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Aborígenes en Australia: las personas más encarceladas de la Tierra

POR SUZI HUTCHINGS

Lea el original en Debates Indígenas.

La tasa de encarcelamiento de aborígenes se encuentra muy por encima de la población australiana en general. En el caso de las mujeres indígenas, ellas representan cerca del 34% del número total de reclusas. Como si fuera poco, en los hechos, el sistema de protección social separa a los niños aborígenes de sus familias y cultura, actuando como un mecanismo de asimilación forzada.

Foto: Protestas del movimiento internacional Black Lives Matter frente al Ayuntamiento de Sydney. Crédito: Télam.

David Dungay Jr. era un hombre de 26 años de Dunghutti que, el 29 de diciembre de 2015, murió implorando respirar en una celda de la prisión de Long Bay, en Sidney, mientras le sujetaban boca abajo los guardias que intentaban sedarlo. “No puedo respirar”, la desgarradora súplica de George Floyd, grabada el 25 de mayo de 2020 mientras moría asfixiado bajo el peso de la rodilla de un policía de Florida, trae a la memoria de todos los pueblos aborígenes de Australia, la trágica muerte de David Dungay así como las de otros tantos que fallecen bajo custodia policial.

A principios de junio de 2020, se celebraron las protestas de Black Lives Matter en toda Australia en memoria de Floyd y como sucedieron en otras tantas partes del mundo. En estas manifestaciones, los gritos de protesta eran “Black lives matter” (“Las vidas negras importan”) y “Always was, always will be aboriginal land” (“Siempre fue, siempre será tierra aborigen”). Los cánticos fusionaban el dolor con nuestro orgullo legítimo de ser pueblos de las Primeras Naciones.

Para las Primeras Naciones de Australia, el asesinato de George Floyd evidencia aún más la opresión colonial y reaviva nuestra lucha por la desproporcionada presencia de aborígenes en las cárceles  como el exceso de muertes de indígenas en detención. Como decía en 2017 el rapero del pueblo Butchulla, Birdz, en su canción Black Lives Matter: “Ahora decimos que las vidas de los negros importan, pero la realidad es que solo somos basura negra para ellos, esta mierda continúa ocurriendo”.

Recomendaciones que nunca fueron escuchadas

Nos encontramos en un año significativo para los aborígenes de Australia en su lucha por cambiar el trato recibido por el sistema de justicia penal y de protección social. Se cumplen 30 años de la publicación de las recomendaciones de la Real Comisión de Investigación sobre el Fallecimiento de Aborígenes Detenidos: un informe que marcó un hito en las relaciones entre los pueblos indígenas y los gobiernos federal y estatales de Australia.

Creada por el gobierno laborista de Bob Hawke en 1987, la Comisión fue el resultado directo del activismo de las organizaciones de las Primeras Naciones de todo el país, incluidos los servicios jurídicos aborígenes en colaboración con las familias de las personas que habían muerto mientras estaban detenidas. La Comisión estudió 99 muertes aborígenes y descubrió que uno de los factores característicos de la relación de los aborígenes con el sistema de justicia penal era la desventaja social y la desigual posición en la sociedad australiana.

La Comisión concluyó que las muertes eran consecuencia de que la policía y el personal penitenciario no cumplían su deber de cuidado, al mismo tiempo que el elevado y persistente número de indígenas detenidos y encarcelados. Esta conclusión no sorprendió en lo más mínimo a las familias de las Primeras Naciones que luchaban por justicia para sus seres queridos. En las recomendaciones, se exigían reformas en las prácticas y normas policiales, judiciales y de protección social que históricamente habían fomentado el control estatal sobre los indígenas.

Sin embargo, a pesar de sus innovadoras afirmaciones, los activistas indígenas, los académicos y los medios de comunicación australianos han informado durante los últimos 30 años que se aplicaron muy pocas de las 339 recomendaciones. La tasa de encarcelamiento de indígenas sigue siendo desproporcionadamente alta en comparación con la población australiana en general y continúan las muertes de indígenas detenidos. De hecho, el número de aborígenes detenidos ha aumentado notablemente desde la presentación del informe final hace 30 años.

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Bailarines aborígenes. Foto: Lucy Hughes Jones / EFE.

Una generación de niños indígenas separados de sus madres

En 2017, cuando fue invitado a participar en un foro público organizado por la Comisión Australiana de Radiodifusión, el abogado y activista Kuku Yalanji, Noel Pearson, describió un panorama desolador: la tasa de encarcelamiento de indígenas australianos seguía siendo excesiva y añadió que los aborígenes australianos son “las personas más encarceladas del planeta Tierra”. Esta frase, que se ha hecho célebre, es ratificada por la tasa de encarcelamiento de los pueblos indígenas en Australia y por las estadísticas de World Prison Brief.

