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La vulnerabilidad de los niños indígenas de México frente al delito

POR ELENA AZAOLA 

Entre los problemas con el idioma al momento de su detención y los maltratos que sufren en los centros de internamiento, los jóvenes indígenas privados de su libertad conviven con la tristeza, la depresión y la injusticia. A la dureza de sus historias de vida moldeadas por sus condiciones de vulnerabilidad, se suman la pérdida de contacto con sus familias, su cultura, su vida en comunidad y el medio ambiente.

Lea el original en Debates Indígenas.

 A partir de 2007, México ha experimentado un incremento importante en su actividad delictiva y, particularmente, en los delitos violentos: la tasa de homicidios aumentó más de tres veces al pasar de 8 a 29 por cada 100 mil habitantes entre 2007 y 2020. En comparación con otros adolescentes privados de la libertad, los indígenas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad ya que pertenecen a los sectores más pobres y marginados, cuentan con niveles educativos más bajos y comienzan a trabajar desde muy temprana edad. Este contexto les resta oportunidades para desarrollar sus capacidades.

En la mayoría de los casos, los y las jóvenes indígenas hablan español al momento de su detención, pero su comprensión del idioma y su capacidad para expresarse varía notablemente. Como si esto fuera poco, al entrar en conflicto con la ley, no se les proporciona un traductor y recién después de estar en el centro de internamiento entienden el significado de los términos que se emplean para juzgarlos y por qué se los detiene.

Adicionalmente, se les suele trasladar a centros distantes de sus comunidades por lo que sus padres no pueden ir a visitarlos. Incluso tienen dificultades para comunicarse con ellos por teléfono, de tal manera que no pocas veces pierden el contacto con su familia. Estas circunstancias hacen que, en muchos casos, se hundan en una tristeza profunda y en un mundo que para ellos carece de esperanza.

Entre la tristeza y la ansiedad

Benito es un joven tarahumara de 17 años que lleva dos años privado de su libertad y todavía le restan siete años más para completar su sentencia: “Yo nunca he tenido familia, a mí me adoptaron porque tuve un accidente y mi mamá me abandonó en el hospital. Anduve en casas hogares y luego me adoptó una familia”. Como a su papá lo mataron cuando tenía dos meses y su mamá se drogaba y se prostituía, Benito dejó a su familia adoptiva para apoyar a su madre. Tras vivir en la calle, a los 7 años se fue a trabajar a un rancho. Sin embargo, como no le pagaban bien, robaba.

“Yo vendía drogas con mi primo y también robábamos tiendas y casas. Era por el vicio, por las pastillas que tomábamos, que nos daban ganas de robar. La droga nos la regalaba un señor que nos quería enviciar”, explica Benito. Actualmente, se encuentra privado de su libertad acusado de robo con violencia y homicidio: “Un señor nos compró marihuana y no quiso pagar. Entonces fuimos a su casa, pero sacó un cuchillo y, mi primo y yo lo matamos primero”.

La tristeza de Benito es tan evidente como su ansiedad que se manifiesta en el movimiento continuo de sus piernas cuando habla. No se acostumbra a vivir en una ciudad y menos en un centro de internamiento. Todo lo que desea es poder regresar a las montañas. Cuando lo detuvieron, Benito recuerda que la Policía Ministerial lo golpeó: “Me ahogaron con una bolsa, me pegaron con un machete, me dejaron la panza morada, me estuvieron golpeando alrededor de cuatro horas”. Aunque casi no hablaba español, nadie le explicó en su lengua por qué lo estaban deteniendo y de qué delito lo acusaban. Recién al momento del juicio, le ofrecieron un traductor.

