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Daño petrolero, consulta previa y conservación en Perú

POR PUINAMUDT

La explotación de petróleo en la región de Loreto ha afectado al medio ambiente, las funciones de los ecosistemas, la salud y los modos de vida de las comunidades indígenas. Los pueblos Quechua, Achuar, Urarina, Kichwa y Kukama, agrupados en la plataforma Puinamudt, luchan para que se respeten sus derechos en el proceso de consulta de la próxima contratación de un operador para la explotación del Lote 192.

Lea el original en Debates Indígenas.

 A lo largo de 50 años, la actividad petrolera en Perú ha dejado una huella incuantificable en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, ubicados en la región de Loreto. El daño al ambiente se evidencia tanto en las quebradas, lagunas, suelos, bosques y fauna, como en las funciones mismas de los ecosistemas. A su vez, la destrucción de la naturaleza ha provocado un riesgo a la salud y la calidad de vida que devino en una amenaza crónica para los pueblos que dependen de sus recursos.

Para fortalecer su agenda en unidad y exigir el respeto de sus derechos, en 2011 las federaciones de estos pueblos afectados constituyeron la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt).

La contradicción de llamar a consulta para proteger al medio ambiente

Los términos daño petrolero, consulta previa y conservación son antitéticos: no se llama a consulta para aceptar un daño y, si hay daño, no habrá territorios conservados donde vivir con dignidad. De acuerdo a los reportes de monitores indígenas y la autoridad ambiental, más de dos mil sitios del bosque han sufrido el impacto ambiental en suelos y sistemas hídricos. Está demostrado que el daño petrolero en las cuencas es originado por prácticas empresariales irresponsables, incumplimiento de la normativa ambiental e irrespeto a los derechos humanos y colectivos. Además, la actuación del Estado frente a la contaminación ha sido insuficiente, el deterioro se ha acumulado por décadas y las acciones efectivas de remediación son nulas.

Al mismo tiempo, la consulta previa en Perú (regulada por la ley N° 29785 de 2011) no admite un “no” por respuesta ni incorpora realmente la noción de consentimiento. Los términos daño petrolero y consulta previa son términos que parecerían contradictorios entre sí pues, conocidos los daños que genera la actividad petrolera, no resultaría esperable que los pueblos afectados exijan su derecho a ser consultados frente a un nuevo contrato. Sin embargo, los pueblos también ven una oportunidad en este proceso: “Estamos condenados, estamos con metales pesados en nuestras sangres y aún así estamos sentados [dialogando en la consulta]. Primero cumplan los compromisos en salud, en educación, en nuestros proyectos, así queremos llegar a acuerdos”, señaló el presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), Aurelio Chino Dahua, en una reciente reunión del proceso de consulta.

Por último, también parecerían contradecirse los términos consulta y conservación: la actual consulta previa, libre e informada busca la aceptación de condiciones para un nuevo contrato petrolero (y sus amenazas) en los mismos territorios por 30 o 40 años más.

La consulta previa para la explotación del Lote 192 ubicado en las partes altas de las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre permite observar cómo los pueblos afectados afrontan un proceso complejo con la mirada puesta en la exigencia de mayores estándares ambientales, como la recuperación y conservación de sus bosques. Esta mirada no se basa solo en abrigar la esperanza de un futuro mejor para las niñas y niños de las comunidades, sino también participación en la vigilancia y control de sus territorios, y la articulación entre la institucionalidad indígena y las autoridades públicas.

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Monitores ambientales de FECONACOR. Foto: Puinamudt

La consulta previa y la exigencia de condiciones

El ámbito territorial del Lote 192, antes designado 1AB, ha estado sometido a actividades de exploración y explotación petrolera desde inicios de 1970. En un primer momento, la explotación estuvo en manos de la empresa norteamericana Occidental Petroleum y, a partir de 2000, fue reemplazada por la compañía de capitales holandeses y argentinos Pluspetrol. A partir del 2015, ingresó bajo el formato de un contrato de servicios la petrolera canadiense Pacific Stratus Energy, reconvertida en Frontera Energy.

