Las mujeres indígenas de Perú exigimos derogar la ley que arma civiles

Escrito en 18 Julio 2022. Publicado en Noticias

POR ONAMIAP PARA DEBATES INDÍGENAS

Con el pretexto de luchar contra el terrorismo y el narcotráfico, el Congreso aprobó por insistencia la Ley 31.494 que promueve armar a grupos de la sociedad civil como forma de autodefensa. Las mujeres indígenas advertimos que estas bandas armadas podrían ser usadas por las empresas extractivas o las economías ilegales para reprimir o amedrentar a la población. La norma se sancionó sin ser sometida al consentimiento de los pueblos indígenas, viola nuestras autonomías y se superpondría con las rondas campesinas y rurales.

La crisis política en el Perú se ha hecho permanente. Las causas son múltiples, pero esta crisis es alimentada cada día por los partidos y movimientos políticos de ultraderecha herederos de la dictadura de Alberto Fujimori de los años noventa. Derrotado una y otra vez en las urnas, el partido fujimorista y sus aliados, desde el Congreso de la República,  generan inestabilidad política y aprueban leyes que atentan contra nuestros derechos fundamentales.

Un grave ejemplo de esto es la promulgación por insistencia de la “Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana”. La Ley N° 31.494 promueve el paramilitarismo financiado por el Estado y el sector privado, y vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas. No es una propuesta nueva, sino que viene de legislaturas anteriores, siempre alentada por el fujimorismo, que en los años ‘90 impulsó los comités de autodefensa paralelos a las rondas campesinas de los Andes y las guardias indígenas de la Amazonía.

Tras idas y vueltas, el 22 de abril del 2021, el Pleno del Congreso aprobó, sin someter a consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, el Dictamen de los Proyectos de Ley 5.424 y 5.679 que reconocen a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD). Este dictamen pasó al pleno, donde la derecha unida lo aprobó con 98 votos a favor frente a nueve en contra.

El entonces presidente Francisco Sagasti observó las leyes porque vulneraban los derechos de los pueblos originarios y comprometían internacionalmente al Estado. Las leyes permanecieron encarpetadas hasta que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, promulgó la ley por insistencia. Sorprendentemente, además de las bancadas derechistas, la ley fue apoyada por congresistas autoidentificados con la izquierda: seis de Perú Libre (partido del gobierno), seis de Perú Democrático, ocho del bloque magisterial y uno de Juntos por el Perú. Nuestros supuestos aliados en el Congreso no nos advirtieron, guardaron silencio y la noticia nos cayó como un baldazo de agua fría.

Una insistencia que no consultó a los pueblos indígenas

Desde el principio, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) cuestionamos todos los proyectos por las implicancias nefastas que tienen contra nuestros derechos como pueblos indígenas y solicitamos al Poder Ejecutivo que observara el dictamen, cosa que sucedió el 2 de julio del 2021. Sin embargo, la autógrafa observada fue resucitada por este Congreso para aprobarla por insistencia y el 16 de junio de este año nos enteramos de que la ley había sido publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Al promulgarla, el Congreso de la República convirtió en la Ley 31.494 al dictamen del Proyecto de Ley 5.424, que había unido dos proyectos presentados por los congresistas Valeria Valer de Fuerza Popular y Perci Rivas, de Alianza para el Progreso, y suscrito también por Daniel Urresti, actual candidato para la alcaldía de Lima. Este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Si bien esta comisión pidió la opinión de diversos ministerios, nunca consultó a los pueblos indígenas ni a las organizaciones ronderas.

Desde el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Cultura, ente rector de las políticas indígenas, opinó favorablemente, sin siquiera consultarnos sobre una ley que nos afecta directamente. En cambio, los Ministerios del Interior, de Defensa, de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo señalaron que la ley no es viable porque existe el peligro de que se constituya una organización armada paralela a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y se generaría una sobreposición con otras organizaciones como las rondas campesinas y rondas comunales.

Una ley que promueve la represión de pueblos indígenas

Desde el 2014, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos registró 56 situaciones de riesgo contra defensores indígenas y ambientales. A su vez, desde el inicio de la pandemia de Covid-19 hasta diciembre de 2021, se cometieron 12 asesinatos de líderes indígenas en siete regiones, principalmente amazónicas: dos en Amazonas, uno en Huánuco, dos en Junín, uno en Lambayeque, dos en Madre de Dios, dos en Pasco y tres en Ucayali.

Además de llegar en un momento de incremento de ataques contra nuestros líderes y liderasas indígenas, la Ley 31.494 vulnera nuestros derechos a la autonomía y a la jurisdicción indígena porque crea organismos paralelos a los que no les corresponde ejercer justicia. Además, establece que su acreditación estará en manos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y que los CAD pueden aplicar el derecho consuetudinario.