El joven comenta que no existen programas especiales de atención para los tarahumaras, a pesar de que hay 20 chicos de esta etnia encerrados en diez celdas: “Aquí nada más te dan ‘fregadazos’ pero no te ayudan en nada. Algunos vienen a empeorar. Se hacen muchos pleitos porque nos tienen todo el tiempo encerrados. A veces los custodios se sobrepasan porque también ellos se estresan. Ellos no saben lo que uno ha pasado, no piensan, nada más actúan. Aquí se ahorcó un chavo que era mi amigo y eso me jaló a la depresión. Se colgó porque no venía su familia y siempre lo tenían encerrado”.
 
La adolescente que no extraña

Leticia se expresa de forma muy inteligente y articulada. Tiene 15 años, es de origen chinanteco y nació en Oaxaca. No conoció a sus padres y vivió la mayor parte de su vida en la calle: “Mi mamá me regaló a los 20 días de nacida y anduve de mano en mano hasta que una señora comerciante me recogió, me cuidó y me registró. Yo solo fui a la escuela hasta el tercer año. Me salí de la primaria porque un niño me cortó un dedo con unas tijeras. Cuando murió la señora, me fui a vivir con su hija, pero como su esposo abusó de mí, ya no quiso que siguiera en su casa y me echó. Entonces me fui a vivir a la calle y comencé a drogarme y a robar para poder comprar las drogas”.

En la calle conoció a su pareja, que la golpeaba, y quedó embarazada. Los detuvieron por robar a un transeúnte. Ese día, se habían peleado porque a Leticia no le gustaba que su novio fumara “tanta piedra” y entonces él la apuñaló. Como era su cumpleaños, él robó un perrito y se lo regaló. Luego pasó un señor, le robaron su teléfono y su pareja le quitó 60 pesos y unos lentes. A los cinco minutos llegó la patrulla y los detuvo.

“No me han podido dar mi libertad porque el señor al que robamos no se ha presentado a declarar. A mi pareja lo detuvieron porque ya había estado antes en la cárcel por robo, pero esta vez lo encerraron porque también había apuñalado a alguien más”, cuenta Leticia. Con una historia de vida tan dura, hoy se siente bien en el centro de internamiento y no extraña su vida anterior.
 
Detenido por algo que no hizo

Wilfrido es mixteco, tiene 20 años y hace cuatro se encuentra privado de su libertad. Abandonó la escuela rápidamente porque no le gustaba y le costaba entender el español. Sus padres tampoco fueron a la escuela y ambos se dedicaron a trabajar en el campo. Wilfrido es el más pequeño de ocho hermanos y cuenta que sus padres siempre se hicieron cargo de él y nunca lo maltrataron. Ese apoyo familiar es el que hoy le da esperanzas para salir adelante.

“Yo siempre andaba con mi mamá y trabajábamos en un terreno. Al lado mataron a un vecino y, como yo siempre estaba ahí, me acusaron de homicidio. Según dijeron, un niño de siete años me vio. La jueza dijo que tenía que haber sido yo el que mató al señor porque el niño lloró cuando me vio. Pero no fue por eso, sino que el niño hablaba mixteco y lloraba porque no entendía lo que le decían”, señala Wilfrido.

Cuando lo detuvieron, no le explicaron que tenía derechos ni que podía contar con un abogado. Tampoco le dejaron dar su testimonio. Como sus padres y sus tíos lo apoyaron todo el tiempo, al ingresar al centro se sintió mal porque sentía que los había traicionado. Su familia solo lo visita tres o cuatro veces por año pues viven muy lejos y no tienen recursos. A pesar de la angustia de estar internado, Wilfrido está entusiasmado con la posibilidad de completar sus estudios: “Estoy aquí por algo que no hice, pero siento que es bueno porque estoy aprendiendo cosas para salir adelante”.

Pensando en su futuro, a Wilfrido le gustaría poner una panadería, tener una casa, una familia, estar tranquilo y vivir feliz: “Yo creo que la jueza dijo: ‘Tú ni hablas bien el español, por eso te voy a dejar aquí’. Me dio a entender que era por falta de estudio. Ni siquiera tuvieron pruebas de que yo fui y eso me hizo sentir mal”. Wilfrido cuestiona el proceso ya que la jueza rechazó el testimonio de su madre por el vínculo familiar y le prometió que iba a revisar su caso cuando Wilfrido terminara la secundaria, pero todavía no cumplió.

