El mapeo para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento: disputas geográficas en el Yasuní

Escrito en 02 Enero 2026. Publicado en Noticias

MANUEL BAYÓN JIMÉNEZ Y AMANDA YÉPEZ SALAZAR PARA DEBATES INDÍGENAS

En 2008, el Gobierno presentó la Iniciativa Yasuní-ITT, que proponía dejar bajo suelo el petróleo del bloque 43 a cambio de una contribución financiera internacional que reconociera la deuda ecológica del norte global. Sin embargo, la iniciativa no prosperó y, en 2013, el gobierno canceló la propuesta y habilitó la explotación petrolera. La sociedad se organizó rápidamente: denunció la destrucción y demostró con mapas el avance sobre el territorio y los Pueblos Indígenas Aislados. Finalmente, con la evidencia geográfica reunida, la defensa del Yasuní obtuvo un fallo a su favor de la CorteIDH.

A lo largo de su historia, el comportamiento de los pueblos amazónicos ha estado basado en la movilidad por dos motivos. Por un lado, las características del suelo, que implican un rápido empobrecimiento bajo los cultivos, lo que lleva a sistemas rotativos de roturación. Por otro lado, las relaciones sociales configuradas alrededor del intercambio y el conflicto, en una dualidad entre ríos y tierra adentro. Esta movilidad ha implicado que el establecimiento de las fronteras entre los dominios territoriales de Portugal y España llegara muy vagamente durante la colonia, así como posteriormente durante el boom del caucho a finales del siglo XIX e inicios del XX. 

Las nociones de propiedad, límites y exclusividad sobre el espacio se profundizaron durante los periodos republicanos, especialmente a partir de las reformas agrarias del siglo XX. Todos estos procesos de colonización implicaron el contacto violento y el genocidio de muchos pueblos amazónicos. En este contexto, llegó una técnica que pervive hasta hoy e impuso los límites entre la colonización agraria-extractiva y los territorios indígenas: la geometría del polígono. Entonces, los Pueblos Indígenas amazónicos tuvieron que ponerle un límite al parcelamiento de sus espacios de vida, a través de la declaración de sus propios  polígonos. 

Sin embargo, los Pueblos Indígenas que continuaron en aislamiento siguieron con sus movilidades. No a través de una forma de habitar el espacio “como si nada hubiera ocurrido”, pero sí tensionando las fronteras y polígonos en los que nunca participaron, y solamente fueron percibidos a través de la violencia de la ocupación colonial de sus espacios. Por ello, los polígonos realizados con Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la protección de los Pueblos Indígenas en aislamiento se ven tensionados por sus dinámicas reales y cambiantes.

Tagaeri y taromenane en el Ecuador

El reconocimiento de los Pueblos Indígenas Aislados del Ecuador fue paulatino y comenzó con la creación de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT) en 1999. La ZITT se creó en base a las áreas donde se fue arrinconando a los Pueblos Indígenas Aislados a lo largo de los siglos XX y XXI. Este polígono ha excluido las áreas de vías y pozos petroleros, causantes de su progresivo confinamiento, lo que ya muestra un límite en su definición: se crea su polígono a partir de áreas de exclusión, en una clara jerarquía menor respecto a las actividades extractivas.

Paralelamente, alrededor de la ZITT se creó un buffer (franja o zona de transición que rodea un área protegida o sensible) de 10 kilómetros llamada Zona de Amortiguamiento, que permitía continuar con la actividad petrolera dónde ya estuviera iniciada, y se limitaba su ampliación. El Estado ecuatoriano reconoció la intangibilidad de la ZITT en la Constitución de 2008 y ha generado diferentes áreas de influencia de los distintos grupos indígenas en aislamiento a través de polígonos.

También en 2008, resultó crucial la Iniciativa Yasuní-ITT, que propuso dejar bajo el suelo el petróleo del bloque 43 (y sus campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha) a cambio de una contribución financiera internacional en reconocimiento de la deuda ecológica del norte global. Así, el país se encaminaba hacia la justicia climática en la preservación de uno de los lugares más biodiversos del mundo y hogar de los Pueblos Indígenas Aislados. Esta iniciativa llevó a que el Ministerio del Ambiente definiera en 2012 cuatro círculos de influencia, tres de ellos fuera del límite del polígono de la ZITT, reconociendo la vida y la territorialidad más allá del área de conservación definida.

