Racismo de estado, desarraigo y desmemoria: mujeres indígenas en las prisiones de Ecuador

Escrito en 03 Mayo 2021. Publicado en Noticias

POR ANDREA AGUIRRE SALAR Y TYPHAINE LÉON

Lea el orginal en Debates Indígenas. 

Las estadísticas oficiales encubren que las personas y comunidades de pueblos y nacionalidades ancestrales penalizadas exceden por mucho a las personas presas auto-identificadas como indígenas, ya que excluyen a las familiares que sostienen a las personas presas y a las comunidades de las que fueron arrancadas y a las que eventualmente retornarán con la excarcelación. En el mismo sentido, ocultan que la mayor parte de la población penitenciaria es de ascendencia indígena y africana afectada por procesos de racismo, despojo, desplazamiento masivo hacia las grandes ciudades y desmemoria.

Foto: Celda de la cárcel de mujeres madres de Quito, 2017. Crédito: Johis Alarcón.

Escribimos revueltas. Golpeadas, perplejas y doloridas por las masacres del 23 de febrero en cuatro prisiones de Ecuador. Jalonadas por los múltiples impactos que han tenido en los más diversos sectores de una sociedad interpelada durante décadas por el populismo penal. Activas en la disputa por la interpretación de las escenas de crueldad auto-infligida a las que todas y todos fuimos expuestos. De la mano de personas, colectivos y organizaciones que estableciendo alianzas a nivel nacional y regional elegimos caminar hacia un mundo sin prisiones. Escribimos al calor de una sociedad que, a diferencia de otras de nuestra región, aún no ha normalizado la violencia extrema y la destrucción de cuerpos convertidos en desechables, y que debate intensamente en al menos tres sentidos: el hegemónico, que define como mafiosa a la población penitenciaria; el ciudadano, que se expresa entre la incomprensión, el miedo y la crueldad, y; el de quienes ponemos en cuestión el encarcelamiento como manera de practicar la justicia. Escribimos en el contexto de la guerra como sempiterna expresión de la política patriarcal, que expulsa del campo de visibilidad a las mujeres, nuestros cuerpos sensibles, nuestros hijos e hijas, nuestro trabajo reproductivo explotado por el empresariado mafioso y el estado penal. Escribimos para reconocernos y recuperarnos entre nosotras.

¿Dónde están las mujeres indígenas en este violento escenario?

Acercarnos a la comprensión de la presencia y situación de las mujeres indígenas en las prisiones y a la visibilización de los impactos del estado penal sobre ellas y sus comunidades de pertenencia, nos exige trabajar en la reconstrucción del racismo de estado, la historia de territorios expoliados, migraciones forzadas y genealogías pérdidas en la adversidad de esos procesos. Aquí, nos proponemos abrir la discusión sobre la importancia de trabajar en procesos de co-investigación en esos sentidos, para enriquecer nuestra crítica del estado punitivo como institucionalidad racista de gestión del empobrecimiento. Los esfuerzos en esos sentidos son importantes, además, para tender puentes con compañeras, compañeros, intelectuales y organizaciones que en su lúcida crítica del estado capitalista moderno/colonial han dejado indiscutidas las prisiones, como sucede con el movimiento indígena ecuatoriano.

Escribimos desde una perspectiva feminista: atenta a la presencia y situación de las mujeres como sujetos singulares, pero también al trabajo feminizado de tejido de vínculos que traman familia y comunidad. Es así como podemos reflexionar sobre por qué hay pocas mujeres auto-identificadas como indígenas en prisión, y argumentar que la población perteneciente a pueblos y nacionalidades ancestrales penalizada excede con mucho a las personas presas auto-identificadas como indígenas. Además, cuestionamos la estadística oficial que nos muestra que las personas indígenas presas son una franca minoría, porque al incluir en esta categoría solo a las mujeres y hombres que se auto-identifican como tales se encubre el hecho de que la inmensa mayoría de la población penitenciaria es de ascendencia indígena y africana desolada por procesos de desarraigo y desmemoria. Argumentamos la necesidad de avanzar en una lectura crítica de lo “mestizo”, sobre-representado en los análisis estadísticos de la población penitenciaria, como efecto de procesos de despojo múltiple y motivo de invisibilidad de las mujeres presas como personas de raigambre indígena.

