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    Pueblos indígenas en Colombia

    La población indígena en Colombia es de 1.500.000 personas, el 3.4% de la población total. Junto con los afrodescendientes y campesinos, muchos pueblos indígenas del país deben enfrentarse al desplazamiento forzado y al despojo territorial como resultado del conflicto armado de larga duración que sufrió Colombia. ´
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La falta de respuestas del Estado colombiano a los niños wayúu de La Guajira

POR JOANNA BARNEY

A pesar de sus riquezas naturales, en esta región ubicada sobre el Mar Caribe, las niñas y niños wayúu mueren de hambre y de sed. A las deudas históricas, se suma la explotación de las multinacionales, la falta de lluvias y la contaminación de los pozos de agua. Mientras un 39,7% de la población de La Guajira no alcanza la alimentación óptima, 433 niños indígenas menores de cinco años están desnutridos y 17 menores Wayúu han fallecido durante 2021. Para los más vulnerables, la realidad no ha dejado de empeorar y los niños wayúu siguen muriendo por causas evitables.

Lea el original en Debates Indígenas.

 
En el departamento de La Guajira, el grueso de la población son pueblos indígenas que han sobrevivido durante siglos a un clima hostil. A las deudas históricas, en los últimos años han tenido que resistir al despojo de las multinacionales que explotan sus recursos a cambio de trabajos de baja calidad y contaminación. A pesar de tantas riquezas naturales, en pleno siglo XXI, las niñas y niños se mueren, literalmente, de hambre y de sed en esta región ubicada sobre el Mar Caribe.

En este momento, existen espacios de negociación y diálogo para plantear políticas públicas sobre el acceso a la educación y las políticas ambientales. Asimismo, solicitan avances en deudas históricas y necesidades básicas: la salud, la economía propia, el cumplimiento de la Sentencia T-302 (el fallo de la Corte Constitucional en 2017 que ordenó al Estado a tomar medidas para frenar la muerte de niños wayuu causada por enfermedades prevenibles), el saneamiento básico, la vivienda digna para pueblos indígenas y afrodescendientes, y el acceso al agua potable. Lo más básico de lo básico.

Los wayúu y el problema del agua

En La Guajira, la etnia predominante es el pueblo Wayúu. Entre Colombia y Venezuela, se estima que hay al menos 400.000 miembros, de los cuales un 40% tenía menos de 14 años en 2018. Si bien son más nómadas que sedentarios, esto ha ido cambiando para adaptarse a sus nuevas realidades: han vivido de la cría de caprinos, bovinos y de la pesca. En la baja Guajira, el paisaje es diferente, y su clima y cantidad de lluvias hacen posible los cultivos de gran extensión.

El pueblo Wayúu se divide en castas y son representados por un animal totémico que los diferencia entre ellos. Sus mujeres usan mantas y sus hombres solo conservan las alpargatas y el sombrero tradicional. Han contado con la extraña suerte de tener muchas riquezas naturales: carbón, gas, sal, sol y viento. De estas riquezas, el único que se alimenta es el Estado colombiano y unas pocas multinacionales.

Sin embargo, en este departamento tan rico, árido y caliente, falta un recurso vital como el agua. Sin ríos de agua dulce y con lluvias escasas, la región también ha sido afectada por el fenómeno de El Niño y dependen de los acuíferos subterráneos. Los indígenas responsabilizan a los más de 30 años de explotación de carbón de contaminar sus reservorios. Como si fuera poco, las empresas mineras han conseguido licencias para desviar ríos y explotar sus lechos. En consecuencia, se han secado los pozos que los indígenas contaban para superar el verano.

