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El Mundo Indígena 2020: Editorial

Editorial - El Mundo Indígena 2020

Constituyendo únicamente el 5% de la población del mundo, los Pueblos Indígenas protegen el 80% de la biodiversidad del planeta.1 Globalmente, muchos de los bosques que aún alberga nuestro hogar común se encuentran ubicados en tierras y territorios indígenas. Al menos el 24% del carbono mundial almacenado sobre el suelo en los bosques tropicales del mundo, o 54.546 millones de toneladas métricas de carbono, son gestionados por Pueblos Indígenas y comunidades locales.2 Este es el resultado de la histórica custodia con la que los Pueblos Indígenas han administrado de manera sostenible los bosques.

Los Pueblos Indígenas son guardianes protectores no solo de bosques, sino también de ríos, mares, océanos, hielos, turberas, desiertos, praderas, sabanas, colinas y montañas. Han perfeccionado sistemas de conocimientos indígenas que se basan en la naturaleza y honran respetuosamente la compleja interdependencia de todas las formas de vida que es la base del éxito para el manejo sostenible de sus recursos y ecosistemas en los que viven. Consecuentemente, durante innumerables generaciones a lo largo de los tiempos han venido observando cambios climáticos y han desarrollado soluciones y prácticas eficaces para la conservación de la biodiversidad y para adaptación y mitigación del cambio climático.

En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Acción Climática celebrada en Nueva York en septiembre de 2019, los Pueblos Indígenas de todo el mundo se comprometieron firmemente a contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con sus conocimientos y acciones.

Asimismo, los Pueblos Indígenas han manifestado claramente que para poder ejecutar este compromiso, necesitan que se aplique plenamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), se cumplan los compromisos mundiales contraídos para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C y se disponga de apoyo financiero.3

En una declaración pronunciada durante la Cumbre sobre la Acción Climática, el antiguo primer ministro de Groenlandia y persona Inuit, Kuupik Kleist, manifestó: “Los Inuit han presentado con antelación advertencias sobre el calentamiento global a la comunidad internacional desde la primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992”.

El mundo ha tardado mucho tiempo en empezar a escuchar.

Finalmente, la tendencia ha comenzado a virar de curso en los últimos años y la comunidad internacional ha reconocido la importancia de los conocimientos y las contribuciones de los Pueblos Indígenas para la actuación contra el cambio climático.

El Informe Especial “El cambio climático y la tierra” del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),4 publicado en agosto de 2019, pone de relieve el papel crucial de los Pueblos Indígenas y cómo sus sistemas de conocimientos contribuyen a la ejecución práctica de los objetivos del Acuerdo de París. Pueblos Indígenas y comunidades locales consuetudinariamente gestionan más del 50% de la masa terrestre mundial, pero legalmente solo tienen en propiedad el 10%.5 Salvaguardar sus derechos a la tierra es un componente esencial para aumentar el almacenamiento de carbono, reducir emisiones, mejorar la seguridad alimentaria, disminuir la posibilidad de conflictos relacionados con el clima e incrementar la resiliencia de los ecosistemas.6

En algunos países, el reconocimiento internacional de la contribución de los Pueblos Indígenas a la acción contra el cambio climático se ha traducido en medidas nacionales.

Perú, como parte de su compromiso nacional en el marco del Acuerdo de París, celebró en 2019 una consulta participativa para el plan de aplicación nacional de su Ley Marco sobre Cambio Climático. Adoptada en 2018, dicha ley fue criticada por no cimentarse en adecuada consulta a la sociedad civil, incluyendo los Pueblos Indígenas. El Gobierno compensó esta deficiencia llevando a cabo una amplia consulta sobre el plan de aplicación que culminó en la adopción de medidas propuestas por los Pueblos Indígenas, entre ellas, la creación de la Plataforma Climática Indígena. Esta plataforma se estableció para reconocer el trabajo de los Pueblos Indígenas y sus conocimientos ancestrales en la conservación de la biodiversidad. En noviembre se encomendó a la plataforma desarrollar sus funciones, así como también un plan para la participación de los Pueblos Indígenas en actividades de acción contra el cambio climático.

En junio de 2019, Inuit Tapiriit Kanatami – la organización representativa nacional de los Inuit de Canadá – dio a conocer la Estrategia Nacional Inuit contra el Cambio Climático (National Inuit Climate Change Strategy), la única estrategia integral del país contra el cambio climático centrada en el Ártico. Los Inuit desarrollaron esta estrategia de cuatro años para responder a los rápidos cambios que experimenta el clima ártico y para formular políticas y acciones coordinadas teniendo en cuenta a los Inuit, en vez de políticas federales unilaterales que les ignorarían. Tras su presentación, el Gobierno federal anunció la asignación de 1 millón de dólares canadienses para apoyar su implementación.

A pesar  de  algunos  avances  positivos  importantes  acaecidos  en  el transcurso de 2019, también se produjeron reveses. El resultado de la COP25 celebrada en Madrid ha recibido el calificativo de decepcionante, como mínimo, por muchos actores de la sociedad civil, así como también Pueblos Indígenas. Se rechazó la utilización en los documentos de trabajo de lenguaje relativo a derechos humanos y derechos de los Pueblos Indígenas y fracasaron las negociaciones sobre elementos fundamentales para la ejecución efectiva del Acuerdo de París, como una mayor ambición para reducir emisiones. Muchas esperanzas y presión están puestas en la COP26 de Glasgow (pospuesta a 2021 debido a la COVID-19) para garantizar que se escuchan las voces de los Pueblos Indígenas y que en los documentos de trabajo se emplea lenguaje basado en derechos.

