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El Mundo Indígena 2019: Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas

El Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es uno de los 56 “procedimientos especiales” del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los procedimientos especiales son expertos independientes de derechos humanos con el mandato de informar y asesorar en materia de derechos humanos desde una perspectiva temática o específica de cada país.

El Relator Especial tiene el mandato de fomentar la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) e instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes; examinar modos y medios de superar obstáculos existentes para la plena y efectiva protección de los derechos de los pueblos indígenas; promover mejores prácticas; reunir e intercambiar información de todas las fuentes que corresponda sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas; y formular recomendaciones y propuestas sobre las medidas y actividades adecuadas para prevenir y reparar las violaciones de estos derechos. Tiene también el mandato de trabajar en coordinación con otros procedimientos especiales y órganos subsidiarios del Consejo de Derechos Humanos, los órganos de tratados de derechos humanos, organismos pertinentes de las Naciones Unidas y organizaciones regionales de derechos humanos.[1]

De conformidad con su mandato, el Relator Especial puede recibir e investigar quejas de individuos, grupos o comunidades indígenas, llevar a cabo estudios temáticos, realizar visitas a países y formular recomendaciones a gobiernos y otros actores.

El primer Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Prof. Rodolfo Stavenhagen, fue designado por la entonces Comisión de Derechos Humanos en 2001 y ostentó el cargo durante dos períodos de tres años que finalizaron en 2008. El segundo Relator Especial, Prof. James Anaya, fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos en 2008 y concluyó su mandato en 2014. D.ª Victoria Tauli-Corpuz de Filipinas fue nombrada tercera Relatora Especial por el Consejo de Derechos Humanos y comenzó su mandato en junio de 2014. Es la primera mujer y la primera persona de la región de Asia que asume este cargo.

En 2018, la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, prosiguió su labor dentro de sus cuatro principales áreas de trabajo. Estas son promover buenas prácticas; responder a casos específicos de supuestas violaciones de derechos humanos; efectuar evaluaciones de países; y realizar dos estudios temáticos.

Estudio temático sobre las agresiones y la criminalización que sufren los defensores de los derechos indígenas

El primer estudio temático presentado al Consejo de Derechos Humanos en 2018 aborda la situación de agresiones y criminalización a la que se ven sometidos los defensores de los derechos humanos indígenas y la disponibilidad de medidas de prevención y protección.[2] El estudio documenta una drástica y preocupante intensificación en la criminalización y las amenazas a que se ven sometidos los pueblos indígenas, en particular cuando están defendiendo y ejercitando sus derechos a sus tierras, territorios y recursos naturales. Las violaciones de los derechos humanos a menudo surgen cuando dirigentes y miembros de comunidades indígenas manifiestan su preocupación por proyectos de gran envergadura en relación con las industrias extractivas, la agroindustria, las infraestructuras, las presas hidroeléctricas y la tala de árboles que se llevan a cabo en sus tierras, territorios y recursos sin consultas ni su consentimiento libre, previo o informado (CLPI). El estudio analiza las causas fundamentales y los factores impulsores de la situación actual, calificada como “crisis mundial”, detalla el mapa de tendencias globales y proporciona ejemplos por países de casos de violencia, ataques, criminalización y hostigamiento a pueblos indígenas que defienden sus derechos.  

En las conclusiones y recomendaciones del estudio, la Relatora Especial insta a adoptar un enfoque de tolerancia cero respecto de los asesinatos y la violencia contra los defensores de los derechos humanos de los indígenas, así como también a investigar con prontitud e imparcialidad todos los ataques. Para abordar la cuestión de la criminalización hay que efectuar un examen exhaustivo de las leyes nacionales y derogar las  leyes y los procedimientos penales que vulneren el principio de legalidad y estén en contradicción con las obligaciones internacionales. Asimismo, deben derogarse disposiciones que criminalizan la libertad de expresión y reunión y los medios de subsistencia indígena, como la agricultura rotativa, la caza y la recolección.  Las empresas privadas tienen la responsabilidad de ejercer la debida diligencia en materia de derechos humanos en todas las operaciones, llevar permanentemente a cabo evaluaciones de impacto en los derechos humanos de todos los proyectos, con la plena participación de las comunidades indígenas que puedan verse afectadas, y evitar todo acto de difamación que estigmatice a los pueblos indígenas. Los organismos de los Estados, las instituciones financieras internacionales y los donantes han de establecer y aplicar salvaguardias que sean compatibles con las obligaciones de derechos humanos y supervisen el cumplimiento de las mismas. Las medidas de protección para los pueblos indígenas han de ser culturalmente apropiadas, considerar aspectos de género y ser desarrolladas conjuntamente con las comunidades afectadas. Se debe dar prioridad a apoyar medidas de protección dirigidas por las comunidades.

