Situación de derechos de pueblos indígenas en zonas petroleras del Perú en el contexto COVID 19

45 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
14 de Septiembre – 2 de Octubre
Punto de la agenda nr. 3
Información adicional al informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas
https://undocs.org/es/A/HRC/45/22
Sección A y B
Situación de derechos de pueblos indígenas en zonas petroleras del Perú en el contexto COVID 19

Presentado por:

- Subgrupo sobre derrames petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), CooperAcción, Earth Rights International (ERI), Equidad Perú, Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo (IDLADS), Instituto del Bien Común (IBC), Oxfam en Perú, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Vicariato Apostólico de Iquitos, Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

- Unidad de Protección de personas defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

- El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA)

  1. Introducción

Según el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas que se presentará durante la 45ava sesión del Consejo de Derechos Humanos, la pandemia del COVID-19 ha colocado a los pueblos indígenas en una situación de mayor vulnerabilidad puesto que además de enfrentar esta nueva enfermedad, vienen padeciendo diversas carencias históricas poco atendidas. Así mismo, dicho documento sostiene que se han intensificado las amenazas y los ataques contra los y las defensores de los derechos de los pueblos indígenas en contextos de actividades extractivas[1].

Adicionalmente a lo planteado por la Alta Comisionada, preocupa en particular la situación de los pueblos indígenas en zonas petroleras debido a casos de contaminación ambiental por derrames de desechos tóxicos que hasta el momento no han sido remediados y la población afectada no ha sido debidamente atendida[2], encontrándose en una situación de mayor riesgo.

Así mismo, queremos alertar al Consejo de Derechos Humanos, al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y al Mecanismos de Expertos sobre el negativo impacto que las medidas de reactivación económica y la flexibilización de las medidas ambientales tendrán tanto en la protección de los derechos de los pueblos indígenas como en el incremento de la conflictividad social

  1. Antecedentes:
    1. De acuerdo a un reciente estudio publicado por el Subgrupo sobre Derrames Petroleros[3], que forma parte del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos[4], del año 2000 hasta el 2019 se produjeron en el Perú 474 derrames en los lotes petroleros de la Amazonía y en el Oleoducto Norperuano (ONP). El resultado evidencia que el 65,4 % de los derrames que impactaron territorios amazónicos en los últimos veinte años ha sido provocado por la precariedad de las infraestructuras y la falta de adecuación de las empresas a la normativa ambiental. Como segunda causa de los derrames, aparece la acción de terceros con el 28,8 % y solo el 5,8 % de los casos son atribuidos a causas naturales. Adicionalmente, solo en los últimos cinco años han ocurrido más de 100 fugas de crudo.

Esta situación ha generado impactos muy negativos  en la salud de la población indígena, ubicada en los alrededores de las instalaciones petroleras. Según el Informe Final del Estudio Toxicológico y Epidemiológico, realizado en el año 2016 por el Ministerio de Salud en comunidades indígenas afectadas por los lotes 192 y 8 (que midió niveles de plomo, bario, arsénico, cadmio y mercurio acumulado en personas, animales de caza, peces, agua, frutos de bosque y chacras), determinó que los niveles de metales pesados en la población superan los límites establecidos por el propio Ministerio de Salud y estándares internacionales[5]. Esto sucede también en otras localidades indígenas amazónicas.

  1. Situación durante la cuarentena debido a COVID-19

Iniciada la cuarentena en el Perú, la mayor parte de las actividades económicas fueron suspendidas a excepción de las denominadas esenciales. En el sector petrolero, diversas empresas no detuvieron la producción. Desde el 15 de marzo,  cuando dio inició el estado de emergencia por la pandemia de COVID-19, hasta el 30 de julio 2020 han sucedido 14 derrames en todo el Perú[6], según el OEFA. La mayoría de estos derrames (8) ocurrieron en el Lote 192, el más grande del país, afectando a los pueblos Kichwa, Quechua y Achuar que son los colectivos indígenas más afectados por la pandemia[7]. Cabe señalar que los primeros casos COVID-19 en pueblos indígenas en la Amazonía peruana se dieron tras el ingreso de autoridades locales llevando alimentos, sin respetar las medidas de bioseguridad[8].

