Ciencia y gobernanza indígena frente a impactos de hidrocarburos: la lucha por la remediación del Lote 192

Escrito en 26 Noviembre 2025. Publicado en Noticias

POR MARIO ZÚÑIGA LOSSIO PARA DEBATES INDÍGENAS

En algunas zonas de prolongada explotación petrolera del Perú, las actividades extractivas han generado tanto daño socio-ecológico a los territorios indígenas que, finalmente, este se torna en una deuda impagable no sólo para el presente, sino para el futuro. En ese marco, tras una lectura a detalle de los beneficios promovidos por el sector energético, observamos que estos no se corresponden con el impacto real que sufren los Pueblos Indígenas. La huella de ese daño, y su compleja atención, es ineludible al momento de pensar en transiciones que cambien el modelo extractivo petrolero por nuevas matrices energéticas desde un enfoque de justicia y memoria.

En el Perú, entre 1997 y 2023 han existido 1462 derrames petroleros. El lote que tiene la mayor cantidad de derrames en todo el país es el Lote 192, el cual contiene pasivos sin remediar por empresas que se han retirado del lugar y les han dejado a las comunidades un desastre ambiental. Hasta 2023, contando sitios no atendidos (que incluye también residuos sólidos e infraestructura mal gestionada), el Lote 192 reúne algo más de 3200 puntos identificados.

Este lote impacta en el territorio de tres Pueblos Indígenas: Achuar del río Pastaza y del río Corrientes, Inga del Pastaza y Kichwas del Tigre. La visión de estos pueblos al enfrentar los daños no es una visión exclusivamente económica. En ese marco, atender estos procesos se constituye en un reto complejo para los pueblos, donde la política, los movimientos sociales, la ciencia, la tecnología, las inversiones, la cultura y la economía se articulan de manera tensa.  

En este contexto, algunos pueblos han optado por luchar por la remediación de zonas donde existen impactos petroleros, los cuales han cambiado para siempre sus entornos y sus vidas.  Este camino de lucha ha permitido que se exponga, con crudeza científica y cultural, las dimensiones y costos de las actividades de hidrocarburos. Esta realidad expresa una magnitud inédita, que pone en jaque la promoción extractiva, las políticas ambientales y genera permanentes procesos de retroceso y avance en actividades de remediación. En esta pugna constante, los pueblos empujan el avance científico, social y cultural de políticas públicas del Estado, reformulando su sesgo colonial y racista.

Observaremos finalmente el reto al que todo pueblo se enfrenta cuando convive con estas actividades, la compleja lucha por la restauración territorial y las condiciones que se requieren para una transición energética con memoria.

La lucha y la ley

Desde 1971, la población del territorio en donde se encuentra el Lote 192 está impactada por diversas operadoras privadas y por un marco normativo cuya permisividad y enfoque extractivo han generado la producción de territorios dañados. Entre 2006 y 2007, ante la falta de una adecuada fiscalización ambiental y luego de movilizaciones sociales y alianzas con la sociedad civil nacional e internacional, la población se organizó para realizar monitoreos sin apoyo estatal, desligados de la empresa petrolera. Así, de manera independiente, líderes y lideresas de estas zonas empezaron a registrar y denunciar derrames petroleros en sus territorios.

En consecuencia, los Pueblos Indígenas se adaptaron a las nuevas tecnologías de comunicación, aprendieron el idioma protocolar de recojo de muestras y se capacitaron en el conocimiento de normas y procesos de denuncias institucionales. Sus nuevas prácticas de vigilancia territorial lograron hacer visible, sobre la base de conocimiento científico, el desastre ambiental en el que vivían y que las empresas ocultaban: hasta 2011, se habían presentado más de 100 sitios impactados y luego se ha ido elevando exponencialmente, hasta realizar 1209 denuncias hacia 2020.

La magnitud de daños denunciada por las organizaciones indígenas a partir de la información del monitoreo era tan grande, y con tanto riesgo, que se emitieron declaratorias de emergencia sanitarias y ambientales en diversos años. Pero las denuncias y las emergencias orientadas a que las empresas petroleras actúen no fueron suficientes. Estas no tuvieron un comportamiento diligente, todo lo contrario, empezaron a hacer uso de vacíos normativos y leguleyadas institucionales para evadir, judicializar y no hacerse cargo del desastre.