Mujeres auto-identificadas como indígenas en las prisiones ecuatorianas

Según el Censo y Encuesta Penitenciaria realizado en 2008 por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de Ecuador, que constituye la información disponible más completa y fiable, de una población penitenciaria masculina de 12.110 personas, 593 eran hombres auto-identificados como indígenas, es decir el 4.9%. Y, según la misma fuente, de una población penitenciaria femenina total de 1.422 personas solo 59 se auto-identificaron como mujeres indígenas, es el decir 4.1%, lo cual produce la impresión de tratarse de una franca minoría. Y en efecto, aún en condiciones de precariedad absoluta las mujeres han tendido a buscar alternativas a la comisión de delitos debido a la sobre-penalización de sus transgresiones, mucho más aquellas cotidianamente interpeladas por la responsabilidad moral de su pertenencia comunitaria.

Ahora bien, el acercamiento a ellas como individuas infractoras no permite dimensionar el impacto del encarcelamiento sobre familiares y comunidades de pertenencia de las personas indígenas presas. En este sentido es fundamental reconocer que la población penalizada excede con mucho a la población penitenciaria, pues incluye a familias y comunidades de pertenencia de las personas presas. De este modo, podemos visibilizar como población penalizada a familiares dedicadas al sostenimiento de sus presos mientras dura su encarcelamiento y a las comunidades de retorno tras la excarcelación. Así, ellas pueden ser reconocidas como familiares de hombres presos expuestas a violencias de estado directas, que se expresan en prácticas como las humillantes requisas para ingresar como visita a los centros de detención o la corresponsabilización de hecho en el sostenimiento económico de sus familiares presos; pero también como mujeres expuestas a formas de violencia de estado indirectas e invisibilizadas, como la delegación del trabajo de cuidado y contención de hombres crispados por las condiciones de vida precarias y violentas durante las visitas familiares e íntimas, o la delegación del trabajo de organización del reemplazo de ellos en las que eran sus responsabilidades familiares y comunitarias. Estas, entre otras violencias directas e indirectas del estado que debemos rastrear para dimensionar los impactos extensivos del sistema penitenciario.

Así mismo sucede con las familias y comunidades de retorno de los hombres excarcelados, a ellas devueltos por el sistema penitenciario como sujetos de masculinidades atravesadas por experiencias de aislamiento homosocial, hacinamiento, precariedad material y violencia física. Estas, entre otras experiencias propias del encarcelamiento que debemos identificar y describir para dimensionar los impactos del estado penal: intensivos en los sujetos encerrados y excarcelados con estas experiencias a cuestas, y extensivos hacia las personas y comunidades con ellos vinculados.

Masculinidades indígenas y prisiones

Según un informe del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores de Ecuador (SNAI) de julio de 2020, se contaba una población penitenciaria total de 37.519 personas. Y según otro informe de la misma institución publicado con datos del mes de agosto de 2020, de la población penitenciaria masculina total, 606 hombres se auto-identificaron como indígenas. Si atendemos a los delitos por los que estos hombres fueron procesados, destacan los de naturaleza sexual y femicidio (Tabla 1 y Gráfico 1).

Tabla 1: Hombres presos en Ecuador auto-identificados como indígenas según grupos de infracción, en agosto de 2020

Fuente: SNAI, 2020. Elaboración: Andrea Aguirre Salas en base a la clasificación nacional de delitos con fines estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC). Se extrajo los casos procesados como femicidio de aquellos clasificados como actos que causan la muerte o que tienen la intención de causar la muerte, y se los agrupó con los actos perjudiciales de naturaleza sexual, que incluyen toda forma de violencia contra las mujeres y actos de naturaleza sexual como la violación que también pudieron perpetrarse contra niñas o niños.

Gráfico 1: Hombres presos en Ecuador auto-identificados como indígenas según grupos de infracción, en agosto de 2020

Fuente: SNAI, 2020. Elaboración: Andrea Aguirre Salas.