Aunque el importante papel de los Pueblos Indígenas en la protección y conservación del medio ambiente se está reconocido cada vez más internacionalmente, los propios Pueblos Indígenas siguen sufriendo marginación y discriminación en muchos países, lo que redunda en políticas y leyes discriminatorias. Parte de esta legislación, que ha tenido duras repercusiones para los medios de vida y prácticas socioculturales de los Pueblos Indígenas, está directamente relacionada con la protección ambiental, la conservación de la biodiversidad y la acción contra el cambio climático.

En el caso de REDD+, por ejemplo, las prácticas tradicionales de medios de sustento de los Pueblos Indígenas aún se consideran uno de los factores causantes de deforestación, a pesar de la creciente evidencia científica que confirma lo contrario. Muchos países de Asia han declarado la rotación de cultivos una práctica ilegal, criminalizando así prácticas tradicionales de los Pueblos Indígenas e infligiendo severas consecuencias a las comunidades indígenas.

En Laos, tal y como se recoge en esta edición, el Gobierno está formulando una nueva Estrategia Forestal 2030 que clasifica los campos donde se realiza rotación de cultivos como tierras en barbecho, considerándolas superficies forestales degradadas, lo que permitiría a compañías privadas plantar especies de árboles industriales en dichas tierras y provocaría inseguridad alimentaria a los Pueblos Indígenas. Además, el Decreto sobre Asuntos Étnicos, objeto de revisión actual por parte del Gobierno, contiene un artículo que directamente condena la rotación de cultivos y otras prácticas tradicionales sostenibles y tiene por objeto reemplazarlas con prácticas modernas focalizadas en aumentar la productividad para obtener beneficios. Estas medidas no solo afectarán a los medios de subsistencia de los Pueblos Indígenas sino que también impactarán perjudicialmente en su identidad y alterarán su calendario cultural y espiritual que está profundamente enraizado en su relación con la tierra y los ciclos agrícolas.

Otra medida de protección ambiental que han tomado muchos gobiernos es la declaración de áreas de conservación en tierras y territorios de Pueblos Indígenas, incluyendo el establecimiento de parques nacionales y áreas protegidas. Dicho “acaparamiento ecológico” ha provocado reducción de recursos disponibles para las comunidades indígenas y mayor presión sobre los medios de vida, y en los peores casos su expulsión de estas zonas, como ha sucedido en India y Kenia en 2019 y se detalla en los capítulos correspondientes de esta edición. El acceso a estas tierras y la restricción de movimientos se ven exacerbados más aún por los efectos del cambio climático que agotan pastizales y recursos hídricos, dejando a los Pueblos Indígenas limitadas posibilidades de mantener sus medios de vida sin entrar en conflicto con autoridades, ya que tienen que aventurarse a ir más lejos en búsqueda de alimento y agua para su ganado, como ha ocurrido en la República Centroafricana, Kenia y Tanzania en 2019, entre otros países.

Los instrumentos normativos y otras iniciativas  que tratan  de mitigar el cambio climático se suelen desarrollar de manera apresurada, con ninguna o muy escasa participación de los Pueblos Indígenas y preocupación por sus derechos. Se ha documentado ya manifiestamente que las acciones de mitigación que se toman desde instancias superiores a inferiores, como proyectos de energías renovables o REDD+ pueden causar desplazamiento y violaciones de derechos de Pueblos Indígenas al no cumplir con estándares internacionales de derechos, tales como la DNUDPI y el Convenio 169 de la OIT. No obstante, en algunos casos, como ocurre en la República del Congo, en 2019 el Gobierno firmó una declaración de intenciones para financiar una estrategia REDD+ de ejecución de proyectos que fomenta la gestión forestal sostenible y el reconocimiento de los derechos a las tierras tradicionales. Sin embargo, existen también planes para desarrollar proyectos agroforestales y de energías renovables, ámbitos donde precisamente a menudo e históricamente se menoscaban los derechos de los Pueblos Indígenas.

Pueblos Indígenas de todo el mundo sufren los impactos del cambio climático

La crisis climática mundial constituye una amenaza existencial para el mundo de hoy. A pesar de ser los que menos han contribuido al cambio climático, los Pueblos Indígenas son de los primeros en tener que hacer frente a sus efectos directos. Muchos viven en ecosistemas particularmente delicados, tales como el Ártico, regiones áridas, semiáridas y bosques tropicales, y dependen en gran medida de sus recursos naturales.

A lo largo de 2019, los Pueblos Indígenas de la selva tropical amazónica tuvieron que batallar en primera línea de defensa personal y de sus tierras contra incendios de rápida propagación, como se detalla en varios capítulos de esta edición. La mayoría de las decenas de miles de estos incendios tuvieron lugar en Brasil, aunque también hicieron estragos en Bolivia donde ardieron 10.000 km2 de bosques, así como también en amplias zonas de Paraguay y Perú.

En 2019 se contabilizaron en la Amazonía casi 90.000 incendios, lo que supone un 30% más que en 2018 y en comparación con los últimos diez años, 2019 se sitúa como el cuarto año con mayor número de incendios.

El primer año de mandato del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, evidenció un rápido y considerable declive para los derechos de los Pueblos Indígenas. Él y su Gobierno pasaron por alto estos derechos para proseguir con actividades de tala, minería, hidroelectricidad y otros intereses económicos que causaron la deforestación de una zona equivalente a la superficie de Jamaica en la parte brasileña de la Amazonía tan solo en 2019.