En este marco, en 2015, ante el inminente término del contrato petrolero en el Lote 192 y el ingreso de un nuevo operador, las comunidades realizaron movilizaciones y utilizaron la información de los monitores de las comunidades (validada por las autoridades de fiscalización) para exigirle condiciones mínimas al Estado, que impulsaba la continuidad de las operaciones petroleras en la zona. Una de esas exigencias fue la Ley 30.321, creada para la remediación ambiental en las cuencas del lote. Luego del proceso de lucha de PUINAMUDT con base en un acta de cumplimiento, esta ley fue emitida a mediados de 2015 y se reglamentó en 2016.

La Ley 30321 y su implementación

La Ley 30321 es una norma moderna, de avanzada, con altos estándares de participación, creada con los aportes de los Pueblos Indígenas afectados del Lote 192 y del Lote 8. La norma creó una Junta de Administración donde representantes indígenas, con asesoría técnica especializada, co-gobiernan con los sectores públicos de Ambiente (MINAM), Energía y Minas (MINEM), Salud, Saneamiento, Vivienda y Agricultura. En este espacio, las poblaciones participan desde el diseño de la licitación para contratar empresas remediadoras, hasta el diseño de los términos de referencia de los estudios ambientales; desde la programación de procesos de capacitación hasta su implementación para la remediación de los lugares con más alto riesgo y su respectivo monitoreo.

Esta ley ha creado un fondo especial cuyo fin es la remediación, el cual se guarda en un fideicomiso y es administrado por todos los integrantes de la Junta. Al momento de su implementación, participan los y las monitoras de las comunidades, así como las empresas comunales, para dar servicio a las entidades privadas que realizan los estudios y la remediación. Según la ley, si las empresas no asumen la responsabilidad de los sitios identificados como de alto riesgo, el Estado debe hacerse cargo de la remediación, sin dejar impune el asunto: tras la identificación del responsable, el Estado debe cobrar los costos correspondientes.

A partir de la Ley 30321, en 2017, se identificaron los primeros 32 sitios impactados. Estos se hicieron públicos para que las empresas responsables iniciaran los estudios con mejores estándares de calidad. Algunos de estos sitios ya habían sido limpiados y mitigados por las petroleras, pero el ente de fiscalización comprobó que la contaminación persistía y generaba graves riesgos al ambiente y a la salud. Lamentablemente, ninguna empresa asumió su responsabilidad, por lo que se procedió, mediante la Ley 30321, a elaborar estudios de rehabilitación. Así, por primera vez en Perú, el Estado y los Pueblos Indígenas elaboraron 32 Planes de Rehabilitación (PR).

A diferencia de los estudios anteriores realizados por empresas petroleras, los estudios técnicos de las comunidades permitieron hacer el primer acercamiento riguroso a las condiciones de impacto específicas en la zona. Los volúmenes de contaminación encontrados arrojan un total de 364.749 metros cúbicos afectados. El retiro de este volumen implicaría el uso de 24.316 volquetes. Además, presentan riesgo cancerígeno para niños, niñas y adultos cazadores. En la actualidad, se han podido identificar más de 112 sitios de alto riesgo (adicionales a los primeros 32)  que están a la espera de la elaboración de nuevos estudios. Estos suman 698 hectáreas: 15 veces más que el total de la extensión del Vaticano (44 hectáreas). ¿Cómo es posible que el Estado haya permitido que estos daños se acumulen por tanto tiempo en territorio indígena?

Espera que desespera: los bloqueos en la implementación de la Ley 30321

La ciencia para proteger la salud y el ambiente identifica, caracteriza, calcula y dimensiona los riesgos. Es una creación occidental que ha requerido que los Pueblos Indígenas generen un nuevo horizonte de tecnificación. No obstante, la producción de los estudios tiene tensiones particulares y genera límites a este reacondicionamiento. Si bien el Estado, de manera multisectorial, co-produjo los PR, la validación de estos documentos cae en el embudo del sector de Energía y Minas. Aquí se genera la demora por las presiones de la industria. Cuando los PR de los 32 sitios priorizados se entregaron en 2019, el MINEM retrasó su revisión, lo cual terminó ralentizando el proceso durante varios años.