Estos datos nos imponen la apertura de líneas de co-investigación en, al menos, dos sentidos adicionales: el de las masculinidades indígenas enmasculadas que expresan su angustia en prácticas de violencia contras las mujeres, y el de la devolución de sujetos que ejercieron violencia sexual contra mujeres, niños o niñas a sus comunidades de pertenencia con la experiencia penitenciaria añadida. En efecto, Rita Segato explica cómo el mandato de masculinidad occidental resulta violentogénico para los hombres de pueblos indígenas que históricamente venían de tradiciones en las que la jerarquía de género estaba organizada en torno a la noción de complementariedad. Atrapados en procesos de colonización e interpelados por el patriarcado moderno/occidental de alta intensidad, ellos se perciben inferiores en relación con los hombres blancos, y superiores en relación con las mujeres indígenas, cuyos cuerpos violentados fungen de espejo de la supremacía masculina blanca incontestable que ellos pretenden emular. En este sentido, los datos que aquí ofrecemos serían solo otro dato relacionado con el incremento sostenido de la violencia contra las mujeres indígenas en sus entornos familiares y comunitarios en el contexto del capitalismo avanzado.

Ante la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas indígenas, es necesario volver a anotar la importancia de ampliar nuestra co-investigación en torno a los impactos extensivos del estado penal. En este caso en relación con la devolución de hombres atravesados por la violentogénica experiencia penitenciaria a sus familias y comunidades indígenas de pertenencia: a las mujeres responsabilizadas del trabajo reproductivo, que entre otras cosas es decir de cohesión familiar y comunitaria, contención y cuidado, muchas veces en detrimento de sí mismas.

Ahora bien, los datos que venimos analizando encubren el color de la cárcel en América Latina, el hecho de que la inmensa mayoría de la población penitenciaria está compuesta por personas de raigambre indígena y africana, gente de pueblos jalonados a lo largo de la historia por procesos de racismo, despojo, desarraigo y desmemoria. En lo que sigue, nos referimos a dos líneas de co-investigación: histórica y genealógica, en las que es necesario trabajar para rastrear la presencia de mujeres indígenas en las prisiones de este país.

Cárcel de mujeres de Quito, 2006. Foto: Luis Herrera.

Mujeres de raigambre indígena en las prisiones de Ecuador

Según el Censo y Encuesta Penitenciaria de 2008, de una población penitenciaria femenina total de 1.422 mujeres, 54.6% se auto-identificaron como “mestiza” y 17.9% como “blanca”. Según la misma fuente, 55.5% de los 12.110 hombres encarcelados se auto-identificaron como “mestizo” y 19.1% como “blanco”. Sin embargo, nosotras sostenemos lo que resulta evidente para quienes vivimos en esta tierra: que miles de rostros racializados hacinados en las cárceles de Ecuador tienen el matiz de los pueblos indígenas avasallados por siglos de colonización, despojo y explotación. Son rostros de hijas e hijos suyos expulsados como forasteros a la anomia de la urbano-marginalidad y de los territorios rurales disputados por el capitalismo extractivista y el empresariado mafioso, criminalizados, encarcelados en ciudades penitenciarias aisladas de los vínculos sociales y allí abandonados al control de mafias extorsivas.

La perspectiva histórica nos enseña que para reconocer a las mujeres de raigambre indígena en las prisiones de Ecuador, debemos estudiar la historia económica de este país dependiente. Una primera reconstrucción de carácter general hace evidente esta necesidad: en la sierra centro-norte del país, el acaparamiento de las tierras productivas, un proceso de reforma agraria iniciado en 1964 que repartió minifundios insuficientes para la reproducción de las familias indígenas desligadas de los vínculos de dependencia personal con los patrones de hacienda, y la modernización de la producción agraria consolidada a inicios de la década de 1970, provocaron el desempleo rural y la migración de masas indígenas hacia la ciudad de Quito. En la costa del país, el auge bananero iniciado a finales de la década de 1940 y su crisis entrada la década de 1960 tuvieron un efecto similar, de modo que la población urbana marginalizada del puerto principal, Guayaquil, igualmente creció de manera inédita en la historia. En este contexto, el proyecto desarrollista de industrialización por sustitución de importaciones se materializó en un modesto aparato industrial, incapaz de emplear a la fuerza de trabajo expulsada del campo, aunque fue impulsado desde mediados del siglo XX y muy especialmente por el boom petrolero de 1972. Desde 1982, con la crisis de la deuda externa y la caída de los precios del petróleo, y de manera intensiva desde 1994, la historia económica de Ecuador se caracterizó por el ajuste estructural neoliberal, que agravó los procesos de despojo, ahora ampliados a pueblos y nacionalidades indígenas asentados en territorios otrora distantes del estado nacional y el empresariado (inter)nacional.