El antiguo presidente de Bolivia, Evo Morales, él mismo indígena, también ha sido duramente criticado, como Bolsonaro, por sus políticas que han socavado los derechos de los Pueblos Indígenas. Su plan económico 2016-2020 para Bolivia tenía como objetivo ampliar la tierra agrícola disponible del país en 12.000 km2, equivalente al desbroce y quema de 2.500 km2 de tierra al año, incluyendo tierras forestales indígenas.

Los incendios de la Amazonía quemaron 4,5-5,1 millones de hectáreas de bosques bolivianos, 35% de ellos en tierra indígena. Los incendios, junto con la gestión de Morales de la crisis y el plan de desarrollo económico basado en la explotación extractiva y ampliación de la frontera agrícola fueron algunos de los factores decisivos que a finales de 2019 avivaron las protestas que condujeron a la dimisión de Morales y su precipitada huida del país. Los incendios de la Amazonía también asolaron otros países. En una semana de septiembre, más de 4.500 incendios incontrolables se registraron en la región este de Paraguay que comparte frontera con Bolivia y Brasil. De igual modo, los incendios también afectaron a la biomasa amazónica de Perú, reactivando debates nacionales sobre minería y tala ilegales, y deforestación.

La Amazonía no fue el único lugar donde los incendios forestales tuvieron repercusiones directas sobre los Pueblos Indígenas. Comenzando en enero de 2019 y a lo largo del año, más de 130.000 km2 de tierra y bosque se quemaron en Siberia, acarreando efectos negativos en las vidas y los medios de sustento de los Pueblos Indígenas que dependen del bosque y que tradicionalmente se han ocupado de su protección.

Estos incendios se añaden al daño ya causado por la explotación maderera, impulsada especialmente por la demanda china, que deja en la tierra ancestral una cicatriz de destrucción. Más preocupante desde el punto de vista medioambiental es que estos biomas cubren el 33% de la superficie terrestre del planeta y guardan el 50% del carbono mundial almacenado en el suelo. Esta cantidad masiva de carbono se acumula en la capa de hielo permanente o permafrost y así se descompone a un ritmo más lento, pero si la taiga siberiana se incendia, se derrite el permafrost y se libera más carbono a la atmósfera. Adicionalmente, el hollín de los incendios cae de nuevo al suelo y se incrusta en el hielo y la nieve, oscureciendo estos elementos, lo que minimiza su capacidad de reflejar el calor y acelera el deshielo.7

Los incendios no fueron el único impacto peligroso del cambio climático que tuvieron que afrontar los Pueblos Indígenas en 2019. Muchos Pueblos Indígenas de Africa, como se reseña en varios capítulos de esta edición, tuvieron que combatir los efectos de impredecibles lluvias, sequias e inundaciones, obligándoles a potenciar su resiliencia frente a los desastres naturales que también les provocaron inseguridad personal y alimentaria. Los pastoralistas del este de África en Kenia, Tanzania y Uganda, tuvieron que desplazarse más lejos en búsqueda de pastos y agua, puesto que las sequías causaron la pérdida de plantas y la degradación de ecosistemas. En algunos casos, particularmente en Tanzania, surgieron conflictos con las autoridades, dado que atravesaron con sus ganados por tierras pertenecientes a parque y otras áreas de conservación. Además, como la lluvia reapareció en forma de precipitaciones torrenciales, aparte de las consiguientes inundaciones, también se propagaron enfermedades en los animales, poniendo en peligro sus medios de sustento.

Las sequias también impactaron negativamente en los Pueblos Indígenas de Botsuana, la República Centroafricana, Eritrea (que registró su nivel más bajo de precipitaciones desde 1981), Namibia y Zimbabue (también gravemente afectado por el ciclón Idai que dejó a la mitad de la población con inseguridad alimentaria).

Por otra parte, elevadas temperaturas han intensificado la desertificación en Argelia, Marruecos y Níger, fomentando conflictos territoriales, ya que más personas compiten por tierras menos aptas para cultivos y pastos, o se ven forzados a emigrar.

Minería, tala, agroindustrias y otros proyectos a gran escala continúan sin cesar, poniendo en riesgo las vidas de las personas defensoras de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas

Los Pueblos Indígenas de todas las regiones del mundo han pagado y están aún pagando un alto precio por las últimas décadas de desarrollo insostenible. La voraz ansia mundial de crecimiento económico ha provocado una mayor demanda de tierra y recursos naturales, convirtiendo la tierra de los Pueblos Indígenas en objetivo principal de adquisiciones ilícitas. Como resultado, los Pueblos Indígenas corren el peligro de perder las tierras y los territorios que les quedan.

Los datos iniciales de la campaña mundial contra personas defensoras de los derechos de los Pueblos Indígenas8 atestiguan una situación muy grave y alarmante para los Pueblos Indígenas, con cerca de 500 personas indígenas asesinadas desde 2017 en tan solo 19 países, más de 400 detenidas arbitrariamente, más de 200 arrestadas ilegalmente y más de 1.600 amenazadas e intimidadas. En pocas palabras, defender la tierra y los derechos humanos propios es peligroso.

El Mundo Indígena 2020 reporta que en 2019, en México, al menos 14 personas defensoras de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas fueron asesinadas en siete estados, todas intentando defender las tierras frente a proyectos de infraestructuras, extracción y energía, habiendo alertado algunas de ellas a las autoridades de que estaban recibiendo amenazas. Según el informe de 2019 del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, en tan solo los primeros seis meses de 2019 se produjeron en el país 327 ataques a personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 12 asesinatos, 18 tentativas de asesinato y 61 casos de criminalización.