Las conclusiones del informe se basan en consultas con representantes de pueblos indígenas y más de 70 comunicaciones escritas de organizaciones indígenas y de derechos humanos y otras partes. La Relatora Especial continúa supervisando la situación a través de sus informes, comunicaciones, así como participación en una  campaña global para asegurar un foco de atención constante en los riesgos a los que se enfrentan los pueblos indígenas.

En la mitad de la preparación del informe, el tema de la “criminalización de los pueblos indígenas” afectó a título personal a la Relatora Especial. Como represalia por haber expresado su preocupación por la creciente violencia en Filipinas, en febrero de 2018, fue incluida junto con otros 30 conocidos defensores de los derechos de los pueblos indígenas y unas 600 personas en total, en una demanda presentada por el Departamento de Justicia, de facto alegando que eran terroristas y miembros del Nuevo Ejército del Pueblo y el Partido Comunista de Filipinas. Se produjo un clamor global contra la demanda y la Relatora Especial recibió apoyo por parte de pueblos indígenas, agencias de las Naciones Unidas y gobiernos de todo el mundo. El 27 de julio de 2018, el Tribunal Regional de Manila declaró a la Relatora Especial como no parte en la demanda.

Estudio temático sobre los pueblos indígenas y el autogobierno

En octubre de 2018, la Relatora Especial presentó su segundo estudio de 2018 en el 73º período de sesiones de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.[3] El estudio ofrece un comentario introductorio sobre el tema de “Los pueblos indígenas y el  autogobierno”, una cuestión a la que la Relatora Especial tiene previsto dedicar mayor análisis en sus estudios temáticos de 2019. Los sistemas de gobernanza indígenas han demostrado ser resilientes durante el paso de los siglos a pesar de la colonización, ataques e intentos de socavarlos en nombre de la construcción de las correspondientes naciones. Aún hoy en día, estos sistemas, que a menudo incluyen leyes consuetudinarias, mecanismos de resolución de litigios y decisorios, son esenciales para asegurar el bienestar y los derechos de los pueblos indígenas, en particular a su libre determinación y al desarrollo basado en esa libre determinación. El estudio aporta una visión general del marco jurídico internacional sobre el derecho a autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas y posteriormente examina algunos ejemplos concretos de la amplia diversidad de sistemas de gobernanza indígenas que existen en todo el mundo.

En vista de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el estudio analiza la contribución de los sistema de autogobierno de los pueblos indígenas a resultados en materia de desarrollo, incluyendo reducción de conflictos, medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, conservación, servicios sociales y atención sanitaria culturalmente apropiada, progreso económico y otros resultados positivos logrados en materia de desarrollo. Abundantes pruebas indican que los programas de desarrollo que potencian al máximo la capacidad de los pueblos indígenas para participar en la adopción y la ejecución de decisiones arrojan mejores resultados que los controlados por actores externos. El informe destaca que el desarrollo libremente determinado solo se puede conseguir garantizando la involucración efectiva de los pueblos indígenas en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Visitas a países

La Relatora Especial realizó dos visitas a países en 2018, concretamente a Guatemala y Ecuador. Durante el 39º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2018 presentó su informe sobre la visita a Guatemala, mientras que el informe de su visita a Ecuador será presentado en el 42º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019.

La Relatora Especial llevó a cabo su visita a Guatemala del 1 al 10 de mayo de 2018.[4] Durante la visita, fue testigo de cómo los pueblos indígenas continúan haciendo frente a racismo estructural y falta de acceso a justicia, participación política, educación, atención sanitaria y empleo formal. Esto a pesar de que los pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población. Los niveles de desigualdad están incrementándose y aproximadamente el 40% de los pueblos indígenas aún vive en extrema pobreza. Más de la mitad de todos los niños indígenas de Guatemala sufren desnutrición.  