Sumado a los cambios culturales, los wayúu cultivan menos, no recuerdan las semillas que los abuelos sembraban según las estrellas, no leen el clima con la frecuencia de antes y su ganado disminuye año a año por la escasez de alimento. Dependen cada vez más del arijuna, es decir, de los no indígenas. Pero los arijunas les ofrecen centavos por grandes transacciones, compran sus mochilas solo si estas están baratas, presionan a las mujeres wayúu para que cambien sus técnicas y materiales tradicionales por fórmulas menos costosas. De igual forma, las empresas que ingresan al territorio prometen trabajos precarios: si tienen suerte serán empleados de servicios o vigilantes de los proyectos.

A pesar de esto, su territorio es muy valioso para el Estado y está protegido por la Constitución de 1991 como un “territorio inembargable, inalienable e imprescriptible”, y la consulta previa, libre e informada planteada por el convenio 169 de la OIT. Sin embargo, el Estado ha declarado de “interés nacional” a las industrias extractivas que condenaron a las comunidades al reasentamiento involuntario y los desplazamientos que engrosan los cinturones de miseria de las ciudades. De esos primeros desplazamientos salen las fotos de niños indígenas comiendo de la basura que tanto circulan en los medios de comunicación.

Ese mismo Estado no ha resuelto un recurso vital como el agua y solo ha acudido a medidas transitorias en detrimento de las comunidades. A todo lo anterior, hay que sumar una fuerte ola migratoria que llega desde Venezuela. Los retornados, como los mismos wayúu llaman a los nacidos en Colombia y criados en Venezuela, han regresado por la crisis. Si bien muchos lograron estudiar, la oferta de trabajo formal en la Guajira es muy limitada.
 
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El aumento de la mortalidad se relaciona con la falta de acceso a fuentes de agua mejorada y necesidades básicas insatisfechas. Foto: Joanna Barney
 
Medidas para problemas históricos

Como toda comunidad que va perdiendo sus fuentes de sustento y su acceso al agua, la situación humanitaria se ha tornado preocupante. Sumado al precario acceso a la salud, la migración y el paulatino abandono de sus medios culturales, los índices de pobreza comienzan a subir y se suelen ver reflejados en los más vulnerables: los niños wayúu. Es así que la Sentencia T-302 del 2017 recogió cifras de mortalidad y desnutrición infantil difíciles de digerir.

La Corte Constitucional había tenido en cuenta las cifras referidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había reportado 4.770 decesos de niños por desnutrición o enfermedades asociadas, en un lapso de ocho años. De acuerdo al análisis estadístico, la mortalidad se relaciona con la falta de acceso a fuentes de agua mejorada, necesidades básicas insatisfechas y barreras a los servicios de salud en la primera infancia. Para 2013, la tasa de mortalidad asociada a desnutrición en menores de 5 años en La Guajira fue de 32,54 por cada 1.000 niños, mientras que el promedio nacional fue de 6,76.
 
Para 2020, cuando se cumplían cuatro años de emitida la sentencia, diversas organizaciones hicieron un balance de los indicadores: la mayoría estaba en rojo. De los más de 50 indicadores propuestos para los eventuales seguimientos, ni siquiera la mitad estaban construidos. Azotados por el Covid-19, la situación está lejos de mejorar. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sitúa a La Guajira como el departamento con mayor pobreza extrema. Esta posición siempre se la disputan entre la Guajira y el Choco, dos departamentos ricos en recursos y pobres en calidad de vida. El Defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo, confirmó que los problemas de alimentación, salud y agua potable persisten a tal grado que, durante 2021, se registran 17 menores Wayúu muertos por desnutrición o enfermedades asociadas a ella.

Para visibilizar lo anterior, el DANE elaboró un índice denominado “Incidencia de pobreza monetaria extrema” que se diferencia de la pobreza monetaria. Para ello, recaudó información de los hábitos de consumo de estos hogares y elaboró una canasta básica de alimentos que garantiza 2.100 calorías diarias para la subsistencia. Según el indicador, un 39,7% de la población de La Guajira no alcanza la alimentación óptima. Por otra parte, el indicador SIVIGILA, creado por la misma Sentencia T-302, arroja que del universo de pobres extremos 433 niños indígenas menores de cinco años ya están en condición de desnutrición durante 2021.
 