En medio del incremento de casos COVID-19, las comunidades indígenas en el Lote 192 solicitaron apoyo en medicamentos y oxígeno a las empresas petroleras y al Estado sin tener éxito. Puesto que algunas petroleras aprovecharon la situación para condicionar el acceso a oxígeno a cambio de reiniciar sus actividades[9] y el apoyo de parte del Estado ha sido insuficiente y en algunos casos los medicamentos obtenidos para tratar otras enfermedades estaban vencidos[10].

 

  1. Reactivación económica y flexibilización socioambiental

En el marco de la reactivación económica en el contexto COVID-19, el Estado Peruano ha venido debilitando el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, o pretendiendo hacerlo, como es el caso de la consulta previa virtual para la reanudación de proyectos extractivos[11] y la promulgación de 15 normas para la reactivación del sector petrolero[12] sin la participación ni consulta de los pueblos indígenas en el diseño, implementación y monitoreo de dichas actividades que se ejecutan en sus territorios. En ese sentido, se han desarrollado modificaciones y ampliaciones de contratos petroleros sin consulta a los pueblos indígenas.

Preocupa la reducción de distanciamiento social que se detalla en los protocolos sanitarios de prevención y respuesta frente al COVID-19 y la ausencia de límites en el número máximo de personas permitidas en los campamentos petroleros que al no manejarse de la manera correcta podría elevar el riesgo de contagio de los trabajadores y de las comunidades que se encuentran en el ámbito de influencia de la actividad petrolera.

A pesar de que los derrames petroleros se han mantenido durante la pandemia, el Estado no ha sido firme con las empresas petroleras para que prioricen la remediación y atención ante los derrames ocasionados; así mismo, la fiscalización ambiental virtual que realiza la OEFA no brinda las garantías ante los impacto generados.

Incremento del conflicto social

La falta de atención efectiva ante el crecimiento de contagios, en zonas con presencia petrolera, ha venido registrando diversos casos de conflicto. Uno de ellos que ha dejado como saldo la muerte de 3 indígenas kukamas[13] por el uso abusivo de la fuerza policial[14] en medio de una protesta social donde demandaban atención médica para enfrentar el COVID-19, servicios básicos (agua y saneamiento) y remediación a las zonas impactadas por los derrames petroleros. Esta acción represiva de parte del Estado se ha observado también en otras zonas de influencia de actividades extractivas.[15] 

  1. Recomendaciones para el Consejo de Derechos Humanos

A partir de lo anteriormente expuesto, llamamos la atención del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los desastrosos impactos que las medidas de reactivación económica y la flexibilización de las exigencias sociales y ambientales que el gobierno peruano viene implementando. Esto en virtud de las salvaguardas sobre los derechos de los pueblos indígenas y en protección a la integridad por el peligro de un agravamiento en la conflictividad social.

Ante ello, planteamos las siguientes recomendaciones:

  1. Exhortar a la OHCHR, al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y al Grupo de Trabajo sobre empresas y Derechos Humanos a establecer un diálogo con el Estado Peruano para que:
  • Urgentemente se desarrollen e implementen medidas que garanticen el derecho a la salud de los pueblos indígenas en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.
  • Que garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como participación efectiva con los pueblos indígenas, considerando los impactos diferenciados de género, tal como se reconoce en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
  • Que se evalúe el reinicio de las actividades extractivas en los territorios y con los pueblos indígenas, tanto el proceso de diseño, implementación y monitoreo. El diálogo deberán realizarse considerando criterios interculturales y estándares internacionales,
    1. Que no se proceda con la organización de consultas previas virtuales a pueblos indígenas y que se garantice el proceso de consulta previa, libre e informada desde la fase de exploración y no sólo en la fase explotación de recursos naturales, consultándose el Estudio de Impacto Ambiental.
    2. Que se implementen mayores exigencias obligatorias de bioseguridad que deban cumplir las empresas privadas en el desarrollo de sus operaciones en territorios indígenas, o adyacentes a ellos, las mismas que deban ser rigurosamente verificadas; y que las empresas, en estos territorios, mejoren sus políticas de relaciones comunitarias a fin de que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas.
    3. Que se mejoren los mecanismos de transparencia de información respecto a los impactos ambientales que causan las actividades extractivas, principalmente con los pueblos indígenas; así mismo se fortalezcan, los procedimientos de fiscalización, prevención, atención y mitigación, de manera presencial, de dichos impactos que brinden las garantías y protección necesarias.
    4. Que se garantice el acceso al agua, la remediación de los daños ambientales y atención a la salud de los afectados y afectadas por los derrames petroleros.
    5. Que se tomen las medidas necesarias para poner fin a la violencia contra las defensoras y defensores ambientales, se realice las investigaciones respectivas para identificar a los responsables y se atiendan a las familias y comunidades afectas.

