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El Mundo Indígena 2021: El Compromiso de la UE con respecto a los Asunto Indígenas

La Unión Europea (UE) es una unión política y económica de 27 Estados miembros creada en 1951. Sus competencias legislativas y ejecutivas se reparten entre las principales instituciones de la UE: el Parlamento Europeo (autoridad colegisladora), el Consejo de la Unión Europea (autoridad colegisladora y ejecutiva) y la Comisión Europea (autoridad ejecutiva). Además, la UE tiene su propio servicio diplomático, el Servicio Europeo de Acción Exterior, con delegaciones en todo el mundo.

La UE forma parte del proceso internacional de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Cuatro Estados miembros de la UE han ratificado el Convenio 169 de la OIT[1] y la UE apoyó la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) en 2007, así como el Documento Final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en 2014.

Además de la influencia dentro del territorio de sus Estados miembros, la UE también tiene un impacto global como actor internacional clave, especialmente en cuestiones de derechos humanos, desarrollo, salud pública y medio ambiente. En el contexto actual de la pandemia de COVID-19, la UE ha tenido que adaptar su sistema y, junto con sus Estados miembros, dar una respuesta común, apoyar y reforzar los sistemas sanitarios nacionales, hacer frente al impacto socioeconómico y garantizar la recuperación.

La UE lleva apoyando los derechos de los pueblos indígenas desde 1998 e integrando sus preocupaciones como un aspecto transversal de la capacitación humana y la cooperación al desarrollo. En los últimos años, la UE ha tenido cada vez más en cuenta los derechos y problemas de los pueblos indígenas y ha promovido su participación en los procesos de la UE. La legislación de la UE ha evolucionado incorporando los derechos de los pueblos indígenas,[2] particularmente en la Resolución del Parlamento Europeo sobre “la violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, incluido el acaparamiento de tierras” (2018) y las resoluciones recientemente aprobadas que confirman el compromiso de la UE con los pueblos indígenas. Este creciente interés va de la mano de las principales prioridades de la UE para los próximos años, es decir, el Pacto Verde Europeo y su Estrategia de Biodiversidad, en los que la participación e inclusión de los pueblos indígenas debería ser fuertemente fomentada.

Por último, como el mayor proveedor de ayuda al desarrollo en el mundo, la UE está tratando de adoptar una respuesta global decisiva a la pandemia de COVID-19, adaptando sus prioridades y programas con los países socios y las organizaciones internacionales y locales de la sociedad civil.

Los pueblos indígenas y la respuesta de la UE al COVID-19

Desde la adopción de su Resolución sobre los Pueblos Indígenas en 2018, el Parlamento Europeo ha expresado una creciente preocupación por las persistentes violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, especialmente en el contexto de la crisis de COVID-19. Siete de las comisiones del Parlamento Europeo prepararon cinco resoluciones en 2020 (que se adoptarán a principios de 2021) que incluyen los derechos y las cuestiones de los pueblos indígenas. Estas resoluciones,[3] que han tenido que ser adaptadas por el impacto del COVID-19, cubren temas cruciales para los pueblos indígenas: “La diligencia debida de las empresas y la responsabilidad de las empresas”;[4] “Los efectos del cambio climático en los derechos humanos y el papel de los defensores del medio ambiente en este asunto”;[5] “Los derechos humanos y la democracia en el mundo 2019”;[6] “La protección y restauración de los bosques del mundo”;[7] y “Los impactos del cambio climático en las poblaciones vulnerables de los países en desarrollo”.[8]

Por su parte, la Comisión Europea también se ha comprometido a contrarrestar los efectos negativos de la pandemia sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. En colaboración con los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil, la UE sigue abordando sus problemas a través de sus diálogos sobre derechos humanos con terceros países y el seguimiento de la situación sobre el terreno por parte de las delegaciones de la UE. Además, el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) sigue financiando el mecanismo de defensores de los derechos humanos de la UE, que apoya a los defensores de los derechos indígenas y del medio ambiente.

 La Comisión Europea ha tomado medidas concretas para seguir apoyando a los pueblos indígenas durante la pandemia. Según Sébastien Porter de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo:

A través de su Mecanismo de Crisis, la UE ha movilizado fondos especiales para abordar la difícil situación de los pueblos indígenas de la región latinoamericana a causa de la pandemia. Una de las acciones (1 millón de euros) tiene como objetivo abordar la falta de información de alta calidad, fiable y culturalmente relevante sobre la pandemia de COVID-19. Otra acción (530.000 euros) garantiza la protección efectiva de los defensores de los derechos humanos de los indígenas frente a las nuevas amenazas surgidas tras la pandemia (acaparamiento de tierras, confiscación de recursos naturales, etc.).[9]

Además:

La UE, a través de sus delegaciones, lanzó convocatorias de propuestas para, entre otras cosas, el establecimiento efectivo de protocolos de CLPI por parte de los pueblos indígenas en la zona protegida de Messok Dja, en la República del Congo, con el fin de mejorar el acceso a la atención sanitaria y a la educación de calidad de las comunidades de las minorías indígenas en Kenia o para apoyar a los pueblos indígenas y a los defensores del medio ambiente para que se conviertan en actores clave para promover políticas sociales y medioambientales que conduzcan al desarrollo sostenible (Uruguay, Brasil, Argentina).[10]

El Pacto Verde Europeo

El Pacto Verde es un vasto plan de acción europeo destinado a hacer que Europa sea climáticamente neutra en 2050. Presentado el 11 de diciembre de 2019 por la Comisión Europea y adoptado por los Estados miembros, el Pacto Verde pretende proponer toda una nueva estrategia de crecimiento para la UE y transformarla en “una sociedad climáticamente neutra y justa, con una economía moderna, eficiente en recursos y competitiva”.[11]

El Pacto Verde pretende ser una estrategia holística que influya en todos los aspectos de la política de la UE. En el futuro, es probable que se revisen las acciones, proyectos y fondos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático y que haya un número importante de efectos en áreas relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos indígenas, como las políticas de ayuda al desarrollo y el apoyo a los derechos humanos y la democracia. Por lo tanto, es crucial que se consulte a los pueblos indígenas y que participen en este proceso, dado su papel predominante en la preservación de la naturaleza, la gestión de los recursos y la lucha contra el cambio climático.

Actualmente hay dos iniciativas principales propuestas en el marco del Pacto Verde: la Ley Europea del Clima y la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad para 2030; este artículo se centrará en esta última. En respuesta a la preocupación de los Estados miembros[12] por el ritmo global de pérdida de biodiversidad, la Comisión Europea transmitió al Consejo Europeo el comunicado Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad de aquí a 2030 — Reintegrar la naturaleza a nuestras vidas[13]. Este comunicado se considera uno de los elementos centrales del Pacto Verde. Su objetivo es proteger y restaurar la biodiversidad de la UE y garantizar el buen funcionamiento de los ecosistemas, que son clave para impulsar la resiliencia de la economía y las sociedades de la UE ante futuras amenazas como los impactos del cambio climático, los incendios forestales, la inseguridad alimentaria o los brotes de enfermedades. Para ello, el comunicado incluye varios compromisos en materia de protección y restauración de la naturaleza, un nuevo marco de gobernanza de la biodiversidad y una acción global de la UE en materia de biodiversidad. Por ejemplo, ante la urgente necesidad de restaurar la biodiversidad y reducir los efectos de la crisis climática, las instituciones de la UE se centran en la ampliación de las zonas protegidas. En su Estrategia sobre la Biodiversidad para 2030, en consonancia con el nuevo objetivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Comisión Europea propone transformar al menos el 30 % de la superficie terrestre y marina de Europa en zonas protegidas.

En esta fase, es difícil definir con precisión el lugar que se dará a los pueblos indígenas en este proceso, pero hay señales alentadoras. En primer lugar, la UE reconoce que defender los derechos territoriales y permitir que las comunidades locales gestionen sus tierras es la mejor estrategia para proteger la biodiversidad, siempre y cuando se proteja a los pueblos indígenas del acaparamiento de tierras, de los impactos humanos de los proyectos de conservación y de los abusos de los ecoguardas. De hecho, la Comisión Europea se ha enfrentado a casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en relación con proyectos financiados por la UE y ha decidido suspender los fondos en algunos casos, como el de World Wildlife Fund (WWF) y la creación prevista de Messok Dja.[14]

En segundo lugar, en su comunicado,[15] la Comisión Europea propone que la UE garantice un principio de igualdad. Este principio incluye, entre otras cosas, “el respeto de los derechos y la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.[16] La Comisión Europea también recomienda que en todos sus trabajos la UE “refuerce los vínculos entre la protección de la biodiversidad y los derechos humanos, el género, la salud, la educación, la sensibilidad a los conflictos, el enfoque basado en los derechos, la tenencia de la tierra y el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.[17]

En conclusión, las amplias reformas emprendidas por la UE en el marco del Pacto Verde son una verdadera oportunidad para reforzar la consideración de los pueblos indígenas en las acciones de la UE, siempre que el modelo de conservación elegido por la UE se base en el diálogo, la participación y la inclusión de los pueblos indígenas y las poblaciones locales afectadas.