La desigualdad persistente entre las Primeras Naciones y los colonos australianos es aún más flagrante en el trato a las mujeres indígenas. Desde el informe de la Comisión Real, el número de mujeres aborígenes detenidas ha aumentado un 30% y representan cerca del 34% del número total de reclusas del país. La información cobra relevancia si se tiene en cuenta que los indígenas no constituyen más del 2% de la población australiana. En un informe publicado por la Comisión Australiana de Derechos Humanos, el Comisario de Justicia social para los Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, June Oscar, calificó el número de mujeres aborígenes encarceladas como “uno de los temas de derechos humanos más acuciantes en Australia”.

Desde la invasión, hace más de 200 años, el sistema de justicia penal y de protección social australiano se ha centrado en las mujeres indígenas. A lo largo de 40 años, un gran número de mujeres aborígenes ha visto cómo el Estado les quitaba sus hijos en virtud de las políticas de asimilación forzada. A estos niños se los conoce como “Generaciones Robadas”. Tras ser arrebatados de sus familias y su cultura indígena, los menores eran internados en instituciones del gobierno, hogares de la Iglesia o adoptados por colonos. Para legalizar su traslado y para que pasaran a la tutela del Estado, se acusó a las madres del delito de abandono, legitimando el control estatal sobre la vida de los niños. Al mismo tiempo, los antecedentes penales de la acusación garantizaban una relación perpetua de las madres e hijos con las autoridades policiales, judiciales y de asistencia social.

El maltrato del Estado australiano aún continúa. Las “Generaciones Robadas” siguen luchando por asimilar la profunda pérdida de su conexión familiar y cultural. La criminalización de los niños aborígenes bajo las políticas de asimilación legitima la discriminación estructural de la sociedad australiana y perpetúa la vigilancia de los agentes de protección social y de la policía sobre los pueblos indígenas y, especialmente, las mujeres.

El control sobre la vida de las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres continúa vigente en la legislación. A pesar de las modernas políticas de protección de la infancia en Australia, se sigue apartando a un ritmo alarmante a los niños indígenas de sus familias. El informe Family Matters, elaborado por la Secretaría de Gestión Indígena del Cuidado Nacional del Niño Aborigen e Isleño de 2020 afirma: “Los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres representan el 37% de la población total de todos los niños que han sido separados de sus padres -una cifra que asciende a 20.077 niños-, pero que representan sólo el 6% de la población total de niños en Australia”.

Las madres de los niños separados de sus familias siguen siendo acusadas por los asistentes sociales de negligencia hacia sus hijos. De esa manera, el Estado justifica la intervención de la asistencia social y la eventual separación. En Australia, una gran cantidad de mujeres indígenas y sus familias son víctimas de un sistema de protección de la infancia que, en los hechos, son una reinvención de las políticas de asimilación forzada del pasado. Este sistema de “protección” ha dado lugar a una nueva y creciente generación de niños aborígenes robados. Es evidente que el sistema es ineficaz y perpetúa ciclos de desigualdad intergeneracional.

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Protestas en Sydney. Foto: RNZ / AFP.

Entre los avances y la reticencia al cambio

El 5 de diciembre de 2017, el conductor de un tren denunció a Tanya Day, una mujer del pueblo aborigen Yorta Yorta, por presentar un comportamiento “indisciplinado”, estado de ebriedad y no poder encontrar su billete. La policía estatal de Victoria la detuvo por el arcaico delito de estar borracha en un lugar público y la llevó a las dependencias policiales. Durante su estancia en la celda sufrió una caída que, si bien pasó desapercibida durante horas para los agentes, le provocó una lesión cerebral traumática. La policía llamó a una ambulancia que demoró una hora en llegar. A pesar de la internación, Tania Day nunca recuperó la conciencia y falleció. Su familia organizó una campaña pidiendo justicia. Finalmente, el gobierno del Estado de Victoria celebró  una investigación forense sobre su muerte en 2019.

El forense realizó dos observaciones preliminares significativas: el delito de embriaguez en público establecido por la Ley de Delitos Sumarios de 1966 debía despenalizarse y señaló que la investigación debía considerar si el racismo sistemático había contribuido a la muerte de la Tania Day. Tres años después, en febrero de 2021, la familia Day obtuvo una victoria cuando el Parlamento del Estado de Victoria aprobó la despenalización de la embriaguez en público.

Aún queda mucho por hacer para mejorar las condiciones de los aborígenes australianos, en su condición de víctimas de los sistemas de justicia penal y de protección social vigentes en el país. Para que en Australia se alcancen niveles dignos de justicia y para que cambien nuestras relaciones con el Estado y nuestros derechos humanos, algo se tiene que transformar. La clase política guarda una reticencia notable al cambio y, lamentablemente, el diálogo público no ha conseguido alcanzar un acuerdo. Si las vidas de los negros importan, entonces trátennos como a iguales. Den a nuestros hijos algo más que la “protección” del Estado.

Suzi Hutchings es Arrernte y su familia materna proviene de Australia Central. Es antropóloga social por la Universidad RMIT y productora de radio. Suzi trabaja con las mujeres aborígenes y sus familias que acuden a los tribunales por asuntos penales y de protección de la infancia. También trabaja como defensora de los aborígenes en los sistemas de salud y educación de la mujer.

Etiquetas: Noticias

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