• Inicio
  • Noticias
  • Filipinas: acusaciones falsas, persecución y cárcel a mujeres indígenas

Filipinas: acusaciones falsas, persecución y cárcel a mujeres indígenas

POR ABIGAIL BENGWAYAN-ANONGOS

Lea el original en Debates Indígenas

Rachel Mariano y Betty Belén, dos mujeres indígenas activistas de derechos humanos comparten sus historias de encarcelamiento bajo acusaciones y pruebas falsas. La causa de la persecución es clara: defienden sus territorios ancestrales. Dado su rol, sus familias y comunidades también sufren el impacto de la prisión. Actualmente, las lideresas se encuentran en libertad y siguen luchando contra los proyectos de desarrollo de empresas transnacionales en un contexto de incremento de ataques contra los pueblos indígenas en el país.

Foto: Rachel Mariano en libertad. Crédito: Northern Dispatch.

Rachel Mariano es una indígena Ibaloi-Kankanaey de la provincia de Benguet y es trabajadora sanitaria de una comunidad que lucha activamente por el derecho a la salud. Durante años, se opusieron ferozmente a las grandes explotaciones mineras a cielo abierto hasta lograr detener las operaciones. En este momento, el territorio está amenazado por otras solicitudes de licencias mineras.

Rachel fue acusada falsamente por asesinato e intento de homicidio frustrado, a través de un informe presentado por el 81° Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas, en un supuesto enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el Nuevo Ejército del Pueblo en octubre de 2017. Tras casi un año en prisión, el Tribunal Regional absolvió a Rachel de todos los cargos. Dos meses después, el juez Mario Anacleto Báñez, que había fallado a favor de su absolución, fue asesinado por hombres no identificados.

Además, junto a otras cuatro mujeres de la Cordillera, Rachel fue imputada en otras dos acusaciones de intento de homicidio, entre los 14 casos que, supuestamente, ocurrieron al sur de la región de Ilocos, ubicada al noroeste de la isla de Luzón, la más grande de Filipinas. Rachel y las cuatro activistas han salido bajo fianza, mientras las audiencias continúan tramitándose durante la pandemia.

El tiempo en la cárcel: depresión, enfermería y organización

Rachel estuvo encarcelada 11 meses y dos semanas. Es un período que la lideresa indígena recuerda con mucha tristeza: “Me apartaron de mi familia y de las comunidades a las que quería servir. Sufrí una depresión ya que no podía aceptar que me encarcelaran por un delito que no había cometido. Las palabras de esperanza de mi familia y de mis compañeros me dieron la fuerza para soportar el dolor y seguir esperando que, tarde o temprano, me pusieran en libertad. Las visitas a la cárcel como muestra de solidaridad y de resistencia de las diferentes comunidades, sectores e instituciones me dieron el valor para seguir luchando no solo por mí, sino por aquellos menos afortunados a los que se les niegan sus derechos”.

En la cárcel fue considerada una presa de “alto riesgo” y, por lo tanto, sometida a mayores privaciones. Para sobrellevar su situación, Rachel empezó a realizar sus labores de salud en prisión: le tomaba la tensión a sus compañeras y les aconsejaba cómo podían utilizar las plantas aromáticas disponibles. Incluso llegó a reanimar a una reclusa utilizando equipos rudimentarios. En una oportunidad el médico residente le llamó la atención para que dejara de realizar el trabajo de enfermera. “Mantenerme ocupada era un recurso para poder sobrevivir. Resultaba terapéutico y me levantaba el ánimo”, explica Rachel.

A través de su trabajo, Rachel se ganó el respeto de sus compañeras que valoraban su  compromiso en torno al derecho a la salud: “Empecé a organizarlas para que hicieran valer sus derechos como mujeres, como conseguir hacer ejercicio utilizando algunos de los aparatos del gimnasio. También pudimos reivindicar que las mujeres no tenemos porqué hacer nuestros ejercicios matutinos en lugares donde nuestros cuerpos estén expuestos. También resolvimos pequeños conflictos entre las reclusas”.