En este rastreo de los Pueblos Indígenas Aislados, el Estado ecuatoriano ha utilizado metodologías de señales visuales, relatos de los pueblos vecinos y vuelos de dron, para determinar los lugares donde estos pueblos habitan. Estos se determinan a partir de la observación de personas, casas, cultivos, objetos o donde se han producido enfrentamientos. El Estado ha justificado tradicionalmente sus polígonos en base a la reunión de estos puntos y el establecimiento de áreas de mayor presencia. Esto ha sido a partir de visiones de conservación o de explotación, pero siempre con una metodología muy limitada basada en el binarismo presencia/no presencia en una relación puntos-polígonos propio de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

La lucha frente a la explotación petrolera del Yasuní

En 2013, el gobierno ecuatoriano canceló la iniciativa para dar paso a la explotación petrolera en el bloque 43. El Ministerio de Justicia cambió mágicamente el mapa, redujo de cuatro a tres los polígonos e hizo desaparecer los lugares de explotación petrolera en el bloque 43, en contra de lo que había sostenido el Estado hasta entonces. Ante la cancelación de la Iniciativa Yasuní-ITT, se organizó el frente Yasunidos, que inicialmente convocó protestas y después activó el mecanismo constitucional de recoger firmas para convocar una consulta popular que detuviera la explotación petrolera en el bloque 43. 

La explotación petrolera se realizaría bajo la promesa del mínimo impacto ambiental, asegurando que solamente el 1 por 1000 (la décima parte del 1 por ciento) sería explotada, y consideraba únicamente como impacto a la deforestación. Esto ignoraba los Estudios de Impacto Ambiental de la actividad petrolera, que muestra la deforestación producida, y las áreas de impacto directo e indirecto por contaminación acústica, por combustión del aire o por vertidos al agua, así como la actividad sísmica, que llegaría a más del 19 por ciento del bloque petrolero (190 veces más de lo prometido). Ante esta falacia, se organizó una batalla geográfica que se desarrolló en los años siguientes. De ella, se resaltan dos hitos: el monitoreo de actividades petroleras y la lucha contra el Decreto 251. 

Las inspecciones en terreno se dedicaron a demostrar que el impacto sería mucho mayor al aprobado por la Asamblea Nacional. El frente reunió a instituciones científicas de la sociedad civil como el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, GeoYasuní y el MAAP que, en colaboración con Yasunidos y la Alianza por los Derechos Humanos, lograron develar la opacidad de la actividad petrolera y sus fuertes impactos. Por un lado, el uso de imagen satelital mostró la presencia de enormes desbroces (eliminación de la vegetación natural) o la presencia de mecheros (antorchas de combustión de gas asociado a la extracción de petróleo). Por otro lado, la cartografía de los Estudios de Impacto Ambiental demostró la invasión de la Zona de Amortiguamiento, los impactos directos y los pozos petroleros oblicuos.

La imprecisión geográfica del Estado

Al mismo tiempo, la acción de este conglomerado junto con la Defensoría del Pueblo, permitió realizar en 2019 una inspección en campo que mostró el uso de tecnología obsoleta y el impacto desmedido: la construcción de carreteras que modifican la orografía, la presencia de mecheros y descompresores, así como los desbroces y unos niveles de ruido mayores que en áreas industriales. Esto llevó a una serie de acciones judiciales que permitieron ralentizar el avance petrolero. Ante la abundancia de pruebas presentadas por la sociedad civil en estos juicios, el Estado ecuatoriano se limitó a mostrar videos con mapas grotescamente inexactos y videos 3D de animación de situaciones ideales que no existían en los campos petroleros. 

El Decreto 251 se formuló en 2019 para la ampliación de la ZITT, pero añadiendo la permisividad de nuevas áreas de explotación petrolera en la Zona de Amortiguamiento, lo cual desprotegía ocho veces la cantidad que se protegía. Esto llevó a que el conglomerado social contra la explotación petrolera utilizara las vías legislativa y judicial para dejar sin efecto la desprotección de la Zona de Amortiguamiento. En este caso, hubo una victoria muy fuerte al ser sancionados los ministros del Ambiente y de Energía en la Asamblea Nacional. En 2022, la Corte Constitucional dejó sin efecto los artículos del decreto que permitían la nueva explotación, incluidos los 320 pozos petroleros que estaban previstos en el área de Ishpingo en el bloque 43. En estos procesos, la importancia de la cartografía realizada por la sociedad civil fue fundamental, al mostrar a la Corte Constitucional la realidad de la explotación petrolera, sus estándares y su alcance espacial. 