El artículo 8 es especialmente grave porque plantea que los CAD podrán adquirir, por compra o donación por parte del Estado o particulares, las armas de uso civil previa autorización de los Ministerios del Interior y de Defensa. De este modo, las empresas extractivas podrían organizar sus propias bandas armadas para reprimir las protestas de las comunidades. También podrían hacerlo las mafias que persiguen, amenazan y asesinan a líderes y lideresas indígenas: la tala y la minería ilegal, el narcotráfico, los traficantes de tierras e incluso los tratantes de personas.

El argumento de la ley es que los CAD usarán las armas para apoyar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo. Además de la posibilidad de desatar una represión indiscriminada, la ley institucionaliza la estigmatización como “terroristas” a quienes defendemos nuestros derechos individuales y colectivos. Queda claro que esta ley usa el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico para legalizar el paramilitarismo contra los defensores y las defensoras de derechos.

La experiencia colombiana

Durante la lucha contra los cárteles de drogas y las guerrillas, el Estado colombiano apoyó el accionar de grupos paramilitares que contaban con recursos millonarios y acumularon un poder creciente. Estas bandas no solo asesinaban a sus adversarios, sino que también multiplicaban los llamados “falsos positivos”: hacían pasar a sus inocentes víctimas como guerrilleros caídos en combate. Muchas de esas víctimas eran hombres y mujeres indígenas en cuyos territorios se libraban guerras ajenas a sus pueblos.

Un ejemplo de esos grupos paramilitares fueron las llamadas cooperativas de vigilancia y seguridad, conocidas como Convivir. Estas organizaciones fueron creadas por decreto en 1994 durante la presidencia de Cesar Gaviria, luego de que Colombia fuera azotada por la violencia de los cárteles de droga, en particular el Cartel de Medellín, en la década del ‘80. Estas bandas se articularon con los grupos de poder económico, los partidos políticos y el propio Estado.

Mientras la norma estuvo vigente, fueron creadas más de 500 de estas “cooperativas” en 24 de los 32 departamentos colombianos y en ellas “trabajaron” más de 15.000 personas. Las Convivir se convirtieron en una pieza clave para la expansión de los grupos paramilitares. Incluso el expresidente Álvaro Uribe estuvo muy involucrado. Durante su mandato como gobernador de Antioquía, les otorgó personería jurídica y en 2016 su hermano Santiago Uribe fue llevado a juicio por el homicidio de un campesino en Yarumal mientras, supuestamente, formaba parte del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. 

Uno de los grupos paramilitares más violentos fueron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se financiaron con el narcotráfico. Se les atribuyen cerca de 95.000 asesinatos, masacres, despojos de tierras y desplazamientos forzados. Según las Naciones Unidas, las AUC fueron responsables del 80 por ciento de los asesinatos de civiles durante el conflicto armado interno. Las Autodefensas se desmovilizaron tras el Acuerdo de Santa Fe de Ralito suscrito en 2003. Sin embargo, desde entonces han surgido diversos grupos que se adueñaron de sus símbolos y, sobre todo, de sus territorios y vínculos con el narcotráfico.

Las mujeres indígenas exigimos derogar la ley

Según nuestra Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado interno que sacudió al Perú entre 1980 y 2000 dejó 69.280 víctimas. Más del 75 por ciento de los muertos y desaparecidos tenía el quechua u otra lengua originaria como lengua materna. La Comisión concluyó que la persistente discriminación racial, social y de género contribuyó a que el sufrimiento de estos miles de peruanos y peruanas no fuera reconocido durante años por los sectores de la sociedad con poder económico y político.

Las mujeres indígenas sí tenemos memoria histórica y no vamos a permitir que una vez más usen a nuestros hermanos de los Comités de Autodefensa como carne de cañón y se los criminalice por portar armas que el propio Estado les otorga. Tampoco que los utilicen para que las mafias vinculadas a las actividades ilegales y el extractivismo, que despoja y destruye nuestros territorios, organicen sus grupos armados para imponer con bala modelos de desarrollo que la derecha, enquistada en el Congreso de la República, busca proteger y perpetuar.

Una vez más las mujeres indígenas organizadas en ONAMIAP alzamos nuestra voz para exigir la derogatoria de la Ley 31.494 bajo responsabilidad de este Congreso y, en particular, de los que votaron a favor de las muertes que esta norma pueda ocasionar. No permitiremos que siga vigente una ley que atenta contra nuestros derechos y nos subordina a las Fuerzas Armadas y Policiales, sin determinar responsabilidades institucionales. Las mujeres indígenas de Perú recurriremos a todas las vías legales para hacer valer nuestros derechos como pueblos y mujeres indígenas. Simplemente, le exigimos al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial políticas que fomenten la paz y la no violencia.

La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) lucha por el pleno ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y las mujeres indígenas y viene trabajando este tema desde que los proyectos fueron presentados.

Etiquetas: Mujeres, Debates Indígenas