En un informe de 2019 Global Witness, una organización de vigilancia y denuncia, clasificó a Filipinas como el país más mortífero para las personas defensoras de las tierras y el medio ambiente con el triste balance de 30 personas asesinadas en 2018.9 En su mayoría, los actos violentos contra los Pueblos Indígenas y las personas defensoras están relacionados con su trabajo de investigación y protesta contra proyectos de minería, tala y agroindustrias que contaminan e invaden tierra protegida, o tierra que debería protegerse. En 2019, IWGIA participó activamente en la Iniciativa de Tolerancia Cero10 para involucrar a las empresas en el compromiso de tolerancia cero frente a asesinatos y criminalización de personas defensoras de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en sus prácticas comerciales y cadenas de suministro.

Bajo el mandato del presidente Rodrigo Duterte, dos proyectos de grandes presas y el desarrollo de la primera ciudad inteligente y ecológica de Filipinas – proyectos todos ellos respaldados por China – desplazarán y ya han desplazado a decenas de miles de personas indígenas y han desencadenado varias protestas y acciones en 2019. Los Pueblos Indígenas siguen organizándose contra el ilimitado número de proyectos de minería sin restricción alguna que continúan y continuarán invadiendo decenas de miles de hectáreas de tierras ancestrales.

Los ataques a activistas de derechos y la estigmatización de los Pueblos Indígenas, la criminalización e ilegalización de sus actividades – con respuestas como vigilancia ilegal, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas por fuerzas de seguridad estatales y paramilitares, prohibiciones de viajar, amenazas, despojos y asesinatos – reflejan un empequeñecido espacio democrático y civil.

El ejemplo reseñado de Bangladesh en esta edición revela que cientos de activistas y personas defensoras de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas han sido objetivos específicos de este tipo de acciones acosadoras, especialmente las personas afiliadas a partidos politicos indígenas en Chittagong Hill Tracts y muchas han de permanecer prófugas por miedo a ser enjuiciadas por falsos cargos o a ser asesinadas. Autoridades locales continúan utilizando propaganda para etiquetar a personas defensoras de derechos como “terroristas armados” y han desplegado en la región una fuerza especial permanente denominada Batallón de Acción Rápida.

No obstante, la intimidación no se limita solo al ámbito del país. El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha indicado también en 2019 que muchas personas indígenas han recibido represalias por su labor en materia de derechos humanos y apariciones en eventos de las Naciones Unidas.

Defendiendo sus tierras

Las comunidades indígenas se encuentran habitualmente situadas en áreas remotas, lejos de redes de protección y sistemas de apoyo. En consecuencia, se reducen las probabilidades de descubrir las violaciones cometidas. Además, las comunidades indígenas típicamente carecen de acceso adecuado al sistema de justicia. Una de las razones para ello es que muchas comunidades no poseen títulos de propiedad de sus tierras o seguridad en la tenencia de las tierras. En algunos países, la marginación política de los Pueblos Indígenas, el racismo, el menosprecio irrespetuoso por el uso tradicional que hacen de los recursos naturales y la criminalización de sus medios de vida tradicionales son factores que añaden peso a su vulnerabilidad.

Allí donde existen marcos jurídicos, la implementación es increíblemente escasa o nula. Normalmente las tierras colectivas de los Pueblos Indígenas son consideradas “baldías”, “no utilizadas” o “en barbecho” por las autoridades estatales y gubernamentales – como vemos en Laos, Malasia y Myanmar, por ejemplo – lo que allana el camino para el expolio de tierras de un modo fácil (a menudo violento) y generalizado por parte de autoridades gubernamentales, élites políticas, grupos dominantes y empresas comerciales nacionales e internacionales.

Salvaguardar la seguridad en la tenencia de la tierra de los Pueblos Indígenas es un fundamento clave básico para afianzar el futuro de los Pueblos Indígenas y es uno de los derechos y demandas primordiales del movimiento indígena mundial, aplicable también en el actual contexto de cambio climático.

La expedición de títulos oficiales legales de tierras comunitarias puede resultar muy útil para lograr que la tenencia de la tierra de los Pueblos Indígenas sea más segura. Sin embargo, estos títulos no siempre proporcionan suficiente seguridad en la tenencia de la tierra, como se pone de manifiesto en numerosos casos en América Latina, América del Norte, el Ártico y el Pacífico. En América Latina y Rusia, a pesar de logros sustanciales en los marcos jurídicos reconociendo derechos de Pueblos Indígenas a la tierra, así como también avances en la expedición de títulos de propiedad de tierras, las industrias extractivas continúan adentrándose implacablemente en los territorios indígenas en busca de recursos. Casi todos los países de América Latina han ratificado el Convenio 169 de la OIT pero en raras ocasiones se llevan a cabo consultas efectivas (por no hablar del consentimiento libre, previo e informado).

El Mundo Indígena 2020 incluye varios ejemplos de despojos y expulsiones de Pueblos Indígenas de sus tierras.

A partir del mes de julio de 2019, cazadores-recolectores Ogiek de Kenia se vieron atrapados en la expulsión forzada autorizada por el Gobierno de 60.000 personas del bosque Mau. En ningún momento se realizó un adecuado proceso de investigación para identificar a aquellos ocupantes ilegales de las tierras y diferenciarlos de los Ogiek que han sido los custodios

tradicionales del Complejo Forestal Mau en el valle del Rift de Kenia y tienen garantizados derechos para estar allí de conformidad con una resolución judicial de 2017 emitida por la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

En la vecina Tanzania, la conservación y la protección de la flora y la fauna continúan siendo justificación principal para expulsión y violaciones de derechos humanos contra los Pueblos Indígenas. En julio de 2019, el comisario del distrito de Babati ordenó las expulsiones de pastoralistas y pescadores Barabaig y Masáis de varias aldeas, lo que culminó con la quema de más de 300 casas. La historia se repite prácticamente igual en la contigua Uganda donde el Organismo para la Flora y la Fauna Silvestres de Uganda (Uganda Wildlife Authority, UWA) sigue reclamando territorio para conservación, persistiendo por tanto en la restricción a los pastoralistas de pastos y agua. Estas expansiones se realizan habitualmente sin consulta y generan conflictos entre pastoralistas y la UWA.

