Los afrocolombianos ante el paro nacional

CARLOS ROSERO

Lea el original en Debates Indígenas.

La desigualdad racial, heredada de la esclavización y el colonialismo, creció al calor del conflicto armado y quedó aún más en evidencia con la pandemia. Los afrocolombianos que migraron forzadamente de las zonas rurales a las grandes ciudades conviven con la discriminación y el maltrato social. Mientras la política tradicional se ve incapaz de superar el conflicto, el paro nacional es un espacio para expresar la indignación.

 Colombia está en paro nacional desde el 28 de abril. Somos un país con profundas desigualdades. El conflicto armado, que ha durado más de 60 años, nos ha afectado especialmente a los pueblos indígenas y afrocolombianos. En el Acuerdo de Paz, fuimos reconocidos como víctimas históricas del colonialismo, la trata de esclavizados y el racismo. Si bien oficialmente la esclavización terminó hace 170 años, heredamos una desigualdad racial que creció con el conflicto armado y que la pandemia hizo más evidente. Si antes del Covid-19, los afrocolombianos teníamos una situación difícil, ahora es dificilísima.

La población afrocolombiana tiene presencia a lo largo de todo el territorio nacional. En las ciudades, nuestra población se incrementó por el desplazamiento forzado: desde los efectos del llamado “desarrollo” que aqueja nuestros territorios hasta los migrantes que dejaron sus hogares en busca de mejores condiciones económicas y educativas. Estos nuevos pobladores urbanos han terminado en asentamientos con condiciones habitacionales precarias como Distrito de Aguablanca (Cali), Ciudad Bolívar (Bogotá) o Nelson Mandela (Cartagena).

Compromisos incumplidos en materia de igualdad

La crisis actual revela el incumplimiento de los derechos reconocidos por la Constitución Política, los tratados internacionales y la legislación colombiana, como la Ley 70/1993, el Auto 005/2009 y el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. El incumplimiento en la asignación de los recursos económicos para hacer frente a la desigualdad racial se materializa en el abandono de la responsabilidad estatal de proteger los derechos de los afrocolombianos al territorio, la identidad, la participación y las opciones propias de desarrollo. Este patrón está condenando a los afrocolombianos y sus territorios a la repetición de los ciclos de violencia y la perpetuación del racismo estructural.

En el pliego de peticiones, el Comité Nacional del Paro volvió a reclamar la “no discriminación de género, diversidad sexual y étnica”. Los afrocolombianos pedimos el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y de la Consulta Previa establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En efecto, ya en 2019 el actual gobierno se había comprometido a destinar 19 billones de pesos colombianos (5.076 millones de dólares) para cumplir los acuerdos relacionados con la educación, el medio ambiente, la justicia, la vivienda y la infraestructura, las tecnologías de la información y la comunicación. También solicitamos planes especiales para superar la pandemia y reactivar la economía en los territorios. Una vez más, volvemos a cuestionar la fumigación y  erradicación forzada de cultivos de coca.

Los afrocolombianos han concurrido al paro. Su presencia ha animado las movilizaciones en las ciudades del Caribe, el interior y, especialmente, el suroccidente del país (Chocó, Valle, Cauca y Nariño). Además de ser la segunda región con mayor biodiversidad del mundo, en esta zona se encuentran las ciudades de Cali, Tumaco, Buenaventura y el área del norte del Cauca reconocidas por su gran concentración de afrocolombianos. Muchos de ellos también terminaron siendo víctimas (asesinados, heridos o desaparecidos) de la violenta represión con la que el Estado ha buscado recuperar en Cali la llamada “normalidad”.

Cali es una ciudad con un alto nivel de segregación. Los ricos y blancos se llaman a sí mismos “gente de bien” y viven en lugares exclusivos. Fue justamente en uno de estos sitios ubicado en la avenida Cañasgordas, nombre que recuerda una antigua e importante hacienda esclavista, donde los blancos y ricos le dispararon a la Minga Indígena con la anuencia y apoyo de la fuerza pública. De modo contrario, en el oriente de Cali –una zona más pobre y con una amplia presencia de afrocolombianos– la policía usa la brutalidad para despejar las vías, herir, matar y desaparecer a los jóvenes. Aquí, la “gente de bien” se moviliza armada, en carros de alta gama, y dispara a quienes se concentran en los puntos de resistencia, especialmente durante las noches.

A partir de estos hechos de violencia, en los puntos de bloqueo se abrieron corredores humanitarios que facilitan la movilidad de alimentos, medicinas, enfermos y combustibles. El Gobierno Nacional ha señalado que no es suficiente y, ha expedido un decreto que busca obligar a ocho gobernadores y 13 alcaldes a privilegiar la asistencia militar en lugar del diálogo con los manifestantes.

El fuego de la indignación

Las demandas de la movilización han empezado a ser discutidas localmente entre manifestantes, autoridades y empresarios. En la costa de Nariño, una de las zonas de mayor presencia y crecimiento de los cultivos de coca para fines ilícitos, los manifestantes y la fuerza pública firmaron un compromiso para que el Estado acate el fallo de tutela que ordena la no erradicación forzada a través del glifosato. Un día antes, el Ministerio del Interior se había comprometido a estudiar la solicitud de destinar un billón de pesos para cubrir las necesidades de la movilización.

La novedad que arroja el paro cívico actual no son sus demandas, sino el crecimiento de la indignación y la capacidad de resistencia de la población. Como ocurrió con el cumplimiento del Acuerdo de Paz, el actual gobierno establecerá nuevos compromisos que más tarde incumplirá total o parcialmente.

Antes del Paro Nacional era común que los jóvenes negros sufrieran el uso de perfiles raciales por parte de la fuerza pública. Ante la Comisión de la Verdad, las organizaciones afrocolombianas hicieron un gran esfuerzo para explicar que dentro del conflicto armado también existía una relación entre guerra y racismo.

Actualmente, la protesta social está siendo criminalizada y recibe un tratamiento de guerra: los manifestantes son agredidos por la policía y por actores armados no identificados. La represión en Cali muestra cómo el racismo y la discriminación se combinan con la violencia. Este comportamiento del Gobierno de Iván Duque podría empujarnos a un escenario en el que los crímenes de odio contra indígenas, afrocolombianos y pobres dejen de ser una suposición para convertirse en una realidad.

 

Carlos Rosero es miembro del Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN) y del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA).

Etiquetas: Noticias

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