Un día típico en la cárcel consistía en realizar las tareas asignadas: limpieza, cuidar el jardín, asistir a cursos de formación y ayudar a los guardias en su trabajo rutinario. También tenían una hora programada para ver las noticias locales. Los seminarios incluían la conservación de alimentos, la fabricación de artesanías con cuentas de bonsái que luego se vendían, la agricultura ecológica y primeros auxilios.

Cuando la luz brilla en la oscuridad

“Mis hijos fueron los más afectados durante mi detención, especialmente mi hija menor que estaba a punto de graduarse. Como el sueldo de su padre no podía pagar la matrícula y otras obligaciones escolares, se vio obligada a dejar de estudiar. Mis otros dos hijos también estaban asustados ante la incertidumbre. La mayor se convirtió en la portavoz de la familia, mientras mi marido se ocupaba de los asuntos de la cárcel y de la casa. Todos me mostraron su apoyo”, relata Rachel.

Al salir de la cárcel, lo primero que hizo fue volver a contactarse con sus seres queridos, su comunidad y sus colegas del Centro de Programas de Desarrollo de la Cordillera para agradecerles su apoyo. También se aseguró de hablar con aquellas personas que pensaban que las acusaciones eran ciertas.

En la actualidad, Rachel sigue trabajando como asistente legal en la Alianza de Derechos Humanos de la Cordillera, donde es portavoz de la campaña Mujeres contra a la tiranía: “Tengo que continuar con lo que ahora considero que es mi obligación moral: ayudar en la medida de lo posible a quienes también son acusadas en falso. He pasado por ello y sé lo que se siente al ser encarcelada”.

El año pasado, ante activistas indígenas, Rachel había destacado la importancia de defender los derechos humanos en medio de la crisis: “Debemos hacer brillar nuestra luz con más fuerza en los momentos más oscuros para forjar una solidaridad mayor y más significativa cuando la represión golpea”.

IWGIA Debates Indigenas Filipinas 2021 2

Rachel Mariano en libertad: “Tengo que continuar con lo que ahora considero que es mi obligación moral: ayudar en la medida de lo posible a quienes también son acusados en falso. Foto: Northern Dispatch.

La historia de Betty

Beatrice “Betty” Belén es una líder indígena de Innabuyog, una organización de base de mujeres en la región de la Cordillera. Procede de la tribu Uma de Lubuagan y, al igual que Rachel, ejerce como trabajadora sanitaria en su comunidad. Como el territorio ancestral de su comunidad está afectado por un proyecto geotérmico de Chevron, durante mucho tiempo, lideró las protestas contra el proyecto junto con otras mujeres. Por esta razón, ha sido acosada por los militares.

El 25 de octubre de 2020, un equipo de la Policía Nacional de Filipinas y la Brigada 503 de las Fuerzas Armadas detuvieron a Betty por la supuesta posesión de tres granadas. Las pruebas habían sido intencionadamente colocadas. Ni Betty ni su familia se encontraban en el domicilio cuando se inició el registro a las 4 de la mañana.

El día de su detención era también la fecha del ritual indígena conocido como pusipos. El mismo había sido programado para su suegro que permanecía postrado en la cama tras haber sido dado de alta del hospital. “El 26 de octubre, mi suegro me estaba buscando. Murió ese mismo día a las ocho de la tarde. Se me denegó la petición de verle antes de su entierro. Mi familia esperó, pero mi petición fue denegada”, recuerda Betty, que había cuidado de su suegro durante mucho tiempo.

Inicialmente, fue detenida en el centro de detención de la Policía Nacional en Tabuk City, en una celda con varones. Tras la gestión de su abogada de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo, Betty fue trasladada a un lugar separado, donde, sin embargo, tenía que compartir la sala común y sacar turno para ir al baño. Posteriormente, fue trasladada a la cárcel provincial, donde permaneció tres meses. A pesar de las dificultades, Betty alentaba a las defensoras de derechos humanos: “No se desanimen. Crezcan en fuerza y número y sean incansables en nuestro trabajo”.