En febrero de 2019,  el Tribunal Supremo de la India emitió una orden  a 21 gobiernos estatales para expulsar a más de un millón de pobladores tribales y de los bosques cuyas reclamaciones de tierra forestal habían sido rechazadas según la actual Ley de Derechos Forestales. Adicionalmente, la potencial adopción de una nueva Política Nacional de Bosques crearía un nuevo marco jurídico que permitiría a entidades y corporaciones privadas establecer y operar proyectos comerciales en tierras forestales y eliminaría de los documentos el lenguaje que cuidadosamente se refiere a los derechos de los Pueblos Indígenas. Además, se estuvieron realizando revisiones de la Ley  Forestal de la India sin incluir o consultar a personas indígenas    y se ampliarían drásticamente los poderes del Gobierno central y funcionarios forestales, incluyendo sus poderes de mantenimiento del orden. Y finalmente, la Ley de Enmienda de la Ciudadana aprobada en diciembre de 2019, promulgada para proporcionar ciudadanía a personas perseguidas por motivos religiosos de países vecinos, demostró ser problemática para millones de personas indígenas de India que temen que al aplicarse la ley serán convertidos en apátridas, expulsados o forzados a vivir en centros de detención, ya que no podrán demostrar su ciudadanía india.

En Myanmar, la Ley de Tierras Baldías, en Barbecho y Vírgenes (Virgin, Fallow and Vacant (VFV) Land Management Law), una ley controvertida, criticada por siete Relatores Especiales de las Naciones Unidas y recibida con protestas generalizadas, no obstante, entró en vigor en marzo de 2019. La ley exige que quien use o viva en tierras baldías, en barbecho y vírgenes ha de solicitar un permiso de 30 años y de no hacerlo se enfrenta a expulsión, multa y hasta dos años de cárcel. Esta ley afecta de manera desproporcionada a los Pueblos Indígenas ya que aproximadamente el 75% de dichas tierras se encuentra en los siete estados étnicos donde prevalecen sistemas de tierras consuetudinarios indígenas. Cuarenta y siete millones de hectáreas han sido oficialmente designadas tierras baldías, en barbecho y vírgenes, y si no se reclaman se entregarán a intereses empresariales.

En Indonesia en 2019 también se redactó un proyecto de ley sobre tierras que no reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas a sus tierras consuetudinarias, estipulando que dichas tierras deben estar registradas en el plazo de dos años desde la aprobación del proyecto de ley. Además, esas tierras deben también estar ocupadas, una clara amenaza para los Pueblos Indígenas que no ocupan grandes extensiones de tierra consuetudinaria, dejándolas en cambio sin tocar para su conservación según leyes consuetudinarias o inutilizadas como parte de prácticas de agricultura de rotación. El proyecto de ley también recibió críticas por no realizarse consultas abiertas al respecto.

Estallido de disturbios sociales en numerosas partes del mundo

La manifestaciones populares que están surgiendo por todos los rincones del planeta nos están obligando a darnos cuenta que las soluciones mundiales para la crisis climática requieren que también abordemos la creciente desigualdad y la falta de acceso de las personas – incluyendo Pueblos Indígenas – a educación, sanidad, alimentos y agua. Iniciativas relativas al clima son parte de la solución, pero estas iniciativas deben plantearse con un enfoque basado en derechos.

En Chile, Ecuador, Puerto Rico, Líbano, Hong Kong y Nepal – que experimentó su mayor protesta popular desde 2006 por intentar abolir un sistema de autogobierno consuetudinario indígena – las movilizaciones populares han obtenido concesiones de la élite en el poder. Las razones para las protestas son numerosas, pero todas ellas tienen su origen en la exigencia de corregir estructuras que crean desigualdad. En las últimas décadas, los más ricos del mundo se han hecho más ricos, mientras que los más pobres se han hecho más pobres. Y esta creciente desigualdad está ocurriendo a pesar de que en 2015 el mundo acordó un plan para mejorar la vida de toda la población mundial, sin dejar a nadie atrás.

Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) identificaron 17 ámbitos de actuación que juntos generarían desarrollo sostenible tanto para las personas como para el planeta, entre ellos, eliminación de la pobreza, reducción de la desigualdad y mejor cuidado y protección del medio ambiente.

Sin embargo, después de cinco años, se ha constatado poco progreso en estas 17 áreas y una gran proporción de los 476 millones de Pueblos Indígenas del mundo11, 12 frecuentemente son discriminados o incluso criminalizados y, en los peores casos, asesinados al defender sus derechos a las tierras – lo que difiere considerablemente de la finalidad expuesta en el ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Sin embargo, la reunión de evaluación de los ODS de julio de 2019 estuvo marcada por discursos de felicitación y las presentaciones gubernamentales se centraron en progreso e iniciativas puestas en marcha. Se hizo referencia a Chile como un ejemplo de ODS y su informe fue correspondido con sonoros aplausos. Tres meses después, millones de chilenos salieron a las calles protestando contra la creciente desigualdad y la falta de necesidades básicas en el país.

¿Cómo puede haber tanta disparidad entre la narrativa presentada internacionalmente y lo que las personas viven en el día a día en sus países? Parte de la respuesta es que al centrarse en uno de los ODS, los gobiernos pueden evitar rendir cuentas por los otros 16.

