El costo invisible de una “transición justa”: derechos indígenas y energías renovables en Nepal

Escrito en 22 Mayo 2025. Publicado en Noticias

POR DURGA MANI RAI PARA DEBATES INDÍGENAS

El concepto de transición justa es central en el discurso global sobre el cambio climático, la justicia ambiental y el desarrollo sostenible. El término promete garantizar que ninguna persona, trabajador, región o sector quede rezagado en la transición de una economía con altas emisiones de carbono a una con bajas emisiones. Para los Pueblos Indígenas, la "transición justa" no se trata sólo de cambiar a energías renovables: se trata de reconocer sus derechos, su soberanía y su autoridad sobre tierras, aguas y recursos ancestrales. Los Pueblos Indígenas ven a la Tierra como sagrada, no como un recurso para ser explotado. Esta perspectiva está completamente negada en los ambiciosos planes hidroeléctricos de Nepal.

Nepal es un pequeño país del Himalaya con una superficie total de 147.181 kilómetros cuadrados, que se sitúa entre China e India. Conocido como el "Tercer Polo" y la "Torre de Agua Dulce de Asia", alberga más de 6.000 ríos y cuenta con un potencial hidroeléctrico teórico estimado en 83.000 megavatios (MW). De este modo, Nepal se encuentra entre los países más ricos del mundo en recursos hídricos y ha considerado a la energía hidroeléctrica como el área clave para su transformación económica. El gobierno ha priorizado el desarrollo hidroeléctrico no sólo como parte de la transición energética y la mitigación del cambio climático, sino también como un camino hacia la prosperidad económica.

Según el informe del censo poblacional de 2021, los Pueblos Indígenas, también conocidos como Adivasi Janajati, representan el 35,08 por ciento de la población total de Nepal, que es de 29.164.578 habitantes. Sin embargo, expertos, académicos y organizaciones indígenas sostienen que su población supera el 50 por ciento. Asimismo, existen 60 pueblos reconocidos oficialmente, mientras que el censo de 2021 identificó 19 pueblos adicionales que aún no han sido reconocidos por el Estado.

Los Pueblos Indígenas de Nepal han sufrido siglos de discriminación sistemática, colonización, racismo, exclusión y marginación en los ámbitos social, cultural, político y económico. Durante los últimos 250 años, los esfuerzos de modernización los han perjudicado gravemente: la construcción del Estado, la nacionalización de tierras y recursos, la asimilación cultural, la reorganización territorial, la centralización del poder, el desarrollo de infraestructuras, el trabajo forzoso y el paso del feudalismo al capitalismo. La sociedad nepalí sigue estando altamente estratificada, con un sistema de castas hindú impuesto por el Estado que favorece a las castas superiores, Bahun y Chhetri, quienes ocupan posiciones clave en las estructuras estatales. Casi la mitad de la población perteneciente al 90 por ciento de los Pueblos Indígenas vive en la pobreza extrema.

Compromisos legales versus amenazas

La Política Nacional de Cambio Climático de Nepal, sancionada en 2019, tiene como objetivo reducir las vulnerabilidades de las comunidades indígenas, fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y movilizar recursos financieros internacionales de manera justa para contribuir a la prosperidad socioeconómica de la nación mediante la construcción de una sociedad resiliente al clima. En el mismo sentido, su Estrategia a Largo Plazo para Emisiones Netas Cero de 2021 tiene como objetivo alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2045.

Durante la 28° Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en 2023 en Dubái, Nepal se comprometió a alcanzar emisiones netas cero y a utilizar plenamente el potencial hidroeléctrico para asegurar energía limpia. El plan de transición energética descrito en la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de 2020 pretende generar 15.000 MW de energía limpia para 2030. Sin embargo, sólo busca generar 5.000 MW utilizando recursos nacionales. El 15° Plan (Año Fiscal 2019/20 – 2023/24) tiene como objetivo desarrollar 40,000 MW de electricidad para 2044.

Nepal ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) en 2007. A su vez, la Constitución de 2015 se compromete a implementar tratados internacionales y a garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas a una vida digna, identidad y participación en los procesos de toma de decisiones. En 2023, la Corte Suprema  ordenó al gobierno implementar el Convenio 169, la UNDRIP, los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en los proyectos de desarrollo. Sin embargo, no han habido cambios significativos en la práctica.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha expresado su preocupación por la ausencia de leyes que garanticen los derechos de los Pueblos Indígenas a poseer, utilizar y desarrollar sus tierras y recursos tradicionales dado que enfrentan una exclusión sistémica. Como respuesta, defienden su autodeterminación frente a las amenazas que representan los proyectos de energía limpia: los desalojos forzosos, la militarización y el daño ambiental. Además, ponen en peligro su identidad cultural, espiritualidad y medios de vida. A pesar de todo esto, el gobierno y las corporaciones continúan impulsando estos proyectos en nombre del desarrollo y la descarbonización de la economía.

Estudios de caso: el costo humano de los proyectos energéticos

Actualmente, hay 81 proyectos hidroeléctricos en operación, 180 en construcción y 311 en fase de estudio para licencias. El Estado, entidades privadas, instituciones públicas y organismos financieros internacionales están invirtiendo en estos proyectos, al tiempo que refuerzan su compromiso de actuar como bancos climáticos. Si bien casi todos los proyectos están ubicados en territorios indígenas, el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de las comunidades afectadas ha sido sistemáticamente ignorado. En consecuencia, la búsqueda de proyectos de energía renovable está revelando el lado oscuro de esta transición: se afecta desproporcionadamente a los Pueblos Indígenas.

