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Grupos étnicos, médicos y maestros contra el Golpe de Estado en Myanmar

POR CHIN HUMAN RIGHTS ORGANIZATION (CHRO)

Lea el original en Debates Indígenas

El 1° de febrero de 2021, las Fuerzas Armadas birmanas, conocidas como Tatmadaw, dieron un golpe de Estado, arrestaron al gobierno electo, incluyendo a la Consejera de Estado, Aung San Su Kyi, e impusieron el estado de emergencia durante un año. La razón esgrimida fue que la aplastante victoria electoral de la Liga Nacional para la Democracia (LND) era el resultado de un fraude electoral masivo, con unos 8 millones de votos ilegales. Mediante una orden presidencial, Myint Swe, el Presidente en funciones, transfirió los poderes legislativo, ejecutivo y judicial al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

 Durante las primeras horas del Golpe de Estado, los militares empezaron a detener a los miembros del Parlamento en todo el país. Myanmar se despertó con un apagón total de las telecomunicaciones: las líneas telefónicas y los servidores de Internet estuvieron sin funcionar durante todo el día. En Hakha, la capital del estado de Chin, a las 4 de la mañana detuvieron a los ministros y al presidente de la Cámara Legislativa de la Hluttaw, y hasta el día de hoy permanecen incomunicados en el puesto de mando del Tatmadaw sobre el monte Rung.

Tres días después, los militares fueron a detener a los miembros de la Comisión Electoral de la Unión (UEC) que supervisó las elecciones de 2020. En el momento de redactar este informe, el golpe ha llevado a cabo 640 detenciones por motivos políticos, entre las que figuran defensores de derechos humanos, escritores, periodistas y funcionarios que han participado en huelgas y protestas contra el alzamiento. A lo largo de las tres últimas semanas, la comunidad internacional ha llamado constantemente a liberar a los detenidos.

 Las respuestas de las ciudades y los pueblos indígenas

La ciudadanía no se ha quedado quieta frente al golpe: el Movimiento de Desobediencia Civil replica protestas multitudinarias en todo el país, la administración pública permanece cerrada y hay un boicot general a los productos y empresas militares. El movimiento es cada día más fuerte, a pesar de las tácticas rudimentarias de los militares para sofocar la desobediencia, como liberar a 20.000 presos a las calles para intimidar a los manifestantes, realizar redadas nocturnas y bloquear las telecomunicaciones.

Los funcionarios públicos también se han plegado a las manifestaciones. El personal de salud, los profesores de escuela, los abogados, ingenieros, el sector bancario, la industria de la confección e incluso el Departamento Administrativo General, que solía estar bajo control militar, están en huelga. Los grupos étnicos armados también se han opuesto al golpe y han pedido abiertamente la liberación de los líderes de la LND detenidos y la restauración del gobierno electo.

Aunque la intención fundamental de los manifestantes es la liberación del gobierno electo y la restauración de la democracia, se está creando una narrativa más amplia, que consiste en la idea compartida por todos los grupos étnicos, incluidos la mayoría étnica Bama, de que ha llegado el momento de expulsar a los militares, de boicotear sus intereses comerciales y acabar con la nefasta Constitución de 2008. Redactada por los militares, la Carta Magna de 2008 consagra a la democracia como una fachada, algo que se ha hecho evidente ahora que los militares han esgrimido al sistema democrático para instaurar su gobierno de facto. Sin embargo, esta vez los militares no han calibrado el estado de ánimo nacional y la generación a la que oprimen.

Las protestas unen a todas las nacionalidades étnicas del país y cada vez hay más pancartas que denuncian las atrocidades contra los Rohingya, lo que significa una forma de reconocer el fracaso de la sociedad civil en proteger a esta población durante la brutal operación de contrainsurgencia de las fuerzas armadas en 2017. Tras el golpe, las noticias emitidas por la radio y televisión de Myanmar (MRTV) y otros medios de comunicación estatales son consideradas fake news. Ante semejante indignación pública, el retorno a un acuerdo democrático organizado por la Junta Militar resulta una solución inaceptable a largo plazo.

Mientras que la atención de los medios de comunicación se centra en las manifestaciones organizadas estratégicamente en las principales ciudades, que incluyen tácticas como las de utilizar coches “averiados” para bloquear las autopistas y las carreteras principales, en las zonas indígenas que siempre sufrieron la violencia militar, las comunidades también están protestando. En el estado de Karen, el 11 de febrero, en el Día Nacional Karen, más de 40.000 aldeanos de 280 comunidades se levantaron para protestar contra los puestos militares del Tatmadaw.

Si bien sus reivindicaciones son diferentes a los reclamos de las ciudades en relación al golpe de Estado, en sus movilizaciones resuena el eco de los últimos 70 años de gobiernos militares: “Ejército de Myanmar, dejen de atacarnos; ejército de Myanmar, retírense de nuestras comunidades; abolan la dictadura militar; abolan la Constitución de 2008; restauren la democracia y establezcan la igualdad étnica y una auténtica unión federal”.

Cooptar y dividir para poder gobernar

La práctica de divide y vencerás ha sido recurrente en la historia de las Fuerzas Armadas de Myanmar. Desde que ganó las elecciones en 2015, la Liga Nacional para la Democracia marginó a muchos partidos y comunidades étnicas. Si bien se había prometido el acceso a la tierra y la derogación de leyes que perjudicaban a los defensores indígenas de los derechos humanos, el proceso de paz fracasó y las confiscaciones de tierras y la concentración de poder en el centro continuaron.