Aunque Chile ha logrado reducir el número de personas que viven en la pobreza durante la última década, sigue ostentando uno de los índices más elevados de desigualdad del mundo. Más aún, muchas personas luchan por acceder a necesidades básicas. Las personas Mapuche son algunos de los grupos afectados por tales cambios, y cuando se han opuesto a este tipo de desarrollo imperante defendiendo sus derechos, han sido criminalizados y arrestados.

En Chile, las protestas populares forzaron al presidente a trasladar la COP25 a España para que él pudiera “poner los problemas y los intereses de los chilenos, sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas, primeros en la fila”, dando a entender que el Gobierno de Chile no puede centrarse en resolver la crisis climática cuando son más acuciantes otras prioridades.

Sin embargo, es importante entender que “la injusticia social y la crisis climática tienen una causa común” como expresó Climate Action Network en un comunicado de prensa tras conocerse la reubicación de la COP.13 Por tanto, no podemos resolver un problema ignorando otro.

Las mujeres indígenas siguen adelante perseverando contra viento y marea

Las mujeres indígenas de todo el mundo sufren triple discriminación ya que no solo se les discrimina simplemente por ser mujeres o por ser indígenas, sino también por ser mujeres indígenas. Las mujeres indígenas a menudo no solo se quedan fuera de procesos políticos locales y nacionales sino que también son excluidas de procesos y estructuras de toma de decisiones dentro de comunidades indígenas.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, D. Michel Forst, explicó en su informe de marzo de 2019, que en el actual clima político actual hay una reacción contra defensores y defensoras de derechos humanos, y las mujeres defensoras son a menudo las primeras a las que se ataca. El Relator Especial exhortó a la comunidad internacional a reconocer los problemas concretos, los desafíos y los riesgos a los que se enfrentan las defensoras de derechos humanos y a asegurar que esas defensoras sean reconocidas, respaldadas y se les permite participar activa y significativamente y en condiciones de igualdad en la promoción y la protección de los derechos humanos. 14

Durante 2019, las mujeres indígenas, contra todo pronóstico de adversidad, hicieron oír sus voces. En diciembre, un grupo de mujeres indígenas de 15 países de África y América Latina se reunieron en Camerún para preparar la reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer Beijing+25 en 2020 (pospuesta luego por la COVID-19). Señalaron que desde 1995 las mujeres indígenas han realizado un significativo progreso en reivindicar y abogar por sus derechos y aumentar su participación política, aunque el cambio es lento y limitado y siguen encontrando numerosos obstáculos peligrosos.

A pesar de los logros, el grupo también indicó que mujeres y niñas indígenas siguen sufriendo discriminación y marginación, no tienen acceso a educación, carecen de acceso a propiedad de la tierra y, más peligrosamente, sufren violencia de género– incluyendo violencia sexual, asesinatos machistas, prácticas tradicionales dañinas, violencia doméstica, violencia en el contexto de conflictos y tráfico de seres humanos.

En un preocupante informe de esta edición relativo a Bangladesh, se reseñan decenas de casos de violencia contra mujeres indígenas cometidos en 2019, como el asesinato de cinco mujeres, las agresiones sexuales y físicas a casi 100 mujeres, la violación de siete mujeres y niñas, la violación en grupo de tres mujeres y niñas y el intento de violación de otras siete.

En otro inquietante informe en el capítulo de India, la Oficina Nacional de Registro Criminal (National Crime Records Bureau) indicó que 1.008 mujeres tribales, incluyendo 399 niñas, fueron violadas en 2018.

Sin embargo, a las mujeres y niñas indígenas no se las debe percibir solo con la idea de víctimas. En realidad, ellas son agentes activos de cambio en la sociedad y lideresas en sostenibilidad, estando en primera línea de promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas y de los derechos de las mujeres, así como también desempeñando un papel esencial en salvaguardar y transmitir conocimientos, tradiciones, culturas y lenguas indígenas.

En Chile, mujeres indígenas estuvieron presentes y formaron parte de las protestas que se sucedieron en el país e hicieron hincapié en que la política extractiva del Gobierno constituye una forma cotidiana de violencia que no solo daña sus tierras, sino también su modo de vida, que ellas, como mujeres, son responsables de transmitir a las nuevas generaciones, incluyendo no solo cultura y tradiciones, sino también protección ambiental, protección de plantas medicinales y mantenimiento de la soberania alimentaria.

El capítulo sobre Chile también indica que las mujeres Mapuche han estando movilizando organizaciones indígenas para combatir el despojo de tierras, proteger los recursos hídricos, revitalizar las lenguas y proteger el medio ambiente. Asimismo, están forjando amplias alianzas entre sectores de todo el país para amplificar sus voces reivindicando que el actual sistema de gobierno tiene que cambiar.

El capítulo de la República Centroafricana detalla que durante 2019 el Gobierno y varias ONG organizaron talleres con mujeres indígenas para identificar las causas de la deforestación y degradación de los ecosistemas, así como también para fomentar capacidades en las comunidades sobre técnicas destinadas a restaurar áreas degradadas y áreas protegidas y sagradas. El capítulo sobre el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas comienza destacando en su reunión anual de 2019 un importante panel que incluyó a siete mujeres indígenas de todo el mundo que habían superado grandes dificultades para formar parte del debate político nacional ocupando cargos públicos electos en parlamentos, ministe-

rios y otros órganos.