A la espera de un traductor

La familia de Leopoldo habla chatino, sus padres no concluyeron la primaria y tiene cuatro hermanos y un medio hermano. Con 17 años, se encuentra internado en el estado de Oaxaca desde hace un año. No terminó la escuela porque no le gustaba, sus compañeros lo molestaban y los maestros no lo apoyaban. Antes de los 12 años, Leopoldo comenzó a trabajar en el campo y luego se desempeñó como aprendiz de albañil para contribuir con los gastos de su familia ante la mala situación económica. Cuando tenía 14 años, mataron a su padre: “Lo mataron por algo que él no hizo. Él era policía municipal, pero era bueno”.

Leopoldo fue acusado de homicidio: “Como mataron a mi papá, eso me dolió mucho. Los que lo mataron, me fueron a buscar y me dispararon, pero no me dieron. Hubo una balacera, una de esas personas murió y le echaron la culpa a un primo mío que andaba en cosas malas. Cuando lo agarraron, mi primo dijo que yo lo acompañé a matar a esa persona y por eso me trajeron aquí. La gente que mató a mi papá no tenía problemas con él, lo hicieron por el sueldo porque mi papá era policía municipal”.

Cuando lo detuvieron, las autoridades lo amenazaron de que, si no hablaba, lo iban a matar: “Les dije lo que yo sabía, nada más. Yo no me podía defender porque no hablaba bien español. Ni siquiera entendía que me estaban diciendo que me iban a matar”. Leopoldo cuenta que también le dijeron que tenía derechos, pero no entendía de qué derechos hablaban. Recién cuando llegó a la primera audiencia y le consiguieron un traductor, pudo entender lo que decía el juez.

La vida comunitaria y las costumbres al otro lado del encierro

Cuando los indígenas están privados de su libertad dejan de tener contacto con su lengua, su cultura, su familia, su medio ambiente y su vida comunitaria. Por esta razón, sus condiciones de vulnerabilidad y de desventaja son mayores que para el resto de los y las adolescentes privados de libertad. Sin embargo, estos factores adicionales no son tenidos en cuenta ni por las instituciones de la Justicia ni por los centros de internamiento.

A través de los testimonios recogidos, queda claro que México tiene mucho por hacer para brindar mejores condiciones de vida a sus niños y adolescentes, especialmente a aquellos que se encuentran en circunstancias de mayor vulnerabilidad. El sistema de justicia tiene varios pendientes para proporcionarles a las y los adolescentes las herramientas para poder efectuar el tránsito hacia la edad adulta. Es necesario brindarles mejores condiciones y reducir su situación de desventaja en relación con otros jóvenes del país.

Los relatos demuestran que el Estado mexicano debe proporcionar traductores, tener en cuenta sus historias de vida y la necesidad de sostener sus vínculos familiares. De no hacerlo, estarán condenando a las y los niños y adolescentes indígenas privados de su libertad a vivir de manera permanente en condiciones de desventaja, sin que logren desplegar todo su potencial y sin tener la oportunidad de desarrollarlo en beneficio de ellos mismos y de la sociedad.

Las historias de vida forman parte de las 73 entrevistas a niños y niñas indígenas recogidas durante 2016 en centros de internamiento para adolescentes, que se desarrollaron en el marco de la investigación "Nuestros niños sicarios" (Fontamara, 2020) que analiza la correlación entre las condiciones de vulnerabilidad de los adolescentes y los delitos violentos por lo que habían sido privados de su libertad.

Elena Azaola es antropóloga y psicoanalista, y ha colaborado durante cuatro décadas como investigadora del CIESAS en la Ciudad de México. Ha publicado múltiples estudios en torno a la participación de los jóvenes en la violencia, así como sobre las prisiones y las policías.

Etiquetas: Noticias

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