En este impasse, la Junta Militar se acercó a los partidos étnicos y personalidades indígenas destacadas para incorporarlas al Consejo de Administración del Estado (SAC), la nueva administración del gobierno militar. En el estado de Mon, el Partido de la Unidad Mon, uno de los dos partidos étnicos, aceptó la oferta del Tatmadaw de unirse al SAC. En una entrevista, el representante del partido, Banya Aung Moe, declaró que la decisión se tomó sobre la premisa de “revisar la actitud del anterior gobierno de la LND hacia el pueblo Mon”. Del mismo modo, el Partido Nacional de Arakan (ANP) también tiene representantes en el SAC.

Las condiciones pedidas por el ANP se han concretado: las Fuerzas Armadas dejaron en libertad a figuras destacadas del estado de Rakhine y anularon la calificación como “grupo terrorista” del Ejército de Arakan (AA). Asimismo, ha sido liberado el Dr. Aye Maung, un nacionalista rakhine de alto nivel que había sido encarcelado por traición. Por último, la prohibición de Internet impuesta en 2019 en el municipio de Paletwa, el estado de Chin y el norte de Rakhine para ocultar las atrocidades de los militares se levantó repentinamente y actualmente el AA y el Tatmadaw se encuentran en una mesa de negociación.

Actualmente, el objetivo de las Fuerzas Armadas de Myanmar se ha desplazado al estado de Karen. Tras el golpe de estado, el Tamadaw reforzó sus posiciones y, actualmente, realiza bombardeos generalizados sobre los pueblos del municipio de Muttraw, donde se calcula que hay 5.400 desplazados internos en el norte de la región. En este momento, los militares bloquean toda la ayuda que les pueda llegar.

Mientras tanto, cuatro miembros de los partidos étnicos que compitieron contra la Liga Nacional para la Democracia en las pasadas elecciones aceptaron la oferta para unirse al Consejo de Administración del Estado en Karen. El juez del Tribunal Supremo de Chin durante los cinco años de gobierno del LND, Terrence San Mawi Khuai, había aceptado el cargo de ministro jefe del Consejo: recientemente fallecido de un ataque al corazón, sus amigos y familiares señalan que se debatía entre renunciar a su nuevo puesto o permanecer para servir al pueblo durante el golpe.

La condena generalizada de la sociedad civil

La voluntad de colaborar políticamente con la Junta Militar ha sido ampliamente condenada por la opinión pública. En el Estado de Rakhine, 47 organizaciones de la sociedad civil denunciaron la decisión del Partido Nacional de Arakan de sumarse al Consejo de Administración del Estado. En las redes sociales se observan mensajes de indignación con el Partido de la Unidad Mon y los representantes de los partidos de Karen.

Sin embargo, ante el rechazo unánime al golpe, la mayoría de los líderes étnicos a los que se ha dirigido el Tatmadaw se han negado a participar. En varias ocasiones, la Liga Nacional Chin para la Democracia (CLND) ha sido abordada por la Junta Militar para formar parte del Consejo de Administración del Estado y se ha negado. Del mismo modo, el Partido del Congreso Nacional Kachin rechazó las propuestas, afirmando que el objetivo del partido es servir al mandato del pueblo y no simplemente obtener el poder a través de la Junta. Por su parte, la Liga para la Democracia de las Nacionalidades de Shan, uno de los partidos étnicos con mayor influencia en el país, también denunció enérgicamente el golpe de estado.

Al margen de la política de partidos, la denuncia del golpe por parte de los grupos étnicos armados es generalizada. El Frente Nacional de Chin, la Unión Nacional Karen y la Organización para la Independencia de Kachin han rechazado las acciones militares y han exigido liberar al gobierno electo detenido, restaurar el proceso democrático y rechazar las acciones de los militares en relación con el proceso de paz.

El 19 de febrero, el Frente Nacional de Chin se unió a las protestas y el Ejército de Liberación Nacional Karen protegió a los manifestantes que participaban en las marchas. La ironía de la situación fue resumida en las redes sociales por un reconocido activista indígena: "Vivo en un país donde el gobierno elegido fue encarcelado por el Ejército Nacional, mientras que los grupos rebeldes abogan por su liberación".

Siete décadas de asimilación forzada no pueden desaparecer repentinamente. Sin embargo, a medida que se intensifican las protestas, en las calles reina la sensación generalizada de que esta generación no va a soportar más el control militar de las instituciones nacionales. El Movimiento de Desobediencia Civil seguirá fomentando un espíritu de reconciliación que permita a las comunidades y a los grupos étnicos de todo el país sentirse acogidos bajo la bandera del cambio. Con esta agenda colectiva y el apoyo constante de la comunidad internacional, sus objetivos podrán alcanzarse.

Este artículo fue realizado por Chin Human Rights Organization (CHRO). CHRO trabaja para proteger y promover los derechos humanos a través del monitoreo, la investigación, la documentación, la educación y la promoción en nombre del pueblo indígena Chin y otras comunidades étnicas/indígenas de Myanmar. La organización es miembro fundadora de la Red de Pueblos Indígenas de Myanmar, integrada por más de 20 organizaciones no gubernamentales que se ocupan de las cuestiones de los pueblos indígenas en el país.

Etiquetas: Noticias

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