En 2015, ante la inminencia del término del contrato del llamado Lote 1AB, los pueblos Quechua, Achuar y Kichwa, integrantes de Puinamudt, sostuvieron la consigna “Sin consulta no hay petróleo” para condicionar la realización del proceso de consulta previa al cumplimiento de obligaciones previas vinculadas al derecho de acceso a servicios públicos y la remediación ambiental. En ese marco, el Estado adquirió nuevos compromisos que se plasmaron en el Acta de Lima del 10 de marzo del 2015: la creación de un fondo semilla para la remediación de sitios contaminados, la ejecución de estudios técnicos independientes para orientar la remediación, la realización de un estudio toxicológico y epidemiológico, la implementación de un plan de salud, la instalación de plantas de tratamiento de agua e inversiones para reducir la deuda social histórica.

Al exigir la consulta, las comunidades y sus federaciones demandaron condiciones de explotación del Lote 192, incidiendo en el contrato que el Estado debía aprobar con la futura operadora. Frente a un Estado acostumbrado a implementar procesos de consulta previa e informada como actos de pura formalidad, Puinamudt consiguió elevar sustancialmente los estándares de la consulta en Perú. Sin embargo, en agosto de 2015, la consulta previa del Lote 192 se desvirtuó: el Ministerio de Energía y Minas, con el aval del Ministerio de Cultura, concluyeron la última etapa del proceso de forma unilateral y prepotente, sin atender las exigencias de las comunidades.

Los compromisos firmados en 2015 han demandado una incansable labor para la exigencia de cumplimiento. Uno de los logros más sobresalientes, ha sido el establecimiento del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, con una Junta de Administración con participación indígena. En esta línea de trabajo se han identificado sitios contaminados en los cuales se realizará una remediación ambiental y preparado planes para la rehabilitación de áreas afectadas. A la fecha, se ha acordado un fondo con más de 800 millones de soles para la remediación de sitios contaminados en esta zona.

Todo eso no agota la agenda de remediación que recién inicia. Únicamente en el Lote 192, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ha identificado 1199 sitios, producto de las actividades petroleras realizadas hasta 2015. Mucho de esto no se hubiera podido conseguir sin el trabajo de los monitores ambientales de las federaciones indígenas de la zona, que solo durante la pandemia por el Covid-19 han identificado cerca de 20 derrames y fugas en el lote petrolero.

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El monitor ambiental Rafael Dahua de la comunidad achuar Titiyacu, base de la federación FEDIQUEP, en un diálogo intercultural con autoridades públicas en Iquitos, durante junio del 2021. Foto: Evelyne Blondeel

La nueva consulta por el Lote 192

Consciente de la obligación de consultar antes de firmar un nuevo contrato, el Estado ha afirmado en reiteradas ocasiones que cumplirá la ley. Sin embargo, desde 2019 el proceso ha sido tortuoso. Por un lado, se prolongaron por tres años más los trabajos de explotación de Frontera Energy invocando la causa de “fuerza mayor”, un concepto incluido en el contrato sin definición precisa. Por otro lado, se temió que Perupetro, el ente estatal responsable de los contratos, cerrara el contrato petrolero con la empresa estatal Petroperú y su socia, antes de concluir el proceso de consulta previa. De hecho, ya en 2015, Petroperú había sido convertida, de forma inconsulta, en operadora a futuro.

Pero eso no fue todo. Los retrasos reiterados a la convocatoria e inicio del proceso de consulta concluyeron recién en mayo de 2019. Sin embargo, la suscripción del Plan de Consulta con las comunidades indígenas estuvo seguida de sucesivos incumplimientos, mala fe durante la implementación de sus etapas y prolongadas suspensiones que hicieron temer que el Estado quisiera evitar los compromisos derivados del proceso.