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El ganado de los wayúu disminuye año a año por la escasez de alimento. Foto: Joanna Barney
 
Combatir el hambre y la corrupción

Por su lado, Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins elaboraron un informe de seguimiento de la T-302 para instar al gobierno de Iván Duque a adoptar medidas concretas para garantizar los derechos de los niños indígenas wayúu de La Guajira. Entre las recomendaciones se destacan:

• Aumentar y orientar, de manera urgente, los esfuerzos para brindar alimentos, agua potable y elementos de higiene a las familias de La Guajira expuestas a un mayor riesgo de desnutrición. Particularmente, mientras las escuelas estén cerradas debido a la pandemia.

• Apoyar la extensión de actividades agrícolas, brigadas de salud animal, cooperativas agropecuarias y establecimientos agrícolas comunitarios a corto plazo, y tomar medidas para monitorear y mitigar los efectos del cambio climático a largo plazo.

• Agilizar el proyecto “Guajira Azul” del Ministerio de Vivienda para construir pilas públicas en todo La Guajira, orientando los esfuerzos a las comunidades expuestas a un mayor riesgo.

• Establecer y mantener sistemas permanentes de agua en las comunidades wayuu.

• Llevar a cabo un censo integral y una encuesta nutricional de las comunidades wayuu de la región para determinar la cantidad de casos de mortalidad infantil y desnutrición, así como el alcance de la migración venezolana, con el fin de definir políticas públicas.

• Aumentar la cantidad de fiscales, jueces e investigadores que se dedican a las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas sobre corrupción en La Guajira, y brindarles protección y capacitación adecuada para que puedan seguir adelante con su trabajo.

• Intensificar los esfuerzos para prevenir la corrupción en La Guajira y garantizar procesos de contratación competitivos y transparentes.

Si bien es cierto que a la Guajira ingresan limitados recursos, también es cierto que una gran parte de ellos se pierden. De hecho, pocos gobernadores alcanzan a terminar sus períodos antes de ser destituidos por corrupción y desviación de recursos. Los recursos destinados a los programas de salud y alimentación tampoco han llegado a buen fin y en su gran mayoría son desviados por los mecanismos de corrupción del departamento.
 
La urgencia de actuar

Todo lo anterior revela la importancia de hacer un constante seguimiento a las sentencias y autos de la Corte Constitucional Colombiana, que ha identificado magistralmente las profundas problemáticas en La Guajira. Sin embargo, no debemos quedarnos solo aquí: debemos pasar ya del papel a la realidad.

Como en el Acuerdo Final de Paz, el diablo está en los detalles y aparece cuando se pretende poner en práctica lo ya decretado. En los últimos ocho años, bien sea porque la ingobernabilidad ha limitado la gestión de las instituciones o porque los recursos se pierden o por pura desidia, lo único cierto es que para los más vulnerables la realidad no ha dejado de empeorar. Cada año los números son más preocupantes. Y más allá de esos números, los niños wayúu siguen muriendo por causas evitables.

Lo anterior ha llevado a que las sentencias y las acciones judiciales también aumenten. Entonces, la solución al abandono histórico de La Guajira está en la ruptura de este eterno dialelo que se ha formado entre la inoperancia del sistema y las cortes. Implementar, implementar e implementar se debería convertir en el nuevo mantra.

Joanna Barney es psicóloga con maestría en Paz y Resolución de conflictos. Además, es investigadora de INDEPAZ en temas de empresas y derechos humanos y en los últimos años ha acompañado a comunidades indígenas en conflicto con multinacionales. Coautora del libro “El viento del este llega con revoluciones, multinacionales y transición con energía eólica en territorio Wayuu”.

Etiquetas: Juventud, Debates Indígenas

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