¿Cómo se ve una transición justa para los Pueblos Indígenas?

Escrito en 03 Julio 2025. Publicado en Noticias

POR GALINA ANGAROVA E YBLIN ROMÁN ESCOBAR PARA DEBATES INDÍGENAS

En la 28° Conferencia de las Partes (COP28) en Dubái, los gobiernos del mundo declararon “el comienzo del fin” de la era de los combustibles fósiles, un hito simbólico enmarcado como un punto de inflexión global. Sin embargo, para los Pueblos Indígenas, esa frase plantea una pregunta más profunda: ¿es este el comienzo del fin del modelo extractivista que durante tanto tiempo ha atacado sus territorios o el inicio de una nueva e intensificada presión sobre los ecosistemas y culturas que han protegido?

La frase “el comienzo del fin” de la era de los combustibles fósiles señaló un consenso largamente esperado respecto a la necesidad de su eliminación progresiva, pero no abordó el modelo económico subyacente que impulsa tanto la crisis climática como la injusticia ambiental. En la actualidad, la solución dominante que se propone frente a la crisis climática es un cambio hacia tecnologías de energía renovable y vehículos eléctricos (con baterías), que dependen en gran medida de la extracción de minerales.

La carrera por los llamados minerales de transición, como el litio, el cobalto, el cobre y el níquel, a menudo etiquetados como críticos para la transición energética limpia, está impulsando una expansión global de la minería. El Banco Mundial proyecta un aumento del 500% en la demanda de estos minerales para 2050. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía estima incrementos del 40% para el cobre y los elementos de tierras raras (ETR), del 60-70% para el níquel y el cobalto, y de casi un 90% para el litio hacia 2040.

La realidad es que más del 54% de las reservas globales de estos minerales para la transición energética se encuentran en territorios indígenas (o cerca de ellos). Designar ciertos minerales como “críticos” permite a los gobiernos clasificar la minería como una cuestión de seguridad nacional o emergencia económica, otorgando a las empresas el derecho a operar en territorios indígenas sin respetar su derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). En Argentina, Bolivia y Chile, casi el 60% de los proyectos de litio están ubicados en territorios indígenas. Estas operaciones avanzan bajo marcos legales acelerados que evitan evaluaciones ambientales rigurosas. Además, como dejaron en claro los Pueblos Indígenas en la Cumbre Intercultural Andina de Comunidades Afectadas por la Explotación del Litio, estos proyectos violan su derecho al CLPI, ponen en peligro su acceso al agua y, amenazan sus culturas y medios de vida tradicionales.

Principios indígenas para una transición justa

La realidad latinoamericana no es una excepción. En todo el mundo, los proyectos de transición energética continúan avanzando sin garantizar el respeto a los derechos indígenas. En la Cumbre de los Pueblos Indígenas sobre la Transición Justa, celebrada en Ginebra, cerca de 100 líderes indígenas de las siete regiones socioculturales del mundo acordaron por primera vez un documento que define qué es una transición energética justa desde una perspectiva indígena para asegurar que este proceso sea equitativo y respetuoso.

Los Pueblos Indígenas están pidiendo grandes reformas a los marcos existentes. Exigen que se respeten los derechos humanos y los derechos indígenas, tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). El documento final de la Cumbre de Ginebra, “Principios y Protocolos de los Pueblos Indígenas para una Transición Justa”, presenta un marco arraigado en el conocimiento ancestral, las tradiciones jurídicas y el vínculo con la Madre Tierra.

Como punto de partida, estos protocolos rechazan el extractivismo. Proponen un cambio de cosmovisión desde sistemas que tratan la tierra y el agua como mercancías hacia marcos basados en el derecho indígena, el consentimiento y la rendición de cuentas. Para los Pueblos Indígenas, la tierra no es un recurso que se gestiona, sino una relación viva que debe ser cuidada y respetada. El CLPI no es un trámite burocrático, sino un compromiso político y legal con la autodeterminación indígena.

En un momento en que el discurso climático dominante prioriza la competitividad, la seguridad y el crecimiento industrial, los Pueblos Indígenas le recuerdan al mundo que la verdadera respuesta a la policrisis no es la dominación, sino la justicia.

Pendientes en la financiación y gobernanza climática global

El lenguaje de una transición justa ha cobrado protagonismo en las discusiones climáticas globales, incluso en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Esto debería implicar un proceso impulsado por comunidades y por Pueblos Indígenas, orientado a garantizar que la transición de economías extractivas hacia economías regenerativas sea equitativa, democrática y basada en la autodeterminación. La transición justa prioriza la reparación de daños históricos, la redistribución del poder y los recursos, y la creación de medios de vida sostenibles en armonía con la Madre Tierra.

Sin embargo, las interpretaciones actuales de la transición justa en las COP siguen siendo limitadas. Se centran principalmente en transiciones laborales, estrategias industriales, valor agregado y resiliencia en las cadenas de suministro. Este marco a menudo deja de lado dimensiones más profundas de la justicia, particularmente aquellas planteadas por los Pueblos Indígenas, defensores de la tierra y comunidades en primera línea. De este modo, quedan excluidos los derechos sobre la tierra, el consentimiento, la descolonización y el cambio sistémico.