Con todo, la agenda de derechos, diálogo, incidencia y unidad de las comunidades y federaciones no se debilitó. Entre las consultas previas de 2015 y 2019 se dieron pasos concretos para la protección de los bosques y territorios indígenas, a través de las mejoras en los marcos normativos ambiental y petrolero: modificación del Reglamento para la Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, incorporación de instrumentos de gestión ambiental tras el abandono de lotes, implementación de una perspectiva ecosistémica en la evaluación de impacto ambiental, participación indígena en la vigilancia ambiental y reconocimiento a los programas de monitoreo ambiental de las federaciones indígenas.

En ese sentido, las propuestas de Puinamudt buscan considerar el conjunto del bosque y los territorios no como espacios aislados, meramente administrativos, sino como un ámbito integral donde convergen ecosistemas y se establecen relaciones sociales con la naturaleza. Desde esta perspectiva, la salud, la memoria y el conocimiento de los pueblos y el todo natural se reúnen.

Después de las accidentadas reuniones informativas de la consulta previa en las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre, y tras un largo periodo de suspensión del proceso, las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR y OPIKAFPE realizaron un diálogo interno para unificar sus demandas y propuestas de consulta. El documento fue entregado al Ministerio de Energía y Minas el 13 de junio y se organiza en torno a seis ejes de afectación a derechos colectivos: protección del territorio y ambiente; participación e información intercultural; beneficios y conservación de costumbres; identidad; institucionalidad y salud.

Una estrategia hacia la conservación de los territorios

En una sesión informativa con las comunidades de la cuenca del Río Corrientes, los delegados de las comunidades rechazaron la falsa narrativa que reduce las demandas de las comunidades a la participación de una renta económica. Los representantes del pueblo Achuar señalaron a las autoridades del sector: “Viceministro, tú estás pensando siempre en petróleo, nosotros estamos pensando en nuestra vida y de nuestro territorio”.

En las sesiones de diálogo intercultural con el Estado iniciadas el 16 de junio, las propuestas apuntaron a crear condiciones para la conservación de los bosques y cursos de agua: establecer plazos para el recambio de ductos que, por su antigüedad y falta de mantenimiento, son los que causan la mayor parte de los derrames; incrementar el Fondo de Remediación a través de una norma que asigne un porcentaje del monto recaudado por multas ambientales a las empresas; asegurar vigilancia ambiental y fortalecer los programas de monitoreo de las federaciones indígenas y mejorar los estándares que determinan riesgos a la salud y el ambiente; desarrollar instrumentos de gestión integrados que abarquen el conjunto de las operaciones y hacer posible una adecuada supervisión.

A su vez, Aurelio Chino Dahua explica que la consulta debe aportar a la conservación y recuperación ambiental: “Participamos en la consulta para seguir cuidando nuestros bosques, nuestros animales, el agua. El bosque, como siempre decimos, es nuestro mercado y tenemos la obligación de pasarlo a nuestras generaciones. Hemos venido para proteger nuestros bosques y territorios; para cuidarlos de esta forma. Queremos asegurar que la forma en que se continúe el trabajo del petróleo asegure que no se contamina más”.

Por su parte, July Chuje, madre indígena de la comunidad achuar Pampa Hermosa de la cuenca del Río Corrientes, increpó en voz alta a los representantes del Estado reunidos en Iquitos: “Para ustedes es muy fácil decir que debemos olvidar lo que ya pasó. Hemos recibido la contaminación durante tanto tiempo. Yo no quiero que mis hijos y mis nietos no puedan disfrutar de pescados y el bosque. Nosotros vamos a garantizarlo”.

Lo que se juegan los pueblos y comunidades que componen Puinamudt es el futuro. Como reiteran las autoridades indígenas participantes del proceso de consulta: “El daño no tiene cura”. Mediante mejoras en las normas, los contratos petroleros, las condiciones de participación efectiva y la remediación del daño, algunos de los severos impactos generados pueden evitarse, contenerse o incluso revertirse. Para las familias de las comunidades indígenas, la firmeza y continuidad de su lucha harán posible seguir gozando de sus territorios.

Puinamudt es una plataforma integrada por la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (Feconacor), la Organización de Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos Fronterizos del Perú y Ecuador (Opikafpe) y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat).

Etiquetas: Noticias

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