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Etnias, cuerpos y libertades mutiladas en la protesta social del suroccidente en Colombia 

POR DIANA MENDOZA

Lea el original en Debates Indígenas.

La protesta social irrumpió simultáneamente en centenares de ciudades y pueblos colombianos de forma anónima y pacífica. Los principales protagonistas fueron jóvenes de diversos orígenes y procedencias que decidieron ser portavoces del malestar general de un país asolado por un gobierno inmutable que se desmarcó de la democracia y produjo una crisis social, económica y política sin precedentes. Aunque la gente salió a las calles reaccionando a una reforma tributaria regresiva, terminó identificándose con el clamor colectivo sin distingo de oficio, clase u origen étnico para exigir el cese de la violencia, la corrupción, la desigualdad, y la pobreza agudizada por la pandemia. Pero muy pronto ante la magnitud de esta movilización de cuerpos y espíritus, el Gobierno colombiano demostró su carácter autoritario y represivo y, con especial saña, embistió a los jóvenes de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

Foto: La caravana de la Minga Indígena recorrió distintos puntos de movilización y protesta. Crédito: PBI Colombia.

Cali es la tercera ciudad más importante del país después de Bogotá y Medellín, y allí, fuera de haber sido uno de los epicentros multitudinarios de la protesta, se expresa vigorosamente la multiculturalidad. El Valle del Cauca no solo es un enclave de diversidad étnica y cultural, sino también un paradigma de las secuelas de la esclavitud, la exclusión y la discriminación racial. Aun así, negros e indígenas permanecen en pie, representando la vitalidad de la alteridad como un gesto fallido del modelo de desarrollo cuyos grupos de poder perpetúan la acumulación de tierras, de capital y una preeminencia social y política lograda a expensas de estos grupos humanos ancestrales.

Durante los primeros días de protesta, la Minga Indígena decidió viajar hasta Cali para unirse y proteger con su guardia a los jóvenes movilizados que habían empezado a ser brutalmente reprimidos por la policía. Sin mediar diálogo o entendimiento, la reacción gubernamental consistió en el montaje de un laboratorio de represión y agotamiento de la movilización popular, valiéndose de los estereotipos raciales y discriminatorios ya adoptados por medios masivos de comunicación y por ciertos sectores sociales y empresariales de la ciudad. Así, para aclimatar la animadversión nacional, señaló a los indígenas como vándalos y terroristas que bloqueaban corredores vitales para la ciudad y atacaban a la población, especialmente aquella que reside en barrios de clase alta. Esta versión, desmentida por registros de video, declaraciones de los mismos indígenas, pobladores, periodistas independientes y misiones médicas también atacadas, sirvió para que el partido de Gobierno justificara un plan maestro contra la protesta nacional que legitima la militarización urbana y el uso de armas para la “autodefensa” con la colaboración de la fuerza pública, una maniobra que amenaza escalar la confrontación y el exterminio de civiles desarmados.

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La guardia de la Minga Indígena se movilizó para acompañar y proteger a los jóvenes protagonistas de las protestas. Foto: PBI Colombia.

Democracia en tierra arrasada

Aunque se precia de tener la democracia más sólida de América Latina y una Constitución Política de avanzada, Colombia es un país muy conservador, con élites seculares cuya gran influencia se mantiene aún a costa de subordinarse al proyecto de poder que consolidó el ex presidente Álvaro Uribe a la sombra del narcotráfico y el paramilitarismo. De hecho, el actual presidente Iván Duque es la continuidad de este proyecto, así como de alguna manera también lo fue su antecesor Juan Manuel Santos, heredero de las élites con un sesgo más liberal. Es también un país católico y clerical, más recientemente invadido de iglesias evangélicas que se articulan a los grupos políticos más recalcitrantes cediéndoles miles de adeptos, y obteniendo así varios escaños en el cielo y en el Congreso de la República.

Pero en contraste con este fervor religioso tan potente, el sistema educativo público es cada vez más precario, cuando no existente o inaccesible en zonas rurales. Este clima ideológico sumado a medios masivos de comunicación ubicuos que obedecen al gobierno y a los grupos económicos más poderosos, ha favorecido el diseño de un Estado jurídicamente ambivalente, económicamente desigual y socialmente sometido.

Todo esto para decir que la población colombiana ha estado lejos de simpatizar con una opción “antisistema”, y que ni la movilización que ocurrió en 2019 y quedó truncada por la pandemia, ni la que se vive hoy, se han propuesto transformaciones radicales: las demandas de los protestantes giran especialmente en torno a reivindicaciones de derechos humanos fundamentales, justicia tributaria, desconcentración de la tierra, ingresos adicionales para soportar el confinamiento, empleo, servicios de salud, acceso a la educación, justicia para las víctimas del conflicto armado, auxilios al agro, y protección del medio ambiente, es decir, no se trata de movilizaciones alineadas con un proyecto socialista, comunista o “castro-chavista”, como han querido presentarlas el partido de gobierno (Centro Democrático) y sus aliados.

Acuerdo de Paz en el ojo del huracán

La movilización en Colombia no puede leerse por fuera del Acuerdo de Paz suscrito entre la antigua guerrilla de las FARC y el anterior gobierno de Juan Manuel Santos. Este proceso tuvo un alcance insospechado porque desmontó la narrativa que durante décadas le atribuyó todos los problemas del país a las FARC. Significó la caída del “enemigo interno” de cuya construcción se valió la extrema derecha para mantener la guerra y consolidarse en el poder.