El informe analiza las causas subyacentes de esta situación, entre ellas, la impunidad, la corrupción, la debilidad institucional y el legado de violencia derivado del conflicto armado interno que vivió el país desde 1960 a 1996. El incumplimiento de los Acuerdos de Paz para resolver el conflicto ha minado el progreso en muchas áreas, como la reforma agraria, el reconocimiento de las autoridades indígenas, el acceso a la justicia, la participación política y la educación bilingüe intercultural. La Relatora Especial señaló como una preocupación especial la falta de protección y legislación sobre los derechos de los pueblos indígenas a tierras, territorios y recursos naturales. Expresó profunda preocupación sobre el resurgimiento de violencia, ataques, desalojos forzados y la criminalización de los pueblos indígenas que defienden sus derechos.

Del 19 al 29 de noviembre de 2018, la Relatora Especial realizó una visita a Ecuador. En las conclusiones de su declaración de fin de misión[5] señala que la Constitución de Ecuador de 2008 proporciona las bases para construir un Estado plurinacional e intercultural, pero que es necesario hacer más para asegurar que los derechos de los pueblos indígenas tengan prioridad ante la extracción de recursos y las ganancias económicas a corto plazo. Aunque recibido con beneplácito el diálogo que el nuevo Gobierno ha iniciado con los pueblos indígenas y los resultados iniciales, en particular relativos a educación bilingüe intercultural, la Relatora Especial instó a dar prioridad a los problemas estructurales que afectan a los derechos de los pueblos indígenas en el país. Estos incluyen ante todo la protección de sus derechos a tierras, territorios y recursos, consultas adecuadas y CLPI, especialmente en relación con proyectos de extracción, agroindustria e inversión, y armonización de los sistemas judiciales indígenas y ordinarios. La Relatora Especial también evaluó la situación específica de pueblos indígenas con pequeñas poblaciones; pueblos indígenas cerca de la frontera norte, en aislamiento voluntario, en relación con su contacto inicial y mujeres indígenas.

Durante el tiempo restante de su mandato, la Relatora Especial hará esfuerzos especiales para obtener invitaciones con el fin de realizar visitas a países en las regiones de África y Asia.

Comunicaciones

La Relatora Especial continuó la labor de examinar casos de supuestas violaciones de los derechos humanos de pueblos indígenas y se dirigió a los países afectados y a otros actores privados a través del procedimiento de comunicaciones, bien de manera independiente o junto con otros procedimientos especiales. Los casos abordados están incluidos en el informe conjunto de comunicaciones de los procedimientos especiales que se presenta en cada período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.[6] En 2018, el mandado emitió 55 comunicaciones a más de 20 países diferentes, así como también a otras entidades, tales como corporaciones privadas y organizaciones intergubernamentales.

Durante 2018, la Relatora Especial también emitió comunicados de prensa[7] sobre una serie de temas diferentes: los niños migrantes indígenas que se encuentran detenidos en los Estados Unidos de America, el histórico tratado “Acuerdo de Escazú” para la defensa de los derechos ambientales en la región de América Latina y Caribe, una sentencia judicial que reconoce a los mayas ixil como víctimas de genocidio en Guatemala, la condena de siete personas involucradas en el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas en la implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático y varios casos específicos de asesinatos, violencia y criminalización de personas y comunidades indígenas defendiendo sus derechos.

Algunas de las comunicaciones y comunicados de prensa tuvieron efecto inmediato. Por ejemplo, en enero de 2018, la Relatora Especial junto con otros procedimientos especiales emitió un comunicado de prensa para llamar la atención sobre violaciones de derechos humanos de los sengwer en relación con un proyecto importante de cambio climático en el bosque Embobut en Kenia. En el plazo de 48 horas, la Comisión Europea, que estaba financiando el proyecto, decidió suspender todo el proyecto en espera de llevar a cabo un estudio sobre los derechos humanos afectados. La Relatora Especial continúa realizando seguimiento de la situación de los sengwer.


Colaboración con otros organismos especializados de la ONU y organismos regionales de derechos humanos

En línea con su mandato, la Relatora Especial colaboró con el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP) y participó en los períodos de sesiones anuales y reuniones de coordinación de ambos organismos. Durante sus períodos de sesiones, la Relatora Especial también mantuvo reuniones bilaterales con más de 35 delegaciones de pueblos indígenas y Gobiernos interesados para debatir cuestiones dentro del ámbito  de su mandato.

Además acudió a varias reuniones de grupos de expertos de las Naciones Unidas, incluyendo la reunión del grupo de expertos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas sobre el tema de “Desarrollo sostenible en los territorios de los pueblos indígenas” en enero de 2018 y la reunión del grupo de expertos de la Relatora Especial en el ámbito de derechos culturales sobre “Fortalecer el enfoque de derechos culturales en la universalidad de los derechos humanos” en febrero de 2018.