Betty compartía la celda con otras 13 mujeres. Con sus 50 años, era la mayor del grupo: “Era bastante conocida en la cárcel. Era como una hermana mayor para ellas. Les expliqué mi labor como mujer activista, mi trabajo por los derechos de las mujeres y la protección de mi territorio ancestral. Así supieron por qué estaba encarcelada”. Cuando las reclusas le preguntaron por qué habían presentado cargos falsos contra ella en lugar de detener a los verdaderos culpables, la lideresa indígena les contestó que la persecución no lograría callarla porque si así lo hiciera, habría más víctimas entre la gente pobre.

En la cárcel, Betty se ocupó del programa de jardinería. “Era el único momento en que podíamos respirar aire fresco. Cultivábamos y cosechábamos mucho pechay, que incluso compartíamos con las demás compañeras de celda. Las verduras que cultivamos son importantes porque son la única fuente de alimentos frescos”. La ración diaria para las 13 reclusas de su celda consistía principalmente en 10 trozos de pescado seco, dos a tres trozos de calabaza, dos pequeñas latas de conserva de sardinas y arroz: “La manteca de cerdo y el azúcar se racionaban en la cooperativa de la cárcel”.

El impacto de la criminalización en la familia y comunidad

Debido a la pandemia, durante las visitas no estaban permitidas las conversaciones cara a cara. Betty narra que las normas se hicieron mucho más estrictas: “Solo se permitía la comida cocinada de los familiares. Incluso si un familiar te llevaba comida en un día de visita, no podías hablar con él. Solo se podía saludar de lejos”. Estar alejada de sus nietos fue una de las situaciones más duras que tuvo que soportar durante su tiempo en prisión. Desde el estallido del COVID-19, Betty había sido su maestra, guiándolos en el aprendizaje a distancia.

“Fue muy doloroso verlos sin su abuela. Estaba muy angustiada. ¿Quién les iba a ayudar con sus módulos de aprendizaje a distancia? Se les negó una profesora y una abuela durante los cuatros meses que estuve detenida. Más tarde me enteré de que mis nietos no pudieron realizar sus estudios correctamente. Cuando me soltaron, me dijeron que mis nietos estaban en la carretera, esperando a que su abuela regresara”. Ya de vuelta con sus nietos, la lideresa cuenta que los niños perdieron peso y están juntos todo el tiempo.

La detención de Betty también afectó a los ingresos de la familia, que se dedica a la agricultura y al cultivo de hongos, una fuente de ingresos común en la tribu Uma. Tras su arresto, su marido no pudo preparar los hongos ni atender la pequeña granja familiar dado que debió asumir todos los trabajos del hogar.

Como trabajadora sanitaria, Betty realizaba actividades de concientización en la comunidad sobre la higiene adecuada, la eliminación de residuos, la prevención de enfermedades, el acompañamiento de los pacientes a sus revisiones en el centro provincial de la ciudad y la preparación de hierbas medicinales. Al hablar con las mujeres de su comunidad, les subrayaba la importancia de cuidar la salud y vacunar a los niños, y la necesidad de realizar análisis y controles periódicos, especialmente en los ancianos.

“No importaba que no ganara dinero con ello. Lo importante era que estaba allí para ayudar y orientar a mi comunidad. Durante la detención, no pude realizar mis habituales visitas a domicilio, pero cuando fui puesta en libertad, intenté llamar a algunos de ellos y preguntarles por su estado de salud. Algunos lloraban. Me decían que se habían sentido huérfanos”, explica Betty. Además de pasar tiempo con su familia, quiere hablarle a su kailian (su tribu y su comunidad) para que no tengan miedo ni se callen por lo que ha sucedido.