 

 

[1] En el Perú también se han registrado 3 asesinatos a defensores indígenas por sicarios vinculados a actividades ilegales.

[2]     Medida cautelar No. 120-16 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la Comunidad nativa de Cuninico y San Pedro de Loreto - Perú https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/52-17MC120-16-PE.pdf

[3]     Conformado por: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), CooperAcción, EarthRights International (ERI), Equidad Perú, Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo (IDLADS), Instituto del Bien Común (IBC), Oxfam en Perú, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Vicariato Apostólico de Iquitos, Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

[4]     Ver: León, Aymara y Mario Zúñiga: “La sombra del petróleo, informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre 2000 y 2019”.  Ed. Oxfam Perú, primera edición, Lima, 2020. https://derramespetroleros.pe

[5]    Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud: Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud; Informe Niveles y factores de riesgo de exposición a metales pesados e hidrocarburos en los habitantes de las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón del Departamento de Loreto.  Lima, 2016. https://observatoriopetrolero.org/wp-content/uploads/2019/08/Informe-Toxicol%C3%B3gico-y-Epidemiol%C3%B3gico-del-MINSA-para-Cuatro-Cuencas.pdf

[6]     Ver: https://convoca.pe/agenda-propia/14-derrames-de-petroleo-han-ocurrido-durante-la-pandemia-en-el-peru

[7]     Los kichwa y los achuar son el segundo y tercer pueblo indígena más afectado por el COVID 19. https://ojo-publico.com/2020/awajun-y-kichwa-son-los-pueblos-indigenas-mas-afectados-por-covid-19

[8]     Ver: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-se-debe-investigar-contagio-de-covid-19-en-reparto-de-alimentos-en-comunidades-indigenas/

[9]     Ver: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/29/06/2020/petrolera-condiciona-acceso-oxigeno-cambio-de-reiniciar-actividades

[10]   Ver: https://observatoriopetrolero.org/escandalo-minsa-entrega-medicinas-vencidas-en-comunidad-achuar-antoquia-y-peligra-la-vida-de-ninas-y-ninos-por-malaria/

[11]   CIDH se pronuncia frente al anuncio de la Ministra de Economía y Finanzas de virtualizar la consulta previa. https://twitter.com/CIDH/status/1279202718402387968

[12]   Zuñiga, Mario (2020). Breve análisis de la normativa del sector energético petrolero en época del COVID 19 y cuarentena.

[13]   Ver https://ojo-publico.com/2006/violenta-represion-en-loreto-tres-indigenas-muertos-en-protesta

[14]   Ver https://ojo-publico.com/2028/necropsias-confirman-que-indigenas-murieron-por-impactos-de-bala

[15]   Ver Reporte Especial “Violación de derechos humanos que deben investigarse y repararse en la protesta social de Espinar - Cusco en julio del 2020” elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Derechos Humanos Sin Fronteras https://derechosinfronteras.pe/wp-content/uploads/2020/08/Violaciones-de-derechos-humanos-en-la-protesta-social-de-Espinar-DHSF-y-CNDDH.pdf

Etiquetas: Gobernanza Global

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