El mecanismo de protección de la UE para los defensores de los derechos humanos

La UE apoya a los defensores de los derechos humanos a través de sus Directrices sobre los defensores de los derechos humanos (2008),[18] resoluciones de emergencia, declaraciones públicas, diálogos políticos con terceros países, visitas de diplomáticos a los defensores de los derechos humanos y fondos específicos. En medio de la propagación de la pandemia de COVID-19, la UE ha adaptado su apoyo para hacer frente a la creciente vulnerabilidad a la que se enfrentan los defensores de los derechos humanos y las comunidades locales en riesgo.

A través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), la UE ha creado un mecanismo de defensa de los derechos humanos, ProtectDefenders.eu,[19] dirigido por un consorcio de 12 ONG activas en el ámbito de los derechos humanos. El mecanismo tiene como objetivo proteger a los defensores en situación de alto riesgo proporcionando una ayuda de emergencia estable, completa y que tenga en cuenta las cuestiones de género. A través de la subvención de emergencia y la subvención de reubicación temporal, los defensores de los derechos humanos pueden acceder a medidas de seguridad urgentes para protegerse a sí mismos, a su familia y su trabajo. Los defensores de los derechos humanos pueden solicitar una subvención a través del formulario web seguro disponible en ProtectDefenders.eu o directamente a través de la línea de ayuda de emergencia 24/7 gestionada por Frontline Defenders.

Además, el sitio web proporciona formación, apoyo y desarrollo de las capacidades a los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones locales a través de un programa de subvenciones para llevar a cabo actividades destinadas a promover una agenda de derechos humanos y luchar contra las violaciones.

Amalia Rodríguez Fajardo y Mathias Wuidar son abogados de derechos humanos. Trabajan como representantes ante la UE en el Centro de Documentación, Investigación e Información de los Pueblos Indígenas (DOCIP).

 Este artículo es parte de la 35a edición de El mundo indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí

Notas y referencias

[1] Dinamarca (1996), Países Bajos (1998), España (2007) y Luxemburgo (2018).

[2] Para los avances legislativos de la UE relacionados con los pueblos indígenas, véase Rodríguez Fajardo, Amalia, y Mathias Wuidar. “European Union Engagement with Indigenous Issues” (El compromiso de la Unión Europea con las cuestiones indígenas). En El Mundo Indígena 2020, editado por Dwayne Mamo, 639-646. IWGIA, 2020.

[3] Parlamento Europeo. “Committees” (Comisiones). 2021. Disponible en  https://www.europarl.europa.eu/committees/en/documents/search

[4] Comisión encargada: JURI. Opinión de las comisiones: AFET, COMERCIO.

[5] Comisión encargada: AFET. Opinión de las comisiones: DEVE, ENVI, LIBE.

[6] Comisión encargada: AFET. Opinión de la comisión: FEMM.

[7] Comisión encargada: ENVI. Opinión de las comisiones: DEVE, INTA.

[8] Comisión encargada: DEVE. Opinión de las comisiones: LIBE, FEMM.

[9] Intercambio con el Sr. Sébastien Porter (Comisión Europea — Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo — Gente y Paz — Igualdad de Género, Derechos Humanos y Gobernanza Democrática — DEVCO.B.1) el 17 de diciembre de 2020. Los autores desean agradecer al Sr. Porter su tiempo y sus aportaciones.

[10] Ídem.

[11] Comisión Europea. “Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The European Green Deal” (Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: El Pacto Verde Europeo). Bruselas, 11 de diciembre de 2019. Disponible en https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf

[12] Consejo de la Unión Europea. Conclusiones del Consejo sobre la “Preparación del marco mundial para la diversidad biológica después de 2020. Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)” (Preparation of the post-2020 global biodiversity framework Convention on Biological Diversity (CBD)). Bruselas, 19 de diciembre de 2019. Disponible en https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?AllLanguagesSearch=False&OnlyPublicDocuments=False&DocumentNumber=15272%2F19&DocumentLanguage=EN

[13] Consejo de la Unión Europea. Comunicación de la Comisión: “EU biodiversity strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives” (Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 — Reintegrar la naturaleza a nuestras vidas). Bruselas, 25 de mayo de 2020. Disponible en https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8219-2020-INIT/en/pdf

[14] Parlamento Europeo, Preguntas parlamentarias. “Answer given by Mr. Mimica on behalf of the European Commission (Respuesta del señor Mimica en nombre de la Comisión Europea”).  P-002044/2019. 25 de junio de 2019. Disponible en https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-002044-ASW_EN.html

[15] Ídem.

[16] Ídem.

[17] Ídem.

[18] Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE). “EU Guidelines on Human Rights Defenders” (Directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos). 21 de junio de 2016. Disponible en https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3958/EU Guidelines on Human Rights Defenders.

[19] ProtectDefenders.eu.2021. Disponible en https://www.protectdefenders.eu/en/index.html

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