Paradójicamente, el Acuerdo de Paz marcó un antes y un después, a pesar de que el partido de gobierno plantea abiertamente su voluntad de “hacerlo trizas” y de que, efectivamente, lo esté intentando. En este sentido, las burdas emboscadas a la Paz se han convertido en otro motivo de descrédito y fuerte rechazo al gobierno expresado en todos los escenarios de movilización popular.

Al lado de las trampas a la paz, existen incontables razones de indignación que empezaron a develarse luego del Acuerdo: la obscenidad de la corrupción (la OCDE califica a Colombia como el segundo más corrupto entre 37 países); el desmantelamiento de la salud pública; la inmensa desigualdad (es el segundo país más desigual en Latinoamérica, solo superado por Haití); el saqueo de los recursos públicos a través de megaobras; las extraordinarias dádivas tributarias a banqueros y grandes corporaciones nacionales y extranjeras; el desempleo; la destrucción de la producción campesina, o la falta de oportunidades para los jóvenes. Estos problemas, que estuvieron siempre presentes, fueron iluminándose y quedando en el ojo del huracán luego de la firma del Acuerdo de Paz.

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Las organizaciones de indígenas, afrodescendientes y campesinos del Cauca han denunciado que el mismo Gobierno de Duque juega en contra del Acuerdo de Paz. Foto: Manuel Rodríguez.

Un ojo de menos para los jóvenes latinoamericanos

Más allá de que en las protestas recientes de Chile, Ecuador y Colombia los manifestantes comparten la insatisfacción por la injusticia social, la corrupción, y la deriva de nuestras democracias, existe una escabrosa coincidencia en los métodos de represión utilizados por estos Estados. Sin duda alguna, hemos venido asistiendo al despliegue de una energía desaforada de la fuerza pública respaldada en armas “no letales” cada vez más sofisticadas y eficaces, pero nunca como ahora se había extendido a tal punto esta “pedagogía” de la sumisión que consiste en la mutilación ocular de los jóvenes.

En las protestas de 2019 en Colombia, se contabilizaron cerca de 33 jóvenes que perdieron un ojo, y en este momento ya se registran más de 40 nuevas víctimas. En Chile, tuvimos estadísticas escalofriantes: más de 200 jóvenes perdieron un ojo. En Quito, aunque en menor cantidad, se notificaron varios casos.

Es un hecho que esta macabra práctica policial importada de Israel, le apunta no al ojo, sino a lo que simboliza perderlo: abolir la mirada de la injusticia para hacer fracasar la libertad. Sobre esta modalidad de represión solo hay tímidos y ambiguos pronunciamientos de la comunidad internacional, lo cual resulta todavía más elocuente.

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En las recientes protestas ya más de 40 jóvenes perdieron un ojo por la represión. Foto: Manuel Rodríguez.

El itinerario del narcotráfico en la protesta social

Para terminar, diremos lo que en realidad está en el principio: el narcotráfico atraviesa la historia contemporánea de Colombia de manera profunda y determinante pero es asumido con ambigüedad, porque aunque en las altas esferas públicas y privadas es rechazado como una fatalidad de la historia, funciona a pierna suelta en la intimidad de la política y los negocios. Lo cierto es que el narcotráfico llegó a penetrar todos los estamentos del Estado, pero también gobierna la subjetividad de miles de personas.

Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo (alrededor de 950.000 kilos anuales). Los cultivos se emplazan especialmente en territorios de campesinos, indígenas y afrodescendientes donde también se instalan los laboratorios de procesamiento y se libran las batallas para el control de áreas y de corredores para el tráfico. Pero es un hecho que los horrores del narcotráfico afectan a las comunidades rurales, tanto como las políticas de lucha contra las drogas ejecutadas por los diferentes gobiernos bajo los lineamientos de Estados Unidos, porque están centradas en la erradicación y judicialización de los cultivadores sin tocar apenas las cadenas de insumos, tráfico, lavado de activos y operación de actores armados ilegales en los territorios.

Actualmente, el gobierno Duque pretende retomar los métodos de erradicación forzada más agresivos y generadores de conflicto, volviendo a la fumigación de cultivos con glifosato y la represión de los pequeños productores en zonas rurales, una estrategia que no solo contraviene el Acuerdo de Paz y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que conduce a la reubicación y apertura de nuevas zonas de cultivos sin afectar realmente la estructura del negocio o constreñir a los grupos paramilitares y guerrillas que protegen y ordenan las redes de tráfico con la complicidad de agentes del Estado.

Pero ¿cómo se relaciona el narcotráfico con las movilizaciones sociales? Pues bien, en Cali, los ataques a la Minga Indígena fueron realizados por hombres de civil armados que se movilizaban en vehículos sin placas de identificación. Esta forma de operar es propia de paramilitares vinculados al narcotráfico y a grupos de extrema derecha en diferentes regiones, lo que ha dado pie para afirmar que esta vez, hacen parte de la estrategia de aniquilación de la minga y de los jóvenes que participan en las movilizaciones.

Bajo este mismo patrón, han continuado los ataques de grupos de civiles armados en varias ciudades, muchos de ellos a la vista de la fuerza pública. De allí que los manifestantes, organizaciones de Derechos Humanos, académicos, periodistas independientes, y algunos alcaldes y congresistas, hayan prendido las alarmas ante la comunidad internacional advirtiendo las consecuencias nefastas de un ataque concertado entre las fuerzas del gobierno autoritario de Iván Duque y el paramilitarismo, en contra de la ciudadanía que protesta infatigable, desarmada y esperanzada en llegar a ver la paz, la democracia y la libertad con sus dos ojos en las órbitas.



Diana Alexandra Mendoza es antropóloga, Máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, y especialista en Gestión Cultural. Tiene una amplia trayectoria en derechos individuales y colectivos, medio ambiente y cultura.

 

Etiquetas: Noticias

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