Además, se detuvo la producción de nuevos Planes de Rehabilitación. Entre 2019 y 2025, el Estado sólo aprobó 19 planes y no ha vuelto a elaborar ninguno más. En consecuencia, se han sucedido debates académicos, políticos y culturales; demoras en la financiación para la continuidad; carencia de recursos técnicos y científicos del propio Estado; y falta de voluntad política y modernidad de la administración pública en términos ambientales. A ello hay que sumar que estos procesos producen desconfianza hacia el Estado y ataques a las organizaciones que empujan el fondo, como si fueran responsables de su entrega y  de la aprobación de los estudios.

Con todo ello, la experiencia de la Junta de Administración del Fondo es mucho más exitosa que la de las empresas petroleras, que acumulan planes para remediar que se desaprueban constantemente y no logran implementarse, o se aprueban con muy bajos estándares. A pesar de que el Fondo cuenta con recursos dispuestos por gobiernos anteriores (más de 400 millones de soles, poco más de 100 millones de dólares), a dos años de aprobación de varios PR, recién se ha logrado iniciar con la remediación de un sitio. Y se está a la espera de la licitación de los siguientes.

Si bien genera incertidumbre, la demora de la implementación de la ley no produce inactivismo. Las poblaciones poco a poco han ido ampliando su participación en la Junta con la inclusión de más organizaciones, se ha impulsado el uso de fondos para capacitación de población local y se brega junto con PROFONANPE, para hacer presión sobre el MINEM. Asimismo, las comunidades y sus organizaciones han decidido que, si el Estado no remedia los sitios teniendo fondos, las operaciones petroleras no volverán a funcionar en sus territorios.

Para una transición con memoria

La lucha desde la ciencia ambiental producida con los pueblos ha destapado la magnitud de los impactos ambientales y ha puesto en jaque a las “bendiciones” que el extractivismo petrolero suele mencionar como promesa de desarrollo. Según el ente regulador del Canon y Sobrecanon petrolero, las operaciones petroleras en el Lote 192 han dejado un poco más de 2 mil millones de soles (571 millones de dólares)  para el Gobierno Regional de Loreto. De esa cantidad, sólo llegó muy poco para las comunidades, pues se perdió en el camino en bolsillos de funcionarios o en obras ubicadas en ciudades lejos de los territorios.

Paralelamente, el MINEM sostiene que para atender los 144 sitios identificados por la Ley 30321, se necesitan más de 6.000 millones de soles (1.700 millones de dólares). Lo peor de todo es que, según estos cálculos, la inversión se conseguiría e invertiría en un periodo de 42 años, con lo cual se someterá a las futuras generaciones indígenas a soportar la carga de la contaminación. El asunto se complica más si entendemos que estos 144 sitios son apenas un porcentaje irrisorio de la cantidad total de sitios impactados en el lote. Económicamente, la actividad petrolera en territorios amazónicos es inviable, económica, social y ambientalmente.

Las luchas en las zonas petroleras, como el Lote 192, nos enseñan que los Pueblos Indígenas sí se adaptan a la modernidad de la ciencia y del Estado. Realizada de modo colectivo, con movilizaciones, diálogo público y expertise cultural, técnica y científico, esta lucha es una estrategia que ha logrado dos conquistas. Por un lado, mostrar la efectividad del trabajo entre el Estado y los Pueblos Indígenas para analizar científicamente los daños petroleros. Por otro lado, evidenciar el sesgo colonial en el sector energético, que no se adapta a los cambios ni mejora los procesos para atender con urgencia los derechos elementales vulnerados.

En ese marco, cualquier transición energética que busque cambiar matrices petroleras por otras más amigables, no puede transitar sin memoria, dejando sin atender la deuda ambiental que la civilización del petróleo deja en los territorios indígenas, imponiendo costos que las futuras generaciones de esos territorios lucharán porque se les reconozca y se pague.

Este artículo ha pasado por la revisión de los Apus de PUINAMUDT y de su equipo técnico. Agradecimientos especiales  a Angela Vilca, Andrea Cier, Fernando Torres, Renato Pita y Frederica Barclay.

Mario Zúñiga Lossio es Antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y asesor de PUINAMUDT.

Foto de Portada: Fernando Cola - Puinamudt

Etiquetas: Debates Indígenas