muchos se distanciaron de “la vida de antes” y se entregaron al Evangelismo y, bajo él, procesaron el trauma y procuraron eludir el hostigamiento del Estado. En los años 1990 y 2000, surgieron en el Chaco distintos tipos de acciones en demanda de memoria, verdad y justicia en el contexto de las modificaciones que se generaron a escala nacional y los efectos del reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas en el país y la región.

Rincón Bomba permite cuestionar la idea de la masacre como un hecho aislado, temporal y espacialmente singular. Por una parte, tal acontecimiento se inserta en una cadena de violencias. Por otra parte, su inscripción espacial es dispersa y extendida. Una y otra expansión conducen a pensar en la dimensión colectiva del daño: a nivel temporal, mostrando las varias generaciones que han enfrentado la violencia y sus legados. A nivel espacial, mostrando la amplitud geográfica de las afectaciones. 

Localización de episodios de violencia ejercidos contra los pilagá entre 1917 y 1947 que contribuyeron al despojo de sus tierras. Mapa: Carlos Salamanca & Lautaro Sosa

Una masacre anunciada

La primera gran manifestación de violencia registrada en el siglo XX se dio con el ataque al fortín Yunká en 1919 por lo que los pilagá sufrieron, equivocadamente, una violenta represión [1]. El diario de campo del militar sueco Gustav Emil Haeger, quien en 1920 realizó una expedición al Gran Chaco, registra el caso del colono Anselmo Calermo, “un viejo amigo”, que al ser “corrido por los pilagá” de la “cañada de Descanso” acudió al fortín Chávez desde donde promovió una expedición militar contra Nelagadik y su gente, evidenciando la complicidad entre militares y ganaderos criollos [2].

Por su parte, el antropólogo Jules Henry refiere otros ataques por parte del ejército en 1933, en los que varios indígenas fueron asesinados y otros llevados a 50 millas al oeste de los lugares de sus “comunidades” tradicionales [3]. En 1935, cientos de pilagá que habían huido al Paraguay a causa de los ataques de la Gendarmería acudieron a la Misión El Toba en busca de la protección de los misioneros, quienes fundarían después la Misión Pilagá [4]. Entre 1937 y 1939, varios testimonios de misioneros anglicanos de la Misión Pilagá indican que “los enfrentamientos de los pilagá con el ejército, los ganaderos y los colonos [eran] moneda corriente” [5]. 

Asimismo, los misioneros detallan cómo los indígenas enfrentaban una violencia sistemática por parte de los soldados paraguayos. Entre esos ataques se destacan dos matanzas: la de seis indígenas en abril de 1937 y la de otros siete en 1938 [6]. Por su parte, los pobladores criollos también asesinaban impunemente a los pilagá, a quienes acusaban del robo de ganado. Cuando en 1939 el antropólogo Alfred Métraux recorrió la zona encontró un paisaje de “decadencia y muerte”: la viruela arrasaba, los conflictos con el ejército eran constantes y los criollos ocupaban los campos indígenas. Durante la década de 1930, en el contexto de la guerra del Chaco, los pilagá enfrentaron también la violencia de los soldados paraguayos [7]. 

Al mismo tiempo, al reconocerse como “argentinos” por haber colaborado con el ejército y haberse asumido como vigías fronterizos, los pilagá mantuvieron confrontaciones con sus enemigos tradicionales, los nivaĉle y los maká, que habían sido reconvertidos por la guerra en paraguayos. De acuerdo a la Doctora en Antropología Social Anne Gustavsson, antes de 1947, una docena de hombres pilagá encabezada por Sedaakie´n y Peletooe´n salió a mariscar al norte de Laguna Yema y fueron emboscados por unos criollos que, en complicidad con la policía, los engañaron y masacraron. Solamente Sedaakie´n y Peletooe´n pudieron escapar. Después de “la masacre de los mariscadores”, el lugar sería llamado “Pozo Quemado” por los rastros de incendio que quedaron [8].

Mapa con la localización de algunos episodios de violencia vinculados a la masacre de Rincón Bomba del 9 al 16 de octubre de 1947. Mapa: Carlos Salamanca & Lautaro Sosa

Mapeando la masacre

Ampliemos la escala también en términos geográficos. El ataque de la Gendarmería en Rincón Bomba no marcó un sitio, sino más bien un conjunto de lugares. La tarde del 10 de octubre de 1947, el escuadrón 18, dividido en dos grupos, disparó varias ráfagas contra un número indeterminado de indígenas que se habían congregado en La Bomba [A]. En los días anteriores, los pilagá habían sido desarmados por los mismos gendarmes, quienes pretendían que “se desmovilizaran” y accedieran a reducirse. 