Los mecanismos de financiación climática siguen favoreciendo infraestructuras a gran escala, en lugar de beneficiar sistemas liderados por indígenas. En la COP26 de 2021, se prometieron 1.700 millones de dólares estadounidenses entre 2021 y 2025 para apoyar los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales sobre sus tierras y recursos. Esta promesa fue vista como un primer paso para reconocer su papel vital en la protección de los bosques y la biodiversidad: los Pueblos Indígenas gestionan el 50% de las tierras del mundo, pero sólo reciben el 1% de la financiación climática y menos del 5% de la ayuda ambiental. Además, la mayor parte de esta financiación es absorbida por ONG, consultores y agencias, en lugar de llegar directamente a las comunidades.

Los últimos datos del informe 2023-2024 del Forest Tenure Funders Group muestran cierta mejora sobre la promesa de los 1.700 millones de dólares, pero aún están muy por debajo de lo que merecen sus contribuciones. Según el informe, las organizaciones indígenas y las comunidades locales recibieron el 2,6 % en 2021, el 2,1 % en 2022 y el 10,6 % en 2023 de las contribuciones anuales que conforman el objetivo de los 1.700 millones de dólares. Mientras tanto, los procesos de la CMNUCC siguen privilegiando soluciones basadas en el mercado y alianzas industriales, al tiempo que limitan la capacidad de los Pueblos Indígenas para influir en las negociaciones.

Demandas indígenas por una verdadera justicia climática

En las COP y en los foros climáticos globales, los Pueblos Indígenas presentan demandas fundamentadas en la experiencia vivida, en la legislación internacional y en la necesidad urgente de detener la continua violación de sus derechos en nombre de la acción climática. Exigen el reconocimiento legal y vinculante de sus derechos sobre la tierra y el territorio como paso fundamental hacia la justicia climática. Sin una tenencia segura de la tierra, el modelo extractivo seguirá imponiéndose sobre la gobernanza indígena, independientemente de las intenciones “verdes” de los tomadores de decisiones.

El principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) debe implementarse plenamente, no como una formalidad procedimental, sino como un derecho sustantivo. Las comunidades indígenas deben liderar sus propias evaluaciones ambientales y sociales de los proyectos que les afectan. Los crecientes llamados a una moratoria global sobre la minería en territorios indígenas sin su consentimiento reflejan los profundos daños que ya se están produciendo en nombre de la transición energética. Los líderes indígenas han sido claros: la descarbonización no puede utilizarse para justificar una nueva ola de intrusión colonial.

Igual de urgente es la demanda de financiación climática directa y a largo plazo. Los Pueblos Indígenas exigen acceso directo a financiamiento que esté alineado con la DNUDPI, el Acuerdo de París y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Mientras tanto, enfrentan los impactos del cambio climático y las consecuencias de las soluciones propuestas para abordarlo. Al mismo tiempo, los sistemas de gobernanza y los protocolos indígenas deben ser reconocidos dentro de la arquitectura formal del clima, desde las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) hasta los marcos de financiación climática global.

Otro punto relevante es la protección de las mujeres indígenas y de los defensores de la tierra. La persecución y criminalización de quienes alzan la voz contra los proyectos extractivos va en aumento, y deben aplicarse mecanismos internacionales de rendición de cuentas para salvaguardar a quienes defienden la vida. La transición no es neutral: está siendo cada vez más militarizada, securitizada e impuesta. En 2023, al menos 196 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo. De ellos, el 43 % eran indígenas, una cifra alarmante que refleja hasta qué punto estas comunidades cargan con el peso de la violencia vinculada a la defensa del territorio y del medio ambiente.

Entonces, ¿cómo se ve una transición justa para los Pueblos Indígenas? No se trata de compensaciones ni de incentivos de mercado, sino de supervivencia, de derechos y de relaciones. Con demasiada frecuencia, la justicia se enmarca en términos económicos, como si el valor sólo pudiera medirse en el retorno de una inversión. Pero la justicia no es un balance contable. No hay una etiqueta de precio para el vínculo entre los pueblos y la tierra, ni una métrica que pueda medir la relación espiritual con el agua o el deber heredado de proteger la biodiversidad.

Galina Angarova es defensora de derechos buriati, Directora Ejecutiva de la coalición SIRGE y Magíster en Administración Pública (Universidad de Nuevo México). Anteriormente, dirigió Cultural Survival, representó a los Pueblos Indígenas ante la ONU y, formó parte de la Fundación Swift, Tebtebba y Pacific Environment.

Yblin Román Escobar es de ascendencia Kolla-Quechua y asesora de políticas en la coalición SIRGE, donde aboga por los derechos de los Pueblos Indígenas. Además, es Magíster en Ciencias Ambientales (Universidad de Gante), Doctora en Toxicología Ambiental y docente de sostenibilidad en la Universidad de Ciencias Aplicadas VIVES.

Foto de portada: Reunión de la coalición SIRGE en el Desierto de Atacama, Chile. Foto: SIRGE

Etiquetas: Debates Indígenas