IWGIA Debates Indigenas Filipinas 2021 3

Betty Belén en su hogar. Tras obtener la libertad, la lideresa indígena volvió a acompañar a las mujeres de su comunidad en el derecho a la salud: les subrayaba la importancia de cuidar la salud y vacunar a los niños, y la necesidad de realizar análisis y controles periódicos. Foto: Innabuyog-Gabriela.

Los defensores están siendo atacados

Rachel y Betty son solo dos de las numerosas defensoras de derechos humanos que han sido encarceladas en Filipinas. Aunque han sido puestas en libertad, los largos meses de cárcel son una grave injusticia para ellas, sus familias y sus comunidades. La detención privó a sus familias de una esposa, una madre, una tía, una hermana y una abuela. Asimismo, sus comunidades se vieron privadas de activistas que ofrecían sus conocimientos y su tiempo.

El Centro de Recursos para la Mujer informó que, hasta febrero de 2021, al menos 20 defensoras de derechos humanos han sido detenidas. Algunas de ellas son mujeres indígenas pertenecientes a los grupos indígenas Lumad, Aeta y Tumandok. Un informe publicado en Bulatlat.com afirma que las mujeres y hombres Tumandok detenidos son “firmes defensores de su territorio ancestral”. Entre las mujeres encarceladas se encuentran las lideresas Tumandok, Marevic Aguirre y Aileen Catamin. Por su parte, los hombres y mujeres Aeta fueron acusados de posesión ilegal de armas de fuego y explosivos, pero solo los hombres fueron acusados de violar una disposición de la Ley Antiterrorista.

En una declaración pública titulada “Philippines: end attacks against indigenous peoples”, Amnistía Internacional expresó estar “profundamente alarmada” por el incremento de ataques contra los pueblos indígenas. La organización le pidió al gobierno que iniciara rápidamente investigaciones objetivas sobre estos ataques y que llevara ante la Justicia a los responsables, en procedimientos acordes con las normas de derechos humanos relativas al debido proceso: “Se deben llevar a cabo medidas concretas para garantizar la protección, la seguridad y el bienestar de todos los pueblos indígenas, incluidos los que arriesgan su vida para alertar sobre las violaciones de derechos humanos en sus comunidades y luchar por los derechos de los pueblos indígenas”.

La declaración destaca el caso del activista de la Cordillera, Windel Bolinget, que se enfrenta a acusaciones falsas de asesinato. Finalmente, Amnistía Internacional también destacó la redada en la Universidad de San Carlos, en Cebú, que condujo a la detención de siete personas, entre ellas dos datus, los jefes indígenas del pueblo lumad, dos profesores voluntarios y tres estudiantes adultos. Se les imputaron los cargos de secuestro y detención ilegal grave de niños lumad. Según un informe de Bulatlat.com,  19 estudiantes fueron detenidos por la policía y la asistencia social.

Como se observa, el Estado filipino ha decidido avanzar en la persecución de los pueblos indígenas y defensores de derechos humanos. Y las mujeres están siendo el centro de la criminalización. La comunidad internacional debe estar atenta para acompañar la defensa de sus derechos.

Abigail Bengwayan-Anongos es la Coordinadora del Programa de Apoyo a la Investigación en Sistemas de Conocimiento Indígena y Derechos Humanos del Centro de Investigación en Acción de Educación de Mujeres de la Cordillera.

Etiquetas: Noticias

CONTINÚA CONECTADO

Sobre nosotros

El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) es una organización global de derechos humanos dedicada a promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas. Conócenos

 

 

Mundo Indígena

Nuestro anuario, El Mundo Indígena, ofrece un informe actualizado de la situación de los pueblos indígenas en todo el mundo. Descargar El Mundo Indígena

Reciba información actualizada mensualmente cuando se suscriba a nuestro boletín de noticias

Contáctanos

Prinsessegade 29 B, 3er piso
DK 1422 Copenhague
Dinamarca
Teléfono: (+45) 53 73 28 30
Mail: iwgia@iwgia.org
CVR: 81294410

Informar posible mala conducta, fraude o corrupción

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Saber más

Acepto