A lo largo de esta historia, la población urbana pasó de constituir del 28.5% de la población nacional total en 1950, a componer el 51% de la misma en 1990 y el 62.8% en 2010. Ya en ciudades como Quito, la gente indígena migrante encontró arraigo en barrios en principio organizados por región de procedencia, y en las vivas redes de la economía popular callejera, tramada de los más diversos oficios y negocios hasta hoy denominados “informales”, muchos de los cuales han sido tipificados como ilegales. Hablamos de una economía popular urbana que al tiempo que abarata el costo de la vida en la ciudad, ofrece arraigo y protección compartida frente a la acción punitiva del estado, en la que las mujeres han tenido roles protagónicos de estabilización de los negocios, organización del trabajo en cooperación con niños, niñas y jóvenes, regulación de conflictos horizontales y negociación con los más rasos agentes de estado.

La década de 1980 y, muy especialmente la de 1990, fueron de colonización de la economía popular callejera por las dinámicas combinadas de acumulación ilegal de capital y guerra contra el narcotráfico. Algunas trabajadoras absolutamente pauperizadas por el neoliberalismo buscaron insertarse en los intersticios del negocio millonario del narcotráfico para resistir al empobrecimiento con autonomía personal en relación con el empresariado mafioso, fue así que optaron por el microtráfico de drogas ilegales. Al mismo tiempo, la guerra contra las drogas se desplegó más intensamente sobre las que defendieron precariamente su derecho a la vida en la ciudad, que contra el empresariado mafioso. Así, la década de 1990 fue de encarcelamiento masivo de mujeres, madres, jefas de hogar, aprehendidas en los ambientes de la economía popular callejera; avasalladas por el continuum de violencias ciudadanas, empresariales, estatales y paraestatales, que a través del daño de ellas tienden al desmantelamiento de los tejidos sociales de consolidación de comunidad.

Este contexto general hace evidente la necesidad de avanzar en procesos de co-investigación que tiendan a la reconstrucción de la historia de los pueblos indígenas de los que fueron desgarradas muchas mujeres actualmente presas, de modo que podamos recoser los hilos de la historia de racismo, despojo, migración forzada y desmemoria en los avatares de la vida urbana, pero también los de la lucha por el derecho a la vida y la memoria. Por eso, requerimos trabajar al mismo tiempo en la reconstrucción genealógica de las trayectorias de cada una y de sus ancestras, para comprender las decisiones y movimientos estratégicos de las mujeres indígenas, arrojadas al mundo como forasteras.

En 2021 el número de mujeres encarceladas: desgarradas de sus tramas comunitarias y familiares, es el más alto de la historia de este país, como lo es el de los hombres racializados presos. El avance del despojo múltiple sobre el tejido de la vida y la “percepción naturalizada del sufrimiento y la muerte de los no blancos”, también se lee en los cuerpos de las personas indígenas y de raigambre indígena presas. Rescatarnos en colectivo de la devastación y el olvido, recomponiendo la memoria de los pueblos y nacionalidades de las que fuimos desgarradas, de las que fueron desgarradas las mujeres que hoy están presas, y a los que necesitamos volver a pertenecer es, hoy, un asunto de vida o muerte.

Andrea Aguirre Salas es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador e investigadora del programa ARES-UCE. Typhaine Léon es investigadora asociada a la Universidad Central del Ecuador en el mismo programa. Las autoras son integrantes de Mujeres de Frente: una organización feminista contra el castigo, conformada por mujeres diversas y desiguales en Quito, Ecuador. Contactos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y typhaine.leon@gmail.

Etiquetas: Mujeres, Criminalización, Debates Indígenas