Los Pueblos Indígenas se defienden y ganan casos

Mientras uno de los lados de la moneda aglutina un panorama de tremendas amenazas y despojo de tierras, el otro lado enseña que los Pueblos In-

dígenas han demostrado ser muy fuertes, resilientes y capaces de defenderse a sí mismos y a su biodiversidad. Prueba de ello es el hecho de que los Pueblos Indígenas todavía sobreviven, lo que es impresionantemente admirable dados los numerosos intentos de asimilación y extinción. Aún ocupan muchos de sus territorios ancestrales, mantienen en gran medida sus culturas y tradiciones únicas, y son los guardianes de la mayor parte de la diversidad biológica y cultural del mundo. Ya no luchan en solitario sino que se han organizado en movimientos locales, nacionales y mundiales, han garantizado sus derechos en el derecho internacional, desempeñan activos roles en procesos internacionales importantes que afectan a sus derechos y medios de vida, han conseguido favorables conclusiones finales de varios mecanismos internacionales de derechos humanos y han ganado importantes casos judiciales nacional e internacionalmente. Esta es una oportunidad única e importante– y el punto de partida para la lucha contra el despojo de tierras.

A nivel nacional, la crónica de El Mundo Indígena 2020 también informa de algunas victorias, aunque algunas agridulces.

El pueblo Truku de Taiwán ganó una batalla judicial contra Asia Cement Corporation, revocando su ampliación de 20 años de explotación minera en tierras Truku porque la empresa no llevó a cabo las debidas consultas. No obstante, la empresa ha apelado la decisión y prosigue con sus actividades mineras.

A lo largo de 2019, los Majhis, Baram, Newa, Magar, Kiratis y Santhals de Nepal han estado planteando la cuestión de establecer Áreas Especiales, Protegidas y Autónomas para reclamar propiedad y control sobre sus tierras, territorios y recursos. Sus actuaciones se inspiraron en una orden judicial emitida por el Tribunal Supremo de Nepal el 31 diciembre de 2018 que estipula que se deben aprobar leyes para establecer la Área Especial, Protegida y Autónoma Baram como consagrado en la Constitución. Los Baram son uno de los 59 Pueblos Indígenas oficialmente reconocidos por el Gobierno y un grupo muy marginado.

Tras años de lucha, el proyecto de extracción de oro Montagne d’Or que se planeaba poner en funcionamiento en la Guayana Francesa se paralizó oficialmente. La Organización de Naciones Indígenas Guayanesas en sus comunicaciones a varios órganos de las Naciones Unidas explicó que la mina operaría en tierras ancestrales, crearía riesgos de contaminación y que nunca se había realizado un proceso de consulta adecuado. Después de generalizada y fuerte oposición de los Pueblos Indígenas del territorio, ecologistas y público en general, el ministro francés de Medio Ambiente

anunció que el proyecto no seguiría adelante, haciéndose eco de las declaraciones realizadas por el presidente francés Emmanuel Macron. La decisión fue posteriormente confirmada en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Acción Climática en septiembre de 2019.

En noviembre, tras nueve años de negociaciones se presentó el primer acuerdo del mundo sobre distribución de beneficios en todo un sector industrial, concretamente, entre los Khoikhoi y San y el sector del rooibos de Sudáfrica. El acuerdo finalmente expresó el reconocimiento de las personas Khoikhoi y San como los titulares de conocimientos tradicionales de los usos del rooibos, cuyas hojas se utilizan habitualmente para infusiones. El acuerdo determina el reparto justo y equitativo de los beneficios resultantes del uso de recursos biológicos y conocimientos tradicionales indígenas, e incluye el consentimiento libre, previo e informado al acceder y utilizar conocimientos tradicionales.

Mientras que en Argentina algunos casos judiciales sobre Pueblos Indígenas siguen pendientes de enjuiciamiento, sí se dictaminó una decisión histórica sobre el pueblo Pilagá de la provincia de Formosa y la masacre acaecida en 1947. El juez de este caso declaró responsable al Estado de Argentina y en el encuadramiento jurídico declaró la acción como un crimen de lesa humanidad que viola el Tratado de Roma. Se trata de un hito al ser la primera vez que las políticas de exterminio del Estado argentino se clasificaron como tal y que el sistema de justicia comprobó la veracidad de estos trágicos acontecimientos históricos.

En 2019, el Tribunal Supremo de Australia dictaminó que el gobierno del Territorio del Norte pagara 2,53 millones de dólares australianos de indemnización a los pueblos Ngaliwurru y Nungali por la pérdida de Título Nativo en Timber Creek, un caso que comenzó en 2011 cuando los pueblos demandaron al gobierno. La significativa sentencia puede sentar precedente para otros pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres al objeto de futuras reclamaciones de indemnización y ha reconocido jurídicamente la conexión espiritual y cultural de los pueblos con la tierra.

Año Internacional de las Lenguas Indígenas

2019 fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, focalizando nítidamente la fragilidad de las miles de lenguas que se hablan en el mundo actual. Al menos el 40% de las aproximadamente 7.000 lenguas que existen en el mundo de hoy están en peligro de desaparición. Muchas de estas

lenguas pertenecen a Pueblos Indígenas, y si algo no lo remedia pronto, la UNESCO predice que la humanidad perderá hasta 3.000 de ellas a finales de siglo.

Por ejemplo, menos de una de cada cinco personas indígenas en Canadá hablan con fluidez sus lenguas tradicionales y muchas lenguas están a punto de extinguirse. En junio de 2019, el Gobierno federal aprobó una ley sobre lenguas indígenas que garantizará que el Gobierno proporcione financiación sostenible a largo plazo para lenguas indígenas, establezca una Oficina de Comisariado de las Lenguas Indígenas y facilite colaboración entre los gobiernos federal, provinciales, territoriales e indígenas para apoyar las lenguas indígenas.