Finalmente, la consulta popular promovida por el colectivo Yasunidos se llevó a cabo en 2023, tras 10 años de fraudes y dilaciones, con un resultado del 59 por ciento a favor de que el petróleo del bloque 43 quedara bajo el suelo, aun en medio de la fuerte crisis económica y social que vive Ecuador en los últimos años. En la campaña del referéndum y en el debate oficial, la disputa geográfica alrededor del relato sobre la explotación petrolera estuvo muy presente. Poder demostrar los resultados de las inspecciones geográficas en el Yasuní o explicar por qué la Corte Constitucional había considerado el Decreto 251 una muestra de agresión contra los Pueblos Indígenas Aislados fueron elementos cruciales en la toma de conciencia del electorado ecuatoriano.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En 2025, la CorteIDH, de obligado cumplimiento para los Estados que forman parte de la OEA, dictó la primera sentencia para las Américas que reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas Aislados. Tras 15 años de presentar evidencias al Estado ecuatoriano, el conglomerado social compuesto por el movimiento indígena y organizaciones ecologistas ha logrado una sentencia histórica: la CorteIDH condena al Estado como responsable de vulnerar los derechos de los Pueblos Indígenas Aislados Tagaeri y Taromenane, así como ordena una serie de medidas de reparación.

En su sentencia, la CorteIDH reconoce la evidencia geográfica presentada frente a la explotación petrolera, especialmente los derrames petroleros y los pozos petroleros direccionales. Esto se muestra en los argumentos del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador en la sentencia de la CorteIDH, tales como la contaminación petrolera (ver mapa sobre los derrames petroleros) o la invasión de los pozos petroleros en el área legalmente reservada a los Pueblos Indígenas Aislados del Yasuní (ver mapa sobre zonas de ampliación de actividad petrolera). La sentencia dicta la necesidad de limitación de la actividad y la prohibición de la apertura de nuevas infraestructuras. Además, insta al gobierno a que amplíe los polígonos de protección para acercarse de una forma más adecuada al territorio que realmente ocupan y disputan los Pueblos Indígenas Aislados.

Pero queda un reto extra que está en las manos de las ciencias sociales y geográficas en diálogo con los diferentes Pueblos Indígenas (Waorani, Kichwa, Shuar) y los campesinos con los que los indígenas aislados cohabitan en el Yasuní: la necesidad de ir más allá de la lógica binaria de protección. Si bien los polígonos de la ZITT y los círculos de presencia han resultado una herramienta muy valiosa en términos visuales y judiciales para explicar las agresiones estatales y petroleras contra los Pueblos Indígenas aislados, las lógicas de multiplicidad en el territorio entre diferentes pueblos exigen entendimientos que puedan ir más allá del límite, la frontera y la prohibición de actividades. 

La lucha de los Pueblos Indígenas y la sociedad civil de Ecuador demuestra que son necesarias formas más complejas de representar el espacio, así como de propiciar diálogos interculturales que puedan hacer que la sentencia de la CorteIDH sea implementada en el territorio en términos reales y profundos. Solamente con el acuerdo y la asunción de propuestas y necesidades de los pueblos que cohabitan el Yasuní se podrán implementar medidas de protección a largo plazo.

Manuel Bayón Jiménez es Licenciado en Geografía (Universidad de Valladolid) y Magíster en Estudios Urbanos (FLACSO Ecuador). Actualmente, es Investigador del Colegio de México, Doctor en Estudios Territoriales por el Karlsruher Institut für Technologie (KIT) e integra el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador y YASunidos.

Amanda Yépez Salazar Es licenciada en geografía por la PUCE-Ecuador y magíster en desarrollo territorial por la Flacso-Ecuador. Es parte del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, donde es Codirectora de la Escuela para la Defensa del Territorio.

Foto de portada: Indígena Waorani en el Parque Nacional Yasuni. Foto: Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador

Etiquetas: Debates Indígenas