El 11 de octubre y los días siguientes, los ataques continuaron y los pilagá intentaron huir. La mayoría de ellos fue hacia el norte, sin agua y sin comida, en largas caminatas nocturnas y escondiéndose en el monte. En algunas ocasiones tuvieron que abandonar a sus hijos más chicos. En Pozo de los Chanchos Panorí, dos niños fueron atacados por una patrulla y dos jóvenes que huían con el grupo de Desade’en murieron por heridas de bala [B]. En las tierras del productor Esteban Curesti, en Campo del Cielo, una mujer llamada Seecholé y su familia fueron detenidos todo el día, bajo 40 grados de calor y sin agua. Los gendarmes separaron del grupo a una niña y el segundo comandante del escuadrón, Aliga Pueyrredón, la violó [C].

En El Descanso, cerca de Pozo del Tigre, Panorí’, otros dos niños y más de 50 personas fueron detenidas en un corral de animales [D]. En La Alcoba, cerca de El Descanso, tres ancianos fueron detenidos, atados a un árbol y quemados vivos hasta su muerte [E]. En Pozo del Tigre, los gendarmes buscaban casa por casa a los fugitivos: encontraron una pareja, la quemaron viva y a una niña la ejecutaron de un disparo en la cabeza [F]. Los días 13 y 14 de octubre, los gendarmes alcanzaron al grupo de Piakqolek que escapaba hacia Navagán, retuvieron a tres personas y los fusilaron al frente de todo el grupo [G]. 

El grupo de Dasae’en, que había huido hacia el norte después de la masacre de La Bomba, fue alcanzado por la gendarmería cerca del paraje La Lagunita gracias a la denuncia de unos pobladores criollos; allí hirieron a una mujer [H]. Cerca de la frontera con Paraguay, siete personas fueron asesinadas [I]. El 16 de octubre, un avión Junker que había despegado el día anterior de la base de El Palomar en Buenos Aires, disparó desde el aire contra varios indígenas con una ametralladora [J]. En El Cuervo fue capturado Oñedié, trasladado al fortín La Soledad y, posteriormente, enviado a Colonia Muñiz [K]. En el documento confidencial N° 1047 se dejó constancia de 15 personas muertas en un supuesto enfrentamiento sin verificación judicial ni registro del destino de esos cuerpos [L].

Después de la represión, muchos pilagá se entregaron a las autoridades. Posteriormente, fueron concentrados en Pozo del Tigre y luego fueron conducidos a la estación, en donde los llevaron en tren hasta Estanislao del Campo y, desde allí, trasladados en camión hasta Bartolomé de Las Casas y Francisco Muñiz [M]. Allí fueron obligados a trabajar sin salario, siguiendo el esquema reduccional, al menos hasta febrero de 1948 [22]. Un asentamiento de tipo agrícola fue creado bajo administración del “cacique Coquero”, con la promesa gubernamental del otorgamiento de título de tierras y su posterior desarrollo como núcleo poblacional para los pilagá sobrevivientes de la masacre [N].

Disputas por reconocimiento, restitución y reparación

En los años siguientes, las reuniones colectivas (incluyendo las asambleas evangélicas) estuvieron casi proscritas y, todavía en la década de 1950, eran objeto de hostigamiento por parte de la policía. En las décadas siguientes, y bajo un seguimiento estatal mayor, la inscripción legal de las iglesias indígenas operó como salvoconducto.

Algunas familias que se escondieron en el monte volvieron después de un tiempo a sus asentamientos limitando cada vez más su movilidad en territorios tradicionales de caza, pesca y recolección, de los que poco a poco se apropiaron los productores ganaderos. Otros se instalaron en comunidades como Namqom en Formosa, lejos de sus comunidades tradicionales y mayoritariamente habitadas por los qom, sus enemigos tradicionales. En todos los casos, los pilagá adoptaron una mayor sedentarización y una menor movilidad entre comunidades.

En 2007, la Justicia argentina autorizó excavaciones en el lugar donde se inició la masacre, en donde hasta ese entonces funcionaba el polígono de tiro de Gendarmería Nacional de Las Lomitas y cuyas tierras habían sido apropiadas. En otras excavaciones se hallaron tres fosas y cadáveres. En 2019, el Poder Judicial reconoció la responsabilidad del Estado Nacional en la masacre y destacó la dimensión colectiva del daño. La Federación de Comunidades Pilagá, principal promotora de la demanda, ha insistido desde entonces que las reparaciones son insuficientes y que es necesario incluir los territorios usurpados.

Los nuevos tiempos que soplan en Argentina no son promisorios para la garantía de los derechos territoriales indígenas. Peor aún, una ley de relevamiento territorial incumplida durante 20 años los deja en una clara situación de indefensión jurídica frente a un contexto en el que el gobierno nacional quiere avanzar aún más en la construcción de un modelo económico basado en el extractivismo. Asimismo, la restitución de los territorios usurpados mediante la violencia a las comunidades indígenas es hoy, como ayer, tarea pendiente.

Carlos Salamanca Villamizar es Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) adscripto al Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone”, de la Universidad de Buenos Aires (UBA). También es director del Programa Espacios, Políticas, Sociedades del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Foto de portada: Agentes de Gendarmería Nacional con niños pilagá secuestrados durante la masacre. Foto: Archivo 

Etiquetas: Debates Indígenas