La Relatora Especial considera importante reforzar la coordinación con organismos de derechos humanos regionales, así como también con órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas y otros titulares de mandatos de los procedimientos especiales. En términos de cooperación con otros procedimientos especiales, la Relatora emitió comunicación conjunta y comunicados de prensa y asistió a la reunión anual de los procedimientos especiales. Continuó dando prioridad a colaboración con la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (IACHR), presentando un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial, tras una reunión conjunta con la IACHR y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en 2017.[8]

La Relatora Especial también ha proseguido su colaboración con agencias y fondos de la ONU en sus áreas de trabajo para promover el respeto por los derechos de los pueblos indígenas. En particular, se centró en hacer hincapié en los derechos de los pueblos indígenas en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con esta premisa, asistió al Foro Político de Alto Nivel 2018 (HLPF) en Nueva York, donde participó en los exámenes nacionales voluntarios y participó en el panel sobre “No dejar a nadie atrás” para enfatizar la importancia de respetar los derechos de los pueblos indígenas y asegurar su participación en el contexto del desarrollo sostenible. Durante el HLPF, la Relatora Especial también intervino en varios eventos organizados por agencias de la ONU, entre ellas, el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Otras actividades

En 2018, la Relatora Especial llevó a cabo varias visitas académicas a diversos países. En octubre de 2018, visitó Camboya para dar una conferencia sobre “Pueblos indígenas y el sector empresarial” en la Universidad Real de Derecho y Economía (RULE). Además, entabló conversaciones con varios ministerios para analizar el proceso de titulación de tierra colectiva en Camboya. Más adelante en el año, la Relatora Especial hizo una visita de trabajo a México, donde presentó las conclusiones de su informe sobre su visita al país en 2017. También realizó una visita académica a Colombia para pronunciar una conferencia en la Universidad Nacional de Colombia.

La Relatora Especial tiene el mandato de dedicar especial atención en su trabajo a los derechos de las mujeres indígenas. Aparte de observaciones y recomendaciones específicas en sus informes de países, participó en el 3º Simposio Internacional de Mujeres Indígenas sobre Salud Reproductiva y Ambiental en la Universidad de Columbia y pronunció un discurso inaugural en la 4ª Conferencia de la Red de Mujeres Indígenas de Asia en Bangkok.

La Relatora Especial siguió ocupándose de defender los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de cambio climático y proyectos de conservación. Esto implicó su involucración en la permanente sensibilización sobre el tema, así como su asistencia, entre otros, a la 24ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Polonia y la Cumbre del Clima de California.

En septiembre de 2018 habló en la conferencia organizada por IWGIA titulada: “Defender a los defensores: Nuevas alianzas para proteger los derechos de los pueblos indígenas”. En diciembre de 2018, participó en el Foro Anual de la Comisión Internacional de Juristas, celebrado en Bangkok, sobre el tema de sistemas de justicia indígenas y otros tradicionales o consuetudinarios de Asia.

En 2019, la Relatora Especial continuará dando prioridad a maximizar la protección de los defensores de los derechos humanos indígenas. En su trabajo temático, se centrará en pueblos indígenas y autogobierno, así como también en el acceso a la justicia de los pueblos indígenas y la armonización de los sistemas de justicia indígenas y ordinarios.

La Relatora Especial ha creado una página web donde, además de a la página correspondiente a su mandato del ACNUDH,[9] se puede acceder a sus informes, declaraciones y otras actividades: www.unsrvtaulicorpuz.org.

[1] Véase OHCHR, “Mandate of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples” at http://bit.ly/2IEkqOH

[2] A/HRC/39/17, véase http://bit.ly/2SBCL3A

[3] A/73/176, véase http://bit.ly/2IHdVuo

[4] A/HRC/39/17/Add.3, véase http://bit.ly/2IHe9Sg

[5] Véase OHCHR, “End of mission statement by the United Nations Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, Victoria Tauli-Corpuz on her visit to Ecuador” en http://bit.ly/2IHepRe

[6] Véase OHCHR, “Special communications report” en http://bit.ly/2IFrMS6

[7] Véase OHCHR, News en http://bit.ly/2IPu68W

[8] A/HRC/39/17/Add.1, véase http://bit.ly/2TmwtoZ

[9] Véase ACNUDH, “Relatora Especial sobre pueblos indígenas” en http://bit.ly/2ThLaJK

Christine Evans y Julia Raavad dan apoyo al mandato de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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