En Marruecos, el Gobierno aprobó una ley, después de varios años de debates, convirtiendo al tamazight en una lengua oficial del país, lo que contribuye de manera significativa a consolidar oficialmente la identidad Amazigh en el país y establece un marco jurídico para sus derechos lingüísticos y culturales.

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 2019 adoptó una resolución instando a los países africanos y a la Unión Africana a fomentar y preservar las lenguas indígenas, incluyendo la asignación de fondos para ello.

De cara al futuro, en enero de 2020 Naciones Unidas anunció la designación de 2022-2032 como la Década Internacional de las Lenguas Indígenas con la finalidad de profundizar en la atención mundial sobre las lenguas indígenas para apoyarlas y promoverlas.

Promover, proteger, defender

Los Pueblos Indígenas son uno de los grupos más vulnerables y marginados del mundo, en lucha constante frente a adversos intereses sociopolíticos y comerciales, así como también siendo de los primeros en tener que afrontar las tremendas embestidas del cambio climático. Y sin embargo, a pesar de todas estas vicisitudes, los Pueblos Indígenas han demostrado su fortaleza, su resiliencia y su capacidad de organizarse y defenderse.

Todavía ocupan muchos de sus territorios ancestrales, honran dignamente y luchan por mantener sus culturas únicas, y actúan como los guardianes primordiales de la mayor parte de la diversidad biológica y cultural del mundo. Los Pueblos Indígenas son una parte integral de la sostenibilidad y la adecuada gestión de los recursos naturales; sus conocimientos y comprensión de nuestro mundo son una parte fundamental de las soluciones que necesitamos para conseguir un futuro más justo, más equitativo y más sostenible para toda la humanidad.

Todos nosotros tenemos la obligación de escuchar y aprender de la experiencia y los conocimientos de los Pueblos Indígenas y hacer todo lo más que podamos para detener las injusticias que ocurren cada día contra ellos. Con esta edición de El Mundo Indígena estamos rindiendo homenaje a sus vidas, sus luchas, su historia y sus conocimientos expertos, aportando este espacio para dar a conocer sus realidades.

Dwayne Mamo

Editor general

Kathrin Wessendorf

Directora ejecutiva Copenhague, abril de 2020

Notas y referencias

  1. El Banco “The Role of Indigenous Peoples in Biodiversity Conservation: The Natural but Often Forgotten Partners.” Mayo de 2008: http://documents. worldbank.org/curated/en/995271468177530126/pdf/443000WP0BOX321on- servation01PUBLIC1.pdf
  2. Rights and Resources Initiative (RRI) Land Mark y Woods Hole Research “Hacia una referencia mundial del almacenamiento de carbono en tierras colectivas.” Noviembre de 2016: http://rightsandresources.org/wp-content/ uploads/2016/12/Hacia-referencia-mundial-almacenamiento-de-carbono-en-tierras-colectivas_noviembre-2016_RRI-WHRC-WRI.pdf
  3. Climate Action Summit 2019, Declaración, “Iniciativa Mundial de los Pueblos Indígenas para la Cumbre de Acción Climática del Secretario General de las Naciones Unidas.” Consultado el 19 de marzo de 2020: https://www.iwgia.org/ima-o ges/documents/Statements-support/Tuntiak_Katan_statement_UK pdf
  4. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) “Climate Change and Land: IPCC Special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems.” Consultado el 19 de marzo 2020: https://www.ipcc.ch/srccl/
  5. The Land Portal. “Unprecedented Wave of “Criminalization” Sweeping the Globe to Silence Indigenous Peoples”. 28 de agosto de 2018: https://www.landportal.org/news/2018/08/unprecedented-wave-criminalization-sweeping-globe-si- lence-indigenous-peoples
  6. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. “Indigenous Peoples’ Proposed Action on Nature Based Solution Climate Summit.” Consultado el 16 de abril de 2020: https://wedocs.unep.org/bitstream/hand-s le/20.500.11822/28890/Securing_rights.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  7. “Siberian fires having catastrophic effects on indigenous peoples and livelihoods.” 15 de octubre de 2019: https://www.iwgia.org/en/russia/3516-sibe-. rian-fires-having-catastrophic-effects-on-indigenous-peoples-and-livelihoods. html?highlight=WyJzaWJlcmlhIiwic2liZXJpYScuIiwic2liZXJpYSciLCJzaWJlc- mlhJ3MiXQ==
  8. Indigenous Peoples Rights International. “A New Initiative to Prevent Criminalization and Impunity Against Indigenous Peoples is Born.” Consultado el 25 de marzo de 2020: https://www.indigenousrightsinternational.org/index.php/en/
  9. Global Witness Report. “Defending The Philippines.” 24 de septiembre de 2019: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defen- ding-philippines/
  10. Iniciativa de Tolerancia Cero. Consultado el 25 de marzo de 2020: https://es.zerotoleranceinitiative.org/
  11. Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Es imperioso actuar para resolver la pobreza y las desigualdades que padecen los pueblos indígenas.” 3 de febrero de 2020: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/ WCMS_735626/lang--es/index.htm
  12. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). “Pueblos Indígenas.” Consultado el 15 de abril de 2020: https://www.ifad.org/es/indigenous-peoples
  13. Climate Action Network. “Climate Action Network reacciona a la decisión del gobierno de Chile de suspender la COP25”. 30 de octubre de 2019: http://www.climatenetwork.org/press-release/climate-action-network-reacts-deci- sion-chile-withdraw-host-cop25
  14. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). “Situación de las defensoras de los derechos humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.” 40º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de 2019. A/HRC/40/60. Consultado el 25 de marzo de 2020: https://undocs.org/es/A/ HRC/40/60

 

Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2020 aquí

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