1. Línea de transmisión Bharatpur-Bardaghat

La línea de transmisión eléctrica de 220 kilovatios Bharatpur-Bardaghat, financiada por el Banco Mundial, forma parte del Proyecto de Transmisión y Comercio de Electricidad entre Nepal y la India. Implementado por la Autoridad de Electricidad de Nepal, una corporación estatal, el proyecto causó impactos negativos significativos en las comunidades indígenas y locales: daños a viviendas, escuelas, sitios culturales, tierras agrícolas y el medio ambiente, además de riesgos para la salud y la seguridad. Por esta razón, el 18 de octubre de 2021, las comunidades afectadas presentaron una queja ante el Panel de Inspección del Banco Mundial.

Al año siguiente, la Junta del Banco Mundial aprobó la realización de una investigación sobre el proyecto. Las partes involucradas acordaron resolver la disputa mediante un proceso de resolución, y el Acuerdo de Resolución de Disputas se firmó el 11 de abril de 2023. Sin embargo, nueve firmantes se retiraron del proceso y aquellos insatisfechos con la resolución presentaron una demanda contra el proyecto ante la Corte Suprema, con el apoyo de la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Nepaleses (LAHURNIP). El caso aún está pendiente.

2. Línea de transmisión del Corredor Marshyangdi

El proyecto de línea de transmisión de 220 kV del Corredor Marshyangdi en el distrito de Lamjung ha suscitado preocupaciones significativas sobre los derechos indígenas. El Banco Europeo de Inversiones ha financiado 95.000.000 de euros: la inversión más amplia en el sector hidroeléctrico de Nepal. El proyecto ha incumplido el derecho al CLPI, lo cual viola las cláusulas sociales y ambientales del propio banco y su contrato financiero con la Autoridad de Electricidad del país. En 2018, las comunidades afectadas presentaron una queja ante la oficina de rendición de cuentas de la institución, la cual emitió un informe de investigación que identificó graves violaciones de derechos humanos y recomendó medidas correctivas, incluido el cese del proyecto hasta que las mismas se abordaran.

Aunque el banco suspendió los desembolsos adicionales, las comunidades afectadas continúan exigiendo la implementación de las recomendaciones del informe. A pesar de ello, la Autoridad de Electricidad de Nepal y el banco siguen adelante con el proyecto, respaldados por las fuerzas de seguridad. El apoyo legal y estratégico a las comunidades está siendo proporcionado por LAHURNIP y Accountability Counsel, una organización estadounidense que les exige a los bancos de desarrollo que respeten sus políticas sociales, ambientales y de derechos humanos.

3. Línea de transmisión Tamakoshi-Katmandú

En el municipio de Shankharapur, las comunidades tamang han protestado durante los últimos cinco años contra la línea de transmisión Tamakoshi-Katmandú de 200/400 kilovatios y su subestación, financiadas por el Banco Asiático de Desarrollo. La subestación se está construyendo en un área densamente poblada, mientras que la línea de transmisión atraviesa hogares, tierras y sitios sagrados. En enero de 2023, la Autoridad de Electricidad de Nepal desplegó fuerzas de seguridad para iniciar los trabajos de inspección, lo que provocó protestas y la detención de 10 líderes comunitarios, incluidas mujeres y un menor de edad. Hasta el momento, las demandas de Consulta Libre, Previa e Informada han sido ignoradas.

El gobierno también estableció un campamento de la Policía Armada para intimidar a la comunidad, arrestar a sus miembros y criminalizar la resistencia, lo que intensificó aún más las tensiones. El uso de fuerzas de seguridad para reprimir las protestas indígenas se ha convertido en un patrón preocupante. El 16 de enero de 2025, 18 manifestantes fueron brutalmente golpeados y arrestados, seis de ellos fueron detenidos durante nueve días y forzados a firmar acuerdos para cesar las protestas. El 4 de febrero, LAHURNIP presentó una queja formal ante el mecanismo de quejas del Banco Asiático de Desarrollo.

Un llamado a una transición verdaderamente justa

La transición de Nepal hacia las energías renovables no debe darse a costa de los derechos de los Pueblos Indígenas. Una transición justa no se trata únicamente de reducir las emisiones de carbono: debe centrarse en los derechos, la dignidad y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas que han protegido a la Tierra durante siglos y lo seguirán haciendo para el bienestar de las nuevas generaciones.

Los casos de Nawalparasi, Lamjung y Shankharapur son sólo algunos ejemplos de cómo esta transición está afectando negativamente a los Pueblos Indígenas de Nepal. Es una obligación del Estado aplicar el Convenio N° 169 de la OIT, la UNDRIP y las órdenes judiciales para garantizar que la transición sea realmente justa para los Pueblos Indígenas. Es imperativo que los responsables políticos, los desarrolladores y las instituciones financieras internacionales respeten la autodeterminación y la soberanía de los Pueblos Indígenas.

¿Se convertirá la transición energética de Nepal en un modelo de justicia ambiental o se seguirá priorizando el crecimiento económico a costa de los derechos indígenas? La respuesta depende de si los actores responsables están dispuestos a escuchar las voces de quienes tienen más que perder en esta transición.

Durga Mani Rai (YAMPHU) es abogado indígena, defensor de los derechos humanos e integrante de la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Nepaleses (LAHURNIP).

Foto de portada: La comunidad dialoga con el Panel de Inspección del Banco Mundial en el municipio rural de Binayi Tribeni-2 sobre la línea de transmisión Bharatpur-Bardaghat. Foto: Durga Mani Rai / LAHURNIP

Etiquetas: Debates Indígenas